La actual ofensiva del capital pretende destruir derechos y volver al Siglo XIX, ya que avanza en el desmantelamiento de los organismos de negociación colectiva, dejando al trabajador a merced de los patrones, sufriendo de condiciones laborales cada vez más precarias. «El proyecto es de flexibilización laboral. No se trata, como se anunciaba, de reformas […]
La actual ofensiva del capital pretende destruir derechos y volver al Siglo XIX, ya que avanza en el desmantelamiento de los organismos de negociación colectiva, dejando al trabajador a merced de los patrones, sufriendo de condiciones laborales cada vez más precarias. «El proyecto es de flexibilización laboral. No se trata, como se anunciaba, de reformas consensuadas sector por sector. Se trata, por el contrario, de una reforma estructural, integral, que ataca los pilares históricos del derecho del trabajo en la Argentina», señaló Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL).
El proyecto se propone -así lo dice- la «liberación de las fuerza de la producción», invocando una célebre y lamentable expresión de José Martínez de Hoz, Ministro de Economía de la última dictadura cívico-militar.
El Gobierno y la CGT alcanzaron un principio de acuerdo para el envío al Congreso del proyecto oficial de reforma laboral. El entendimiento se concretó al cabo de un encuentro que mantuvo el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, con el triunvirato de líderes y la mesa chica de la Central.
El acuerdo llegó en un espacio hostil a los trabajadores: el predio de la Sociedad Rural Argentina, donde la cartera laboral desarrollaba un Encuentro internacional por la erradicación del trabajo infantil. Hasta allí llegaron los triunviros Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid junto a Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, Rodolfo Daer, Carlos Frigerio y Jorge Sola.
El acuerdo prevé un blanqueo laboral con amplios beneficios por un año (que incluyen perdón de multas e inmunidad penal); flexibiliza las condiciones de contratación de personal, los vínculos entre el empleador y el trabajador, y las tercerizaciones; amplía las facultades de los empresarios para variar las pautas de los contratos, y limita la posibilidad de iniciar juicios así como los montos indemnizatorios. Para los futuros cálculos indemnizatorios se incluirán las horas extras pero quedarán fuera todos los demás rubros tales como aguinaldo, comisiones y premios.
Además, permite crear fondos de cese laboral con aportes de trabajadores en reemplazo de las indemnizaciones tradicionales, reinstaura las pasantías bajo la modalidad de prácticas formativas no laborales y crea una agencia de evaluación de tecnologías de salud (Agnet) para poner un límite a los juicios de los afiliados contra las obras sociales y las prepagas.
Para apuntalar el acuerdo el Gobierno resignó el artículo 39 que modificaba el «concepto de trabajo» y ponía en igualdad de condiciones al empleador y al trabajador. También fue eliminado el «Banco de horas» por lo que siguen las horas extras.
Además, la creación inmediata de dos figuras de asalariados por fuera de la ley de Contrato de Trabajo que habían inquietado a la CGT: el trabajador autónomo económicamente vinculado (el prestador de un servicio profesional con un cliente/empleador casi exclusivo), y el «trabajador independiente con colaboradores», pensado para pequeñas unidades productivas y de servicios con ayudantes.
Ambas figuras pasarán a ser evaluadas por una comisión que creará la propia ley y que en un período no resuelto todavía, de entre 90 y 180 días, definirá sus alcances y su posible concreción. También en ese ámbito se prevé la instauración de una mesa de diálogo social permanente.
El otro aspecto que impedía un entendimiento amplio era el que consagraba para las empresas la posibilidad de tercerizar actividades como seguridad, limpieza, informática, gastronomía y transporte, con previo aviso al sindicato del rubro principal. El mayor objetor, sobre todo del último punto, era Hugo Moyano por tratarse de un factor esencial de su poderío creciente en la década pasada: el camionero accionó por años contra las empresas dadoras de carga sin afectar a los empleadores directos de los choferes hasta forzarlas a reconocer el personal como propio. Para zanjar esa negativa el Gobierno se comprometió a suavizar ese ítem bajo la posible aclaración de «transporte de personas» para diferenciarlo del de cargas, ámbito específico de Moyano. No obstante, su hijo mayor y número dos en Camioneros, Pablo Moyano, advirtió que hará una movilización en contra al momento de tratarse el proyecto. De igual modo persistía la incertidumbre en otros sectores críticos de CGT como el gremio de los bancarios de Sergio Palazzo, hasta ahora más inclinados a rechazar cualquier pacto con el Ejecutivo, además de los previsibles cuestionamientos de las CTA y de sectores gremiales de izquierda.
