Alfredo es parte del Encuentro de familiares de femicidios y Gigi de la Consejería de Vivienda. Ambos abordan la problemática de los crímenes de género.
M.H.: Alfredo es el papá de Carla Soggiu. “Mi hija fue golpeada, violada, ella tenía una válvula de hidrocefalia y el tipo le destrozó la cabeza. Apareció en el Riachuelo cuatro días después hace más de dos años y medio de esto y todavía no conozco al señor fiscal Sebastián Candela, no nos atendió nunca. La justicia trabaja para los narcos y para los políticos. La justicia no es para la gente común. Necesitamos cambiar eso, que el Presidente nos reciba. No podemos permitir que la lista siga creciendo. No queremos fotos, queremos justicia”, eso declarabas en el 11° Encuentro de familiares de femicidios donde entregaron una nueva carta con pedido de audiencia al Presidente de la Nación ¿Cuáles han sido las repercusiones de esta actividad?
A.S.: Por el momento no tenemos respuesta de nuestro reclamo primario que es tener una entrevista con el presidente para contarle esto, que es un laberinto, que de esta manera casi todos los casos quedan impunes y que las familias necesitamos apoyo, ser escuchados. Necesitamos abogados, peritos, porque ese servicio sale una fortuna.
M.H.: Muchas familias del interior ¿verdad?
A.S.: Lógico, eso favorece a la impunidad.
M.H.: A mí esta nueva convocatoria me llamó la atención por la gran presencia de familiares del interior del país, por ejemplo, Yolanda, la hermana de Luciana Sequeira la joven de 17 años asesinada en Santiago del Estero en junio de este año; la mamá de Camila Flores asesinada en Santa Fe, también el caso de la mamá de Luna Ortiz, Marisa, asesinada en Tigre, Benavídez; de Capilla del Monte, el papá de Cecilia Basaldúa ¿cuántos casos Alfredo a lo largo de este año?
A.S.: Muchísimos, nosotros leemos la lista pero esta vez decidimos no hacerlo porque era extensísima, y cada nombre nos lastima. Hay criaturitas, mujeres mayores, todo te destroza. Imagínate vivir más de 70 años para que un tipo decida que se te terminó la vida o una criaturita que apenas vivió un día.
M.H.: En esta oportunidad había otras organizaciones presentes aparte de los familiares sobrevivientes de femicidios.
A.S.: Sí. De hecho al día siguiente fue la inauguración del “Cuarto de Lucía”, en la Manzana de las Luces. Muy emotivo, había muchísimos familiares, estaba Gustavo Melman, estaban los padres de Lucía, por supuesto, los de Cecilia Basaldúa, había muchos.
M.H.: Estamos hablando de Lucía Pérez asesinada en Mar del Plata en 2016. Es muy importante lo que señalás, porque hay dos muestras para visibilizar la violencia de género, una es la de la Manzana de las Luces que mencionaste y la otra es en el Museo Evita y en el Centro Mercado de Avellaneda.
¿Cómo continúa esta actividad? ¿Qué piensan hacer en el futuro? Dado que van once cartas y ningún tipo de respuesta. ¿Van a buscar otro tipo de mecanismo o alternativa? ¿Qué respuesta les da por ejemplo el ministerio de la Mujer?
A.S.: El ministerio de la Mujer a nuestros requerimientos y exigencias, que son las cosas más puntuales, lo que necesita una familia, abogados, peritos, acompañamiento, nos dijeron que no por el momento.
M.H.: Yo veo que hay una subejecución del presupuesto en ese ministerio, porque se ha invertido solamente un 25% de los 6.000 millones de pesos que tiene asignado el ministerio de la Mujer, siendo los más postergados los programas de atención integral de estas dolencias. Desde que se inició la gestión 502 mujeres y travestis han sido asesinadas. Es esta urgencia la que exige que el Estado acelere la ejecución de las políticas públicas necesarias para prevenir, contener y reparar estos crímenes hoy, ahora, ya, porque cada femicidio es evitable, es posible, ni una más. ¿Cuáles son los requerimientos de los familiares de femicidios?
