El FMI exige un mayor ajuste en el segundo semestre

Georgieva dijo a la agencia Reuters que Batakis “se comprometió con los objetivos del programa y se comprometió a trabajar constructivamente con el Fondo para lograr estos objetivos”. 

En referencia al ataque sobre las condiciones de vida de las mayorías populares que implica seguir bajo el cogobierno con el FMI y sus pedidos de ajuste, señaló sin eufemismos que son necesarias «acciones dolorosas» para cosechar supuestos «beneficios». “Necesitamos tener claro que las acciones dolorosas a veces son necesarias para cosechar los beneficios de estas acciones”, fueron sus palabras según Reuters. 

El compromiso de Batakis con el FMI con los objetivos del programa económico, hecho con el Fondo este miércoles, ya había sido confirmado por la propia ministra durante su asunción, cuando señaló que seguirá el rumbo actual de la política económica y que cree en el «equilibrio fiscal». 

En los últimos días se confirmó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) viene planteando una serie de medidas económicas para nuestro país, en el marco de las revisiones trimestrales que impone el acuerdo de refinanciamiento de deuda alcanzado por el oficialismo, que incluyen una reducción del gasto en jubilaciones, más control a las importaciones y un nuevo ajuste en las tarifas de energía. 

Con el objetivo de llegar a la meta anual del 2,5% de déficit primario, el Gobierno busca seguir incrementando la recaudación y tomó el compromiso de implementar medidas para compensar el gasto en subsidios a la energía y la asistencia social. Las proyecciones oficiales anticipan que durante el primer semestre el gasto real pasará de 12,8% anual mientras que en la segunda mitad del año se apuesta a un 7,8% del PBI. 

El peso de las jubilaciones en relación con el Producto Bruto se viene reduciendo con la aplicación de la nueva fórmula de movilidad. Según el FMI “se deben evitar los ajustes discrecionales a las pensiones” (un cuestionamiento al proyecto de moratoria jubilatoria que impulsa el gobierno y comenzar a preparar “opciones de reforma” del sistema jubilatorio para ser presentadas a fin de año. 

En cuanto a las jubilaciones, antes de las reformas más de fondo, el Gobierno anticipa una reducción del 8,5% previsto para 2022 a un 8,1% del PBI, mientras que gasto de capital pasaría de 2,2 a 1,8% y bienes y servicios de 0,7 al 0,6%. Según las proyecciones del Gobierno, estos recortes permitirían aumentar la asistencia social del 3,2 al 3,5% del PBI y los subsidios energéticos del 2,2 al 2,6% del PBI. 

Sin embargo, desde el FMI plantean la necesidad de reducir los subsidios energéticos por el impacto que están teniendo sobre las reservas nacionales por la necesidad de importar algunos combustibles como gas o gasoil. 

Este 9/7, marchamos por la anulación del acuerdo con el Fondo 

GUZMÁN SE FUE, AHORA LE TOCA AL FMI 

En un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional, la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda convoca a movilizar este 9 de julio contra el Fondo Monetario Internacional, en todo el país. En CABA concentramos a las 14:30 en el Obelisco para marchar hacia Plaza de Mayo. 

Volvemos nuevamente a las calles junto a otros sectores, dándole continuidad a las masivas movilizaciones realizadas en los últimos meses y con la convicción, tal como viene sucediendo en Ecuador, Colombia y Chile, de que el protagonismo popular es el camino para lograr un presente y futuro más dignos. 

Al llamar a movilizar este 9 de julio, la Autoconvocatoria, señala que “la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía se produce en el marco de la demanda del FMI por mayores ajustes y una devaluación y ante las dificultades del país para cumplir con sus exigencias.” Afirma que expresa además “la tensión generada como resultado de los múltiples fracasos del plan económico de cara a las necesidades populares: una inflación imparable (en un contexto inflacionario internacional, es la que más crece en el mundo), mayor pobreza y necesidades sociales, mayor extractivismo y entrega.” 

Precisa que “para conseguir medidas a favor del pueblo hay que avanzar con la anulación del acuerdo con el FMI,” como una primera condición para un plan económico distinto, “que ponga en el centro los intereses y necesidades de las mayorías, en vez de velar por los intereses del capital financiero, el FMI y los grandes exportadores.” 

La Autoconvocatoria llama a construir la más amplia unidad en la acción que plantee en las calles otro programa, para poder brindar una esperanza de salida para nuestro pueblo y país. 

* Basta de ajuste, saqueo, extractivismo y dependencia 

* Anulación del acuerdo con el Fondo. La deuda es con los pueblos y la naturaleza, no con el FMI ni con los usureros 

* Que los recursos vayan a resolver las necesidades populares: salarios, jubilaciones, salud, educación, trabajo, tierra y vivienda 

* Actualización inmediata de salarios, jubilaciones y programas, que supere la inflación 

* Solidaridad con los pueblos de nuestro continente en lucha contra los planes del FMI 

* Contra la criminalización de las luchas contra el ajuste 

AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA 

-6/7/22 

Numerosas Asambleas piqueteras frente a los Municipios 

Desde las 9 horas y en todo el país, la Unidad Piquetera protagonizó este jueves 7 de julio, asambleas frente a las intendencias y gobernaciones, en rechazo a la orientación de ajuste de pasar forzosamente los programas sociales al control de los punteros políticos y convertirse en mano de obra ultra precarizada y una mayor expresión de fraude laboral.  

Entre las actividades convocadas se realizó una conferencia de prensa central en el Obelisco Porteño, a primeras horas de la mañana, y se destacan importantes convocatorias en los distritos del Conurbano bonaerense, como en Avellaneda, donde se concentra gran parte de los beneficiarios de los programas sociales y la desocupación. 

Las organizaciones piqueteras mantienen un plan de lucha contra la política de ajuste del gobierno nacional, que en medio de la caída del empleo y el crecimiento de la pobreza, como consecuencia del pacto ruinoso con el FMI, les niega asistencia económica a millones de desocupados y retacea la asistencia alimentaria. 

En este contexto, la vicepresidenta Cristinas Kirchner salió a reivindicar el pase forzoso de los beneficiarios de los programas sociales a las intendencias y gobernaciones, con el propósito de desmantelar la organización independiente de los piqueteros y para otorgarles a los barones del Conurbano el control de los programas. 

Detrás de esta orientación se oculta el reclamo de las patronales por terminar con cualquier tipo de seguro al desempleo -aunque se trate de uno muy devaluado- que opera como un piso a la caída de los salarios, debido a que los trabajadores desocupados rechazan emplearse por salarios irrisorios y condiciones pésimas de trabajo. 

Durante la conferencia de prensa, las organizaciones piqueteras repudiaron los allanamientos y ataques contra los piqueteros y piqueteras que se organizan y luchan en la provincia de Jujuy, donde el gobernador Gerardo Morales persigue y judicializa a los luchadores, y contra todas las causas e investigaciones abiertas contra el movimiento de desocupados combativo e independiente. 