De todos modos, en líneas generales el proyecto ya tenía un aval (sujeto al texto final) del triunvirato y de la «mesa chica» de la CGT que para el oficialismo era vital. Miguel Pichetto, jefe del bloque peronista en el Senado, había advertido a los funcionarios que la iniciativa sólo prosperaría en ese ámbito con el aval explícito del sindicalismo tradicional. El Gobierno avanzará luego en la Cámara de Diputados en las sesiones extraordinarias para impulsar su sanción.
Rechazos
Este jueves el sindicalismo clasista se movilizó por la mañana, mientras que por la tarde hubo una nueva reunión de coordinación de distintos sectores combativos que resolvió movilizarse al Senado el día que se trate la ley (posiblemente el 23 de noviembre) y nuevamente el 6 de diciembre.
«La cúpula de la CGT entrega históricos derechos conquistados por parte de los trabajadores y colabora para que el plan de Macri, las patronales y el FMI pase de conjunto, sin haber realizado ni una sola asamblea, ni consultado a un solo trabajador. La traición del triunvirato de la CGT, que se inscribe en una estrategia de firmar convenios a la baja como en Vaca Muerta, SMATA, ATILRA y ahora en la UOM de Tierra del Fuego, habilita al gobierno a seguir profundizando la sangría de la deuda externa, a nuevos tarifazos contra el pueblo, a avanzar aún más con miles de despidos de trabajadores estatales y a desarrollar su plan «estratégico» de ir logrando convenios a la baja sector por sector, con la complicidad de la burocracia sindical.
Por eso repudiamos el acuerdo antiobrero de Macri y la CGT y denunciamos que el PJ y otros bloques que se autodenominan de la oposición se preparan para votarlo en el Congreso. La complicidad de estos bloques es abierta ya que el gobierno no tiene los votos suficientes para votar la Ley y sí o sí debe contar con su apoyo», señalaron en un comunicado que lleva, entre otras, las firmas de Camilo Mones y Catalina Balaguer, Trabajadores de PepsiCo en lucha; Rubén «Pollo» Sobrero, Sec. Gral. Unión Ferroviaria Oeste; Sebastián Henríquez, Secretario General SUTE Mendoza; Guillermo Pacagnini, Sec. Gral de CICOP; María Elisa Salgado, Sec. Gral SUTEBA Tigre; y Jorge Adaro, Sec. Gral. Ademys.
Por otro lado, la CTA Autónoma ya lanzó una jornada nacional de protesta para el 6 de diciembre. En la reunión estuvieron presentes Ricardo Peidro (CTA Autónoma), Hugo Godoy (ATE), Esteban Castro (CTEP), Romina del Plá (Suteba), Daniel Yofra (Aceiteros) y «Pollo» Sobrero (Ferroviarios), entre otros.
El miércoles 15 organizaciones sociales marcharon desde la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA) hacia Plaza de Mayo, en contra de la reforma laboral y los proyectos de ajuste hacia la clase trabajadora.
Bajo la consigna «abajo la reforma laboral y el ajuste» se realizaron manifestaciones en otras provincias del país como Tucumán y Neuquén.
La jornada de lucha continuó con ollas populares en la Plaza de Mayo, para enfrentar la «ofensiva patronal del gobierno de los Ceo’s y las multinacionales» .
Entre las principales reivindicaciones exigen el cese de los despidos, y la negativa hacia la reforma previsional e impositiva que pretenden implementar. Asimismo solicitaron que el gobierno declare la emergencia social y alimentaria, y otorgue trabajo y salario digno.
En la tarde del viernes un centenar de obreros metalúrgicos se movilizó a la puerta de la Seccional Quilmes, Berazategui y Varela de la UOM para exigir medidas concretas contra la reforma laboral. Luego del acuerdo de congelamiento salarial de Tierra del Fuego aumentó la bronca con las conducciones que vienen siendo cómplices del plan del Gobierno.
La UOM, luego del acuerdo fueguino, se ha convertido en una de las principales «pruebas piloto» de Macri para hacer pasar la reforma laboral y el ataque a los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT). Esta situación ha despertado una enorme indignación que recorre las fábricas del gremio y que se expresó en las calles.
Triaca ayuda a sus socios sindicales con la personería gremial única
En línea con la advertencia que hizo Mauricio Macri: «no puede ser que haya 3.000 sindicatos y que sólo 600 de ellos firmen paritarias anuales», el Ministerio de Trabajo quitará del Proyecto de ley de reforma laboral un punto que habilitaba al Ejecutivo a caducar la personería gremial de sindicatos que no hubiesen registrado actividad, pero lo impulsará de todos modos por resolución simple. Pretende eliminar un número que a priori se calcula de no menos de 600 gremios.
