Los secretarios José Luis Sureda, Daniel Redondo, Alejandro Sruoga y Daniel Meilán deben controlar a las empresas petroleras y mineras a las que están vinculados. Los casos revelan el motivo por el cual se buscó rodear de secreto a las declaraciones juradas de los funcionarios. Sin embargo, el ministro Aranguren «sigue firme», dicen en la […]
Los secretarios José Luis Sureda, Daniel Redondo, Alejandro Sruoga y Daniel Meilán deben controlar a las empresas petroleras y mineras a las que están vinculados. Los casos revelan el motivo por el cual se buscó rodear de secreto a las declaraciones juradas de los funcionarios. Sin embargo, el ministro Aranguren «sigue firme», dicen en la Rosada.
Los intentos del oficialismo para imponer castigos penales a los periodistas que revelen cualquier dato de las personas que ingresen al blanqueo de capitales, o la iniciativa judicial que impulsó el gobierno bonaerense para sancionar con dos años de prisión a quienes dieran a conocer el contenido de las Declaraciones Juradas presentadas por funcionarios provinciales, profundizaron los debates dentro del Gobierno Nacional acerca del secretismo que guarda cada funcionario sobre su patrimonio. Para un gabinete integrado en muchos casos por ex gerentes y ex CEO’s de grandes corporaciones nacionales y multinacionales, la intimidad de cada fortuna personal puede transformarse en un verdadero obstáculo para el desempeño de esos flamantes funcionarios en la gestión pública. Los escollos son concretos y fueron relevados por Tiempo a partir de la publicación reciente de la Declaraciones Juradas Obligatorias de destacados integrantes del Poder Ejecutivo, cuyos patrimonios e intereses cruzados siembran una serie de interrogantes sobre la existencia de posibles incompatibilidades con la función pública, especialmente en los funcionarios que integran la primera y segunda línea del ministerio de Energía encabezado por Juan José Aranguren, un hombre que, dicen en la Casa Rosada, «es uno de los miembros del Ejécutivo que está más firme en su cargo luego del jefe de Gabinete Marcos Peña».
El caso más notorio de la cartera energética, pero no el único, estalló a partir de los más de 16 millones de dólares en acciones de Shell declarados por Aranguren, una de las empresas que debe controlar como parte de sus tareas ejecutivas. A partir de una denuncia del diputado nacional Martín Doñate, el caso esta en manos del juez federal Luis Rodríguez y del fiscal Carlos Stornelli luego de que la petrolera (donde el ministro es accionista) ganara licitaciones millonarias y se beneficiara también por la importación nacional de gas desde Chile, donde participa una subsidiaria de Shell. La operación de compra de gas trasandino fue activada por decision de Aranguren, aunque el gobierno boliviano jamás informó que no estaba en condiciones de proveer el combustible. Aún así, el ex funcionario de Shell intervino brutalmente en la matriz energética y reanudó operaciones de compra del hidrocarburo por el doble del valor pagado a Bolivia. Según argumentó el ministro los envíos altiplánicos resultaron insuficientes, pero fuentes del gobierno de La Paz sostienen lo contrario y argumentan que jamás advirtieron la existencia de inconvenientes para la provisión de gas. Tan grande es la controversia por el gas que Chile compra a otros países y que ahora le revende a la Argentina, que las oficinas de Aranguren ya fueron allanadas por la Policía Federal en un «requerimiento de documentación» que busca indagar las consecuencias para el Estado del doble rol del ex titular de Shell que ahora tiene el timón de la cartera energética.
La inacción de la Oficina Anticorrupción sobre la investigación en el ministerio de Energía desata intrigas dentro del gobierno, especialmente por la cantidad de casos que podrían empeorar. En términos públicos, el ministro energético es considerado un «duro» del ajuste, pero dentro del Gabinete Económico revelan que debajo de su cargo, hay algunos funcionarios que reclaman más medidas drásticas. Al igual que Aranguren, dos de sus cuatro secretarios provienen de empresas energéticas que ahora deben monitorear. José Luis Sureda, secretario de Recursos Hidrocarburíferos, estuvo más de 10 años como vicepresidente de Ventas de Gas Natural de Pan American Energy (PAE). Por su parte, el secretario de Planeamiento Energético Estratégico, Daniel Redondo, es ex CEO y presidente de Esso Standard, subsidiaria de Exxon Mobil. En su declaración jurada obligatoria, hizo pública su participación en Dypsa SA Inversion, una empresa de desarrollo inmobiliario que hace entre otros proyectos un exclusivo hotel para ejecutivos cerca del yacimiento de Vaca Muerta, el mismo que empañó la campaña de Alonso, cuando decidió guardar silencio por las claúsulas secretas del acuerdo con la multinacional Chevron.
