A partir del descubrimiento de los yacimientos existentes en la zona de Comodoro Rivadavia en 1907, el Estado argentino ha ejercido una histórica influencia en la explotación y distribución de los recursos petroleros nacionales. Mientras la administración de YPF fue de carácter público, los ingresos que generaban los hidrocarburos posibilitaron el financiamiento de diversas obras, […]
A partir del descubrimiento de los yacimientos existentes en la zona de Comodoro Rivadavia en 1907, el Estado argentino ha ejercido una histórica influencia en la explotación y distribución de los recursos petroleros nacionales. Mientras la administración de YPF fue de carácter público, los ingresos que generaban los hidrocarburos posibilitaron el financiamiento de diversas obras, generaron numerosos puestos de trabajo y permitieron al menos que el dinero circulara entre la misma sociedad que pagaba los servicios. Pero este protagonismo del Estado terminó por desmoronarse como consecuencia de la ineptitud de los funcionarios. La ineficiente asignación de recursos, la corrupción, la falta de inversiones y la incapacidad de potenciar el sector, determinaron el vaciamiento definitivo de YPF.
Hacia fines de la década de 1980, cuando las empresas públicas ya habían sido escurridas hasta la rapacidad, el discurso oficial comenzó una campaña de desprestigio para deshacerse de ellas, subrayabando la ineficacia del sector como producto del excesivo personal que empleaba, la enmarañada burocracia que sostenía, la improductividad que padecía y las pérdidas que generaba. Para salir del estancamiento, la propuesta oficial no fue reestructurar y agilizar un aparato obsoleto y corrompido, sino ceder ante la presión de los organismos internacionales y emular las tendencias liberales que predominaban en Norteamérica, inclinadas a la privatización y a la lógica del libre mercado, porque «los capitales privados son más competitivos, eficientes y operativos». Las leyes de oferta y demanda purificarían las estancadas aguas públicas y traerían aires de renovación al turbio sistema empresarial del Estado. Así se gestó el marco propicio para las privatizaciones y desregulaciones que sacudirían el país durante la década siguiente. El Gobierno llevó a remate los bienes públicos con el apoyo de gran parte de la sociedad argentina, que terminó asimilando el discurso oficial y aceptando regalar las empresas nacionales para detener las inmensas pérdidas que daban.
Finalmente, los capitales extranjeros no sólo se adueñaron del petróleo, sino también de numerosas empresas y servicios estatales como las aguas, los canales de televisión, los teléfonos, los aeropuertos, los aviones, las rutas, las autopistas y los trenes.
En materia de yacimientos de hidrocarburos, Argentina otorgó a capitales privados la «concesión temporal de explotación» por 25 años, con todas las reservas comprobadas. Y en un país donde más del 83% de la energía primaria depende del petróleo y del gas, el Gobierno argentino no sólo privatizó estos recursos de una forma escandalosa en la que abundaron las sospechas de corrupción, sino que lo hizo desentendiéndose de sus responsabilidades básicas. En el transcurso de la década no sólo ignoró su función de controlar el sector privado, también desmanteló las estructuras jurídicas y de recursos humanos, y se negó a asumir el papel de planificar una política energética para conservar y hacer eficientes y accesibles los recursos. Hoy en día, la empresa española Repsol-YPF ni siquiera cumple el obligatorio mandato que impone la búsqueda de nuevas reservas a quienes extraen y explotan los yacimientos petrolíferos del subsuelo argentino. Sólo se limita a extraer los recursos que el Estado argentino obtuvo a través de largas décadas de exploración y perforación. Es decir que Repsol goza de los beneficios sin asumir los riesgos.
Nuestro país cuenta con numerosas cuencas petroleras, pero hasta el momento sólo cinco de ellas han proporcionado hidrocarburos de manera rentable: La cuenca Neuquina, la de San Jorge, la Cuyana, la Austral y la del Noroeste. La cuenca Neuquina y la cuenca de Golfo de San Jorge son las más importantes del país, ya que contienen el 75% del total de las reservas comprobadas en el país. La cuenca Neuquina aporta el 43% del total de la producción petrolera argentina, mientras que la cuenca del Golfo de San Jorge aporta un 35%.
El crudo que se obtiene en Argentina no es de la mejor calidad, y su extracción resulta más costosa que en muchas otras regiones petroleras del planeta que cuentan con recursos de mayor pureza a escasa profundidad del suelo. Aún así, el crudo argentino genera enormes ganancias a causa de la alta demanda internacional y los altos precios en el mercado mundial. Adicionalmente, la guerra de Irak, la posición estratégica que implica la obtención de crudo, sumada a la prevista crisis energética que se aproxima, colaboran a hacer del petróleo un artículo de privilegio. La escasa oferta mundial y el hecho que desde 1976 no se descubren nuevos campos petrolíferos importantes, sumado a que los expertos intuyen que no hay mucho más por descubrir, hacen de la explotación petrolera una actividad que genera una economía propia y otorga bienestar a una pequeña minoría de la población, mientras una extensa franja de la sociedad no recibe ni las sobras y ve desfilar ante sus ojos las ostentosas carrozas del bienestar petrolero.