Del total la mitad cuentan con personería gremial, es decir, el máximo reconocimiento que prevé la Ley de asociaciones sindicales, y el resto sólo inscripción, el mecanismo inicial que prevé la Constitución.
En los planes de la cartera laboral figura promover la caducidad de esas organizaciones a través de una resolución simple de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales y en algunos casos se remitirán las actuaciones a la Justicia laboral para confirmar la desaparición de esos gremios.
Al respecto , se realizó en la sede de la Asociación Gremial Docente de la UBA, una reunión entre sindicatos simplemente inscriptos para definir acciones frente a lo que consideraron una ofensiva ilegalizadora del gobierno contra los sindicatos combativos.
El encuentro resolvió realizar un urgente relevamiento de distintas situaciones que configuran un ataque a la autonomía de las organizaciones sindicales: dilaciones injustificadas en la certificación de autoridades, en la aprobación de los libros contables, etc.
Ileana Celotto, Secretaria General de la AGD-UBA, uno de los sindicatos convocante del encuentro, señaló que «el Ministerio de Trabajo quiere desplazar a los sindicatos que enfrentamos a la Reforma Laboral y reforzar el unicato de la burocracia sindical como parte del acuerdo Macri-CGT».
Un ejemplo es el caso de los trabajadores aceiteros y desmotadores de algodón que están virtualmente sin representación gremial y en riesgo de perder los servicios básicos de la obra social, porque el Ministerio de Trabajo de la Nación no completa el trámite administrativo para entregar la certificación de autoridades correspondiente a la elección que se realizó semanas atrás ni firma la homologación del acuerdo paritario.
La reforma no es solamente laboral, sino también previsional y tributaria
El gobierno nacional y los mandatarios de todas las provincias, con excepción de San Luis, suscribieron el jueves pasado el «Consenso fiscal», que establecerá nuevas pautas para el reparto de fondos entre Nación y provincias, y modificará numerosos gravámenes.
Los puntos centrales del acuerdo son:
- Las provincias desisten de las causas por coparticipación iniciadas en la justicia (excepto San Luis): son 56 juicios por unos $ 340.000 millones. El gobierno emitirá bonos para pagar los reclamos en dos tramos. A lo que se suma el reclamo de 400.000 millones de pesos de la Provincia de Buenos Aires, que dará de baja su pedido judicial por el Fondo del Conurbano. En compensación, se inicia una transición gradual hasta que Buenos Aires obtenga el 10% de la recaudación por el Impuesto a las ganancias. Recibirá 40.000 millones de pesos en 2018, y 65.000 millones de pesos a valores de hoy a partir de 2019.
- Las provincias acuerdan en reducir impuestos, principalmente el que grava los Ingresos Brutos, en los próximos cinco años.
- El gasto se congela en términos reales por los próximos años.
- Las valuaciones que se utilizan como base para el pago del Impuesto inmobiliario que cobran las provincias deberían converger a sus valores de mercado.
- El Impuesto al Cheque se destinará en un 100 % a la Anses. La Anses a su vez dejará de recibir el 20 % de la recaudación de ganancias. La pérdida/desfinanciamiento neto según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sería de $ 114.956 millones.
- Se financiarán el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas.
- » En mi gobierno los trabajadores no van a pagar el Impuesto a las Ganancias» , repetía Macri en televisión durante su campaña electoral. La realidad es otra. Desde que asumió, más trabajadores pagan Ganancias. De acuerdo con la información que entregó el jefe de Gabinete, Marcos Peña al Congreso en diciembre de 2015, 1.177.104 trabajadores pagaban el impuesto. Mientras que en marzo de 2017, lo hicieron 1.765.975.
Ahora más trabajadores pagarán el impuesto a las Ganancias y los ya alcanzados pagarán más, ya que elimina deducciones acordadas en normas anteriores. - Reforma previsional: Los jubilados financiarán el Fondo del Conurbano y la baja de las contribuciones patronales ya que los gobernadores aceptaron la propuesta del gobierno de impulsar un cambio en la movilidad previsional ajustando los haberes jubilatorios por inflación. Se calcula que esta medida podría significar un «ahorro» para el gobierno de $100.000 millones en jubilaciones a costa de menores ingresos para los jubilados. A su vez, se eliminarán las jubilaciones de privilegio.
Del borrador original de reforma laboral se eliminó toda una sección muy importante que se «tercerizó» en la reforma tributaria. La reducción escalonada de los aportes patronales hasta alcanzar en 2022 la exención sobre los primeros $11.500 brutos más inflación le costará al Estado $200.000 millones. Ese es el monto que aproximadamente saldrá de la ANSES para financiar a los empresarios. Según un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) , con la baja de los aportes patronales previstos en este paquete de reformas, solo en 2018 ANSES podría perder $40.000 .
