La palabra universal nos ha deslumbrado siempre, en todos los tiempos y lugares; la palabra universal es universal. Al menos en política, la atracción es comprensible especialmente cuando se traza una unión entre lo universal y lo igualitario: ya si es lo universal lo que nos vuelve iguales o, al contrario, si, por ser iguales, […]
La palabra universal nos ha deslumbrado siempre, en todos los tiempos y lugares; la palabra universal es universal. Al menos en política, la atracción es comprensible especialmente cuando se traza una unión entre lo universal y lo igualitario: ya si es lo universal lo que nos vuelve iguales o, al contrario, si, por ser iguales, se realiza un universal. Tenemos ejemplos de ambas operaciones en muchos de los discursos que inundan nuestra vida política.
El más claro y más frecuente de estos discursos sea quizás el discurso de los derechos. La palabra derecho queda muy bien al lado de la palabra universal, «políticamente correcto» dirían algunos. Es incuestionable que los derechos son «para todos», que los derechos «son iguales» para todos, que los derechos deben ser «universales». Qué infelices expresiones son aquellas que denuncian que los derechos son válidos solamente para algunos, o que aquello que hace mucho tiempo se declara válido para todos, como el derecho a defensa en juicio (uno de los derechos más «viejos» de la historia universal) no es sino un ideal eternamente postergado.
Sin necesidad de insertarnos en una descripción de los múltiples sentidos, interpretaciones y usos que puede tener la palabra universal, quiero reparar en uno de esos sentidos. Pensemos en esos momentos y situaciones en que usamos universal para referirnos al alcance de algo: un derecho universal, una lengua universal, una historia universal, un conocimiento universal. Interesa esto en la medida en que esta connotación de la palabra universal se aplica como adjetivo principal de medidas y políticas públicas de gobierno. No obstante, nunca fue un principio sacro santo que las decisiones de gobierno debieran alcanzar a todos los miembros de una comunidad; nunca un gobierno fue juzgado de acuerdo a cuántas política universales implementara.
Lo cierto es que a la famosa y cuestionada Asignación Universal por Hijo (AUH) se le suma ahora la Cuenta Gratuita Universal (CGU). Nacida del seno de la preocupación sobre la inseguridad (parece que ésta sí, sacro santa e instalada como universal) y las salideras bancarias, el Banco Central (BCRA) de nuestro país presentó el 20 de septiembre de 2010 una serie de medidas que incluyen la posibilidad de cualquier ciudadano argentino de crear su propia cuenta bancaria sin costo alguno para mantenerla y accediendo a ella presentando sólo el DNI.
Según las palabras de la Mercedes Marcó del Pont, titular del BCRA, se trata de «una caja de ahorro, que todos los bancos -a pedido de la persona que se presente- deben abrir. Va a ser universal y gratuita, el costo de mantenimiento de esta cuenta de ahorro será de cero. Se va a entregar contra únicamente la presentación del DNI. Al usuario se le va a entregar una tarjeta de débito. El costo de todas las transacciones que haga, por ejemplo, de retiro de dinero en las sucursales de ese mismo banco donde abrió esa caja de ahorro va a ser cero, gratuito; el costo de todos los débitos que se haga, por ejemplo, para compras, para uso en los comercios también va a ser cero; el costo que va a tener para el débito automático de todos los servicios o todos los gastos que se quieren realizar – desde pago de algún servicio público o de algún alquiler – también va a ser cero.» (Conferencia de Prensa Casa Rosada, http://www.casarosada.gov.ar/
Los argentinos tenemos ahora la posibilidad de acceder a una Asignación Universal por Hijo y a una Cuenta Gratuita Universal. Ahora, hagamos las preguntas que nos interesan: ¿Acaso pensaban que estas dos políticas no presentan nada en común? ¿Las coincidencias entre la AUH y la CGU se reducen a tener la palabra universal en su nombre? ¿Se reirían si les propongo a continuación revisar los puntos en los que se parecen? Como si fuera el popular juego de encontrar las diferencias entre dos imágenes, intentemos aquí, por el contrario, encontrar las coincidencias entre estas dos políticas públicas.