«Estas empresas energéticas poseen obras públicas en marcha o concesiones del Estado, con lo cual la supervisión y el control público que los funcionarios deben hacer del cumplimiento de los planes de inversión o las auditorías sobre concreción de obras, se superponen con su participación en las mismas firmas», sostuvo el diputado del Frente para la Victoria Héctor Recalde.
A estos dos nombres, hay que agregar al secretario de Energía Eléctrica Alejandro Sruoga, quien ya ocupó ese puesto durante el gobierno de la Alianza, proviene en cambio de la consultora SYA, donde fue socio gerente y «asistió técnicamente a empresas eléctricas y organismos regulatorios» entre 1998 hasta 2015.
El secretario de Minería, Daniel Meilán, quien ya se desempeñó en el área durante el gobierno menemista, también es señalado por sus fuertes vínculos con empresas mineras.
Otro funcionario que cruzó la delgada línea de la incompatibilidad es Demian Reidel, uno de los directores del Banco Central. Además de trabajar en el área financiera de la reconocida entidad financiera, también estuvo a cargo del área de estrategia de deuda externa en mercados emergentes en Goldman Sachs.
«¿Qué debe hacer un funcionario si al momento de su designación se encuentra en una situación de posible conflicto de intereses? O renunciar a tales actividades como condición previa para asumir el cargo, o abstenerse de tomar intervención en cuestiones relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o tenga participación societaria. Ninguna de estas dos opciones fue aplicada por varios funcionarios del gobierno de Macri, que en menos de cinco meses han incurrido en múltiples casos de conflictos de intereses», explicó Recalde y recordó la descripción que hizo la propia Oficina Anticorrupción (OA), a cargo de la ex diputada nacional Laura Alonso. «Existe un conflicto de intereses cuando el interés particular de algún funcionario afecta la realización del fin público al que debe estar destinada la actividad del Estado», señaló la funcionaria cuando hizo sus primeras consideraciones técnicas. Pero desde que asumió, la titular de la OA no ha parado se sumar objeciones por su desempeño. Su primer mutismo giró en torno a las inconsistencias que encierran las Declaraciones Juradas que presentó Macri antes de asumir, luego aceptó mantener el secretismo por el acuerdo firmado con la multinacional Chevron que había cuestionado duramente antes de asumir el cargo y ahora afronta un nuevo desgaste, tras haber hecho pasar al olvido la estrecha relación que mantuvo durante años con el actual presidente de Boca Juniors Daniel «Tano» Angelici.
Transparencia
Si una de las mayores ambiciones del gobierno de Cambiemos giraba en torno a gestionar con «transparencia», la designación de Alonso al frente de la OA ha demostrado, hasta ahora, todo lo contrario. Antes de asumir, cuentan en el entorno de la funcionaria, «Alonso tenía instrucciones de investigarlos a todos, de meter presos a los corruptos del anterior gobierno y, si había alguno ahora, que cayera también». La máxima presidencial jamás se cumplió en lo que va del primer semestre y la jefa de la OA pasa sus días rodeada de cuestionamientos por las justificaciones que hace sobre funcionarios que enfrentan incompatibilidades manifiestas. Ayer la jefa del bloque de senadores del PRO, Laura Rodríguez Machado, una activa integrante de la Fundación Libertad, tuvo que romper el secretismo que embarga a la gestión de Cambiemos sobre el patriomonio de su gabinete. La senadora dijo que no tienen «ninguna duda» de que el gobierno de Mauricio Macri «no avalará ninguna situación que roce la ilegalidad». El mensaje no es genérico, sino que está orientado a deslindar responsabilidades sobre el avance de la investigación penal contra Aranguren. Aunque Rodriguez Machado no demoró en abrir el paraguas, también desmintió que fuera a realizar una presentación ante la OA. Si bien hará consultas sobre el caso, dijo, ratificó su confianza en Aranguren. «La Oficina Anticorrupción es la que está investigando y yo confío en que este gobierno no va a hacer nada que roce lo ilegal, no tengo ninguna duda sobre esto», sostuvo la mujer que encabeza la Red Federal de la Fundación Libertad, que hace más de un mes, agasajó al presidente Macri junto al premio Nobel Mario Vargas Llosa.