La frutilla del postre: No habrá bono de fin de año para jubilados ni beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Aunque sí habrá un plus para las organizaciones sociales de $ 2.200 por única vez a los cerca de 400.000 trabajadores de la economía popular.
La cuarta reforma: el achique de la planta de empleados del Estado
Al firmar el acuerdo fiscal con las provincias, Macri volvió sobre el asunto. No solo pretende que al final de su gestión haya menos empleados en la Nación, las provincias y los municipios. También busca que el Estado colabore como empleador en la meta que comparte con los hombres de negocios: una rebaja sensible del costo laboral. «El problema es que si les competimos con salarios más altos, el sector privado no va a generar la mano de obra que necesita», aleccionó a los gobernadores. Y les recordó que tienen «una paritaria por delante, que siempre nos da una oportunidad».
El Secretario General del Consejo Directivo Nacional del sindicato, Hugo «Cachorro» Godoy , aclaró que el presidente habló «de manera absolutamente impune, con una logia de gobernadores y sindicalistas que lo cubren, pero eso demuestra cabalmente cómo es la política económica del gobierno, el ajuste en las provincias; más la hipocresía, porque los salarios de los trabajadores municipales y provinciales son los más bajos de la escala salarial en la Argentina, hay más de 300.000 municipales que perciben ingresos por debajo del salario mínimo vital y móvil, y más de la mitad de las provincias de nuestro país tienen sueldos menores a 15.000 pesos», nivel de pobreza reconocido por el INDEC.
También consideró que la decisión del Gobierno de no pagar un bono de fin de año a trabajadores estatales «significa una forma más de reducción salarial».
El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, elevó un powerpoint al Presidente Macri después del triunfo del 22 de octubre: solo en la administración nacional «sobran» 19.119 empleados. Es un 15% de la dotación relevada en 1.098 oficinas y reparticiones públicas (129.606 agentes). Aún restaba estudiar la tarea de otros 64.049 empleados en 388 áreas más.
En el caso del INTA el ajuste presupuestario proyectado para el 2018 amenaza con paralizar la institución, ya que afecta a las partidas destinadas a bienes de consumo, servicios y bienes de uso. Cabe recordar que el INTA es un organismo autárquico y cuenta con financiamiento propio por ley, el 0.45% de las importaciones, que representan poco más de 6.800 millones de pesos. Pero el gobierno nacional para el 2018 le impone a la institución un ahorro forzoso de 600 millones de pesos.
En paralelo, el controvertido informe de «dotaciones óptimas» elaborado por el Ministerio de Modernización, sostiene que sobran 750 puestos de trabajo, un 10% del total del personal.
Todos esto fue tema de discusión del plenario de ATE-INTA que se realizó el 16 y 17 de Noviembre, que reunió delegados de todo el país y del que esperaban salir con un plan de acción para enfrentar el ajuste, los despidos y todos los problemas que afectan a los derechos de los trabajadores del INTA.
El SECASFPI (Empleados de la Ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria) movilizó a la sede de la ANSES de Plaza de Mayo junto a ATE y APOPS en rechazo a la ola de despidos en el organismo y a la reforma previsional y laboral.
«La ATE y sus jubilados denuncian la privatización del PAMI y la existencia de un conflicto de intereses a partir de la Resolución 956/17 de la intervención, que creó una prestadora privada (Nativus S.R.L.) en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú celebrando un acuerdo prestacional para atender a los jubilados y avanzó en una reforma estructural, en abierta violación de la ley vigente y de la propia Constitución, lo que afecta su modelo prestacional, su organización laboral, su encuadramiento sindical y, en especial, la calidad de las prestaciones», puntualizaron.
Luego de que la CGT acordara con el gobierno un proyecto de reforma laboral que degrada aún más el nivel de vida de la clase trabajadora, y que Antonio Caló (UOM) lo defendiera con el escandaloso argumento de: «Esto es como la perinola, para que el país avance todos tenemos que poner algo», el titular de UPCN de la Prov. De Buenos Aires, Carlos Quintana, rechazó el derecho a huelga con el viejo argumento patronal de los «servicios esenciales».
«Cuando uno está en el sector público, tiene que entender que al que afecta cuando toma una determinación es a la comunidad», señaló Quintana. «No afectamos a un gobierno desde el punto de vista de la política, sino al que menos tiene: al que va a la escuela a comer, a aprender», añadió.
No sorprenden las declaraciones de Quintana justo cuando se abren las discusiones paritarias para el sector estatal y luego del audio que se filtró de Macri, pidiendo a los gobernadores que aprovechen las paritarias provinciales para bajar el salario estatal como parámetro para bajar el salario obrero en general.
