Para gran parte de los políticos de oposición y muchos del oficialismo la prioridad es el combate contra el narcotráfico. De palabra es así. Sin embargo ninguno de ellos estudió el único caso exitoso en la región de lucha contra ese flagelo: Cuba. El gobernador de Córdoba está en Estados Unidos para afianzar su alicaída […]
Para gran parte de los políticos de oposición y muchos del oficialismo la prioridad es el combate contra el narcotráfico. De palabra es así. Sin embargo ninguno de ellos estudió el único caso exitoso en la región de lucha contra ese flagelo: Cuba.
El gobernador de Córdoba está en Estados Unidos para afianzar su alicaída candidatura para 2015. Consciente de cuánto cotizan los gestos hacia el imperio y «para la tribuna» en materia de lucha contra el narcotráfico, tendrá encuentros con la DEA, la agencia estadounidense dizque contra ese tráfico.
La práctica de ese gobierno provincial deja mucho que desear, pese a los acuerdos vigentes con la DEA. La plana mayor de la División Drogas Peligrosas (el humor cordobés llamó Peligrosa División Drogas) está detenida. ¿Motivo? Acusaciones muy fundadas de negocios con estupefacientes hicieron que el fiscal federal Senestrari pidiera la prisión preventiva. El comisario Rafael Sosa, detenido jefe de esa División, se ufanaba de sus relaciones y viajes de especialización con aquella agencia antinarcóticos.
Uno de los pocos puntos en que coinciden el gobierno nacional, los provinciales y la mayoría de políticos del oficialismo y la oposición es que el narcotráfico es uno de los problemas principales del país, sino el principal. Y que para encararlo hay que profundizar la relación orgánica con la DEA, el FBI y las autoridades norteamericanas, el Comando Sur, etc.
Recién llegado al punto militar se empiezan a dividir las aguas, porque los más democráticos se niegan a dar intervención a las Fuerzas Armadas tal como pide Washington. No es una cuestión menor, pero tampoco disuelve las coincidencias de unos y otros en el meollo: la dependencia de la doctrina y fuerzas policíacas estadounidenses.
La referencia a De la Sota alcanza a Daniel Scioli y sus ministros de Justicia, Ricardo Casal y de Seguridad, Alejandro Granados. Por supuesto también a Sergio Massa, que estuvo en el país del Norte anudando contactos con el mundillo empresarial y político fundador de la teoría de la «tolerancia cero». En el norte del conurbano, empero, los negocios del narcotráfico siguen rampantes… Qué decir de Mauricio Macri, que cuando tuvo que elegir al jefe de la naciente Policía Metropolitana se inclinó por el comisario Jorge Palacios. Explicó que había consultado con la embajada norteamericana y que «Fino» era el policía más condecorado y de mejor relación con el FBI y la DEA.
Consecuencias políticas
Las complicaciones políticas son muy serias para las autoridades que tienen a sus fuerzas policiales permeadas por el narcotráfico, como se advierten en Córdoba. Difícilmente las policías presten buenos servicios a la comunidad si están con las cabezas puestas en los negocios ilegales.
La relación policial con ese y otros delitos ha estado en el ADN de la policía Bonaerense, desde tiempos del comisario Pedro Klodcyk. Sucesivos jefes han debido pasar a retiro luego de descubrirse los fenomenales incrementos patrimoniales, fruto de recaudaciones non sanctas.
La peor policía del mundo para cuidar a su población; para meter bala a las manifestaciones sociales, siempre lista, como se vio en el Puente Pueyrredón en 2002. Y no se crea que ese afán represivo quedó allá lejos en el tiempo: ayer se cumplió un año de la brutal represión en el Hospital Borda, a cargo de la Metropolitana de Macri. Decenas de heridos entre empleados, pacientes y periodistas indicaron que, con «Fino» Palacios de jefe o sin él, esa fuerza mamó los principios de la DEA, el FBI y el Manhattan Institute.
Por eso fue tan bueno que en febrero de 2012 el canciller Héctor Timerman se plantara en Ezeiza y no dejara entrar a militares estadounidenses que venían a dar cursos de instrucción a la Policía Federal, con armas y drogas prohibidas.
Eso generó un fuerte cortocircuito con la administración Obama, donde el gobierno de CFK mantuvo una digna postura. Lamentablemente en los últimos tiempos se volvió a las andadas. El secretario de Seguridad Sergio Berni ha viajado a EE UU para participar de conferencias contra el narcotráfico y el terrorismo, el típico menú norteamericano que tanto consume la clase política. Eso, a pesar que el 80 por ciento del consumo de drogas está en ese mercado y no por culpa de los afroamericanos del Bronx. La mayor responsabilidad es de los grupos económicos y bancos lavadores de esos dineros del narcotráfico, conectados con el bipartidismo estadounidense.