Hasta ahora la OA recibió denuncias sobre 22 funcionarios, según reveló días atrás el diario La Nación, pero el organismo no detectó incompatibilidades y sólo realizó advertencias a 5 de los denunciados, entre ellos el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, socio de la consultora APL y ex ejecutivo de JP Morgan y presidente y vice de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici y su vice María Talerico, relacionados a entidades bancarias. En rigor, por encima de las advertencias que giró Alonso, la lista de funcionarios vinculados a empresas no termina en ellos. La relación con el JP Morgan no es exclusiva de Prat Gay y en su propio ministerio hay al menos otros dos funcionarios que pasaron por el banco: Luis Caputo y Vladimir Werning.
Caputo es un ex JP Morgan y Deutsche Bank. Asumió en diciembre como secretario de Finanzas y se hizo cargo de la negociación de la deuda con los Fondos Buitre. Justamente esas dos entidades componen el pool de bancos contratados para la megaemisión de deuda externa por US$ 15.000 millones y su rol en esas operaciones le dió ganancias millonarias. Además de haber trabajado en Wall Street, Caputo tiene otro vínculo más profundo con Prat Gay: sus acciones por 2,7 millones de pesos en la consultora APL economía, creada por el ministro y su vice, Pedro Lacoste. A ese dato publicado en su declaración jurada, se le suman acciones en otras empresas: Transportadora Gas del Sur, YPF, el fondo de inversión Axis, el Banco Macro, Edenor y el Grupo Financiero Galicia.
En el caso de Wening (quien no presentó su declaración jurada), es conocido también su rol como jefe para América Latina de JP Morgan, cargo al que renunció para asumir como secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo.
La lista de cargos públicos en manos de gerentes de larga trayectoria privada es mucho más extensa y cada puesto encierra un dolor de cabeza para un Gobierno que no para de hablar de gobierno abierto y rendición de cuentas, dos materias que dentro de las entrañas del poder, generan preocupación, secretismo y el vano intento de imponer penas a quienes se animen a señalar que la Casa Rosada trata de tapar el sol con la mano.
Fleg Trading y el «salvavidas de plomo» de Franco Macri
Por Felipe Yapur
La coordinación y el correlato histórico de la información son fundamentales en un proceso judicial. Dos ejes que parecen hacer agua en la estrategia que está desarrollando el presidente Mauricio Macri para desligarse de su participación en la empresa offshore Fleg Trading y el posible cargo de lavado de dinero. El mandatario niega su participación efectiva, pero la documentación presentada por su padre, Franco, ante la justicia apunta a desmentirlo.
Desde que salió a la luz la investigación de Panamá Papers, Macri negó todo tipo de conocimiento sobre su participación y responsabilidad en la offshore. Incluso se presentó ante la justicia civil para demostrar su verdad. Sin embargo, el pasado 22 de abril, Franco presentó un escrito en el que asegura que, tanto él como sus hijos Mariano y Mauricio, el presidente, abandonaron el directorio de Fleg Trading el 15 de octubre de 1998 y, en ese mismo acto, designaron a sus reemplazantes. Esa fecha llamó la atención en el despacho del diputado Darío Martínez (FPV), quien denunció al presidente por lavado de dinero.
Los datos aportados por el legislador al juez Sebastián Casanello y al fiscal Federico Delgado dan cuenta de una operación en septiembre de 1998. El 21 de ese mes en São Paulo se produce una reunión de la firma Owners, integrada por Grumafra y Socma Americana. En esa asamblea de accionistas Grumafra pasa a denominarse como Socma SA y se admite a Fleg Trading, cuya sede es Bahamas, como nuevo socio. Inmediatamente Socma Americana vende su participación a Fleg por 9,3 millones de dólares. Es decir, los Macri se vendían y compraban a sí mismos.
Para el legislador Martínez no hay por ahora ninguna pista de dónde obtuvo esos millones la firma radicada en Bahamas; como tampoco hay pruebas de que el dinero recibido por Socma Americana haya ingresado a sus balances en la Argentina.
Así, el escrito que presentó Franco y que afirma que «los directores (de Fleg Trading) Francisco, Mauricio y Mariano Macri designan a otras personas en su reemplazo como directores de la Compañía para llenar las vacantes dejadas por sus renuncias», termina por demostrar que el presidente, además de integrar el directorio de Fleg Trading, participó de la venta y compra de acciones. En ese sentido, Martínez entiende que el traspaso de esos millones bien podría suponer lavado de dinero. Por eso, le reclama al fiscal Delgado que se concentre en ese movimiento de dinero.
La ayuda de Franco a su hijo se parece más a un salvavidas de plomo y para nada aleja al presidente de la investigación judicial.
Fuente original: http://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/57535/el-equipo-de-energia-lidera-la-lista-de-incompatibilidad-de-funciones-en-el-gabinete