Está claro que el titular de UPCN provincial se prepara, como lo hizo en noviembre de 2016, para cerrar con María Eugenia Vidal un nuevo acuerdo a la baja y en cuotas. Incluso vuelven a plantear como moneda de cambio el pase a planta de los mismos estatales temporarios que por acuerdo de 2016 ya deberían haberlo hecho.
No obstante, en la vereda de en frente se empiezan a organizar las primeras medidas de lucha contra las reformas, que en La Plata, Berisso y Ensenada tendrá su primera movilización el próximo 23 de Noviembre, convocada por decenas de sindicatos de la CGT y la CTA regional.
Medios
«Esta noche #ShowMatch no sale al aire por el paro del Sindicato de Televisión. Nos volvemos a encontrar mañana a las 22.30, como siempre, por @eltreceoficial», comunicó Marcelo Tinelli desde su cuenta de twitter.
El lunes 13 venció la conciliación y los trabajadores de televisión retomaron las medidas de fuerza este jueves cuando se desarrolló un paro de 24 horas convocado por el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID). El gremio exige el 29% de aumento anual, más $15.000 mensuales, mientras las empresas representadas por la Cámara Argentina de Productoras Independientes (CAPIT) ofrecen apenas el 20%. CAPIT solamente está dispuesta a sobrepasar este número si el gremio accede a modificar su Convenio Colectivo de Trabajo, o sea a flexibilizar más a sus trabajadores.
El periodista y conductor Víctor Hugo Morales fue desvinculado el viernes del canal de noticias C5N. Su desvinculación se da en medio de un fuerte cambio en la línea editorial de la emisora.
Antes de la elección, tal como solicitó el gobierno nacional, fue despedido el conductor Roberto Navarro.
El noticiero de Víctor Hugo Morales, al igual que el de Navarro, era uno de los programas con mayor audiencia en las señales de noticias, superando largamente a sus competidores de Todo Noticias y A24.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires se presentó ante la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados para entregar un anteproyecto de Ley de Emergencia Laboral en empresas de comunicación, a partir de la grave situación que atraviesa el gremio, con despidos, retiros (in)voluntarios, cierres de medios e incumplimientos salariales de todo tipo en numerosas empresas.
Cae el consumo en octubre y pierde ritmo la recuperación industrial
Después del primer «brote verde» de setiembre, el consumo masivo volvió a caer en octubre. Aunque las ventas en supermercados y autoservicios registraron un débil crecimiento del 1% respecto del mes anterior, en la comparación interanual, el resultado mostró una caída del 3,3% respecto de octubre 2016. La mejor performance en las cadenas no pudo remontar la baja en los autoservicios independientes o de barrio que se contrajeron 7,5% y los chinos con un 3,2%.
Una familia tipo de la Ciudad de Buenos Aires necesitó en octubre 7.970,11 pesos para no caer en la indigencia, 16.310,96 pesos para no ser pobre y por lo menos 26.265,91 para ser considerado de clase media, de acuerdo con lo informado por la Dirección General de Estadística y Censos porteña.
Paralelamente la inflación interanual en la CABA fue del 24,5% donde la variación de octubre responde principalmente a los rubros más sensibles para los sectores populares: alimentos, con alzas generalizadas en legumbres (3,8%) y frutas (3,5%), bebidas no alcohólicas, prendas de vestir y calzado (3%).
La producción manufacturera en septiembre creció 2,2 % respecto del mismo mes del año pasado, informó el Centro de Estudios de la Unión Industrial (UIA), y acumula, según esta medición privada, su quinta mejora consecutiva. La recuperación surge contra una baja base de comparación, por los marcados retrocesos del año pasado en la actividad industrial y de la construcción. Sólo la industria se había desplomado en septiembre del año pasado 7,6 % respecto de 2015. El comportamiento además es bastante heterogéneo entre bloques industriales e incluso hay importantes divergencias al interior de los propios sectores. El incremento de las importaciones complica todavía más la recuperación de algunos de estos segmentos productivos, como el automotor, que cada vez vende menos vehículos nacionales en el país. La importación en cantidades durante septiembre aumentó 20,5 %. Los primeros nueve meses de 2017 se ubican apenas un 0,7 % por arriba de 2016.
Como correlato la industria empleó en agosto a 28.227 trabajadores menos que en igual mes del año pasado.
Continúan los despidos
Los trabajadores de la fábrica Alimentos Modernos se encuentran paralizando las actividades. La empresa resolvió dos nuevas cesantías, que se suman a los cinco despidos que ya hubo en el último tiempo, lo que colmó la paciencia de los empleados.
