Frente a la postergación del inicio del proceso que involucra a funcionarios judiciales durante el terrorismo de estado, uno de los querellantes, utiliza como disparador explicativo de tal situación a otro manto. No al de la película épica, sino al que cubre a la corporación judicial comúnmente llamada la «sagrada familia», por los lazos de […]
Frente a la postergación del inicio del proceso que involucra a funcionarios judiciales durante el terrorismo de estado, uno de los querellantes, utiliza como disparador explicativo de tal situación a otro manto. No al de la película épica, sino al que cubre a la corporación judicial comúnmente llamada la «sagrada familia», por los lazos de consanguinidad y la cultura endogámica que la sostiene.
A poco de pasada la Semana Santa el título pareciera referirse a aquella tradición religiosa sobre la túnica sin costuras sorteada al pié de la cruz, que Henry Koster llevó al cine en 1953, basado en la novela de Lloyd Douglas, de 1942.
Pero nuestro «manto sagrado» es más prosaico y menos religioso, aunque contenga una encarnada tradición cordobesa en la «sagrada familia» – en minúsculas nomás – porque se trata de la conocida corporación judicial, que aún con los esfuerzos de renovación realizados, sigue en buena medida conservando hábitos y costumbres.
Para el 27 de abril de 2017 estaba anunciado el inicio del juicio en la «causa maldita», que debe juzgar la complicidad de los funcionarios judiciales con el terrorismo de estado.
Después de 41 años de impunidad, sólo cuatro irán a juicio: el ex juez Miguel Ángel Puga, el ex fiscal Antonio Sebastián Cornejo, el ex secretario penal Carlos Otero Álvarez y el ex defensor oficial Ricardo Haro. Al ex fiscal Ali Fuad Ali y al ex defensor oficial Luis Eduardo Molina ya los alcanzó la impunidad biológica.
Pero la audiencia del próximo jueves 27 ha sido suspendida. ¡El diablo metió la cola!
Algo se pretendió prevenir cuando las querellas plantearon la inhibición del juez Fabián Falcucci, que presidirá el tribunal de este juicio. Se fundamentó en el temor de parcialidad, por su relación funcional con el juez Díaz Gavier, que en noviembre de 2011 afirmó en importantes medios locales «estar muy compungido y dolorido por la situación de Otero Álvarez», calificando de «infundados» los hechos delictivos de la acusación fiscal.
A pesar de esta opinión relevante, la contundencia de las pruebas llevó al juez Daniel Herrera Piedrabuena a procesar al ex secretario y ex juez Carlos Otero Álvarez y demás imputados, elevando la causa a juicio el 18 de marzo de 2016.
Los doctores Patricia Chalup, Adriana Gentile y Jorge Luis Chalup, por las querellas, afirmaron también su preocupación por «el condicionamiento que podría ejercer parte de la corporación judicial de Córdoba sobre el doctor Falcucci; y que resulta evidente desde la génesis de esta causa y sobre todo teniendo en cuenta la particularidad en este proceso judicial, que los imputados se desempeñaron como funcionarios judiciales y ejercieron dichos cargos hasta hace muy pocos años».
El juez Falcucci rechazó el pedido de su apartamiento alegando que esas opiniones de su colega en el mismo Tribunal Oral 1 «no influyen de modo alguno en mi ánimo personal». Y calificó de «formulación abstracta carente del respaldo probatorio» la referencia a la posible injerencia de la «corporación judicial de Córdoba». Los otros dos miembros del Tribunal designados para este juicio, los jueces Reynaga y Quiroga Uriburu rechazaron la recusación y avalaron su continuidad.
Pero cuando el juez Reynaga pidió postergar el inicio hasta concluir el juicio por el operativo Independencia en Tucumán, que él mismo estimó que sería en junio, donde actúa como juez subrogante, el presidente Falcucci desintegró el Tribunal solicitando a la Cámara de Casación Penal un reemplazante.
El Fiscal Carlos Gonella y las querellas interpusieron un «recurso de resposición» del juez Reynaga, ya que sus razones de postergación eran circunstanciales y por un tiempo previsible. Para evitar más dilaciones era preferible considerar el pedido de Reynaga, como juez natural del tribunal que no había sido objetado por las partes, como sí lo fueron otros magistrados en las distintas etapas de esta causa. Con ello se evitaría una dilación incierta.
El Fiscal había advertido que «la solución dispuesta por el señor presidente (Falcucci) en absoluto garantiza el cumplimiento del cronograma de audiencias, debido a las particularidades del presente caso, en el cual ya ha habido gran cantidad de recusaciones e inhibiciones.» Y nada indicaba que no pudiera repetirse.
La Cámara de Casación Penal, sin atender la solicitud fiscal, produjo en tiempo record el reemplazo del Dr. Reynaga, designando a la jueza María Ivón Vella, de Santa Fe. Sin embargo, la no aceptación de la Jueza reemplazante acarreó la temida nueva dilación. Esta vez «sine die», porque un nuevo juez subrogante debe ser integrado al tribunal; y además consentido por las partes, como lo había sido finalmente en su conformación original con los magistrados Fabián Falcucci, José Camilo Quiroga Uriburu (de La Rioja) y Juan Carlos Reynaga (de Catamarca).
Se cayó el argumento de «las dilaciones indebidas» que justificó el apartamiento del juez Reynaga y se le añadió la imposibilidad de concurrir de la juez Ivón Valles, lo que hace más incierta la fecha de inicio del juicio a la complicidad de los funcionarios judiciales con los delitos de lesa humanidad en el marco del terrorismo de estado.
El manto sagrado, la túnica sin costuras del crucificado, que a la hora del reparto fue sorteado beneficiando a Marcellus, el Tribuno romano, sólo podría asemejarse al manto encubridor de la impunidad para la sagrada familia judicial, en que éste pareciera ser sin fisuras en la tradición cordobesa. Y su autocalificada «sacralidad», sólo en lo que se pretende de intocable, inmune y perenne. Pero esto mismo exige que el reclamo de Justicia sea de todos. Un pronunciamiento social de los que luchan y quieren acabar con los privilegios.
Compromiso imprescindible y necesario, pero no fácil. Porque aquí se trata de conmover una trama sin fisura de los círculos áulicos del poder cordobés, con ramificaciones sociales y políticas, ausentes en los juicios a los ejecutores -militares y policías- del terrorismo de estado, ya condenados.
Nadie ignora que en este sistema es más complicada la tarea de desmantelar esas tramas arraigadas en la plutocracia, que condenar a ladrones de gallinas, o hasta genocidas. Pero en democracia la Justicia debería alcanzar a todos, sin favoritismos de ninguna índole.
El manto «sagrado» de la impunidad seguirá cubriendo por ahora a los cofrades de la Justicia Federal de Córdoba. Sin embargo la ciudadanía, consciente que ninguna democracia se consolida sobre poderes institucionales que resignan su función, marcará en su memoria las conductas complacientes o tibias, sin claudicar en el reclamo de justicia a la complicidad civil.
Este será el primer juicio a la complicidad civil en Córdoba; y debería involucrar, además, a todos los actores que han llevado adelante las banderas de Memoria, Verdad y Justicia.
Luis Miguel Baronetto. Querellante en la Causa de los Magistrados. Ex Director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba