El 8 de abril de 2003 la III División de Infantería Acorazada del ejército de Estados Unidos pretendía completar la toma de Bagdad, tras una semana de ataques sobre la capital iraquí. En ese escenario, un carro de combate M1 Abrams abre fuego contra la planta número 15 del Hotel Palestina y acaba con la […]
El 8 de abril de 2003 la III División de Infantería Acorazada del ejército de Estados Unidos pretendía completar la toma de Bagdad, tras una semana de ataques sobre la capital iraquí. En ese escenario, un carro de combate M1 Abrams abre fuego contra la planta número 15 del Hotel Palestina y acaba con la vida de dos informadores: el cámara de Tele 5, José Couso, y el de Reuters, Taras Protsyuk. En la misma operación, el ejército norteamericano atacó la sede de la televisión Al Jazeera en Bagdad, en la que perdió la vida el reportero jordano Tarek Ayub; la metralla también dejó heridos en la central de Abu Dhabi Televisión. En dos horas, la III División acabó con todas las cámaras que emitían señales en directo desde Bagdad. Un «apagón informativo» cubrió la guerra de Irak.
Una década después, el cámara y activista por los Derechos Humanos, Javier Couso, ha recordado -en un acto organizado por la Unió de Periodistes Valencians- que los disparos fueron «absolutamente deliberados; mi hermano tomaba todas las precauciones para no morir en un accidente; al final, le tocó morir asesinado. ¿Por qué razón? El ejército de Estados Unidos dispone de gran poder de fuego y, por tanto, produce en las guerras (en este caso la de Irak) muchas bajas civiles; si hay alguien que lo graba, eso queda muy mal». La familia continúa pidiendo un juicio para que se aclare lo ocurrido. «Tuvimos que ser una familia pre-indignada por pedir algo tan básico como que se hiciera justicia; los gobiernos del PP y el PSOE nos la han negado; por eso hemos salido a la calle a luchar», explica Javier Couso.
El control de la información representa un objetivo político y militar de primer orden en las guerras contemporáneas. Es más, se ha convertido en un arma capital para imponerse en los conflictos. De ahí el riesgo para los periodistas independientes que dan cuenta de los hechos sin someterse al yugo oficial. La evolución histórica de las contiendas (sobre todo, en relación con el perfil de las víctimas) ayuda a explicar esta tendencia. En su «Historia del siglo XX» (publicada en 1995), Eric Hobsbawm afirma que, en la pasada centuria, «las guerras se han librado, cada vez más, contra la economía y la infraestructura de los estados y contra la población civil. Desde la primera guerra mundial ha habido muchas más bajas civiles que militares en todos los países beligerantes, con la excepción de los Estados Unidos».
El control de la información, un arma de guerra. Históricamente, los relatores oficiales narraban los conflictos en clave de héroes y gestas. Hasta que en 1854, The Times envía un corresponsal a la Guerra de Crimea, William H.Russell, quien destapa las miserias del ejército británico y termina por generar un gran revuelo político. Durante la primera y la segunda guerra mundial, los periodistas forman parte de las maquinaras militares de los estados. Se cierran todos los espacios a la información independiente. Pero el paradigma dominante se rompe en la Guerra de Vietnam. Aunque integrados en las unidades militares, los periodistas no se hallan subordinados a éstas y pueden dar testimonio de la barbarie. La instantánea de la niña que huye despavorida de los efectos del napalm recorre el mundo.
En Vietnam, Estados Unidos aprendió que se puede perder una guerra sin un control adecuado de la información. Las elites políticas y militares se aplican para que, en adelante, a los hogares no llegue lo que ocurre en primera línea de combate. Incluso se utiliza como excusa la protección de la vida de los corresponsales. A la guerra de las Malvinas (1982) se desplazaron 17 periodistas británicos, que convivían con los militares y sometían sus informaciones a la censura del ejército. En las invasiones de Granada frente al «peligro cubano» (1983) y Panamá (1989) se reitera el férreo control de la información. En Panamá, muere por los disparos de un soldado norteamericano el fotógrafo Juantxu Rodríguez. En la guerra del Golfo (1991) no hay reporteros gráficos en primera línea de combate pero sí información oficial suministrada a un «pool» de periodistas, la mayoría de la CNN. Una guerra supuestamente «limpia» y casi de videojuego culmina en imágenes trucadas como la del cormorán petroleado de Alaska.