Mientras se calcula que las reservas se agotarán en los próximos diez a quince años, augurando un oscuro futuro para la industria nacional, el derroche y la ostentación se manifiestan como si la situación fuera a durar siempre. Quizás esto no le importe a Repsol, Shell o Petrobras, que día a día transfieren al exterior gigantescas sumas de dinero. ¿Pero cómo serán en el futuro, cuando comience a escasear el crudo, esas regiones y esas sociedades donde actualmente operan estas empresas y donde el crudo hoy permite lujos superfluos y vulgares excentricidades? ¿Qué pasará cuando Argentina pase de exportar y autoabstecerse, a ser un país comprador e importador de petróleo? ¿No estamos viviendo hoy las nefastas consecuencias de haber regalado los recursos, como para tener que seguir esperando a que la situación se agrave?
Neuquén, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos son algunas islas urbanas que viven el auge del petróleo. Pese a que la desigualdad social es un factor común a lo largo y a lo ancho de nuestro país, en esos archipiélagos petroleros se dan especiales polarizaciones sociales, donde quienes se vinculan laboralmente con las empresas petroleras (ya sean empleados directamente en ellas, o indirectamente a través de distintos servicios) atraviesan privilegiadas situaciones económicas, mientras una inmensa población que bien podría denominarse periférica ve pasar la buenafortuna y la prosperidad como si se tratara de una dimensión paralela, cercana pero inalcanzable.
Éstos son los resultados de la privatización: aumento de la brecha entre ricos y pobres, ricos más enriquecidos, pobres más pauperizados, una pirámide social de amplia base y un reducido vértice donde una minúscula elite observa el mundo desde lejos.
Quienes no están involucrados con el rubro, están condenados a ser extranjeros en su propio suelo, ya que deben convivir con una realidad que gira en torno a la dinámica económica que el sector petrolero genera: precios inflados, especulación inmobiliaria, alto costo de vida y una exagerada ostentación de bienes. Soberbios hoteles cinco estrellas, lujosos restaurantes, fastuosos automóviles y mansiones comparten los escenarios urbanos con sectores que sobrellevan su rutina como pueden, cuando no se encuentran sumergidos en la miseria más escandalosa. Y todo parece natural: para el discurso oficial, que habla por la boca de muchos, la desigualdad y la pobreza no son consecuencia de la injusta distribución de los recursos, sino que parece ser el precio que la inutilidad merece. Y cuando aparece la violencia, numerosos funcionarios y diversos medios la asumen como una conducta de algunos locos y criminales sueltos, o la proclaman como un brote de sectores inadaptados que no saben perder. La violencia nunca es proyectada como un resultado de la excesiva desigualdad que el sistema impone en su salvajismo cotidiano del sálvese quien pueda.
¿No es violencia la desigualdad, la ostentación, el despilfarro de recursos? ¿No es violencia la legitimación del saqueo y la criminalización de la protesta? Argentina es hoy el único país del mundo cuyos hidrocarburos están totalmente en manos extranjeras, y las multinacionales petroleras pagan los impuestos más bajos, mientras obtienen una ganancia superior al 500% sobre el costo de extracción y se llevan el 70% de las divisas por exportaciones.
La desocupación, la subocupación y el empleo precario son disfrazados bajo sutiles estadísticas que esconden la aún elevada escasez de empleo en un país que dispone de enormes riquezas y que cuenta con una producción de alimentos que la posicionan entre las naciones más ricas del mundo. Mientras tanto, quienes gobiernan se aprovechan de esta situación para mantener su vasto aparato de clientelismo político practicando una vergonzosa caridad que supera el millón y medio de planes sociales de hambre y miseria, que mantienen en la improductividad a amplios sectores de la población y los relega a la espera de prebendas gubernamentales.
Repsol gana al menos cinco veces más de lo que el Estado destina a la educación, y junto a otras multinacionales se lleva de Argentina alrededor de 42.000 pesos por minuto. Estas empresas amasan fortunas, y a su paso sólo dejan pobreza, contaminación y agotan nuestras reservas.
Éste es el modelo neoliberal que el presidente sustenta y mantiene vigente. Éste es el modelo que en la teoría discursiva condena al gobierno de los noventa, mientras en la práctica lo continúa, favoreciendo las políticas entreguistas que privilegian a las grandes corporaciones.
Mientras tanto, quienes luchan por detener este saqueo vergonzoso, son reprimidos, pererguidos y encarcelados como en Las Heras, una localidad petrolera de la Patagonia donde la Gendarmería usurpó las calles para acallar la voz de los manifestantes. Las Heras, sí: la localidad ubicada en la misma provincia en la que el actual presidente se enriqueció apoyando el gobierno de Menem, y desde donde acompañó fervientemente la decisión de privatizar YPF y entregar los recursos nacionales.
Mientras la renta petrolera está al servicio de los capitales privados y no al servicio de las necesidades de la gente, mientras el señor presidente aparece en los medios impostando una figura progresista a favor de un Estado de derecho y en defensa de los derechos humanos, y mientras este circo sigue vociferando su farsa en las brillantes luces de la pista, la pobreza continúa azotando a más de la mitad de la población argentina. En la Argentina de 2006, la ley se sigue masturbando pensando en la Justicia, esa dama inalcanzable que sólo duerme con los que pueden comprarla.