Este viernes, el dólar superó los 42 pesos. La divisa acumuló un aumento de 11 % en la semana. A pesar del nuevo acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, que estipula extender el crédito inicial hasta los 57.000 millones de dólares. Además, la devaluación se da luego de las nuevas medidas monetarias, anunciadas por […]
Este viernes, el dólar superó los 42 pesos. La divisa acumuló un aumento de 11 % en la semana. A pesar del nuevo acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, que estipula extender el crédito inicial hasta los 57.000 millones de dólares.
Además, la devaluación se da luego de las nuevas medidas monetarias, anunciadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que incluyen una «banda de flotación del dólar», en la que se dejará fluctuar el valor de la divisa estadounidense entre los 34 y los 44 pesos.
Esto también ocurre luego de la renuncia de Luis Caputo y la entrada de Guido Sandleris a la dirección del Banco Central.
En poco más de dos años y medio, Luis Caputo ocupó tres cargos clave en el gobierno de Mauricio Macri. Primero como secretario de Finanzas del ministerio de Economía encabezado por Alfonso Prat Gay, luego como ministro de Finanzas y finalmente como titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), hasta su abrupta renuncia.
«Es de las 10 o 15 personas más talentosas en las finanzas en todo el mundo. Jugaba la Champions League, no jugaba en la B, eh. Y dejó todo para venir a jugársela por su país». Así había salido a defenderlo Marcos Peña cuando estalló el escándalo de los Paradise Papers que dejaron en evidencia que Caputo tenía una sociedad offshore que no había blanqueado en sus declaraciones juradas.
Sin embargo, su fugaz paso por la función pública no parece haberle significado el supuesto sacrificio que pretendió explicar Peña. De hecho, según se desprende de sus declaraciones juradas, desde diciembre de 2015 a diciembre de 2017, Caputo vio crecer su patrimonio en un 50,37%.
A fines de 2015, Caputo declaró bienes, depósitos y dinero por más de 84 millones de pesos y deudas por casi 25.000 pesos. Dos años más tarde, y a contramano del palpable empobrecimiento registrado en la Argentina merced de la caída del salario real, la desbandada de la inflación y el aumento del desempleo, Caputo no sólo logró reducir sus deudas a la irrisoria suma de 13 pesos, sino que aumentó sus bienes, depósitos y dinero a casi 127 millones de pesos.
Sin embargo, este dato quedó desactualizado ya que dejó afuera el fabuloso negocio que hizo a comienzos de este año cuando desarmó sus posiciones en Lebac y se cubrió en dólares.
En noviembre de 2017, Caputo tenía más de 8,5 millones de pesos en Lebacs. Gracias a los generosos intereses pagados por la gestión de Cambiemos al frente del BCRA en enero ya se habían convertido en 9 millones de pesos.
Sin embargo cuando la «fiesta de las Lebac» estaba en su mejor momento, con un dólar planchado y pagando intereses astronómicos lo que motivaba que miles de millones de dólares de fondos extranjeros llegaran al país para hacer la bicicleta financiera con el carry trade, Caputo desarmó sus Lebac y compró dólares. Por cada dólar pagó menos de 19 pesos. Hoy el dólar se negocia por encima de los 42 pesos. Así Caputo más que duplicó los pesos que tenía en Lebac.
Claro que aquel movimiento no fue inocente y ahora es investigado por la justicia que intenta determinar si por su cargo tuvo acceso a información privilegiada, lo que a todas luces parece difícil de negar.
Caputo también es investigado por haberse enriquecido con operaciones en el mercado de dólar fututo, por no declarar una sociedad offshore y por haber favorecido con fondos de la Anses a un fondo de inversión del cual es fundador.
La BBC inglesa remarcó que la salida de Caputo se dio en medio del paro nacional que realizaron los gremios y advirtió que «la estrategia de Macri se fue al piso y las inversiones se desplazaron a otros países».
La nota más dura provino de la revista Forbes, que sentenció que si Macri no elabora un programa exitoso, «está frito».
«Si la historia sirve como guía, la economía argentina y su liderazgo político podrían explotar en cualquier momento», indica Forbes y define a la economía argentina como el «Titanic». Además indica que el lenguaje corporal de Macri en la entrevista que le hizo la agencia Bloomberg el lunes pasado, es el de «un hombre bajo una extrema presión».
No es para menos. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmó que la deuda externa total aumentó durante el segundo trimestre de 2018 un 27,6% (U$S 56.559 millones) a U$S 261.483 millones, respecto a igual período de 2017, cuando se ubicaba en U$S 204.914 millones.
Por su parte, el saldo de la Balanza de Pagos cerró al término del segundo trimestre del año con un déficit de 8.292 millones de dólares, un 25% más que la pérdida de U$S 6.635 millones de igual período del año pasado, agregó el Indec.
