Ayer, día 10 de marzo, el diario «El País» abría su edición con la siguiente noticia en portada «El Gobierno (español) expresa su «enorme preocupación» por el incidente de Repsol en Bolivia». El titular llama «incidente» a una entrada y registro acordada en el ámbito de una investigación penal seguida, según la noticia citada, por […]
Ayer, día 10 de marzo, el diario «El País» abría su edición con la siguiente noticia en portada «El Gobierno (español) expresa su «enorme preocupación» por el incidente de Repsol en Bolivia». El titular llama «incidente» a una entrada y registro acordada en el ámbito de una investigación penal seguida, según la noticia citada, por la «sospecha de presunto delito de contrabando de carburantes» (sic.), llama la atención poderosamente la repetición utilizada, «sospecha de presunto delito», en cualquier otra noticia hubiera lo habrían descrito, si acaso, como «presunto delito» o «sospecha de comisión de un delito», pero en esta noticia «El País» riza el rizo de la presunción de inocencia.
Lo que si demuestra esta noticia es como los capitalistas se manejan con los problemas judiciales. El diario, el gobierno español y la multinacional muestran su extrañeza que se haya dictado una orden de busca y captura contra unos dirigentes de Repsol, cuando unos días antes «el presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, y el presidente de Bolivia, Evo Morales, mantuvieron una reunión en la que la petrolera se comprometía a doblar las inversiones en el país y renegociar en la línea del Gobierno«. ¿Que significa esto? ¿que el Poder Judicial Boliviano no es independiente?
Veamos una situación similar en España, aunque es muy poco usual que se dicte orden de detención contra un ejecutivo de una multinacional en la administración de justicia española, dada la aversión que tienen estos jueces a enfrentarse a estos casos (es más cómodo meter en prisión a los de siempre). Pero podemos compararlo con cualquiera de los procesos judiciales en marcha por la Opa para hacerse con el control de Endesa, otra multinacional española. Es conocido que el gobierno español prefiere que aquella empresa sea adquirida por Gas Natural ¿alguien podría imaginar que a consecuencia de una reunión del presidente de gobierno con el presidente de una de estas empresas se pueda modificar una resolución judicial?
Lo único que ha ocurrido es que los ejecutivos de Repsol han sido citados en dos ocasiones para declarar y no han comparecido al llamamiento judicial, lo único reprochable de la «orden de busca y captura» es que se haya demorado tanto, tratándose un hecho de esta importancia (millones de dolares defraudados). Y entre tanto ruido mediático, los dos imputados se encuentran fugados de la justicia, ni una línea para cuestionar esa decisión, si está tan claro que no han cometido ningún delito ¿por qué no comparecer a declarar y se dan a la fuga?
Las multinacionales, los medios de masas y, casi todos, los gobiernos creen que la justicia penal sólo se debe aplicar a los pobres. El dibujante J.Kalvellido publicó una viñeta hace unas semanas en rebelión en el que su personaje se lamentaba «Además de ser pobre tengo que ser honrado» , esta es la cruda realidad.
En el proceso contra directivos de Repsol estamos ante un claro paradigma de la llamada «delincuencia de cuello blanco», acuñada por el sociólogo norteamericano Sutherland. Estos delincuentes cometen hechos claramente descritos en los códigos penales, pero muy pocas veces son condenados por ello, no basta con el establecimiento de la norma penal (criminalización primaria) sino que además es necesario que los operadores de derecho (policías, fiscales y jueces) hagan aplicar la norma (criminalización secundaria), lo que no suelen hacer por motivos económicos, políticos o incluso por la presión de los medios de comunicación. Así y de hecho, el derecho penal sólo se aplica a las clases más desfavorecidos. Otros ejemplos claros de estas situaciones las describió perfectamente Pascual Serrano en un reciente artículo titulado «Los nuevos saqueadores».
«El País» estandarte del «Grupo Prisa», otra multinacional española, parece que prepara sus armas contra la democracia boliviana y su presidente Evo Morales. No es extraño, El «Grupo Prisa» es socio del banco BBVA, otra multinacional española con intereses en América Latina, que a su vez mantiene acciones en la multinacional Repsol-YPF. Ellos defienden sus intereses, lo que debemos confiar es que el gobierno y la justicia boliviana defienda exclusivamente los intereses de su pueblo.