Los piqueteros deliberarán y resolverán medidas luego de una nueva reunión con el ministro Juan Zabaleta, quien aún no ha dado ninguna respuesta positiva a los reclamos de las y los desocupados, que lucha por trabajo genuino, seguro universal al desocupado igual a la canasta básica, alimento para los comedores populares y libertad de organización. 

Desde la Unidad Piquetera ya anuncian una nueva medida de lucha para el próximo jueves 14, con una movilización a Plaza de Mayo que podría culminar con un gran acampe piquetero. Impulsan la convocatoria a un paro nacional y un plenario nacional de trabajadores ocupados y desocupados para derrotar el ajuste. 

Sutna 

El ministro de Trabajo anunció que llamó a la dirigencia sindical a una cumbre para este viernes, buscando destrabar una crisis que se extiende. 

El ministro de Trabajo Claudio Moroni se metió en la llamada «guerra del neumático» con la mira puesta en destrabar el conflicto del sector, que pone en peligro el abastecimiento de estos productos en el mercado nacional. 

El gremio SUTNAya había sido convocado por el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, sin lograr mayores avances, incluso este lunes todo empeoró cuando Bridgestoneles negó el ingreso a referentes del gremio. 

Ahora, el funcionario organizó reuniones por separado, y adelantó la audiencia con los dirigentes gremiales para este viernes. Los puntos ríspidos están en el reclamo por un 71 % de aumento total y el pago de las horas extras en fines de semana al 200 %. 

Bloquean las terminales 4 y 5 del puerto de Buenos Aires 

Reclaman que la carga se reparta en la terminal 5 de la misma forma que se reparte en el resto de las terminales. Esto implica garantizar la defensa de los puestos de trabajo. Cerca de 800 familias exigen una solución. 

Este jueves, de las 10:00, los trabajadores portuarios de la Terminal 5 del Puerto de Buenos Aires, volvieron a reclamar en defensa de sus puestos de trabajo. Desde hace meses vienen peleando por la normalización de la carga en el puerto, exigiendo que en esa terminal también se realice el reparto de la carga. 

Este tipo de decisiones corre a cargo de la Administración General De Puertos (AGP). Este organismo se viene negando a acatar un fallo de la Justicia que ordena garantizar ese reparto. 

Paro docente en La Rioja 

Les docentes de La Rioja vienen en lucha desde hace seis semanas para exigir un salario digno. Después del acuerdo salarial que tuvo el Gobierno con el sindicato a espaldas de les docentes, tiene el rechazo de les autoconvocades. Exigen un incremento salarial de 20.000 al básico, y no en cuotas como lo hace el Gobierno de La Rioja, a cargo del peronista Ricardo Quintela. 

Los cortes de ruta, los paros y las movilizaciones hicieron que el Gobierno riojano respondiera con amenazas de suspensión y descuentos salariales. Les autoconvocades se juntaron con el personal de salud, quienes son en parte agremiades; y se mostraron unidos en la lucha por un merecido aumento de sus sueldos. Además, aseguraron que la lucha no parará hasta lograr el objetivo. 

Tras la llegada del presidente Alberto Fernández a La Rioja, les autoconvocades invitaron a una gran marcha. Además, participó el personal de salud que también se moviliza por un salario digno. “La educación y la salud son fundamentales. Sin embargo, somos los peores pagados”, expresaron. 

Al respecto de la movilización, Carolina Goycochea, referente de Docentes en marcha y Autoconvocados de La Rioja, mencionó: “Iniciamos una marcha histórica. Estamos todos los docentes de toda la provincia para decirle a Ricardo Quintela que queremos el aumento y lo queremos hoy. No queremos otro día más de paro”. Además, expresó que pararon por el centro administrativo y que se unen a la marcha el personal de la sanidad y la comunidad toda. 

“Quintela tiene que escuchar al pueblo que se manifiesta. Alberto Fernández sabe lo que está pasando en La Rioja; él no desconoce la situación. Por eso, exigimos al presidente de la Nación que obligue al gobernador a darnos el aumento que venimos solicitando hace seis semanas”, aseveró. 

Además, Carolina expresó que, si no se arregla el aumento, el conflicto va a avanzar. “Lo vamos a nacionalizar. Nos vamos a trasladar a la puerta de la Casa Rosada, si hace falta para que nos escuche”, aseguró. 

Por otro lado, un grupo de docentes fueron retenides el 29 de junio, con el objetivo de evitar que asistan a la marcha del pasado jueves 30. Estuvieron toda la noche a la vera de la ruta N°38, ya que la policía no les permitió el ingreso a la Capital ni al Parque Eólico. Allí buscaban manifestarse ante la llegada del presidente Alberto Fernández. 

Al respecto, Carolina habló sobre les colegas docentes retenides en el interior de la provincia. “Llegaron un grupo de Aimogasta. Otro grupo que los han retenido desde las doce de la noche y los han mantenido al costado de la ruta. Totalmente ilegal, pero los compañeros están resistiendo allí”, comentó. 

Aproslar y docentes autoconvocades  

La Asociación se Profesionales de la Salud de la provincia de La Rioja (Aproslar) pide reunirse inmediatamente y con todos los sectores que integran la Multisectorial. El objetivo es dar solución a los problemas a los que el Gobierno no da respuesta. Aquí se incluyen las organizaciones sociales, que también atacan públicamente al gobernador y al ministro de Desarrollo social. 

Eduardo Escobar, docente riojano autoconvocado, expresó: “El sindicato mayoritario, que es el que tiene la personería gremial y que se supone que nuclea a todos los docentes de La Rioja, ha cometido graves errores contra la ley sindical. Al no sentirnos representados, salimos solos”. 

El paro docente tuvo y tiene un impacto muy grande en la provincia de La Rioja. Según Escobar, el gobernador Ricardo Quintela no ha intentado acercarse o establecer un diálogo con les docentes. “Evidentemente, no le importa”, concluyó. 

Este viernes 8 de julio se realiza una gran marcha provincial docente en La Rioja por salario digno y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Será desde las 9:30 en el Arco de Entrada, con la participación de docentes, trabajadores de la sanidad, empleados públicos y toda la comunidad. 

Conciliación obligatoria en el conflicto de la línea 60 

El cuerpo de delegados de la línea 60 informó que la resolución del ministerio de Trabajo de Provincia implica que las unidades volverán a funcionar en la madrugada del martes. 

La medida llegó luego de la contundente respuesta de los choferes, que mantuvieron el paro concentrándose en las cabeceras de Maschwitz y Barracas y realizando un corte de la Panamericana durante el transcurso del día lunes 4. 

La empresa DOTA viene tomando represalias contra los choferes despidiendo incluso a referentes de la línea como Carlos Zaragoza, candidato a delegado, elegido a través de elecciones internas. 

Reproducimos a continuación su comunicado: 

«Lunes 5 de julio de 2022 

Los trabajadores de la Línea 60 informamos que por conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, se resuelve acatar la misma suspendiendo el plan de lucha, volviendo a trabajar a partir de las 00hs del martes 5/7. Continuamos en asamblea permanente. 