Más tarifazos
El Gobierno recortó la Tarifa Social del gas y la bonificación por ahorro en el consumo. El Poder Ejecutivo señaló en la resolución publicada en el Boletín Oficial el jueves, que el ahorro en el Presupuesto 2019 producto de estos recortes en la Tarifa Social será de $ 2.350 millones como condición del acuerdo firmado por Macri y Dujovne con el FMI, que pasó a controlar directamente el presupuesto y la economía del país.
En el caso del área metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo, para el período septiembre-octubre quienes superen los 87 m3 mensuales abonarán el total del precio del gas. En la misma medida, eliminó la bonificación del 10% que un usuario residencial obtenía si lograba consumir 20% menos que en el mismo período del año anterior.
Ahora, bajo las órdenes del FMI, nada de beneficios por la Tarifa Social ni incentivos por el ahorro en el consumo. Desde octubre, las boletas costarán aproximadamente un 30% más y está previsto otro aumento en enero del 15%.
Pobreza
La pobreza trepó al 27,3% en el segundo semestre, lo que significó una suba del 1,6% respecto de diciembre pasado. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
El índice de indigencia se ubicó en junio pasado en 4,9%, registrando un leve aumento del 0,1% contra diciembre de 2017.
Todos estos datos aún no reflejan el embate que ya produce la devaluación galopante que provocó el Gobierno de Mauricio Macri. Esas cifras se verán reflejadas en el cálculo de los meses próximos.
Macri reconoció que «todo el esfuerzo que hicimos en estos dos años y medio está ahí. Pasando esta tormenta vamos a crecer», pronosticó. «Veo su realidad, no me la cuentan. Redoblo mi compromiso para poder alivianar la carga (sic)», dijo.
«Vamos a salir adelante. Siempre con la verdad», resaltó. «En diciembre vamos a volver a aumentar los programas sociales», dijo el presidente y remarcó: «La prioridad hoy es estar con los que más lo necesitan en esta emergencia».
El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) registró un total de 12.241.700 trabajadores registrados, unos 99.100 empleos en blanco menos que en enero de este año.
El sector privado despidió unos 7.300 trabajadores asalariados solamente en julio, lo que representa una baja del 0,1%.
En agosto hubo 6.233 nuevos despidos y suspensiones. Este número es casi el doble del registrado en el mismo período del año pasado. Ya van dos meses -julio y agosto- en los que este salto se repite. Las principales razones de la pérdida del empleo fueron las políticas de achicamiento del Estado y la crisis de la industria; sumados, estos dos sectores concentraron el 91% de los problemas de empleo.
En paralelo, se registró la caída de unos 61.400 monotributistas sociales, que se explica -según Trabajo- por modificaciones en el régimen del monotributo social agropecuario.
Del gremio de la construcción fueron echados 3.500 trabajadores en julio; la industria manufacturera dio de baja 4.100 empleos; y la intermediación financiera perdió 500 empleos.
Los salarios aumentaron apenas un 19,6% entre enero y julio y un 26% en los últimos doce meses, para una inflación que se anuncia cercana a los 45 puntos.
Al deterioro de los indicadores sociales, la caída del consumo del 4,7% y la baja de la actividad económica del 4,2% en el segundo trimestre, se sumó otro dato negativo: el aumento del desempleo. Según el Indec, la desocupación trepó al 9,6% y hay casi dos millones de personas sin trabajo.
A través de la Resolución 268/2018, que se publicó recientemente en el Boletín Oficial, la Agencia Nacional de Discapacidad busca la baja definitiva de aquellas pensiones que fueron unilateralmente suspendidas desde 2016 y que no fueron reclamadas por los ex beneficiarios. Los trabajadores de la ex Comisión Nacional de Pensiones estiman que se trata de unos 160.000 expedientes.
Sin embargo, la semana pasada, el Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 8, a cargo de Adriana Cammarata, ordenó restituir todas las pensiones que fueron suspendidas o interrumpidas desde enero de 2017, incluso aquéllas en la que el mismo beneficiario optó por dejar la prestación para poder continuar con otra.
En el fallo, la jueza Cammarata había considerado el recorte como un hecho «lesivo, con arbitrariedad e ilegitimidad manifiestas de los derechos y garantías contemplados tanto en la Constitución como en los Tratados Internacionales».
En noviembre, la Cámara de Seguridad Social ya le había ordenado a Carolina Stanley, ministra de Salud y Desarrollo Social, restituir las pensiones canceladas mientras la causa judicial avanzaba. Uno de los puntos más importantes de esa sentencia es que daba un plazo de diez días para que el Estado restituyera las pensiones no contributivas por invalidez suspendidas en todo el territorio nacional, con excepción de Viedma (donde cursa otra causa por el mismo tema).
La Resolución 268/2018 establece que los beneficiarios no deben percibir -el cónyuge tampoco- jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva. Además, se debe acreditar una discapacidad de 76%; no tener bienes, ingresos ni recursos que permitan la subsistencia del solicitante. Una de las cuestiones más criticadas es que el beneficiario no puede poseer un vehículo menor a los 10 años de antigüedad.