Primero, tanto la AUH como la CGU se diseñaron para favorecer a la gente de «menores recursos». En el caso de la AUH, ya sabemos que se trata de una ayuda para personas con hijos menores de 18 años, desocupadas o no registradas en el sistema de empleo formal; por lo que seguramente se trata de los sectores más pobres. Ahora, la CGU, según la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina, «Para la gente de menores recursos evitar tener que pagar comisiones es importante» (http://www.lanacion.com.ar/
Este tipo de cuenta bancaria tiene un saldo máximo de $10.000, por lo que aquellas personas que manejan montos inferiores a esa suma, son de «menores recursos». Consecuentemente, muchos debieran sentirse favorecidos por esta medida porque son muchos los que mensualmente manejan montos menores, y extremadamente menores.
En este marco es comprensible lo que afirma Marcó del Pont con respecto a la CGU: «lo que se advierte es que en determinados segmentos, estratos sociales, todavía hay una escasa bancarización. Para que se tenga una idea, nosotros tenemos datos de que solamente el 40 por ciento de los mayores de edad hoy tienen una cuenta a la vista, una caja de ahorro o una cuenta corriente (…) Entonces creemos que esto va a estimular realmente la bancarización de un segmento o de un estrato social que quizás está más vinculado a la informalidad» (http://www.casarosada.gov.ar/
Toda una verdad: un 60% de la población argentina, los de «menores recursos», no usa cuentas bancarias porque las comisiones que le cobran exceden y a veces con creces sus ingresos. Esa parte de la población se «maneja en la informalidad», sí… ¿será porque guarda el dinero bajo el colchón y entonces es víctima del robo y el crimen? ¿O quizás porque no sabe manejarse con la tecnología de en un cajero automático (como describen a los jubilados o ancianos)? ¿O porque no está habituado a tener su dinero en el banco? Algunos desconocen ampliamente (o fingen desconocimiento) que la informalidad de ese 60% tiene que ver más con otros factores. Se trata de una porción de la población que no solamente cobra sus ingresos por empleos en negro que no se bancarizan sino también que no tiene dinero para guardar en bancos; lo que gana, lo gasta inmediatamente en comer, en vestirse, en transportarse a sus lugares de trabajo.
¡Atención! No olviden que esta población de la «informalidad» es quien recibe la AUH. La CGU se destina a la población «informal» que no utiliza el sistema bancario (que, en este sentido, vendría a ser «lo formal») para manejar sus ingreso. La AUH también se destina a la población «informal» que no ingresa al mercado «formal» de trabajo, a la educación «formal» y a la salud «formal». Informales en uno y en otro caso. Qué (des)semejanza. Un razonamiento más profundo nos obligaría a preguntarnos si los sectores «informales» de la AUH son los mismos que los sectores «informales» de la CGU. Disculpe lector o lectora, pero le voy a sacar el comodín del juego: como se trata de medidas universales, por el momento, vamos a suspender esta pregunta.
Segundo, tanto la AUH como la CGU han generado una preocupación sobre quién asume o asumirá los costos de implementación de la medida. Recordemos las ardientes discusiones y críticas sobre la financiación de la AUH: todos quisimos señalar las conveniencias o problemas de usar fondos del ANSES o no, de pedir un crédito internacional o de usar los fondos provenientes de la tributación interna. Estas candentes discusiones mostraban la enorme preocupación por el uso redistributivo, o no, del dinero de las arcas públicas, ese dinero que «es de todos», es universal.