Cuerpo de delegados» 

Motivos del conflicto
“Durante los últimos meses del corriente año, el Grupo DOTA que opera la línea 60 provocó numerosos despidos de carácter discriminatorios”, empieza diciendo un comunicado del cuerpo de delegades de esta Línea de transporte. 

Doscientos Ocho Transporte Automotor S. A., mejor conocida como DOTA, es una corporación argentina especializada en el transporte público de pasajeres. DOTA opera actualmente con una gran variedad de líneas de colectivos. Entre ellas se destaca la línea 60, la cual compró en el año 2010. 

El lunes 6 de junio de este año hubo elecciones para elegir cómo se conformaba el Cuerpo de delegades. En ella participaron más de 750 trabajadores. La elección estaba pautada para el martes 31 de mayo, pero fue postergada por DOTA. 

Finalmente, Carlos Zaragoza salió elegido como delegado. Sin embargo, después de las elecciones, al candidato electo “el día 19 le cortaron el servicio y el día 21 le llega el telegrama (de despido). Entendemos que es totalmente persecutorio”. 

Así lo expresó Bonifacio Espinoza, delegado de la línea 60. Aunque, reconoció Bonifacio, que “los pedidos (de despido) empezaron en el mes de marzo”. 

Despidos injustificados
Sobre su despido injustificado, el mismo Zaragoza expresó que: “fui elegido delegado y reconocido como tal con carnet. DOTA decide echarme y ejerzo como delegado en la puerta de la empresa porque el presidente me sacó de las instalaciones”. 

“Los motivos para los despidos son la persecución al activismo porque nos quieren arrebatar los derechos conquistados acá. Es clarísimo”, dijo Bonifacio. “DOTA están teniendo un problema de subsidio, un problema económico entre las patronales y el gobierno y nos quieren hacer pagar el ajuste a nosotros, arrebatándonos los derechos”, agregó. 

Les delegades de la línea 60 sacaron un comunicado que agrega un poco más de información sobre los motivos sobre este conflicto y paro: “Las grandes empresas buscan flexibilizar para mejorar sus ganancias”. Finalmente, agregaron en el mismo que “rechazamos ser la variable de ajuste”. 

Un paro por tiempo indeterminado
“Después de realizar las denuncias correspondientes ante el ministerio de Trabajo e iniciar las acciones legales que corresponden y no tener respuesta, decidimos defender nuestros derechos con esta medida de fuerza”, indicó Néstor Marcolin, otro de les delegades de la línea 60. Esta medida será hasta no recibir una respuesta favorable por parte de la patronal. 

Tanto les delegades entrevistados como el comunicado que sacaron confirmaron que “no se descartan movilizaciones y cortes”. Algo similar pasó el pasado martes 24 de mayo donde el Cuerpo de delegades de la línea 60 realizó un corte parcial de ruta Panamericana, a la altura de la cabecera que la empresa tiene en Ingeniero Maschwitz mano a Capital Federal. 

El paro será desde este lunes 4 de julio a la medianoche y afectará a todos los ramales y recorridos que hace habitualmente la línea 60. Esta es una de las más importantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Y conecta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la Zona Norte bonaerense. Une, más específicamente, el barrio de Constitución con Belén de Escobar, Ingeniero Maschwitz, Tigre y Rincón de Milberg. 

Les choferes se concentrarán en la cabecera de la empresa y no permitirán la salida de los colectivos. No se descartan cortes de calles o de los accesos. Por el paro total del servicio, se verán afectados aproximadamente unos 100.000 usuaries. 

«Desde que se modificó el reparto de subsidios nacionales a las empresas de transporte las Cámaras empresarias empezaron con los despidos y con los recortes de recorridos. Acá en la 60 no esperaron nada, al otro día tuvimos el primer despedido. En los últimos meses el grupo DOTA echó a varios trabajadores, la mayoría son activistas sindicales. Además, no cumplen con los servicios ni con las condiciones de higiene y empezaron con los partes voladores», dice uno de los más de 200 choferes de la cabecera Barracas. 

Carlos Delgado es delegado de los trabajadores y agrega: «Denunciamos despidos masivos, el pésimo estado de las unidades y de las cabeceras. En Escobar están haciendo un viaducto y quedan las unidades a cinco cuadras de la cabecera. Tenemos dos compañeros que fueron despedidos cuando se pegaron las actas de la junta electoral: Diego González y Carlos Zaragoza, el mismo día que lo presentamos la empresa manifiesta que habían sido despedidos por la 245. Para la empresa es un problema legal, para nosotros es una persecución y una discriminación». 

El grupo DOTA es el actual gerenciador de la Línea 60, un grupo monopólico que controla directa e indirectamente a más de cien empresas de transporte. Tiene, además, clínicas laborales, concesionarias de autos, empresas carroceras y son los importadores directos de Agrale, la compañía que fabrica los colectivos. Esta firma es propiedad de Ángel Faija y compañía, en los últimos años los trabajadores de la 60 han denunciado en reiteradas circunstancias a la firma de la familia Faija: desde el crimen laboral de David Ramallo hasta el recorte de recorridos que dejó sin servicios a miles de pasajeros. 

Sobre los portones de la cabecera, los trabajadores montaron una mesa, cocinan hamburguesas y comparten gaseosas. Alberto Galeano es chofer y delegado de la Línea 540 y manifiesta: «Estamos apoyando a los compañeros por la lucha que vienen dando, por el ajuste que está implementando el gobierno. Es imprescindible unificar todas las luchas porque el ajuste viene para todo el país. Nosotros en la 540 estamos viviendo lo mismo, y están aplicando el mismo tipo de ajuste que se ve acá». 

Despidos masivos en laboratorio Spedrog Caillon 

La empresa de capital nacional despidió a toda su planta de visitadores médicos al día siguiente del fin de la vigencia del decreto de prohibición de despidos. La Asociación Agentes de Propaganda Médica (AAPM) movilizó el martes 5 a las puertas del laboratorio en el barrio de Devoto. 

El laboratorio está presidido por una de las máximas autoridades de la industria farmacéutica, Hugo Caivano, representante de COOPERALA. El gremio denuncia que Spedrog Caillon envió 28 telegramas en el preciso instante en que cayó el decreto de prohibición de despidos, el último viernes. 

“Caivano pretende maximizar sus ganancias, que ya crecieron durante la pandemia, a costa de los trabajadores”, reclama el gremio de visitadores médicos a nivel nacional, conducido por Salvador Agliano y el titular de la CTA Autónoma, Ricardo Peidro. 

“Estamos en un plan de lucha en general en la industria farmacéutica que en el último tiempo realizó varios ataques al gremio. Pretendieron sacar a trabajadores del convenio, sobre todo las multinacionales; así como también pagaron cifras estrafalarias por desafiliarse al sindicato, como en el caso de Elea Phoenix. Saben que el sindicato es el límite a sus ambiciones y por eso quieren amedrentarnos” declaró Peidro, Secretario General Adjunto de AAPM de la RA. Y remató, “pero estamos firmes en la defensa tanto de nuestros derechos laborales, como de las leyes sanitarias y la salud colectiva”. 