La decisión del gobierno fue clara: quitar a mansalva el derecho con la excusa de que «si lo necesitaban en serio lo van a volver a pedir». Pero, ¿cómo van a ir? Hay gente que no se puede mover por sí sola, son discapacitados y pobres.
Centenares de personas se manifestaron el miércoles desde el Obelisco hasta las puertas del PAMI en defensa del organismo de asistencia médica para jubilados. La movilización, convocada por el Plenario Permanente de trabajadores y jubilados en defensa de la seguridad social, presentó un petitorio dirigido al titular del organismo Sergio Cassinotti en el que solicitan el restablecimiento de todas las prestaciones médico-sociales del PAMI; la devolución del derecho a la salud y medicamentos gratuitos; la actualización de los montos de prestaciones sociales; la normalización del organismo con elección directa y democrática de sus autoridades; y el aumento de emergencia de todas las jubilaciones y pensiones de un 25% utilizando los fondos subjecutados en PAMI y otros organismos Públicos y/o estatales durante 2017.
Paro general
Fortalecida por la contundencia de su cuarto paro nacional contra la administración de Mauricio Macri, el segundo en apenas tres meses, la CGT comenzó a evaluar la posibilidad de implementar una nueva huelga antes de fin de año junto con el tratamiento parlamentario del Presupuesto 2019. A esa conclusión arribaron los miembros del triunvirato de conducción junto con la «mesa chica» de dirigentes que analizó el impacto de la medida.
En reserva los gremialistas estimaron en más de 80% la adhesión con base en la paralización de todo el transporte público de pasajeros, la actividad industrial y parte de los servicios, y con una incidencia menor en el caso del comercio y la gastronomía. En la evaluación interna pesó también la participación de sectores medios y cuentapropistas disconformes con la persistencia de la crisis económica.
Para conservar visibilidad tras el acto del lunes en Plaza de Mayo, Hugo y Pablo Moyano encabezaron su propia conferencia junto al bancario Sergio Palazzo, los líderes de las dos CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli, el docente Roberto Baradel y el canillita Omar Plaíni, entre otros. «Hemos vivido momentos importantes de ver cómo la gente se sumaba a esta protesta, y momentos humillantes como los que nos hizo pasar el Presidente, bailando, sabiendo que el pueblo está protestando por el hambre. Eso es humillante, eso es el Presidente que dicen algunos que todavía tiene el apoyo de la sociedad, yo no lo creo», dijo Hugo Moyano sobre la actuación del mandatario en Nueva York.
En las primeras horas de la mañana del lunes, en el partido bonaerense de Avellaneda, miles de manifestantes de un amplio arco de unidad de organizaciones sociales, fueron bloqueados por las fuerzas de seguridad nacionales durante más de tres horas de mucha tensión, al pie del Puente Pueyrredón, para impedirles realizar un acto previo a su marcha hacia Plaza de Mayo. Se trata de un puente emblemático de las luchas populares, recuerdo de los asesinatos en junio de 2002 de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, a manos de la policía bonaerense, bajo el Gobierno de Eduardo Duhalde.
Contra el Presupuesto 2019
Una carpa en el Congreso para rechazar el Presupuesto será instalada el lunes con una marcha de antorchas y el martes comenzarán las actividades presentando las razones de por qué la CTA-A se opone y exige a los legisladores que no voten el Presupuesto que sólo traerá más ajuste, desocupación y hambre. El miércoles comenzarán los paneles que tratarán diferentes ejes: trabajo, producción, cómo seguir luchando contra la pobreza. El jueves será el día para profundizar sobre la delicada situación del sistema jubilatorio y el viernes se tratarán los presupuestos para educación, ciencia y tecnología.
Este acampe es continuidad de la Marcha Federal que la CTA-A impulsó junto a la CTEP, Barrios de Pie, la CCC, el FOL y el Frente Popular Darío Santillán que el 1º de junio llegó a Plaza de Mayo desde todos los puntos geográficos del país, y que presentó 5 proyectos de ley al Congreso: urbanización de barrios populares, infraestructura social, agricultura familiar, ley de erradicación de las adicciones y emergencia alimentaria (pedido al que también se sumó la Iglesia).
Mientras tanto, fuentes cercanas a Hugo Moyano adelantaron que la próxima medida será una masiva movilización al Congreso el día del tratamiento del Presupuesto 2019 en la Cámara de Diputados. El Frente Sindical opositor denuncia un recorte de asignaciones sociales y de los fondos de los jubilados, la falta de incentivos para crear nuevos puestos de trabajo y mejoras para las pymes, la presión impositiva sobre el asalariado y la ausencia de medidas para reducir la pobreza.
La segunda medida que se vendrá será una multitudinaria peregrinación a Luján el 20 de octubre. Esta caravana con foco en la problemática social y en clave a la Iglesia Católica fue anunciada durante la presentación en un acto del Frente Sindical por el Modelo Nacional en Ferro.
