Un juez argentino ordenó este viernes que el ex dictador Jorge Rafael Videla sea trasladado a una dependencia militar, tras haber gozado del beneficio de la prisión domiciliaria durante los últimos diez años, informaron hoy fuentes judiciales. El magistrado Norberto Oyarbide anuló el beneficio del arresto domiciliario y ordenó que lo trasladen a la dependencia […]
Un juez argentino ordenó este viernes que el ex dictador Jorge Rafael Videla sea trasladado a una dependencia militar, tras haber gozado del beneficio de la prisión domiciliaria durante los últimos diez años, informaron hoy fuentes judiciales.
El magistrado Norberto Oyarbide anuló el beneficio del arresto domiciliario y ordenó que lo trasladen a la dependencia de Campo de Mayo, adonde será llevado en las próximas horas, indicaron.
El juez estima que la cárcel de la guarnición militar es adecuada para atender cualquier emergencia médica
Las fuentes señalaron que el juez consideró que la cárcel instalada en la guarnición militar «cuenta con el equipamiento, la infraestructura y el personal necesario» para atender cualquier emergencia médica que pudiera sufrir Videla, de 83 años.
El ex presidente de facto se encuentra procesado por el secuestro de menores durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), a la espera del juicio oral y público.
En julio pasado, la Cámara en lo Criminal Federal confirmó la ampliación del procesamiento del ex dictador, beneficiario de la prisión domiciliaria que en Argentina puede otorgarse a los mayores de 70 años.
«Autor mediato»
Videla, que había sido procesado como «autor mediato» de cinco secuestros, retenciones y ocultamiento de hijos cuyos padres estuvieron en centros clandestinos de detención, sumó otros 21 casos en el denominado «plan sistemático» para el secuestro de bebés.
Además del secuestro de bebés, Videla está procesado por otras causas, entre ellas la desaparición de dos empresarios y el Plan Cóndor, como se denominó a la coordinación represiva de los regímenes militares del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980.
Según cifras oficiales, 18.000 personas desaparecieron en Argentina durante el último régimen, aunque organismos de derechos humanos afirman que las víctimas fueron 30.000.