“Mientras estuvo vigente la doble indemnización se crearon 200.000 puestos de trabajo” 

El pasado 30 de junio quedó sin efecto el decreto 886/21 que prorrogaba parcialmente la Doble Indemnización para los y las trabajadoras, establecida ante el Estado de Emergencia Ocupacional en que se encontraba el país cuando Alberto Fernández llegó al Gobierno. 

“Con el vencimiento volverá al régimen anterior con un mes de salario por año de antigüedad para los despidos sin causas”, explicó Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA-Autónoma. “Hay que ver hasta qué punto esto puede llegar a facilitar los despidos por partes de las empresas”. 

De todas formas -aclaró- la medida ya no aplicaba como en un principio porque “tenía un tope de 500.000 pesos, o sea, si te correspondía un millón de pesos de indemnización, la segunda no iba a ser por el total sino de la mitad”. 

“El argumento que usa el Gobierno para finalizar este régimen es que la desocupación es de un 7%, muy baja, y plantea que se está creando empleo, lo que volvería innecesaria la doble indemnización”, detalló Campos. Sin embargo, sostuvo que “hay que tomar con muchas pinzas esto, porque la disminución de ese porcentaje de desocupación se explica con la creación de trabajo precario, asalariados/as no registrados y trabajo por cuenta propia”. 

“Decir que damos de baja la doble indemnización porque el mercado de fuerza trabajo está teniendo un comportamiento vigoroso que no está habiendo problemas de desempleo, cuanto menos es arriesgado”, expresó teniendo en cuenta que la mitad de la población laboralmente activa se encuentra por fuera de las regulaciones laborales en estado de precarización. 

“Para los trabajadores no registrados y cuentapropistas lamentablemente las medidas que se están tomando son escasas por no decir nulas”, sostuvo. 

A su vez, el gremialista destacó la posibilidad de “poner en discusión toda esa batería de argumentos de la derecha cuando plantea que las regulaciones laborales son la causa de la falta de empleo siendo que mientras estuvo vigente la doble indemnización se crearon más de 200.000 puestos de trabajo”. 

Por otra parte, Campos refirió a la prohibición de despidos establecida durante la pandemia del covid-19: “No hay muchos datos pero efectivamente la prohibición de despidos fue una medida exitosa a pesar de que hubo muchos ‘retiros voluntarios’ que era la forma que encontraban las empresas para eludir esa legislación por lo que los primeros meses de pandemia a pesar de estar prohibidos los despidos hubo una baja en la cantidad de trabajadores registrados”. 

En este sentido, Campos analizó las paritarias de este año: “Venimos de un año con dos rondas paritarias donde los acuerdos están cerrando en torno al 60% anual y lamentablemente no me arriesgo mucho si digo que estas paritarias deberán ser revisadas en el segundo semestre por la inflación”, concluyó. 

Pequeños productores agrarios rechazaron el paro de la Mesa de Enlace 

Productores rurales de todo el país, nucleados en el MTE, repudiaron la medida de lockout patronal anunciada para el próximo 13 de julio por las entidades agrarias que integran la denominada Mesa de Enlace, y aseguraron que su único objetivo «es desestabilizar al gobierno con cualquier excusa», en este caso la falta de gasoil, cuando producto del conflicto que se desató en Europa del este «están obteniendo cifras récord de ganancias». 

Para Manuel Martino, un chacarero integrante de la rama Rural del MTE, «la rentabilidad que tiene hoy el sector que está protestando deja a las claras que para ellos es una movilización de campaña política», y que «el único objetivo es desestabilizar» al gobierno con una neta finalidad de cara a las elecciones del 2023. 

Desde la rama Rural del Movimiento de los Trabajadores Excluidos aseguraron que esas entidades no los representan, y por eso buscan conformar una nueva Federación que incluya a toda la familia de agricultores y productores rurales, que ocupe un lugar en la mesa de negociaciones y defienda los intereses del sector mayoritario del campo, el de los que labran día a día la tierra para producir los alimentos de las y los argentinos. 

«Somos muchos más y, sin embargo, no tenemos voz», continuó Martino, y explicó que hacia allí apuntará la Federación de pequeños productores, «a garantizar que nuestras necesidades como el acceso a la tierra, al crédito, y a políticas segmentadas para la agricultura familiar se hagan realidad». 

El chacarero agregó que mejorar sus condiciones de vida y trabajo, con equipamiento necesario y acompañamiento del Estado, se traducirá en una mayor producción para alimentar al pueblo, y a su vez hacer frente al alza de los precios que manejan a gusto y placer unos pocos empresarios que hoy monopolizan el mercado de comercialización de alimentos en el país. 

A la par de la concreción de una nueva Federación que los nuclee, recordó que volverán a las calles para exigir el tratamiento de la Ley de Acceso a la Tierra, que los lobbies de esos mismos sectores «que se arrogan el título del campo» están frenando en el Congreso, «para que cada pequeño y pequeña productora rural tenga acceso a una parcela y deje de pagar altos arriendos o sea desalojada». 

Por último, desde el MTE Rural indicaron que están dispuestos a discutir con números y fundamentos cómo se puede manejar un esquema interno de precios que garantice la alimentación del pueblo, sin dejar de lado las exportaciones que generan las divisas necesarias. «Y no con declamaciones altisonantes que solo representan a los terratenientes y capitales concentrados de la agroindustria, nucleados en la Sociedad Rural con la complicidad de la cúpula de la Federación Agraria y Coninagro», sostuvieron. 

Exigen reapertura de todas las paritarias de salud 

Lo hizo la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina ante lo que califican como un desborde inflacionario. “Se ha producido de hecho una caducidad de los acuerdos, que aún en el mejor de los casos, no cubren la inflación en curso”, afirman desde la Fesprosa por lo que piden de manera urgente la reapertura y convocatoria a la Paritaria Nacional de Salud. 

Señalan que esta convocatoria fijaría un piso de derechos para el medio millón de trabajadores de la salud pública de la Argentina. 

Fesprosa apoya y recuerda además los conflictos que actualmente se viven en distintas provincias: 

* En Río Negro, ASSPUR Fesprosa sostiene la lucha y convocó a paro provincial el 6 de julio ya que el monto de aumento salarial propuesto por el gobierno es insuficiente para compensar el deterioro en el poder adquisitivo de las y los trabajadores. 

* En La Rioja, APROSLAR Fesprosa anunció un paro de 48 horas para el 6 y 7 de julio, y uno de 72 horas a partir del martes 12. Además, el sindicato se encuentra en estado de asamblea permanente y tomará nuevas medidas en los próximos días. 

* En Neuquén, SIPROSAPUNE Fesprosa inicia su sexto mes ininterrumpido de reclamo por la Ley de Carrera Profesional y anunció un paro y movilización para los días 5 y 6 de julio. “Esta ley es urgente para no seguir teniendo las múltiples renuncias que tenemos por las malas condiciones laborales y salariales en las que estamos”, expresaron desde el gremio. 