Ubicada en Munro, la planta produce para Farm Frites International, una empresa multinacional, líder en la producción y comercialización de productos supercongelados de origen holandés.
Los casi 170 operarios, acompañados por la Comisión gremial interna, dispusieron un paro general para lograr que reincorporen a sus compañeros. «Además estos dos trabajadores realizaban tareas livianas por enfermedades laborales», dijo Esteban Pelloso, uno de los delegados.
La Secretaria general de la Asociación de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Empresas Aerocomerciales (Atcpea), Paula Marconi, aseguró que «continuará la lucha en rechazo de la extranjerización del holding Latam»; también denunció que en los últimos meses cerraron sectores y los empleos, «no se recuperan sino que se disfrazan con retiros voluntarios o la migración interna».
La dirigente gremial formuló esos conceptos en el contexto del plenario nacional intersindical realizado en la sede de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos (Foetra Buenos Aires), en el que participaron más de 500 delegados e integrantes de comisiones directivas sindicales de los siete gremios aeronáuticos (APA, APTA, UPSA, UALA, APLA, Atepsa y Atcpea).
La firma Lucaioli S.A. realizó el cierre de la mayoría de los locales de Saturno Hogar y 240 despidos en las sucursales de la provincia de Neuquén como así también de Cipolletti y Bariloche en la provincia de Río Negro, aduciendo que la empresa se encuentra en preventivo de crisis y convocatoria de acreedores, y la necesidad de pagar indemnizaciones a la mitad de lo que marca el Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
La cadena Atalaya, famosa por sus medialunas, cerró uno de sus paradores en Chascomús. Se trata de la sucursal denominada «Escalinatas de la Laguna» ubicada en la Avenida Costanera de la comuna bonaerense.
Industrias Plásticas Celín, una empresa del conurbano bonaerense que se dedica a producir telas plásticas y marroquinería, se suma a la lista de fábricas tomadas que marcan el tono de la crisis de empleo que se está viviendo en el país. Sus 37 trabajadores tomaron el establecimiento porque hace tres meses que no cobran los sueldos y los titulares de la firma no dan respuestas.
«Tomamos esta medida porque el dueño, Mario Filippi, desapareció hace dos meses que no tenemos noticias de él y hay gente que labura hace 35 años acá pero les están por cortar la luz y el gas porque no cobraron», contó un empleado que hace 27 años trabaja en la empresa.
El sindicato petrolero que lidera Claudio Vidal ya venía denunciando la reducción del programa de perforaciones de Sinopec y de manera paralela lidiaba con idéntica política que implementaba YPF.
Ahora el mismo gremio aseguró que Sinopec (que no emitió todavía ningún comunicado oficial) solicitó a sus empresas de servicio que reduzcan personal porque rescindiría contratos que afectarían a 800 trabajadores, incluyendo a los que están afiliados al gremio de Camioneros y por ello se entabló una lucha conjunta.
Los trabajadores bloquearon la base operativa de la petrolera en Cañadón Seco, pero también hay otros piquetes en acceso a varios yacimientos cercanos a Pico Truncado y Koluel Kaike en la provincia de Santa Cruz.
En abril, ya había abandonado sus operaciones en el sur de Chubut, argumentando que los grandes temporales de lluvia registrados en marzo destrozaron instalaciones en el área Bella Vista Oeste, por lo que unos 50 trabajadores tuvieron que ser reubicados.
El 31 de diciembre vencen los contratos de los trabajadores de la planta de explosivos ubicada en el Partido de Azul y los más de 200 empleados no saben si serán renovados.
De los 258 trabajadores que tiene específicamente Fanazul, sólo 11 pertenecen a planta permanente. Los 247 restantes tienen contrato hasta el 31 de diciembre próximo.
Tal como se esperaba tras el acuerdo al que se había llegado en el Ministerio de Trabajo nacional, la empresa de plásticos Nicoll, ubicada en La Tablada, cerró sus puertas el martes 31 de octubre. Ahora, los 173 trabajadores que quedaron desempleados aguardan por el pago de las indemnizaciones.
En un comunicado emitido ayer, la Mesa Intersindical señala que «Metalúrgica Tandil, propiedad de Renault Argentina, ha ofrecido a sus trabajadores retiros voluntarios con el 100% de la indemnización, más 120.000 pesos, más 3 o 4 o 5 meses de preaviso de acuerdo a la antigüedad».