El anuncio de la CGU también generó esta preocupación que, no obstante, no mostró demasiada controversia cuando se conoció que serían los bancos quienes asumirían los costos de la habilitación y mantenimiento de esta cuenta. Así lo dijo el titular del Banco Nación y presidente de Abappra, Juan Carlos Fábrega, al ser consultado sobre el impacto de las CGU en las arcas de los bancos (http://www.casarosada.gov.ar/
Por último, ambas medidas fueron justificadas en virtud de su contribución a la seguridad ciudadana. En el caso de la AUH, algunos pensamos que esta política contribuye a «asegurar» mínimamente algunos de los derechos básicos de los ciudadanos: salud, educación y alimentación. Si la ciudadanía se asocia al ejercicio de un conjunto de derechos, toda medida de «seguridad ciudadana» se avocaría a garantizar el ejercicio pleno de esos derechos. Sin embargo, otros asociaron la contribución de la AUH a la seguridad de unos ciudadanos contra el ataque de otros: ayuda a que los pobres no roben tanto a los no pobres, mantiene a los menores ocupados en la escuela y, entonces, salen a delinquir menos. O, en sus versiones más feroces, encierra o aísla a aquellas parias criminales de los verdaderos ciudadanos, esos que pagan sus impuestos al día y no se meten en la vida de nadie.
Este último sentido de la «seguridad ciudadana» es la que está más cerca de la CGU. Mientras el ministro de Economía, Amado Boudou, nos informa que la CGU tiende a «mejorar la seguridad, la comodidad y la calidad de vida de las argentinas y argentinos», el presidente del Banco Creedicoop (y primer diputado por el kirchnerismo en la Capital Federal), Carlos Heller, nos da una clave más para entender las conexiones entre la AUH y la CGU: «el tipo de delito como la salidera es un delito que se da sólo en países subdesarrollados. En países desarrollados no existe porque el público no utiliza efectivo para hacer sus transacciones. Hace transacciones a través de medios electrónicos, a través del uso de medios de pago» (http://www.casarosada.gov.ar/
Otra verdad: Es que somos países «subdesarrollados», y por eso necesitamos asignaciones universales y cuentas universales. Porque somos pobres e «informales» es que necesitamos seguridad ciudadana: para que no nos roben nuestro dinero está la CGU y para que no nos roben la vida (por no comer, no vestirnos, no educarnos, no cuidar nuestra salud) está la AUH. Ya imagino la pregunta del lector: ¿Son los mismos beneficiarios de seguridad ciudadana en uno y otro caso? ¿La seguridad es la misma, es universal? Ya utilicé el único comodín que tenía.
El lector o lectora dirá que estas similitudes son demasiado frágiles, rebuscadas, nominales. Nos retrucará diciendo que es imposible encontrar similitudes entre una política y la otra; que es absurdo igualarlas, que una no tiene que ver con la otra, que benefician a sectores diferentes y que, incluso, generan críticas distintas. Mientras una se aventura en intentos de inclusión social a los hogares más pobres e «informales» del país, la otra intenta hacer pasar por los bancos aquel tráfico «informal» de dinero que hoy no genera ni siquiera mínimas comisiones bancarias. Si el sector financiero aplaude la CGU, crítica al mismo tiempo el tipo de medidas como la AUH por el impacto que puede tener el gasto social en las tasas de intereses del dinero. Mientras una se debate en la decisión de incluir o no a niños que concurren a escuelas privadas, la otra se envuelve en una discusión sobre su capacidad de modificar las pautas de consumo del sistema financiero, por supuesto, de aquella población que sí consume servicios financieros. En sus beneficiarios, en sus objetivos, en su contenido, estas medidas universales están bastante lejos de ser universales.
¿Por qué entonces las dos contienen la palabra universal? ¿Por qué esta igualación en su nombre nos obliga a plantear inmediatamente sus diferencias? Cuando nos parece que lo aparentemente igual nos engaña no hay más tarea que descubrir y problematizar las diferencias. Si nos parece imposible confiar en las similitudes de estas políticas, preguntémonos por qué. En esa respuesta se nos revelará que la universalidad, en tanto igualdad y equidad, sigue siendo un mito, un juego de frágiles similitudes. Como alguna vez dijo Lévi Strauss, todo mito es aquel tipo de discurso que busca resolver en el registro de lo imaginario los conflictos que no pueden resolverse en el de lo real.
Candela de la Vega es Integrante del Colectivo de investigación «El llano» y militante del Movimiento Lucha y Dignidad en el Encuentro de Organizaciones de Córdoba.
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