* En Catamarca, APROSCA Fesprosa anunció un paro para el 7 de julio por falta de respuestas al petitorio de paritarias justas, desprecarización laboral, recomposición salarial y homologación de la Ley de Insalubridad. “El gobierno no soluciona el conflicto de Salud Pública de toda la provincia. Distrae con divisiones, persecuciones y planillas”, dijeron desde el sindicato. 

* Este fin de semana, la APTS Fesprosa San Luis realizó su segunda jornada de lucha a la que concurrieron distintas personalidades de la política y agrupaciones sociales de la provincia. Allí se trataron ejes como la Ley Provincial de Carrera Sanitaria, la precarización laboral de los trabajadores de la salud, la estabilidad de los agentes de carrera sanitaria, la salud privada y la pública en pandemia COVID-19 y la necesidad de articular juntos. 

Finalmente el Consejo Ejecutivo Nacional de Fesprosa participó de la marcha de los gremios de la CTA-A el 7 de julio al Ministerio de Trabajo a partir de las 11, en el que se exigirá: Reapertura general de todas las paritarias por el deterioro del salario; Paritaria nacional de salud; Libertad sindical: Que culminen los trámites de inscripción y personería gremial de todos los gremios de Fesprosa; 82% móvil para los trabajadores de salud. 

Aceiteros 

Los trabajadores paritarios de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina firmaron, en conjunto con el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA), un acuerdo con los representantes patronales de las cámaras CIARA, CIAVEC y CARBIO en la negociación por la revisión salarial del Convenio Colectivo de Trabajo 420/05 que llevará el salario básico inicial a 184.000 pesos a partir del 1° de julio de este año para las y los obreros y empleados aceiteros. 

Compartimos comunicado de la Comisión Directiva de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina:El planteo de nuestras organizaciones gremiales se basó en el derecho a un Salario Mínimo, Vital y Móvil según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores “alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”. 

En base al acuerdo suscrito el día de la fecha los salarios quedan conformados de la siguiente manera: 

Cat. Julio-2022
A $ 920,00
B $ 997,06
C $ 1.090,78
D $ 1.194,02
E $ 184.000,00
F $ 199.411,83
G $ 218.157,77
H $ 238.802,56 

Se trata de un nuevo logro alcanzado gracias a la fuerza colectiva de todas las compañeras y compañeros aceiteros que una y otra vez han defendido en cada planta y cada sector el Salario Mínimo Vital y Móvil con conciencia del valor de la fuerza de trabajo, con solidaridad y unidad obrera, tal cual se realizó en las históricas huelgas de 25 días de mayo de 2015 y de 21 días de diciembre de 2020, y en cada momento que resultó necesario. 

Y también gracias a la construcción cotidiana de una organización gremial que continúa trabajando comprometida con los derechos de todas las compañeras y compañeros representados, utilizando cada herramienta a su alcance, fundamentalmente el derecho de huelga, ejerciendo la democracia sindical y practicando la solidaridad de clase. 

En este sentido queremos destacar la importancia de haber firmado este acuerdo en conjunto con los compañeros del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA), un nuevo paso adelante profundizando la unidad de acción y los lazos fraternales de hermandad obrera. 

Por todo esto hoy reafirmamos para nuestras compañeras y compañeros trabajadores, y sus familias, como eje fundamental de nuestra política gremial el Salario Mínimo, Vital y Móvil según su definición legal en la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo, ¡derecho de toda la clase trabajadora argentina! 

Revisión paritaria de la UOM

En la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se desarrolló el martes pasado la segunda reunión por la revisión del acuerdo paritario que se firmó por el 45% en la apertura de pactos 2022. 

Ya al mando de Abel Furlán como secretario general, el gremio metalúrgico planteó su pretensión de que la segunda cuota de mejora prevista para octubre, del 12%, se sume a la tercera del 15%, establecida para julio. Con lo cual ese mes el aumento llegaría al 27%. En tanto para octubre la requisitoria se fijó en un 20% más con lo cual el número final paritario llegaría al 65% con vigencia hasta marzo 2023 y revisión en febrero del año que viene. 

Las Cámaras patronales regresarán a la mesa negociación luego del cuarto intermedio que se fijó en la reunión del jueves 23.  

Hay un dato relevante con el que la UOM sustenta su reclamo, la actividad metalúrgica creció casi un 11%, según un informe realizado por la cámara Adimra, el cual indica además que la mayor dinámica llegó al 7,2% en los primeros cinco meses del año. 

Las empresas regresarán a la negociación colectiva con una propuesta, pero distante de lo que pidió la UOM. En cuanto a argumentos dijeron “si bien la intención es acompañar la inflación para que los salarios no pierdan capacidad de compra, bajo ninguna circunstancia se puede afrontar un incremento repentino del 27% en julio y otro del 20% en octubre” y acotaron que “esto dejaría a las pymes en un grave problema financiero”.  

Otro dato de realce es que la UOM de Río Grande en Tierra del Fuego ya incrementó su paritaria original del 45% en 20 puntos, en 3 cuotas a los cuales lograron agregar una suma fija, no remunerativa, de $45.000. 

El marco general de la puja por la revisión su acuerdo original se trazó apenas 5 puntos sobre la austera pauta del 40% que preveía el Gobierno antes del estallido inflacionario de marzo. Luego, dentro de la dinámica de “shock” de mejoras salariales vía negociación colectiva que pactó el Gobierno con la CGT y la UIA este debate paritario es el primero que se desarrollará en la nueva etapa del Gobierno, luego de la crisis del fin de semana, desatada con “el tweet del adiós” que escribió Martín Guzmán del ministerio de Economía y la asunción de Silvina Batakis. 

Sindicatos con simple inscripción nucleados en la CTAA prepararon una gran medida de fuerza para el 7 de julio 

En un encuentro desarrollado en la sede de la Central, los principales referentes de los sindicatos con simple inscripción pusieron en común las deudas que mantiene el ministerio de Trabajo con ellos y acordaron una importante movilización hacia la sede de la cartera laboral con el respaldo de la CTA Autónoma. 

Libertad y democracia sindical y ponerle fin a los obstáculos que impiden el desarrollo de un nuevo modelo sindical, fueron los ejes del encuentro encabezado por el actual secretario Adjunto de la CTAA y candidato a Secretario General en las elecciones del próximo 11 de agosto en la Central, Hugo “Cachorro” Godoy. 

Fue justamente Godoy el encargado de dar las palabras de bienvenida a los 30 dirigentes que se concentraron en la sede de la CTAA el viernes 1° por la tarde: “En sintonía con nuestro reclamo histórico de libertad y democracia sindical, creemos que se debe instalar el debate público y trasladar de forma colectiva la situación de las diversas organizaciones simplemente inscritas”. 

“El acuerdo con el FMI ha maniatado al Gobierno a la hora de producir los cambios que necesita nuestra sociedad para lograr una más justa redistribución de la riqueza, y por eso creemos que es necesaria la acción del movimiento popular en todos los aspectos”, evaluó el también titular de ATE Nacional, y amplió: “Estamos en un tiempo de tensiones y debates, en donde la clase trabajadora debe intervenir cada vez con más fuerza y más presencia”. 

