En la Argentina el derecho a la información está en peligro. En los últimos dos años, y por diversos motivos -cierres de empresas por pésimas y/o fraudulentas administraciones, reducción de personal y retiros anticipados- han perdido su empleo más de dos mil trabajadores de medios de comunicación. Más allá de los cambios tecnológicos y el […]
En la Argentina el derecho a la información está en peligro. En los últimos dos años, y por diversos motivos -cierres de empresas por pésimas y/o fraudulentas administraciones, reducción de personal y retiros anticipados- han perdido su empleo más de dos mil trabajadores de medios de comunicación. Más allá de los cambios tecnológicos y el auge de la digitalización y las redes sociales, el asimétrico manejo de la pauta oficial del gobierno macrista ha perjudicado a los medios que no simpatizan con su administración. Por el contrario, suministra dinero obsceno a los medios hegemónicos, que son quienes sostienen el relato oficial. Y, pese a esta desproporción, son los medios oficialistas quienes también expulsan trabajadores, como es el caso del cierre de la agencia noticiosa DyN, propiedad de la megacorporación Clarín.
Las políticas comunicacionales del gobierno nacional «asumen un carácter regresivo al ceder a los principales actores industriales del sector infocomunicacional la orientación de la regulación estatal -sostiene el especialista en medios Martín Becerra en «La Izquierda Diario»-. El sentido de estas políticas -prórroga de licencias, decretos diseñados a medida para lubricar la expansión y contracción del mercado, transferencia de recursos públicos, discrecionalidad en el manejo de la publicidad oficial disciplinando a medios opositores- acelera la crisis económica de las empresas de medios con la excepción de las más concentradas, alineadas por ahora de modo nítido con el gobierno nacional. La consecuencia de la concentración del sector es que menos actores tienen más poder y participación, en detrimento del resto«.
Pero esto no es todo. Clarín y La Nación, los medios masivos y hegemónicos de la Argentina, los que ocultan el entramado de corrupción del gobierno neoliberal de Mauricio Macri y sus políticas de ajuste y desigualdad, utilizan su poder dominante para «sembrar calumnias y mentir con naturalidad» (Serrat dixit), en una maniobra de desinformación y ocultamiento pocas veces visto en la historia del periodismo en democracia. Con la impunidad que les confiere la posición dominante que detentan hace años, apuestan a confundir a una opinión pública aturdida y anestesiada.
Han pivoteado con éxito la división de la sociedad -la famosa grieta– y les sobra pericia para embestir sobre quienes se oponen a su modus operandi, sean personas o instituciones. No les interesa la corrupción ajena en tanto no afecte sus intereses (ellos mismos practicaron la corrupción hace ya cuarenta años, con la apropiación de la empresa Papel Prensa). Tampoco tienen empacho en minar la honra de cualquier ciudadano que se empeñe en refutarlos. Utilizando la extorsión han construido un poder agobiante, al punto que no hay políticos, jueces ni funcionarios que se atrevan a cruzarse en su camino. Con este inmenso poder se han constituido en lo que John Pilger llamó gobiernos invisibles e incontrolables, es decir, corporaciones de medios que no rinden cuentas ante nadie y que actúan sin ninguna clase de restricciones.
Mientras venden basura en su disparatada protección al oficialismo, reciben como nunca millonarios beneficios económicos de la gestión macrista: la pauta oficial se multiplicó en dos años, y con la cesión del cuádruple play al monopolio Clarín, éste corre con privilegios para operar en el espectro de Internet de alta velocidad; se hicieron de la empresa Telecom, lograron que el oficialismo anulara las leyes que los limitaba en su expansión, y hasta colocan jueces y funcionarios en la actual administración nacional. Pero, además, van por sus competidores: las plataformas digitales de servicios como Netflix y Spotity empezarán a pagar impuestos en todo el país.
Y disponen del brazo armado del Poder Judicial para encarcelar opositores y expulsar voces disidentes de los pocos medios no adictos que aun sobreviven. «Hoy la Justicia está operada a través de los medios«, afirmó el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien sostuvo además que «muchos jueces se dejan llevar por las operaciones y hasta las lideran«. Por presiones, vedetismo o simplemente temor a ser denunciados con carpetazos, muchos jueces han dado muestras de un servilismo casi patológico, como fue el caso de Julián Ercolini, que el año pasado sobreseyó a Héctor Magnetto (CEO de Clarín) y otros en la causa por la apropiación de Papel Prensa.
Los grandes medios en la Argentina hacen espionaje político, persiguen opositores con operaciones destinadas a difamarlos, confunden a la población y siembran el odio en una sociedad dividida. Respaldan al gobierno por convicciones y conveniencias, y ocultan la corrupción de sus funcionarios, incluyendo la del propio Mauricio Macri. Manejan la agenda pública y anticipan las medidas políticas, en su doble condición de influir a la opinión pública y al poder real.
Hace años que Clarín y La Nación pasaron por alto todos los códigos de ética periodística. Diría que ya no ejercen el periodismo: operan para concentrar cada vez más poder. No les interesa la verdad: la construyen en función de sus conveniencias. Cebados como están por imponer sus propósitos -como una bestia por la sangre enemiga- derrapan a menudo con operaciones aberrantes que jamás son desmentidas. Porque en eso consiste su poder: no tener necesidad de dar explicación. Han logrado convertir a sus propios periodistas en seres miserables, inhibidos de autonomía editorial por temor a perder sus privilegios laborales. Prisioneros de una jaula de oro asfixiante observan, muchas veces hasta con desprecio, a los colegas de otros medios perder sus derechos y su voz.
En la Argentina el periodismo toca fondo. A las movilizaciones de reporteros gráficos y de trabajadores de la televisión se suma el pedido de emergencia laboral del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Mientras tanto los medios hegemónicos acumulan cada vez poder. ¿Quién le pone el cascabel al gato?
Gabriel Cocimano (Buenos Aires, 1961) Periodista y escritor. Todos sus trabajos en el sitio web www.gabrielcocimano.
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