En la Ciudad de Buenos Aires está la capacidad inspectiva, pero no se aplica, y la provincia de Buenos Aires no tiene inspectores para esto directamente.
-En un nuevo aniversario de la masacre de Luis Viale ¿qué nos podés comentar al respecto?
-Pasaron 16 años de aquella masacre, mal llamada tragedia en muchos casos. Que en su momento de alguna manera destapó la problemática de la explotación laboral en los talleres de costura, que los medios dieron en llamar clandestinos. Generó también mucha militancia, dos grandes movimientos contra esas situaciones. Donde surgieron denuncias para marcas, porque en un principio se creía que toda esta economía sumergida trabajaba para La Salada o el circuito comercial de la calle Avellaneda y, sin embargo, había marcas reconocidas involucradas en estas prácticas a través de sus contratistas.
A partir de entonces existen más de 10 marcas denunciadas, ninguna ha sido encontrada culpable, más que por su absolución, por el simple cajoneo de las causas. Hay un juzgado que tiene cajoneadas las denuncias contra 85 marcas y nunca hizo ningún tipo de avance sobre esas causas.
Lo que tenemos es una justicia que no ha avanzado, que si dio un paso grande en el 2016, condenando a los talleristas de Luis Viale a 13 años de prisión por reducción a la servidumbre. Nunca cayeron los dueños de las marcas para los que los talleristas trabajaban exclusivamente, en un taller donde las máquinas las habían comprado los dueños de las marcas.
Los dueños de la propiedad también son los dueños de las marcas. Tenemos una justicia que no ha avanzado sobre los principales responsables, un Estado que no ejerce el más mínimo control sobre las condiciones de trabajo en los talleres informales.
El Estado va a una empresa de indumentaria y mira las personas que están ahí, que estén registradas y listo, nunca preguntan de dónde viene la ropa ni dónde están los talleres. No se va para atrás en la cadena productiva.
A pesar de eso las condiciones de trabajo en el sector están mejorando bastante, pero es básicamente porque hay una demanda muy grande de talleres y una oferta muy baja, porque lo cierto es que aquellos migrantes de Bolivia se fueron para Brasil o se volvieron para Bolivia dada la situación económica de la Argentina. Eso hace que haya caído muchísimo la mano de obra y que las marcas estén desesperadas por conseguir costureros que quieran cobrar los salarios de miseria que pagan. Un costurero que se inicia en el sector cobra el 65% de la canasta básica para una familia tipo. La familia del costurero es pobre, tienen que trabajar los dos adultos para poder sobrevivir.
Estamos en una situación en que los talleres siguen existiendo de todos modos, a pesar de que las marcas estén diciendo que eso ya es parte del pasado. Lo que tenemos son talleres que se han escondido un poco mejor en el Conurbano o en las villas de la Ciudad para evitar eventuales controles, de todas formas esos controles no existen.
En la Ciudad de Buenos Aires está la capacidad inspectiva, pero no se aplica, y la provincia de Buenos Aires no tiene inspectores para esto directamente.
-¿Algo más sobre Luis Viale?
-Hay un proyecto de ley para expropiar la propiedad. Los dueños de las marcas quieren vender la propiedad y lo que se está intentando, desde distintos colectivos migrantes, es que se expropie la propiedad para poder hacer en ese lugar, que es el principal símbolo de la explotación laboral, un Espacio de Memoria y Organización para migrantes y trabajadores en lucha. Al respecto, no ha habido avances, pero se está intentando en la Legislatura de la Ciudad que eso avance.
-Luis Viale 1269 vivían 64 personas, la mitad eran menores de edad. Dormían en cuartos de 3 x 2.5 metros separados por telas y tabiques de madera. Compartían colchones y no contaban con un espacio para comer. Solo tenían un baño sin agua caliente. Trabajaban en promedio 14 horas por día de lunes a viernes y entre 5 y 6 horas el sábado. En 2006 los trabajadores cobraban $200 por mes, lo que equivalía a un 25% del salario de convenio de aquel momento. Tras el incendio, el gobierno porteño les dio a los sobrevivientes subsidios de $300, cuando el salario mínimo en ese momento era de $800. No les ofreció alojamiento y tardó 52 días en entregar los cuerpos de las víctimas para ser velados. En junio del 2016 dos capataces fueron condenados, 3 años después los dueños de la marca y del inmueble Daniel Fischberg y Jaime Geiler resultaron absueltos, e incluso en noviembre del 2019 la justicia les devolvió la posesión del inmueble. Un mes más tarde, la Comisión por la Memoria y Justicia de las Obreras y los Obreros textiles de Luis Viale presentó ante la Legislatura de la Ciudad un proyecto de expropiación, para que el edificio de Luis Viale 1269, o lo que queda de él, se convierta en un Espacio de Memoria y Organización para migrantes y trabajadores en lucha. Jerónimo, te dejo el cierre.
-Lo que no se puede aceptar es que hayan sido absueltos los dueños de las marcas. El papel de la fiscal Betina Vota y el juez Baños del Juzgado general 27 de la Ciudad. Esperamos que los legisladores y las legisladoras de la Ciudad reviertan de alguna manera esa injusticia a partir de convertir ese lugar en lo que sería un espacio de memoria y reflexión de lo ocurrido para que ningún trabajador vuelva a morir en el lugar de trabajo.
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