Para concluir, Godoy dio detalles de la propuesta que tiene su origen en el último Congreso Nacional de SITRAIC el pasado 3 de junio: “La intención es concentrar frente al ministerio de Trabajo de la Nación el 7 de julio. Tenemos que llevar un planteo conjunto, y como Conducción Nacional de la CTA Autónoma, queremos acompañar”. 

Víctor Grosi, titular de SITRAIC, continuó en la misma línea: “A todos aquellos sindicatos hoy presentes acá les decimos que, si tienen una demanda concreta ante el Ministerio, es el momento de exigir lo que haya que exigir”. 

“La complicidad que existe entre el ministerio de Trabajo y la CGT no solo está mal, sino que es perjudicial para todos nosotros. Esto se tiene que terminar. El Ministerio parece una escribanía de la CGT”, denunció el referente de la construcción. 

Y cerró: “Queremos agradecerle a la CTAA por todo el apoyo que nos ha dado porque nosotros sabemos lo es estar solos y porque entendemos que la nuestra no es la única ni la más importante de las luchas”. 

Para finalizar el encuentro, “Cachorro” Godoy manifestó: “El próximo 7 de julio tenemos la oportunidad de ratificar nuestras banderas de libertad y democracia sindical, enfrentando los obstáculos que los sectores empresariales y el sindicalismo empresarial quieren seguir imponiendo en contra de este nuevo modelo sindical”. 

La movilización del jueves 7 de julio prevé ser multitudinaria, concentrando en Alem y Corrientes (CABA) para marchar hacia las puertas del ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Alem 650). 

Del encuentro desarrollado en la sede de la CTA Autónoma participaron FeSProSa, FETERA, SECEIC, FETAAP, UCRA, SITRAIC, SiTOSPLAD, APJBO, NOS, SATIVA UTPE, CTAA Juventudes, SIPESEDO, y el Sindicato de Trabajadores Pasivos. 

Jujuy 

Los y las profesionales, nucleados en Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP) realizan un paro de 48 horas el jueves 7 y viernes 8 de julio por salarios dignos y en defensa de la salud y el hospital público. La protesta incluyó una movilización el jueves, que partió a las 10:00 desde la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy. 

Desde la Comisión Directiva de APUAP expresaron: “Las jornadas de protesta vienen teniendo un importante apoyo de los y las profesionales y ese es el camino el de la unidad y la lucha en cada lugar de trabajo y las calles (…). Los y las profesionales venimos siendo protagonistas en la lucha por nuestros justos reclamos, logrando concretar acciones en unidad con otros sectores y sindicatos (…). Transmitimos a la asamblea lo acontecido en la última audiencia, donde lamentablemente nos hemos encontrado con una nueva dilación por parte del Ejecutivo Provincial a los compromisos asumidos por el Gobernador Morales y sus ministros, razón por la cual seguimos sin respuestas sobre los puntos claves de nuestro pliego reivindicativo. Esta actitud intransigente y de mala fe negociadora del gobierno no hace más que profundizar y prolongar un conflicto que ha tomado mayor intensidad en las últimas semanas”. 

“El ministro de Hacienda, que no estuvo presente en la última audiencia, y el Gobernador Morales deberían responder los pedidos de audiencias que hemos presentado formalmente en reiteradas oportunidades y convocarnos para a partir del dialogo abordar de manera seria y responsable la profunda crisis de recurso humano profesional por la cual está atravesando nuestra provincia desde hace décadas”, agregaron desde la Comisión Directiva. 

Desde el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (S.E.O.M.) afirman que la administración del Intendente Blas Gallardo les descontó el sueldo a unos 80 municipales quiaqueños “como método de escarmiento por demandar mejoras laborales y salariales”. En este marco, y en apoyo a los trabajadores y trabajadoras, el Sindicato llevó adelante una radio abierta este miércoles 6 de julio, desde las 10:00, en la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy, para demandar a las autoridades provinciales que hagan cumplir las leyes laborales al Municipio Quiaqueño. 

Desde el SEOM señalan que casi una veintena de esos trabajadores y trabajadoras cobraron entre 10.000 y 20.000 pesos el mes de trabajo y desde hace semanas no tienen un plato de comida para llevar a su hogar. 

“Esta situación inhumana a la cual los ha sometido el gobierno municipal, se ve agravada a partir de la situación de que el municipio no recibe a las autoridades gremiales y no asiste a las múltiples audiencias de Conciliación Obligatoria que fueron convocadas por el ministerio de Trabajo de la Provincia de Jujuy desde febrero de este año, de ocho audiencias sólo asistió a las tres primeras, lo cual dio origen a medidas de fuerza en La Quiaca que fueron ilegalmente descontadas dado que el gremio municipal no incumplió la ley de Conciliaciones Obligatorias. Desde el Municipio argumentan que quieren dialogar, pero no asisten a las audiencias conciliatorias ni quieren recibir a las autoridades gremiales provinciales, lo cual constituye una burla”, detallan desde el Sindicato. 

Agregan que este conflicto tiene su origen en el reclamo por el Pase a Planta Permanente, Recategorización, entre otros puntos. 

En la mañana de este miércoles, la policía de Jujuy allanó locales del FOL, MTR 12 de abril, FPDS, Movimiento Evita y MTE, entre otras organizaciones sociales. Desde el Frente de Organizaciones en Lucha expresaron: “Esta es una clara persecución política en el marco del terrible ajuste que se viene llevando adelante en la provincia y en todo el país. En nuestros espacios tenemos nuestras herramientas y productivos de trabajo, brindamos clases de apoyo a los niñxs del barrio, talleres de oficios, deportivos y artísticos, un comedor que atiende a 150 familias pobres de Jujuy”. 

La orden para los allanamientos fue dictada por el fiscal Diego Ignacio Funes, bajo una causa calificada como “asociación ilícita y extorsión”. Allí se solicita el “secuestro” de teléfonos celulares de uso o propiedad de los imputados, elementos de almacenamiento de datos como notebooks, pen drives, etc.; y se exige además la requisa de las “personas imputadas”. 

En tanto, desde la organización social MP Nuestramérica Jujuy señalaron: “En estos momentos la policía de la provincia de Jujuy allana la casa de nuestro compañero y referente Gonzalo Maurin. El Gobierno de Gerardo Morales junto a su fuerza represiva busca intimidarnos y criminalizar las distintas luchas que venimos llevando adelante. Esta es una clara persecución política contra aquellos que levantan la voz en contra del ajuste, el hambre y la pobreza”. 

Tras los allanamientos a locales de las organizaciones sociales por parte de la justicia y la policía de Gerardo Morales, desde distintos frentes sociales, sindicatos y la Izquierda convocaron a una marcha en repudio el miércoles. Hubo movilización desde las 10:00 desde distintos puntos de la ciudad capital para confluir en la plaza Belgrano con un acto unificado. 