A.S.: Lo que te mencioné, es bastante extenso, porque esto tiene muchísimas aristas. Han dado un préstamo para hacer 30 espacios para auxiliar a mujeres que sufren violencia. Yo creo que ahí no está la solución, porque imaginate que vivís en Esmeralda al 800 y tu hijo va al colegio a tres cuadras de tu casa y la mujer se tiene que ir lejos, le joden la vida dos veces, por ser violentada y por tener que irse. ¿Por qué no sacan al tipo de la casa? O ponen un lugar para hombres violentos, en vez de sacar a la mujer de su casa. La mujer tiene un montón de obligaciones durante el día y mandarlas a un lugar como un refugio me parece una cosa de locos.
M.H.: ¿Cuándo será el próximo encuentro?
A.S.: El 6 de septiembre en Plaza de Mayo. Llevaremos la décima segunda carta a ver si tenemos respuestas positivas esta vez.
La necesidad está en que nos escuche el señor Presidente para que se entere de la problemática, seguramente hay gente muy capacitada en lo teórico, pero en la práctica les podemos decir unas cositas que son necesarias y urgentes. Y que las leyes, que se aplican a medias, es importante que se apliquen de verdad, la perspectiva de género, la Ley Micaela.
Para que una chica después de 11 denuncias no termine muerta. Hay que prestarle atención a la primera denuncia porque hay que ser muy valiente como mujer para denunciar al tipo, que una vez que se entera que lo denunciaste corrés un riesgo aún mayor.
M.H.: Acompaño y comparto este deseo tuyo y de los familiares de femicidios para que el Presidente les haga oídos. Dijiste algo al pasar, hablaste de las teorías. No es la primera vez que escucho esa crítica hacia el ministerio de las Mujeres, parecería ser que allí hay gente que le falta calle por decirlo de alguna manera.
A.S.: Esta problemática necesita acciones urgentes. El ministerio de la Mujer no puede ser algo que nos lleve a una nueva burocracia, así los números van a seguir creciendo.
142 femicidios en Argentina en los primeros ocho meses del año
De acuerdo a los datos del Observatorio se cuentan 219 muertes violentas de mujeres, travestis y trans, es decir 1 muerte violenta cada 26 horas; de las cuales 142 son femicidios, femicidios vinculados y trans – travesticidios (el 24% de las mujeres víctimas de femicidio había denunciado a su agresor previamente, el 15% tenía orden de restricción de contacto o perimetral y el 2% botón antipánico); 32 muertes violentas asociadas al género, vinculadas a economías delictivas y robos; 34 muertes violentas de mujeres están en proceso de investigación (esperando autopsia y peritajes).
A su vez el 13% de los agresores se suicidó, mientras que el 8% lo intentó. Además 151 niñxs y adolescentes se quedaron sin madre.
Las provincias que presentan mayor tasa provincial de femicidios son Santiago del Estero, Formosa, Neuquén, Tucumán, La Rioja, Salta y Chaco. Todas superan ampliamente la tasa nacional de femicidios, que es de 0.54%.
El 62% de los femicidios fueron cometidos en la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida; 13% en la vía pública; 6% en descampados; 4% en la vivienda del victimario; 2% en el trabajo en la víctima; 10% en otros (3% sin datos).
En cuanto al vínculo de la víctima con el femicida, el 60% era pareja o ex pareja; 17% conocido; 8% familiar directo; 5% familiar no directo; 5% desconocido; 5% sin datos.
En tanto, el 56% de las víctimas tenía entre 19 a 40 años, siendo la edad promedio de las víctimas 39 años.
Respecto a la forma en que fueron asesinadas, el 35% de las víctimas fue con un arma blanca; 26% con arma de fuego; 19% a los golpes; 8% por asfixia; 8% quemada.
Además, el 14% de los femicidas tenía antecedentes en violencia de género, y el 13% de los femicidas era integrante de las fuerzas de seguridad.