«En la planta trabajan 125 metalúrgicos y se desconoce cuál será el futuro de esta empresa emblemática de Tandil, por lo que llama la atención el silencio de la Cámara Empresaria ante tan grave situación, que parece coincidir con el desinterés del gobierno municipal por la desindustrialización de nuestra ciudad, como ha sucedido en el caso de las mineras, el ferrocarril y muchas metalúrgicas y paralelamente la pérdida de asentamiento de otras como Mc Cain (1.000 puestos de trabajo) o Thyssen, que terminó en Saladillo», añadieron.
«La crisis en el sector metalúrgico ha ido creciendo en los últimos dos años. A los 120 despedidos con el cierre de CINPAL, se suma Modelfun que cerró hace más de un año y quedaron 7 compañeros en la calle; Apaz Madrid dejó en la calle a 25 trabajadores; Marcelo Terú cerró y se perdieron 3 puestos de trabajo. A la fecha, además de la situación de Metalúrgica Tandil, debe sumarse que Metalgama de Ibrahim Apaz, mantiene a 12 compañeros suspendidos por 15 días por mes y solicitó los REPRO al igual que Metalúrgica Fungris, que viene con atrasos en los pagos de las quincenas», detallaron.
En otro párrafo, el comunicado sindical expresó que «a los metalúrgicos se suman los conflictos de los trabajadores de la UOCRA en el Polivalente por falta de pago; los compañeros enfermeros del área de Salud local y los compañeros empleados del Estado a quienes se amenaza con un diciembre negro por los despidos; ante esta situación nos declaramos en Estado de Alerta y Movilización, en defensa de los intereses de los trabajadores».
Alrededor de 100 trabajadores de la metalúrgica Stockol de Burzaco, no pudieron ingresar a la planta por decisión de la patronal. Los obreros permanecen en la puerta de la misma aguardando una respuesta, ya que la empresa adeuda sueldos y no paga ART.
Tampoco arranca la inversión
«Muchachos, Estados Unidos ha sido el inversor más fuerte en Latinoamérica y Argentina en los últimos 100 años. No dejen que los asiáticos les saquen ese lugar», dijo el Presidente Mauricio Macri a los 25 inversores e invitados especiales en la cena organizada por Jack Rosen, presidente del Congreso Judío Americano en Nueva York. Había banqueros, ejecutivos de empresa y financistas. Entre ellos: Leonard Blavatnik, del holding Access Industries; Michael del Giúdice que durante 20 años se desempeñó como jefe de Gabinete de varios gobernadores neoyorquinos; y el pakistaní Munr Kazmir, miembro del directorio del American Jewish Congress. Aunque la gran atracción fue la presencia del actor Robert De Niro.
Macri les aseguró que «mi proyecto es de continuidad. Me quedan seis años de gobierno». El gobernador Miguel Lifschitz que formó parte de la comitiva, aseguró a su regreso que Macri respondió en ese mismo tono en varias charlas reservadas.
El problema para el gobierno es que la lluvia de dólares que viene recibiendo la Argentina en un 80% se dirigieron a la compra de títulos, letras, bonos o acciones, y apenas el 20% ingresó para inversiones productivas. En setiembre, según un informe del BCRA, «por el lado de las inversiones de no residentes, se registraron ingresos netos por U$S 2.049 millones, las de cartera fueron U$S 1.978 millones y las directas por U$S 71 millones, el mínimo nivel desde diciembre de 2015».
En lo que va del año las inversiones extranjeras directas (IED) suman U$S 1.797 millones y las «de cartera», U$S 7.392 millones.
La consultora Economía & Regiones señala que «desde enero de 2016, más del 90% de los dólares que ingresan por cuenta capital y financiera son deuda y menos del 10% es IED. De esos dólares que entran, una mitad financia el déficit de cuenta corriente y la otra, la formación de activos externos del sector privado». Además plantea que «la IED se ubica entre 3 y 3,5 puntos porcentuales en términos del PBI, por debajo del promedio regional».
En el primer trimestre se ha registrado una caída del 3,6% respecto al mismo período del año anterior, advierte Jorge Neyro, de la consultora ACM. Además destaca que con tasas de interés del 2,2% mensual, «se consigue en nuestro país en un mes lo que en los países avanzados se logra en un año».
Neyro concluye que en setiembre «se dio una relación nunca vista en los últimos 15 años. Ingresaron 28 dólares de inversión financiera por cada dólar de inversión directa».
Ultimo momento: Allanamientos masivos
El sábado se produjeron allanamientos en domicilios de Cipolletti, Balsa las Perlas, en la provincia de Río Negro donde policías de la provincia encapuchados y sin identificación realizaron allanamientos simultáneos en las casas de militantes de organizaciones sociales, políticas, medios alternativos y de derechos humanos. También en el barrio San Lorenzo de Neuquén Capital.