A la guerra de Kosovo (1999) se desplazan más periodistas (2.700) que a ningún otro conflicto anterior en la historia. Se facilita a los corresponsales un sinfín de datos pero escasa información. Mueren 16 periodistas como consecuencia del ataque de la OTAN a la televisión serbia. Tras el atentado a las torres gemelas del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos determina arrojar sus bombas sobre Afganistán y, debido a la irrupción de Al Jazeera, se inaugura un nuevo escenario en la comunicación bélica. En la invasión de Irak (2003), unos 700 periodistas van «empotrados» a las tropas estadounidenses, pero el gobierno iraquí también acredita a centenares de corresponsales. José Couso, cámara de Tele 5, había grabado bombardeos en mercados de Bagdad. Los disparos de un tanque norteamericano el 8 de abril de 2003 segaron su vida.
Una década después, Javier Couso evoca los hechos en la Universitat de Valencia. Desde entonces, para su familia la vida ha sido «una carrera de obstáculos». «No logramos cerrar el duelo». Atrás quedan las primeras concentraciones frente a la embajada de Estados Unidos y la sede del PP, siguiendo el ejemplo de las Madres de la Plaza de Mayo, cuando le dijo a Maribel Permuy, su madre: «Hemos de transformar nuestro dolor en lucha». Tiene claro que con el asesinato de su hermano la élite política y militar estadounidense pretendía un doble mensaje: que recapacite en el futuro la prensa que osa ir por libre. Y acabar con las señales de la guerra en directo. «Desde los ataques al Hotel Palestina no hay imágenes hasta la que ellos buscan, la de la estatua derribada de Sadam Husein», explica Javier Couso. Una imagen que no es baladí, agrega. «Tiene el mismo valor simbólico que fotografía de la bandera estadounidense en Iwo Jima, durante la segunda guerra mundial, o la bandera de la URSS sobre el Reichstag en Berlín».
Diez años dan para exhibir una gran capacidad de aguante. Javier Couso recuerda cómo portavoces del gobierno de Aznar pusieron en duda el patriotismo de su familia. O cómo, en solemne comparecencia junto a Bush, un flemático Aznar aseguraba que «el gobierno de Estados Unidos ha dicho que fue un error (en referencia a la muerte de José Couso) y nosotros creemos al gobierno de Estados Unidos». Javier Couso llega a la siguiente conclusión: «Ha habido una intención política muy evidente de que no se investiguen los hechos; pero nosotros nunca nos rendimos». «Para ellos José es un muerto más», remata su madre, Maribel Permuy.
Los cables de la embajada norteamericana filtrados a Wikileaks y publicados a finales de 2010 por El País, revelan la colaboración del ejecutivo español con el gobierno de Estados Unidos para poner fin a la investigación del caso. Los cables ponen de manifiesto la connivencia para el archivo de la causa judicial abierta, por parte de altos responsables del gobierno de Rodríguez Zapatero, como el ex ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar; el ex ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos la ex vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega y el ex Fiscal General del Estado, Candido Conde-Pumpido. Un ejemplo de «vasallaje y sumisión» a una potencia extranjera, afirma Couso.
A la luz de los hechos, quienes subrayan las presiones políticas sobre la justicia española parecen no ir desencaminados. Tras la primera querella presentada por la familia en mayo de 2003, la Audiencia Nacional ha archivado varias veces la causa, que el Tribunal Supremo ha ordenado posteriormente reabrir. Que el procedimiento continúe su curso y el caso siga abierto obedece en parte al empeño del magistrado Santiago Pedraz, quien, según Javier Couso, «no hace sino cumplir con la ley». Porque, por parte de los gobiernos, todo son barreras. Si los ejecutivos del PP y el PSOE rinden vasallaje a la potencia imperial («¿un delito de alta traición?», se pregunta Javier Couso), el Departamento de Estado norteamericano alega que los militares implicados en la muerte de José Couso ya fueron sujetos a una investigación interna y se les absolvió de cualquier delito. Según el abogado de la familia, Enrique Santiago, «Estados Unidos ha cambiado cuatro veces de versión y siempre desde la prepotencia que les da saberse el primer ejército del mundo». También Interpol se negó en 2010, por primera vez en su historia, a la búsqueda y captura ordenada por el magistrado Pedraz de los tres militares estadounidenses procesados por la muerte de José Couso. Pero, a pesar de todo, el caso continúa abierto. Y la memoria viva…
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