Esta avanzada criminalizadora de las organizaciones de desocupados y trabajadores pobres, se basa en acusaciones brutales, como actuar “bajo un esquema de organización delictiva (asociación ilícita), con una división de roles dentro de la misma banda y dividiéndose las tareas relacionadas con la empresa delictiva”. 

Esta figura penal la aplican a organizaciones sociales con años de trayectoria, ampliamente reconocidas. Una auténtica criminalización de la pobreza, donde la solución al hambre y la pobreza que generan las políticas de sus gobiernos, las pretenden solucionar acallando a toda voz opositora. 

La convocatoria partió del FOL, UTEP, Coordinadora por el Cambio Social, SEOM Jujuy, Coordinadora de Organizaciones Populares de Jujuy, MST, IS y el PTS en el Frente de Izquierda entre otras organizaciones que se fueron sumando al llamado para terminar en un acto unitario en plaza Belgrano. 

Durante la misma jornada moilizaron trabajadores/as de la salud y sindicatos como APUAP y ATSA, como parte de una jornada provincial de lucha por salario y contra el techo paritario del 18% que pretende imponer el Gobierno de Morales. 

Masiva movilización en Jujuy contra la persecución hacia las organizaciones sociales / Conferencia de prensa en CABA 

Movimientos sociales marcharon el miércoles a la mañana por las calles de San Salvador de Jujuy para exigir el cese de la persecución policial y del Poder Judicial de la provincia tras los 16 allanamientos en simultáneo en domicilios particulares de militantes y sedes de organizaciones locales. 

Los procedimientos se realizaron mientras las organizaciones se movilizaban para pedir por la absolución de dos integrantes de la Asociación de Trabajadores Desocupados (ATD) que hace un año tienen una causa sin pruebas en su contra.  “Fueron todos allanamientos en simultáneos en merenderos, espacios socio comunitarios de diferentes puntos de la provincia”,expresó uno de los integrantes del Movimiento Nuestra América, que prefirió no dar su nombre por temor a represalias. 

La convocatoria en la capital jujeña reunió al FOL, POB, MRP, Rebelión Popular, Polo Obrero, MTD, UTEP, ATD, Frente 22 de Agosto, AJI 20 y la Multisectorial. 

“Estamos en pie de lucha y organizados”, resaltó el dirigente y contó que apenas se enteraron de los allanamientos se pusieron en contacto con organismos de Derechos Humanos, y algunos de ellos se hicieron presentes en la movilización de hoy. 

En la Ciudad de Buenos Aires, las organizaciones sociales marcharon hacia el Congreso de la Nación para sumarse al reclamo en contra de la persecución que sufre el movimiento y para que se intervenga el Poder Judicial jujeño. También exigieron la libertad de Milagro Sala, que se encuentra detenida desde 2016. 

Por último, criticó que además de “acusar a los compañeros” mediante las distintas ejecuciones judiciales, “están criminalizando la protesta de muchos aquellos que están constantemente en la calle, los cuales han dado una alternativa en la época de pandemia cuando el gobierno provincial no se hizo cargo”.  Las organizaciones sociales se juntaron en el Congreso nacional para repudiar la campaña de deslegitimación de la que vienen siendo objeto, una campaña que está en plena escalada judicial: entre el martes y el miércoles tuvieron más de 40 allanamientos a comedores populares y viviendas de militantes barriales, entre la provincia de Jujuy -donde la policía del gobernador Gerardo Morales entró a los merenderos pateando puertas-, CABA y la provincia de Buenos Aires -donde se hicieron escuchas en tiempo real sobre los militantes, es decir, que los agentes iban informando sobre lo que hablaban en el mismo momento, como si se tratara de narcotraficantes o terroristas. En una conferencia de prensa la UTEP, la Unidad Piquetera y la Tupac plantearon que van a responder la ofensiva en unidad. Más allá de sus diferencias políticas, leen que lo sucedido apunta contra la organización de los sectores populares.

En la rueda de prensa informaron que en las últimas semanas además los vendedores ambulantes de Once fueron allanados –también ven una acción coordinada entre sectores judiciales y de los medios hegemónicos–, y sumaron a la secuencia la judicialización del Polo Obrero, la citación judicial a un referente del Movimiento Evita en Las Toscas, Santa Fe y la reactivación de una causa en Chubut contra varias organizaciones. “Exigimos el cese de la criminalización y las maniobras intimidatorias”, señalaron en un documento en el que reclamaron “la inmediata libertad de Milagro Sala”. 

El elemento común de la mayoría de estas causas judiciales es la acusación a las organizaciones de cobrar a sus integrantes un aporte en contra de su voluntad, quitarles parte del plan o llevarlos por la fuerza a las marchas. Las figuras penales van de la extorsión a la asociación ilícita.

La situación había sido denunciada, temprano en la mañana, en una conferencia de prensa de la Unidad Piquetera, que reúne a los movimientos de la izquierda. Luego los dirigentes de la Unidad Piquetera fueron al Congreso para ser parte de la rueda convocada allí por el diputado Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa e integrante de la UTEP. 

“Las organizaciones sociales estamos sufriendo una acción coordinada de la justicia macrista, de la justicia que está al servicio de los poderosos del país. El macrismo ha dicho con claridad que necesita 90 días para aplicar todo lo que quiere aplicar. Vienen para dar un golpe institucional, y vienen para terminar con todas las organizaciones sociales, quieren hacernos desaparecer. La clase dominante no va a entender nunca cómo funcionamos las organizaciones sociales, que nacimos cuando el Estado nos dejó abandonados y los gremios a los que pertenecíamos también. Los trabajadores desocupados en los barrios logramos organizarnos en los barrios y eso es lo que les molesta, que hayamos podido organizarnos y hagamos política“, sostuvo Alderete. 

Marianella Navarro, del FOL, agregó sobre la conferencia de prensa: “Queremos dejar en claro que nuestra voluntad es la unidad en la diversidad, y que vamos a defender todo lo conquistado, pero también dar un mensaje a los representantes de la clase política, porque este proceso de judicialización no sale de la nada, se da en el marco de las declaraciones de la derecha más conservadora, como Javier Milei y Patricia Bullrich, de la prensa hegemónica, pero también de la vicepresidenta de la Nación que ha hecho duras críticas a los movimientos sociales”. 

Alejandro “Coco” Garfagnini dijo que los allanamientos le recordaban al 2016, cuando fue encarcelada Milagro Sala. “Se está construyendo un relato donde a las víctimas del modelo se las muestra como culpables. Hubo 40 allanamientos: esto tiene una gravedad democrática pocas veces vista. La política tiene que reaccionar porque hoy vienen por los movimientos sociales, pero después van a ir por la política; y después viene el cementerio”.

Eduardo Belliboni, del Polo Obrero apuntó que “los jueces están desesperados por ponernos en el banquillo de los acusados”, y Silvia Saravia añadió que “el problema no viene sólo de parte de Milei, Horacio Rodríguez Larreta y Bullrich, sino de cómo se viene preparando el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, para enfrentar al conflicto social”. 