Se llevaron detenido a Fermín Martínez de Radio Zona Libre, luego liberado. Lo que tienen en común quienes fueron allanados es que participan activamente en la campaña por la libertad del lonko mapuche Facundo Jones Huala, quien permanece encerrado en el penal de Esquel como preso político.
Se trata de una persecución política sumamente preocupante, ya que en la orden de allanamiento librada por el juez Piedrabuena y la jueza María Florencia Caruso -en el marco de la causa caratulada «Comisaría 20 s/investigación Pluspetrol»- indica buscar: cartelería manuscrita, sustancias iniciadoras de fuego y/o inflamables, materiales para la confección de cartelería o facturas que acrediten la compra de ese tipo de materiales, instrumentos para la confección de sténciles y sténciles, computadoras, tablets, notebook, pendrives, armas de fuego, papeles personales como agendas, pinturas y simbología mapuce, prendas de vestir con identificación de agrupaciones y todo elemento relacionado a la RAM «, según informó la abogada Gisela Moreira.
La Asamblea Socio Ambiental de Centenario y Vista Alegre – Kolectivo Trawnche emitió un comunicado donde denuncia que «la policía de Neuquén, Río Negro y la Superintendencia de investigaciones» están allanando las casas mencionadas, y agregaron que «además allanaron la casa de la ñaña Carmen Antilef en Barrio San Lorenzo. Doña Carmen es una señora mayor que respetamos como autoridad que nos enseña toda su sabiduría ancestral. Ella vive sola pero eso no importó, le destrozaron su vivienda», denunció la asamblea.
» El motivo de las requisas fue la búsqueda de materiales inflamables, claramente queriendo vincular nuestro pedido del día de ayer viernes 17 de recusación del Juez Federal Gustavo Villanueva que entiende en la causa de pedido de extradición del lonko Facundo Jones Huala -denunció la asamblea-, a los montajes que se dieron en los últimos días en los pozos de petróleo de la zona de Vaca Muerta donde supuestamente la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) deja olvidada mochilas con bombas Molotov y con panfletos que piden la libertad del lonko. La torpeza de dicha difamación poco creíble y claramente falsa es sostenida por el Gobierno, las petroleras y la justicia. Facundo Jones Huala es autoridad mapuche y preso político del gobierno de Mauricio Macri y todo/a persona que pida su libertad se la quiere vincular a la RAM (sobre la cual no poseemos críticas porque no los conocemos), desprestigiando el justo pedido de libertad del lonko, y su digna lucha y la del pueblo mapuche».
Asimismo, la asamblea recalcó que «Villanueva es juez federal en Neuquén capital y juez subrogante en Bariloche, y quiere enjuiciar nuevamente a Facundo Jones Huala por una causa de extradición a la cual la Corte Suprema de Justicia declaró nula en el mes de Julio de este año. Pese a dicha declaración Villanueva mantiene preso al lonko sin fecha posible de un nuevo juicio y buscando excusas para criminalizar su pedido de libertad con operaciones falsas como éstas, además de buscar intimidar a quienes el día de ayer desde diferentes organizaciones políticas, ambientales y sociales fuimos hasta el juzgado a solicitar que es la justicia quien debe actuar dentro del marco legal».
Por su parte, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) también repudió los hechos en un comunicado: «Nadia y Fermín son impulsores de las luchas y denuncias por los constantes atropellos y violaciones a los DD HH en el sur de nuestro país -denuncia la organización de DD HH-, partícipes activos en la lucha por el esclarecimiento del secuestro y desaparición de Daniel Solano, detenido por la policía rionegrina el 5/11/11 . Hoy junto a otros luchadores se encuentran impulsando el pedido de libertad y no extradición a Chile al Lonko Facundo Jones Huala y por el esclarecimiento, juicio y castigo a los responsables de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado . Nadia también es una de las criminalizadas por exigir el pase a planta permanente de los trabajadores de limpieza de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y la Facultad de Lenguas de la Universidad del Comahue.
El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) denunció nuevas «razzias» de la Policía de la Ciudad contra vendedores ambulantes senegales durante operativos realizados en el barrio de Constitución, que terminaron con tres migrantes detenidos y uno de ellos hospitalizado en el Hospital Penna. También fueron detenidos dos militantes del MTE, por lo que la organización realizó un corte en la intersección de las calles San Juan y San José, cerca de la comisaría 16°, a donde responden los policías que participaron del operativo, a la espera de la liberación de todos los detenidos.
Fuentes: Anred, Red Eco Alternativo, APU, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Argentina Indymedia, www.eldestapeweb.com, www.baenegocios.com, www.ate.org.ar, www.ambito.com, www.infogremiales.com.ar, Clarín, Tiempo Argentino, Página 12.
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