Tener policías permeadas por negocios ilegales y concepciones represivas le puede terminar costando la carrera presidencial a Macri. La Sala IV de la Cámara del Crimen revocó el jueves su sobreseimiento y los de la vicejefa María E. Vidal y los responsables de la Metropolitana, a raíz de la represión en el Borda. Ya el espionaje ilegal de Palacios le había costado un procesamiento y dos ratificaciones, pero el jefe del PRO sigue afirmando que él es lo nuevo de la política…
Mucho bla bla y policías
El narcotráfico es una realidad muy preocupante aquí, donde antes se preciaban de balconear un asunto casi ajeno, vanagloriándose de ser un país «de tránsito». Hoy es también de consumo y producción de estupefacientes, aunque sin llegar al nivel de Colombia, por más que la oposición política y la escudería Clarín se esfuercen por igualar para allá arriba. Sus intereses políticos los llevan a enormidades como esa.
Esa presentación deformada y anti K se topa con ejemplos que la contradicen. Rosario y la provincia de Santa Fe, con sus carteles de Los Monos y las muertes a diario asociadas al negocio no pueden ser adjudicadas al kirchnerismo. Ese distrito está gobernado por el socialismo y sus aliados del FAP, hoy FA-Unen, desde hace muchísimos años.
Ese drama ha sido pontificado como problema número 1 de la Argentina. En eso coinciden desde el Papa Francisco y sus instrucciones al arzobispo Poli y el cardenal Arancedo, hasta la oposición macrista y massista, pasando por el oficialista Scioli y culminando en el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.
El cronista considera que el narcotráfico es un drama de mucha magnitud, pero no cree que sea el número 1. Al tope de ese podio está la dependencia con potencias como EE UU, el peso de los monopolios y bancos, muchos de ellos extranjeros, en la vapuleada economía argentina, y los fuertes intereses que esas multinacionales tienen en el sistema político y los medios, que no se traducen en beneficio de intereses populares.
Pero, con independencia de si es el problema número 1 o el 5, la diferencia fundamental está en cómo solucionarlo. Con meras palabras no alcanza. Y menos con convenios con la DEA, saturación de policías, patrulleros, pistolas, cámaras, cárceles y penas más duras de un Código Penal «descuartizado» por la reforma Blumberg, como cuestionó el radical Gil Lavedra.
Miren a Cuba
La clase política local presume de pragmatismo y de haber superado las ideologías. Ciertas anteojeras y la influencia del Departamento de Estado en sus ideologías la han llevado a negar una mirada para ver qué tiene de positivo el único ejemplo regional de éxito en la lucha contra el narcotráfico: Cuba.
Ese flagelo existía bajo la mafia, el juego y los negocios de los norteamericanos en la etapa prostibularia de la dictadura de Batista, pero desapareció con la revolución encabezada por Fidel Castro.
Allí no hay droga, salvo la mínima que pueda introducir algún turista. Y no la hay porque -además de los controles, necesarios- hay una sociedad que no vive de ese delito pues ha sido educada en otros valores que hacen a la vida. Los gobernantes dan el ejemplo. Las fuerzas policiales y de seguridad cuidan a su población en vez de hacer negocios ilegales en su contra. La DEA está bien lejos de La Habana, que no firma acuerdos ni hace cursos con sus dudosos agentes. Los bancos cubanos no son lavadores de dineros de aquella procedencia, ni tienen dueños privados que puedan torcer las leyes y regulaciones del Estado. La plata cubana no va a los paraísos fiscales según lo disponen los ricachones y los narcotraficantes, como en otras latitudes.
Los medios de comunicación cubanos podrán ser criticados de aburridos pero no son ventanas al consumismo, al éxito asociado al capital disponible, la pauta publicitaria de monopolios y la tilinguería estilo Show Match.
Sobre esa base, poniendo la educación al tope y la prevención y seguridad como complementos, la isla socialista ha solucionado el problema drogas. Y así modeló una sociedad sin violencia. En este abril la ONU ubicó a Cuba como uno de los países con las tasas de homicidio dolosos más bajas del mundo: 4.2 cada 100.000 habitantes.
«Somos libres del narcotráfico», les dijo un feliz Raúl Castro a los demás jefes de Estado de la Celac en la I cumbre de enero de 2013 en Chile.
Cuando algún dirigente de Cuba se metió en el negocio de la droga terminó enjuiciado y uno frente al pelotón de fusilamiento, caso del general Arnaldo Ochoa en 1989, aún ostentando el grado de Héroe de la República. Con él fueron ejecutados el coronel Antonio de la Guardia y otros dos oficiales, cuyas condenas judiciales fueron ratificadas unánimemente por los 31 miembros del Consejo de Estado.
¿Quieren saber los políticos locales cómo se combate el flagelo? Que no copien, pero al menos estudien bien el ejemplo positivo de Cuba.