La última protesta callejera prevista antes de fin de año se realizará el viernes 30 de noviembre o sábado 1º de diciembre, momento en que arribarán a la ciudad de Buenos Aires los presidentes del G20 para participar de la Cumbre de Líderes. Para esta manifestación, el sindicalismo opositor ya entró en contacto con corrientes políticas y gremiales de otros países, que se sumarán a una movilización multisectorial en rechazo a la visita a Buenos Aires de mandatarios como Donald Trump.
«Agenda Integral» para los trabajadores del Astillero Río Santiago
Los funcionarios de Vidal resolvieron no descontar las cuotas respecto a las vacaciones, el descuento permanecerá suspendido mientras siga la mesa de concertación. Por otra parte, aseguraron que el gas y oxígeno necesarios para continuar con los trabajos ingresarán el sábado a la fábrica. «Esto es un gran triunfo para nosotros ante un gobierno que vino con la intención de parar la producción», aseguró Jorge E. Smith, trabajador del Astillero Río Santiago.
A su vez, en la reunión los funcionarios informaron que se van a regularizar las retenciones a partir de este mes y se pagará un mes de los dos atrasados, mientras que el resto será en dos pagos. En tanto, y en la misma reunión se resolvió que los becados estarán regularizados y se entregará un adelanto del comedor y así darle continuidad ya que el servicio estaba garantizado hasta la semana que viene.
La mesa de concertación seguirá el jueves y viernes de la semana que viene donde se tratarán diferentes ejes laborales y de seguridad. «Esto es un paso importante para avanzar en los reclamos que necesitamos para la producción y recomposición salarial», finalizó Smith.
Un reciente documento filtrado a distintos medios de comunicación, entre ellos Radio Gráfica, pone en evidencia las mentiras de la gobernación de la provincia de Buenos Aires y desnuda las intenciones de buscar el cierre del Astillero Río Santiago. El mismo apareció luego de la ocupación pacífica del ministerio de Economía de Provincia de Buenos Aires por parte de los trabajadores.
El documento filtrado, titulado «Agenda Integral», es un plan detallado de operaciones de Estado, que desnuda el modus operandi de la estrategia del Lawfare (la utilización de la justicia y los medios para construir una imagen negativa de opositores al gobierno) a fin de cumplir un «objetivo» de mínima y cerrar el año 2018 con 765 trabajadores en la calle.
Esta Agenda Integral se compone de tres niveles: Económica, Judicial y Pública. Y se ejecutan coordinadas en tres etapas bien definidas. El propósito no sería otro que generar las condiciones subjetivas en la población para justificar las acciones y medidas contra el ARS, los gremialistas, el sindicato de ATE y las cooperativas del Plata y Frate.
Según se observa en el documento, ya se estaría transitando el segundo mes de la segunda etapa. La primera de esta serie de operaciones se puso en marcha en junio-julio, con suspensión de las horas extras. El último tramo figura de «septiembre en adelante».
Así encontramos la primer «Agenda Económica», que describe las acciones que la dirección realizará hacia adentro de la empresa, que en la primera fase contempla, desde la eliminación de horas extras, pasando por un control más estricto de los trabajadores, la intimación a quienes están en edad jubilatoria; la revisión y eliminación de premios; el traslado del pago de sueldos al gremio de trabajadores que laboran para la entidad gremial; la reducción de turnos nocturnos, guardia y suspensiones. Para finalmente, llegar a fin de año con 765 trabajadores despedidos. Esto último «si se descarta la opción de cierre», reza el documento.
El segundo nivel es la «Agenda Judicial/Legal»: propone como primer medida a tomar realizar una «Denuncia Penal de Hechos Ilícitos», la cual gatillaría el resto de las acciones planificadas en la Agenda Integral. Justificando de este modo los pasos del Estado. Con el amparo del clima generado comunicacionalmente, se pondrá en marcha la denuncia.
Cabe recordar, el pasado mes de julio, el presidente del Ente Administrador del Astillero Río Santiago, Daniel Capdevila, presentó una denuncia judicial donde queda clara la maniobra para construir al enemigo y anclarlo en la figura del sindicato ATE-Seccional Ensenada. La denuncia presentada es por «administración fraudulenta», donde habla de «actos administrativos irregulares», destinados a desviar importantes sumas de dinero «en favor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de contrataciones injustificadamente onerosas y gravosas».
Instalada la primera denuncia por hechos ilícitos, el documento propone como siguiente acción dar curso a una investigación por presunto «Lavado de Dinero y Asociación ilícita», donde operarán sobre el armado de «presuntas irregularidades que tienen que ver con el manejo de fondos de ATE girados por ARS».
