Ocho de los principales ex jefes militares de la Subzona 52 que tuvieron a su cargo el campo de concentración «La Escuelita» de Neuquén entre los años 1976 y 1979, fueron condenados a penas efectivas que van desde 7 a 25 años de prisión perpetua, por hallarlos culpables de los delitos de secuestro, robo, coacción, […]
Ocho de los principales ex jefes militares de la Subzona 52 que tuvieron a su cargo el campo de concentración «La Escuelita» de Neuquén entre los años 1976 y 1979, fueron condenados a penas efectivas que van desde 7 a 25 años de prisión perpetua, por hallarlos culpables de los delitos de secuestro, robo, coacción, asociación ilícita y aplicación de tormentos, tanto psíquicos como físicos, agravados por ser las víctimas «perseguidos políticos». El juicio oral y público que se llevó a cabo en el Tribunal Oral Federal de Neuquén comenzó el 20 de agosto de este año y culminó en la tarde del jueves, cuando tras la negativa de los ocho acusados a hablar en su defensa, el presidente del tribunal Orlando Coscia sorprendió a todos al leer en el mismo día el veredicto condenatorio para todos los militares acusados. Se trata del primer proceso de este tipo que se desarrolló en el sur del país y también el primero en el país que involucra a tantos represores en un banquillo de acusados. Pero la cosa no quedará allí: para el año entrante 2009 se espera en esta misma provincia la elevación a juicio de una megacausa que involucra a 25 represores que actuaron también en La Escuelita, entre ellos el conocido agente de inteligencia Raúl Guglielminetti, quien está detenido hoy en la cárcel de General Roca a la espera de este proceso.
El detalle de las condenas en la ya histórica Causa 666 de Neuquén es el siguiente: 25 años de prisión perpetua para Oscar Lorenzo Reinhold y Enrique Braulio Olea, ambos generales de brigada con los puestos de mayor autoridad en el Comando de Brigada de Montaña, de quien dependía el Batallón 181 de Neuquén, donde funcionó La Escuelita. La misma pena de 25 años de prisión le cupo al teniente coronel Mario Gómez Arenas, responsable de toda la parte de Inteligencia en la zona, con directa injerencia en el citado campo de secuestro y tortura de decenas de detenidos que fueron llevados allí.
Por el lado de Luis Alberto Farías Barrera, quien era el nexo visible con los familiares de las víctimas que poblaron La Escuelita en esos años de terror, la condena alcanza los 22 años de prisión. Mientras que para los oficiales de inteligencia Sergio Adolfo San Martín y Jorge Eduardo Molina Ezcurra, la pena alcanzó los 21 años de encierro. Finalmente el único médico imputado de haber asistido a sesiones de tortura en el propio campo de concentra ción que funcionó en las afueras de la Ciudad de Neuquén, a metros de la ruta nacional 22 y a pocos kilómetros del Aeropuerto internacional Juan Domingo Perón, tendrá que cumplir la pena de 20 años de prisión.
El único imputado de esta causa que fue beneficiado con una condena muchísimo menor que la de sus pares fue el oficial Francisco Julio Oviedo, a quien el tribunal no pudo comprobarle gran cantidad de hechos violatorios de los más elementales Derechos Humanos y por los cuales tendrá que pasar 7 años en prisión.
«Esto es una parte del triunfo de mucha gente que luchó por más de 32 años para que esto se haga realidad. Pero no es un triunfo total porque tanto a nosotros como al Poder Judicial nos falta una tarea fundamental que es el enjuiciamiento de todos los represores de Neuquén y el Alto Valle y no sólo de estos 8. Pero comenzamos otra época con estas condenas» dijo a Rebelión Noemí Labrune, militante histórica de la APDH neuquina y pilar fundamental para que este juicio se concretara como se concretó.
Por el lado de una de las partes querellantes, la abogada Ivana Dal Bianco expresó a Rebelión que «para nosotros es un paso adelante que se haya condenado a los ocho imputados, sin embargo nos parece que la pelea que dimos era por el delito de genocidio que todos ellos cometieron y eso no se ha nombrado en la condena y significa un retroceso para nosotros»: «También consideramos que una pena de 7 años a uno de estos genocidas (Oviedo) es una pena verdaderamente irrisoria, aunque al mismo tiempo nos parece importante que se mantengan las condiciones de detención a todos estos represores, es decir que cumplan sus condenas en cárcel común como se merecen y como les corresponde por lo que hicieron con nuestros Compañeros y Compañeras» agregó la otra abogada del CEPRODH Romina Szmunck, quien resaltó que «todo esto se logró por la fuerza de la movilización de las Madres de Neuquén que no bajaron los brazos y otros organismos de Derechos Humanos que dieron la pelea para que se reconozca la verdad histórica de lo que pasó en Argentina».
Finalmente Inés Ragni, madre del único desaparecido de los 17 casos que se juzgaron en Neuquén, no dudó en decir a este diario que «estoy muy conforme porque demostramos que sin violencia se puede llegar a hacer justicia. Porque la verdad de lo que pasó en La Escuelita fue dicha por los familiares de las víctimas y por nuestros sobrevivientes. Y esa verdad vale por los 30 mil desaparecidos»: «Los 30 mil hijos nuestros nos acompañaron en este juicio ellos fueron los que nos empujaron para que aquí estemos condenando a estos y a muchos más asesinos… Y viva la justicia» culminó diciendo la madre de Oscar Alfredo Ragni, una Madre neuquina que luchó codo a codo junto al obispo Jaime Francisco De Nevares, con quien realizaron hace exactamente 32 años en Neuquén la primer marcha por los desaparecidos que se llevó a cabo en el país. Junto a su Compañera Lolín Rigoni, ambas fueron el centro de abrazos de muchísima gente que llegó para escuchar junto a ellas el veredicto condenatorio que tantos esperaban.