Otros de los presentes fueron Esteban “Gringo” Castro (titular de la UTEP), Gildo Onorato (Movimiento Evita) Norma Morales(Barrios de Pie), Dina Sánchez (Frente Darío Santillán), Lito Borello (Comedor Los Pibes), Eduardo Montes (Fetraes), Gastón Harispe (Octubres) y Luis D’Elía (FTV). 

Diputados hubo pocos: los que provienen de las organizaciones populares y los del Frente de Izquierda, como Leonardo Grosso, Myriam Bregman, Natalia Zaracho, Federico Faggioli, Verónica Caliva, Natalia Souto y Romina Del Plá. Se sumaron también dirigentes gremiales como Hugo Godoy (CTA Autónoma), Agustín Lecchi (SiPreBA) y el ceramista Raúl Godoy, el Centro de Estudios Legales y Sociales y autoridades de la Universidad de Avellaneda. 

Como gesto de unidadcontra la represión, el Gringo Castro, titular de la UTEP, anunció que van a ir a la marcha de la Unidad Piquetera a la Plaza de Mayo, el jueves próximo. Para ese mismo día, la UTEP prepara una muestra de la Economía popular en el Congreso. “Voy a ir a la marcha, y quiero invitar a los compañeros de la Unidad Piquetera a que vengan a nuestra muestra”, propuso. Así quedó acordado. Alderete cerró con la propuesta de un acto de todos los movimientos presentes.

Allanan domicilios de dirigentes de la CCC 

El martes 5 de julio la jueza federal Alicia Vence ordenó el allanamiento de 12 domicilios de dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) en el Conurbano bonaerense y el comedor «Primero los Niños», en el barrio porteño de Saavedra. «Se trata de una causa armada durante el gobierno de Macri en 2019 que ha sido reactivada por ese juzgado. Es parte de una acción coordinada a nivel nacional, en el mismo tono que la causa armada contra nuestro compañero Marcelo Barab en Comodoro Rivadavia y otras», denuncia el movimiento. «Esto es parte de una acción coordinada a nivel nacional, con hechos intimidatorios y persecutorios a movimientos sociales en distintas provincias», coincidió la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). El allanamiento sintoniza con las causas iniciadas contra dirigentes del Polo Obrero y el allanamiento de locales en Jujuy que sufrieron el miércoles 6 el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el MTR 12 de abril, el FPDS, el Movimiento Evita y el MTE en el marco de un clima creciente de estigmatización mediática y criminalización de los movimientos sociales a nivel nacional, tras las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández.  

En la misma línea, la organización agrega: «el uso político que se hace de la justicia queda en evidencia cuando justamente una de las compañeras allanadas, Julia Rosales, fue víctima de un intento de asesinato en agosto de 2017 recibiendo heridas de balas, hecho que nunca fue investigado a fondo y fue ‘cajoneado’ por la justicia macrista. Este ataque se da en momentos que las organizaciones sociales hemos sido puestos en el blanco por los sectores reaccionarios de la derecha macrista, que a través de los sectores de la justicia y los medios de información buscan dividir la lucha popular y aislar a los movimientos sociales para crear las condiciones para volver al gobierno con su política antipopular y de entrega nacional», remarcaron. 

Y suman: «con la misma fuerza que nos unimos en la lucha contra el hambre macrista conquistando la Ley de Emergencia Social, que estuvimos en la primera línea en la lucha contra la pandemia garantizando miles de comedores populares en todo el país, que peleamos por Tierra Techo y Trabajo para todos los que habitan nuestro suelo, seguiremos peleando la unidad de los movimientos sociales y de todo el campo popular», finaliza el comunicado de la CCC. 

«Los allanamientos tienen intencionalidad política» 

En tanto, Juan Carlos Alderete diputado nacional por el Partido de los Trabajadores y el Pueblo (PTP) en el Frente de Todos (FdT) y dirigente de la CCC, repudió «enérgicamente esta persecución judicial» en sus redes sociales. 

Si bien al comienzo del martes los allanamientos de vivienda de dirigentes fueron cinco, con el correr de las horas comenzaron a multiplicarse, hasta llegar a 12 viviendas allanadas, según confirmó Alderete. «Algunos jueces, aprovechando el momento político reactivaron estas causas. Están avanzando contra las organizaciones. Vamos a analizar cómo respondemos a esto que es una provocación enorme”. 

El diputado del PTP también explicó detalles de la causa iniciada durante el macrismo contra dirigentes de la CCC: «en el año 2019 algunos compañeros se fueron de la organización y presentaron una denuncia. Los proyectos, en esos años, para hacer cursos de capacitación tenías que alquilar un local, tener mesas, sillas, mínimamente una computadora. Lógicamente, entre los compañeros tenían que hacer una colecta y que cada uno colabore para solventar ese proyecto y poder cumplir los requerimientos. A partir de eso, algunos compañeros y compañeras que se fueron presentaron una denuncia de que les sacábamos plata». 

«Los allanamientos tienen intencionalidad política, hay un malestar tremendo. En estos momentos continúan los procedimientos y los compañeros casi se llegan a enfrentar en La Matanza con la Policía Federal, defendiendo a las compañeras que son muy queridas en el lugar. Nosotros estamos calmando las aguas porque lo que se quiere es que se desmadre la situación social», remarcó Alderete, quien también informó que en los operativos se les solicitó a los dirigentes sociales las planillas de altas y bajas en los programas sociales, algo que sólo maneja el ministerio de Desarrollo, dado que las organizaciones únicamente toman lista de la asistencia. 

Por su parte, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), de la que la CCC es parte, repudió también los allanamientos y coincidió con la organización: «esto es parte de una acción coordinada a nivel nacional, con hechos intimidatorios y persecutorios a los movimientos sociales en distintas provincias del país. Con la misma fuerza que nos unimos en la lucha contra el hambre macrista conquistando la Ley de Emergencia Social y estuvimos en la primera línea de lucha contra la pandemia, seguiremos peleando en unidad por Tierra, Techo y Trabajo». 

Una escalada de estigmatización, criminalización, allanamientos y causas cuyo puntapié dio Cristina Fernández 

El allanamiento de viviendas y un comedor de la CCC no es un hecho aislado y sintoniza con otros hechos de persecución y avanzada criminalizadora contra los movimientos sociales en todo el país, en el marco de un clima de creciente de estigmatización mediática y deslegitimación hacia las organizaciones sociales por su rol organizador y por el manejo de los planes sociales, desatado tras las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández, en el marco de la interna dentro del FdT que mantiene con el presidente Alberto Fernández, y en medio de una agudización de la crisis socio-económica, la inflación y la pérdida del valor del peso. 

Como muestra de esta avanzada podemos encontrar a Guillermo Marijuan, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, quien denunció al legislador porteño del Partido Obrero Gabriel Solano y al dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni por los presuntos delitos de «amenaza» y «extorsión». 

Fuentes: Comunicación CTAA, Resumen Latinoamericano, Red Eco Alternativo, Anred, La Izquierda Diario, La Nación, Clarín, Tiempo Argentino, argentina.indymedia, Diario Bae, FARCO, Canal Abierto y Prensa Obrera.  

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.