Es en esta segunda etapa de la agenda judicial donde se despliega a pleno la estrategia del gobierno para desprestigiar a ATE y «otros gremios marítimos». El objetivo es vincular al gremio con supuestas maniobras ilícitas y con la administración anterior. Así buscarán ampliar la denuncia, y focalizarla «en el concepto de Asociación Ilícita», a la vez que presentarán un «análisis de Contratos y Servicios de Reparaciones o construcciones» a fin de instalar la idea de un «grave perjuicio patrimonial al ARS», donde se encontrarán «contratos/o estimaciones con cláusulas o condiciones comerciales perjudiciales para con el ARS» y se presumirá «connivencia con ATE y otros gremios marítimos».
Pero todo el potencial está puesto en el tercer nivel de la agenda integral, definida como «Agenda Pública», y que claramente refiere a las acciones mediáticas. Estas operaciones funcionarán bajo la premisa de «mostrar el mal» a través de una «acción continua de pequeñas cosas», definidas en la primera etapa como medidas «proactivas en off». Son dos. Consisten en informes elaborados enviados a la prensa, previamente tematizados sobre los elementos de la Agenda Económica, armados a modo de «pruebas para que se evidencie el mal y podamos actuar».
El objetivo principal de este nivel es el de la «construcción del enemigo», sobre la base de supuestas «amenazas» y «discursos que atentan contra el orden democrático», lo que permitiría al gobierno «seguir consolidando el perfil del enemigo».
La segunda etapa de la agenda pública consiste en medidas «reactivas», sobre la base de las acciones contempladas en la Agenda Judicial; allí se busca que los medios consoliden la idea de «la lucha contra las mafias y los privilegios gremiales» y muestren la gestión de gobierno como paladín de la justicia: «mostrar nuestra transparencia, no somos cómplices, no somos parte, damos la pelea contra ‘otro gremio corrupto'». La fase se inicia «una vez que la Justicia habilite (sic)». Asimismo deja en claro que «no habrá comunicaciones para no perjudicar ni interferir en el desarrollo».
El último momento de la agenda pública se iniciará «una vez ejecutadas las medidas de la agenda económica» y está destinada a tematizar la necesidad de «reducción de personal; Categorías y vacantes; Eficiencia y control de la Administración». El objetivo en esta tercera fase es doble, por un lado «mostrar la resolución del problema» y, por otro, los logros en «la lucha contra las mafias y los privilegios gremiales». A tal fin el argumento -a todas luces irregular institucionalmente y asentado en falacias armadas contra obreros y sindicatos – se construye al plantear como efectivas las operaciones: «habiendo dejado en evidencia el mal, resulta más sencillo explicar y justificar en el frente comunicacional las decisiones de gestión».
Lo que aquí se describe es una hoja de ruta de quienes buscan destruir la industria naval, comenzando por cerrar el ARS y dejando a miles de trabajadores sin su fuente laboral. Si estos objetivos no han sido alcanzados por los rufianes, es por la lucha tenaz de los trabajadores, los sindicatos, los gremios marítimos y la comunidad de Ensenada toda, que a pesar de las intenciones y la rapacidad con la que golpea el gobierno provincial sigue firme dando pelea para preservar los más de 3.000 puestos de trabajo.
Más conflictos en empresas públicas
Lxs trabajadorxs del edificio de INTA Chile, reunidos en asamblea general los días 26 y 27 de septiembre definieron:
- Repudiar los despidos de trabajadorxs de Fundación Argeninta.
- Exigir la reincorporación de todxs lxs despdidxs.
- Repudiar el modo irregular en que fueron notificadxs, modalidad que se ha reiterado en todos los despidos en el Estado.
- Declararnos en ESTADO DE ALERTA y MOVILIZACIÓN.
- Realizar un PARO ACTIVO el 26/9 en los lugares de trabajo en solidaridad con lxs compañxs despedidxs.
- Rechazar la reducción del presupuesto tanto del INTA como de Fundación ArgenInta.
- Acompañar las decisiones que tomen lxs compañerxs trabajadorxs de Fundación ArgenInta.
- Participar de la jornada de lucha que se realizará el día viernes 28/9 durante todo el día en Fundación ArgenInta.
- Convocar a lxs trabajadorxs de INTA y Fundación ArgenInta a la Asamblea general a realizarse el viernes 28/9 a las 10:00 en Inta Central (Rivadavia 1439).
Luis Riva, el responsable del ajuste y vaciamiento de Fabricaciones Militares, renunció a su cargo de interventor luego de despedir a más de dos tercios de sus 4.200 trabajadores. Su salida fue aceptada por un decreto de ministro de Defensa, Oscar Aguad, y como premio por su labor, Aguad lo designó secretario de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa. En su lugar, Aguad designó al ingeniero Ricardo Casal.
Días atrás, al ser nombrado en ese nuevo cargo, Riva celebró el ajuste por tratarse de militantes políticos. «Recibimos un centro de militancia política pero en un año vamos a llegar al equilibrio», aseguró. Destacó que en el 2015 había 4.200 empleados, hace un año 1.980 y ahora 1.244.