“Continúa siendo urgente la implementación de políticas públicas integrales hacia quienes se encuentran en situación de violencia de género. (…) Es responsabilidad del estado garantizar la seguridad de las víctimas mediante la intervención integral de las instituciones públicas. En un contexto electoral dónde los discursos ganan terreno, estos datos nos bajan abruptamente a una realidad que no cesa: las mujeres y diversidades seguimos muriendo a manos de la violencia machista”, expresaron desde Mumala.
Entrevistamos a Gigi de las Consejerías de vivienda
La composición de las recuperaciones de tierra son compañeras que se escapan con sus hijos de la vivienda que comparten con el agresor o que han sido desalojadas de sus alquileres
M.H.: Hoy (1/9) movilizan organizaciones sociales desde el Obelisco hasta el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, para exigir soluciones a familias sin techo y víctima de violencia de género. ¿Cuáles son los reclamos y en qué va a consistir la actividad?
G.: Hoy a las 10:00 empezamos a convocar en el Obelisco, las organizaciones convocantes somos el MTL Rebelde, las Consejerías de vivienda y vamos a contar también con la presencia de vecines de la recuperación de tierras de Guernica y la toma que se está dando en la 21-24 e incluso en simultáneo van a estar haciendo actividades los vecinos de La Sexta que es un barrio que está sufriendo muchos desalojos en la ciudad de Rosario.
Una de las principales demandas que estamos llevando hoy al ministerio es en relación a 108 viviendas que están sin adjudicar en Estación Sáenz que queda en Pompeya.
M.H.: Son del Plan Procrear.
G.: Claro, está resonando mucho el tema del Procrear porque justamente la toma de la 21-24 está entre el Plan Procrear de la Ciudad de Buenos Aires y la 21-24. Nosotros en este caso hablamos del Procrear del barrio de Pompeya que tiene 106 viviendas sin terminar y, por lo tanto, sin sortear y estamos pidiendo que esas viviendas se repartan entre personas víctimas de violencia de género.
El problema de poder acceder a una vivienda es cada vez peor, sobre todo para quienes encabezan familias monomaternales, que son compañeras que están solas, que tienen trabajo informal, que muchas veces son migrantes y lamentablemente tienen menos acceso a los derechos básicos, y hay un problema estructural que no se está resolviendo desde ningún ente municipal, ni provincial ni nacional, que es que cada vez menos alquileres aceptan chicos, y eso se da tanto en el mercado informal como en el formal. Con lo cual, tenemos compañeras en distintas villas, viviendo en habitaciones o pensiones, que para escapar del agresor con el cual conviven, o se van debajo de un puente o se van a recuperar un pedazo de tierra.
M.H.: Pero Gigi, una pregunta, también las condiciones para ingresar al programa Procrear, son limitantes. Se exigen 12 meses de trabajo sin interrupciones y percibir un mínimo de $ 56.660 cuando el salario promedio de los trabajadores argentinos ronda $ 40.000.
G.: Exacto, ese fue nuestro primer reclamo a Juan Pablo Negro, que es el Director nacional de desarrollo urbanístico, básicamente quien maneja el Procrear, pero la respuesta del gobierno nacional es que el programa es así y que nosotros peleamos por otro sector para los que tienen otros programas como, por ejemplo, el tema de lotes con servicio. Está buenísimo, pero ¿quién tiene tierra? Estamos hablando de gente que no tiene trabajo, que está superada por la crisis sanitaria, económica y social. La verdad es que en términos de poder conseguir algo por más mínimo que sea pero que también es sumamente urgente, el tema el sector social de laburantes precarizades no hemos podido lograr torcer el brazo del gobierno nacional.
Con el tema de género se han mostrado un poco más abiertos, porque después por los femicidios todo el mundo se rasga las vestiduras. El tema es que el problema que vos marcás es algo que nosotros señalamos desde el comienzo, no existen ni créditos ni planes de vivienda adecuados para la mayor parte de la clase trabajadora el día de hoy. Así que esto claramente va a ser parte de los reclamos que llevemos.