La jueza Silvia Beatriz Garzini ordenó que la agencia estatal de noticias Télam reincorpore a los trabajadores despedidos. El pedido llega tras el fallo resuelto a raíz de la medida cautelar colectiva interpuesta por el Sindicato de Trabajadores de Prensa (SITRAPREN). La acción se efectúo en representación de los 354 compañeros despedidos. En este sentido, la jueza solicitó el consentimiento fehaciente de los trabajadores que efectivamente querían su reincorporación para diferenciarlos de aquéllos que aceptaron el despido.
Los trabajadores del Hospital Posadas denunciaron nuevos despidos de profesionales en las últimas horas, que se sumaron a los de las últimas semanas y ya contabilizan 1.300 desde que asumió Cambiemos. Además, aseguraron que viven en una «atmósfera de persecución» y precarización laboral.
Los gremios del sector aeronáutico APA, APLA, APTA, ATCPEA, ATEPSA, UALA y UPSA se declararon en estado de alerta y movilización contra la llamada «Revolución de los aviones».
El plenario fue catalogado de «histórico» por los dirigentes ya que contó con la presencia de todas las comisiones directivas y cuerpos de delegados de los siete gremios.
En todos los casos, se subrayaron las graves consecuencias que acarrean la desregulación y apertura indiscriminada de los cielos argentinos a la entrada de empresas transnacionales, en particular las denominadas low cost, que depredan nuestros mercados y degradan las condiciones laborales.
El falaz eslogan de una supuesta «Revolución de los Aviones» esconde, en realidad, una profunda y regresiva reforma del Código Aeronáutico, la degradación (por parte de la ANAC) de las normas aeronáuticas RAAC, los servicios de Navegación Aérea y la inversión pública en infraestructura, y la precarización laboral en todos los organismos aeronáuticos. Todo ello para facilitar la desnacionalización, la desindustrialización y la violenta baja del «costo argentino».
Puesto a votación, se aprobó por unanimidad un comunicado donde se traza un crudo diagnóstico de la realidad aerocomercial argentina y se declara a los Sindicatos Aeronáuticos Unidos en estado de alerta y movilización, facultando a las Comisiones directivas para llevar adelante todas las medidas sindicales, políticas y legales que correspondan en defensa de la fuente laboral.
Conflictos privados
Las trabajadoras y trabajadores del laboratorio Roux Ocefa denuncian que el lunes 24 terminaron de despedir a las últimas personas que trabajaban en la empresa, llegando a un total de 420 despidos. Por ese motivo, se encuentran protestando frente a las puertas del establecimiento ubicado en Villa Luro, para evitar el desmantelamiento y vaciamiento de las instalaciones.
Los trabajadores/as de Gaelle llevan dos meses de lucha con permanencia en las puertas de la fábrica. Los dueños de la fábrica han despedido a sus trabajadores armando causas truchas y sin abonar las correspondientes indemnizaciones. La asamblea abierta decidió impulsar un corte el viernes 28 a partir de las 7:00 en las intersecciones de las calles Rivadavia y Galicia (Piñeyro, Avellaneda).
No existe una sola instancia de negociación, ya que los patrones se ausentan de las audiencias bajo la mirada cómplice del Ministerio de Trabajo.
Este es un ataque que se repite en cientos de fábricas del Calzado con empresas que se alinean bajo la orientación del ajuste del Gobierno de Macri-FMI.
En la madrugada del 25 de septiembre, las imágenes que vieron los trabajadores y pobladores de Campo Santo (Salta), dentro y fuera del Ingenio San Isidro, eran elocuentes: vehículos policiales por doquier, numerosos efectivos desplegados dentro de la empresa y apostados en los alrededores, algunos ocultos tras los troncos de los árboles. Algunos policías iban y venían junto a las alambradas mientras otros se mantenían detrás de las rejas de uno de los ingresos a la planta.
El motivo de semejante despliegue era el paro nacional convocado por la CGT al que se adhirieron las dos CTA, los movimientos sociales y los trabajadores de la economía popular, al que también adhirió en Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro (SOEASI).
Mariano Cuenca, Secretario General del SOEASI, quien encabezó a los centenares de trabajadores que protestaron fuera del ingenio bajo la amenazante mirada policial, dijo al respecto que «el vocero empresario dejó en claro que el gobierno provincial es partícipe necesario de este despliegue represivo y que actúa como socio de quienes dejaron en la calle a los trabajadores del Ingenio San Isidro, arruinando aún más la economía regional salteña».
Durante el transcurso de la semana pasada, la firma Molino Cañuelas S.A.C.I.F.A envió los telegramas de preaviso para notificar formalmente a los 40 empleados que trabajan en el molino harinero situado en Banda del Río Salí (Tucumán), sobre la culminación del contrato de locación que la empresa mantiene hasta el 31 de Octubre con la Industrias del Trigo S.A.
La empresa de transporte con más de 2.000 empleados y 110 corredores en todo el país, Flecha Bus, inició los trámites para la apertura del concurso preventivo. En el escrito que presentaron los abogados de la firma se enumeraron razones que van desde el crecimiento del parque automotor hasta las ventajas otorgadas a las líneas áreas.
El grupo norteamericano ESPN decidió discontinuar las transmisiones de su emisora de FM que operaba en el ámbito de la Capital Federal desde el 2010. Despidió todo el personal a cargo.
El negocio de la radiofonía local se sigue achicando y sigue generando crisis. A los cierres de varias radios de AM como América, la quiebra de Rivadavia y los problemas financieros que sufren Del Plata y los medios del Grupo Indalo, entre otras, ahora se suma otra emisora que deja de operar.
Unos 80 trabajadores de la planta San Nicolás de Motomel aceptaron el retiro voluntario como consecuencia de la incertidumbre que vive actualmente el sector.
La motopartista, con sede en La Emilia, viene atravesando un período crítico desde mayo, cuando se desprendió de 130 operarios y adelantaron vacaciones a otros 400.
De hecho, hasta hoy rige el nuevo período de suspensiones de personal y no se sabe si se extenderá, ni mucho menos hasta cuándo.
A fines de septiembre vence el plan de trabajo que desde la fábrica de motos Zanella implementaron durante dos meses, «esperando que la situación se revierta». Por esta decisión, los trabajadores de la planta trabajan sólo 2 días a la semana y están suspendidos el resto.
Según aseguró el titular de la Unión Obrera Metalúrgica de Mar del Plata (UOM), José Luis Rocha, los tres días de suspensión los empleados cobran un 63,5% del sueldo en bruto. Son 65 los trabajadores que forman parte de la planta.
En cuanto al resto de las empresas que conforman el Parque Industrial de General Pueyrredón, el titular de la UOM explicó que «todas están paradas». «Son muy pocas las que están trabajando porque los materiales están todos en precio dólar y se está haciendo difícil poder acceder a ellos», sostuvo.
En el marco del paro nacional convocado para este 25 de septiembre, los trabajadores de Pepsico (Mar del Plata) iban a realizar una asamblea que fue impedida por la patronal, así como el ingreso de uno de los delegados de la Comisión Interna. Por tal motivo, se paralizó desde las 9 de la mañana del 24/9 la planta que la multinacional posee en el Parque Industrial de la ciudad.
La planta de Alpargatas cerró definitivamente sus puertas en Santa Rosa (La Pampa). La novedad se conoció el lunes pasado cuando el gerente local se lo anunció al personal, pero el gremio que los representa lo sabía desde el jueves.
Son más de 130 personas que se quedan en la calle. En los meses previos, había habido despidos y retiros voluntarios que achicaron la dotación de personal en más de la mitad.
La empresa presentó un procedimiento de crisis. Además de La Pampa, también cerraron una planta en Catamarca. Se trata de la planta de Calzados Catamarca que cerró sus puertas dejando a 150 operarios sin trabajo. No hubo telegramas ni notificaciones formales hasta el lunes, cuando los operarios de presentaron en la planta ubicada en el área industrial El Pantanillo y se les impidió el ingreso.
Los textiles despedidos se manifestaron en el microcentro frente a Casa de Gobierno y al Municipio para exigir asistencia. También hicieron un breve paso por la boca de expendio de la firma.
Son en total más de 700 trabajadores despedidos en todo el país. La firma contaba hasta el momento con siete plantas industriales: cuatro, destinadas al negocio textil en Corrientes, Buenos Aires, Catamarca y Chaco; y tres dedicadas al negocio de calzado en Tucumán, Catamarca y Santa Rosa.
El Sindicato de trabajadores de la construcción y afines (Sitraic) se movilizó hacia la Cámara de la Construcción y el Ministerio de Transporte para visibilizar la dramática situación en el sector: obras paralizadas, trabajadores en negro, precarización laboral y patotas de la Uocra.
«Ya hubo 12.000 despidos en todo el país pero también sabemos, como lo sabe el Gobierno y la Uocra, que a fin de año va a haber un quiebre muy fuerte como pasó en 2001», explicó Victor Grosi, secretario general de Sitraic.
Gremios industriales de la CGT convocaron a una marcha para el próximo jueves a la sede del Ministerio de Producción y Trabajo, que encabeza Dante Sica, para cuestionar la destrucción de puestos de empleo en el sector.
Así lo confirmó Luis Cáceres, titular del gremio de Ladrilleros, quien señaló que la movilización fue convocada para las 11:00 desde el cruce de las avenidas Belgrano y 9 de Julio hasta la sede ministerial de Diagonal Sur al 600.
Paritarias
Los cuatro sindicatos ferroviarios anunciaron que realizarán un paro de 24 horas para el próximo martes 2 de octubre en todos los servicios de corta, media y larga distancia en reclamo de la reapertura de la paritaria.
Los gremios denunciaron «el incumplimiento por parte de las empresas ferroviarias de pasajeros del Acta Acuerdo refrendada el pasado 20 de abril, donde claramente se especifica llevar adelante el proceso de revisión de los Acuerdos Paritarios firmados, conforme la evolución de las condiciones económicas pactadas, ante un eventual deterioro del poder adquisitivo de los salarios respecto de los índices de IPC publicados por el INDEC».