M.H.: Quiero aclarar que Gigi forma parte de la Consejería de vivienda, que también estarán presentes vecinos de la recuperación de tierras de Guernica y compañeros de Rosario.
G.: En Rosario se va a estar haciendo una medida paralela, no es que viajan para acá, pero sí se suman al reclamo y quienes entremos como comisión negociadora plantearemos todo. Seguramente sabrán que en los momentos más ríspidos de la pandemia, un decreto, el DNU 320 frenaba los desalojos, pero esto era solo para el sector formal, quienes trabajamos en el sector informal, en barrios y villas, solo hemos podido frenar los desalojos o poniendo el cuerpo o consiguiendo plata para pagar. No aplicó ningún DNU. Entonces, el 31 de marzo de este año el ministerio de Desarrollo territorial y Hábitat de la Nación hizo como un eje del área para frenar desalojos de alquileres, esto es algo que evidentemente no está sucediendo y va aser parte del reclamo de hoy.
M.H.: En la Ciudad de Buenos Aires tenemos dos ocupaciones, una en la villa 21-24 de Barracas y otra en la Villa 31. Ambas con amenaza de desalojo.
G.: Exactamente. Eso es completamente lineal con lo que veníamos hablando antes. Es lo mismo que sucedía en Guernica. La mayor parte de la composición de las recuperaciones de tierra hoy, son compañeras que se escapan con sus hijos de la vivienda que comparten con el agresor y personas que han sido desalojadas de sus alquileres.
Imaginate el descalabro que hay en el sistema de alquileres formales, con aumentos que pueden llegar tranquilamente al 100% para renovaciones, si eso lo trasladamos al sector informal es terrible, porque además la forma del desalojo no es a través de un juicio, con una mediación donde se puede intervenir desde Defensoría; van y te sacan de manera muy violenta y directa y la gente que queda desalojada y que no puede acceder a un alquiler porque tienen chicos o son mujeres, no les queda otra opción que no sea la ocupación.
Y hay que ver también cómo se va repitiendo el patrón de recuperaciones en terrenos ociosos a la vera de las distintas villas de la Ciudad.
M.H.: Tengo entendido que el terreno de la 31 es un basural.
G.: El de la 21-24 si bien es terreno del ferrocarril, si uno entra se da cuenta de la limpieza que han podido hacer los vecinos del terreno pero no es algo muy diferente a eso. Nadie puede vivir dignamente así. Nosotros sabemos que el Ministerio nos va a decir que las tierras no son de ellos. Pero sí son parte del gobierno, lo mismo que la Administración de Bienes del Estado, que si administran esas tierras, por lo menos que levanten el teléfono para que a los vecinos que estén atravesando esa situación, los atienda alguien de ABE y se pueda dar tierra y vivienda para quienes más lo necesitan y no para el negocio inmobiliario.
M.H.: Hay cuatro millones de personas viviendo en villas. Un 10% de la población nacional.
Organizaciones políticas y sociales convocaron a una Asamblea Popular Transfeminista por la Vivienda
El domingo 5 de septiembre, a las 16:00, a metros del mástil del Parque Centenario de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo fue debatir y profundizar sobre la problemática habitacional que viven cotidianamente en la Ciudad y que naturaliza la violencia estatal sobre sus cuerpxs, hogares y vidas.
“Exigimos que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 6287, que habilita al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a rematar inmuebles en distintos puntos del territorio. En esos inmuebles que el Gobierno de la Ciudad declara en la Ley como ‘innecesarios’ viven niñes, mujeres, personas trans, adultes mayores, familias enteras; personas cuya situación pareciera no importar y con quienes no se ha entablado ningún tipo de conversación, quedando librados a la intemperie ¿Cuáles son los cuerpos habilitados a vivir en la Ciudad de Buenos Aires?”, se preguntaron las organizaciones convocantes.