El sindicato de Camioneros advierte que si no hay una actualización de las paritarias, se declarará en «alerta» y amenaza con realizar una movilización y «acciones en defensa de los trabajadores».
Camioneros había acordado con la Cámara Empresarial una paritaria del 25%, hoy lejana de la inflación proyectada por el gobierno que podría superar el 42%. «Por ese motivo, Camioneros activará la cláusula de revisión acordada con los empresarios para lograr que los trabajadores no pierdan el poder adquisitivo del salario que ya está siendo afectado fuertemente por la crisis económica que el gobierno no puede controlar», detalló el gremio.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió un aumento salarial remunerativo y bonificable para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación. La medida fue firmada por todos los ministros del máximo tribunal.
El beneficio será del 10%, a partir del 1° de agosto de 2018, luego de que la Corte le reclamara al Gobierno que «en 2018 solo se ha autorizado un 10% de aumento» y que el «5% autorizado en el mes de febrero corresponde al año 2017».
Los judiciales nacionales forman parte de los pocos sectores donde no llegaron las negociaciones paritarias, por lo que la Corte termina definiendo a su «antojo» las decisiones en materia de salarios y condiciones laborales.
Sergio Palazzo (bancarios), reclamó que los salarios se ajusten por inflación «hasta tanto se estabilice la economía» y advirtió que si no se concreta esa medida habrá más conflictividad social.
Se sumó así al líder de Canillitas y secretario administrativo de la CGT, Omar Plaini, quien también pidió discutir salarios de forma permanente: «Tendríamos que discutir paritarias todos los meses, este Gobierno por tercer año consecutivo se sigue equivocando con el cálculo de inflación».
Inundaciones
La inversión en infraestructura fue puro discurso por parte de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. El temporal de la madrugada del sábado volvió a dejar a miles de personas inundadas.
La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense amanecieron inundados, subtes paralizados, Universidades y Terciarios tuvieron que suspender sus clases y cortes de luz intermitentes.
El Legislador de la Ciudad de Buenos Aires Gabriel Solano alertó sobre la situación de gravedad que están afrontando las más de 200.000 personas que viven en las villas de CABA como resultado del daño causado por las fuertes lluvias de las últimas horas, y reclamó una asistencia urgente del gobierno para asistir en la emergencia.
«La lluvia de las últimas horas ha generado una situación de colapso en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, provocando inundaciones de calles y viviendas, y causando pérdidas al sector más pobre de la población. La situación es generalizada y muestra que las urbanizaciones promocionadas por el gobierno de Rodríguez Larreta no han pasado de obras de maquillaje, que están muy lejos de representar una verdadera solución a los problemas reales que afrontan las decenas de miles de familias que viven en las villas de la Ciudad».
Elecciones en Empleados de Comercio
La Junta Electoral dio como ganador a Armando Oriente Cavalieri (Lista Azul) con 11.051 votos (52%), sobre Ramón Muerza (Lista Granate) con 10.590 (48%).
En las empresas grandes la elección fue pareja con una leve ventaja para Muerza. Cavalieri ganó en la Obra Social, el aparato del Sindicato, jubilados y empresas chicas. Se ve que para muchos mercantiles Cavalieri es visto como el símbolo del sindicalismo empresario. Pero Muerza no lo pudo terminar de capitalizar porque como Secretario de Organización histórico en muchos lugares de trabajo lo conocen y no lo quieren.
De los 64.000 afiliados, solo votó un tercio. Sin embargo, fueron más votantes que otras veces. Armando Cavalieri justificó esa participación y la pareja elección en algunas «ayuditas» que habría tenido su contrincante. En declaraciones a Télam «disparó fuertes críticas al empresario Alfredo Coto, a quien cuestionó de haber intentado tomar el control del gremio de Comercio a través del candidato de la oposición, Ramón Muerza, para «hacer un sindicato de supermercadistas, y debilitarnos, haciéndonos perder identidad».
La relación de Muerza con Coto es conocida, pero la defensa de Cavalieri parece la de un sindicalista combativo y no de quien ha convertido al SEC en una mutual de servicios asociada a distintas empresas, de excelente relación con los «supermercadistas» y todas las cámaras empresarias.
Desde ambos lados reconocen que Cambiemos también hizo su aporte en la elección. Vidal, Rodríguez Larreta y Santilli son cercanos a Muerza. Macri, Quintana y Triaca a Cavalieri. Por eso el secretario de Trabajo se apuró en aprobar el acta electoral.
Fuentes: Tiempo Argentino, www.infogremiales.com.ar, Equipo de Comunicación de la CTA Nacional, La Izquierda Diario, APU, Anred, Red Eco Alternativo, marcha.org.ar, Resumen Latinoamericano, Clarín, La Nación, Página 12, Infonews.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.