Desde que asumió Cambiemos, el país trepó al primer lugar en el ranking de colocación de deuda de los países emergentes, por encima de China. Ortodoxia y ajustes han pasado a la sala de espera. En tiempos electorales domina la heterodoxia de la mano de un creciente endeudamiento. En el Ministerio de Transporte reinan la […]
Desde que asumió Cambiemos, el país trepó al primer lugar en el ranking de colocación de deuda de los países emergentes, por encima de China. Ortodoxia y ajustes han pasado a la sala de espera. En tiempos electorales domina la heterodoxia de la mano de un creciente endeudamiento.
En el Ministerio de Transporte reinan la construcción, el mantenimiento y la repavimentación de rutas, caminos, autopistas y corredores que unen grandes centros urbanos. Allí se han gastado más de $ 23.000 millones. La masa de inversiones ejecutadas por Vialidad Nacional fue de $ 31.660 millones, equivalentes a casi U$S 1.800 millones.
Algo similar ocurre en el Ministerio de Interior y Obras Públicas, con los planes para levantar y arreglar viviendas, con la infraestructura básica para villas y asentamientos, las cloacas, el agua potable y el alcantarillado. Los gastos reportan arriba de $ 23.000 millones o unos U$S 1.300 millones.
Estos U$S 3.100 millones en poco más de ocho meses, superan el costo de las locomotoras y vagones que adquirirá el Gobierno en el que algunos señalan como el mayor emprendimiento ferroviario de la historia del país con una inversión de U$S 2.000 millones.
¿A dónde van los fondos? María Eugenia Vidal se lleva el 20% y Horacio Rodríguez Larreta un 9,5%. El resto se reparte entre 22 provincias.
En el primer día de lanzamiento de los créditos Procrear Joven se inscribieron 45.000 solicitantes. La nueva línea está dirigida a trabajadores de entre 18 y 35 años para primera vivienda, que tengan ingresos de entre 2 y 4 salarios Mínimos Vitales y Móviles (entre 17.720 y 35.440 pesos), ya sea a través de un trabajo formal o no registrado.
De la mano de distintas líneas de créditos hipotecarios, las escrituras registraron un crecimiento de 42,3% respecto del mismo mes del año pasado. Fue el mejor agosto de los últimos 10 años. El salto en el otorgamiento de créditos hipotecarios indexados es tal que en la actualidad el 23% de los inmuebles nuevos se compran por esa vía.
No obstante, para el economista López Mieres detrás de esta oferta bancaria se esconde una deuda creciente.
«Estos préstamos son muy seductores para las familias porque implican una cuota sustancialmente menor al alquiler que estarían pagando, pero el capital por el cual se endeudan indexa por inflación. A nadie se le ocurriría endeudarse en dólares pero es como si lo hiciera. Si mañana, por ejemplo, una crisis internacional o la inconsistencia de los números de la economía que está llevando adelante el Gobierno tenemos una importante devaluación que se traslade a inflación, la gente se va a convertir en deudora eterna», explica el economista del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).
Los créditos UVA son préstamos que se ajustan por Unidades de Valor Adquisitivo, una unidad de medida creada por el Banco Central para -según afirma la propia entidad- fomentar el crédito hipotecario «y protegerte de la inflación». De esta manera, la deuda queda fijada en UVAs que fluctúan de acuerdo al índice de precios, es decir, a la inflación de la que dicen protegernos.
«Mediante estos mecanismos de crédito están generando condiciones para que toda la sociedad se endeude. Esto tiene un sentido de ganancia millonaria para el sector financiero internacional y nacional, pero tiene también un componente de orden político que es el chantaje que se le hace a la sociedad para poder imponer ciertas políticas, porque el deudor siempre es dependiente», afirma López Mieres. «El Gobierno no tiene la bola de cristal, no puede saber si la propensión a prestarle a la Argentina se mantendrá en el tiempo. De cortarse esta canilla, producto de cualquier externalidad, se acaba este esquema dejando, tanto al país como al pueblo, como deudor para siempre», finalizó.
CGT: del paro a la negociación de los convenios
En el plenario anunciado en Plaza de Mayo por Schmid, una de las tres cabezas de la CGT, para convocar un plan de lucha que incluyera un paro general, finalmente se definió negociar por sectores con el gobierno nacional una reforma laboral a cuentagotas, dejando atrás el planteo de que no negociarán los convenios para pasar a afirmar que no negociarán los derechos.
Esta definición comenzó a concretarse luego de que el presidente Macri les quitará el control de la Superintendencia de Salud que maneja la plata de las obras sociales. La detención del dirigente del sindicato de la construcción de La Plata, el «Pata» Medina, los trascendidos de que la justicia investiga a Víctor Santa María del sindicato de encargados de edificio por supuestas cuentas bancarias en Suiza y las amenazas del presidente de «avanzar sobre las mafias».
Esta reforma se negociará en el marco de las discusiones paritarias de cada sector. El gobierno tomará como modelo el acuerdo con el sindicato de petroleros conducido por Guillermo Pereyra para la explotación del yacimiento de Vaca Muerta. Al respecto, Jorge Triaca sorprendió a los empresarios presentes en la reunión semanal del Rotary Club: «Antes de firmarse el acuerdo laboral de Vaca Muerta se hacía una fractura y media por día en cambio ahora son 6 por día». Con la reforma que enviará el Gobierno al Congreso luego de las elecciones legislativas, pretende reducir los aportes patronales a las obras sociales, revisar las cláusulas de antigüedad y escalas salariales reduciendo salarios y permitir las pasantías que irán en detrimento de nuevos puestos de trabajo o peor aún de los actuales. El fantasma de la reforma laboral brasileña que recortó fuertemente derechos funcionará de condicionante.
«Queremos que no haya más impunidad en la Argentina y ninguna cobertura política para ninguna práctica extorsiva, sea quien sea, especialmente algunos que simulan defender a los trabajadores», dijo Macri, sin dar nombres, al cerrar de la 65° Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción, en el Hotel Sheraton. «Argentina necesita de un sindicalismo fuerte y sano, que se siente a la mesa para generar acuerdos, defendiendo el interés de los trabajadores y que ayude a crear más y mejores trabajos para todos», propuso ante empresarios de la construcción y Gerardo Martínez, jefe de la UOCRA.
«Hay muchos líderes sindicales que creen en el diálogo y buscan mejorar la situación de los trabajadores, con ellos es que estamos avanzando en la propuesta que incluye formalizar más de 4 millones de trabajadores», confió Macri
«A veces, el elefante se come de a bocados» (Jorge Triaca en el Rotary Club)
Macri se refería al blanqueo laboral. Los detalles fueron anunciados por el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, a la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA), el martes pasado.
La idea del gobierno es que el beneficio para las empresas sea por dos vías: de un lado, pagar contribuciones a la Seguridad Social por los salarios blanqueados solo una vez que éstos superen el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), hasta ese monto correrán por cuenta del Estado; por otro, que las empresas reciban un bono mensual equivalente al monto que surge de la suma de lo que depositen por los aportes personales de los trabajadores a la Seguridad Social, por sus pagos a la ART y la parte patronal a las obras sociales. Según el proyecto, las empresas podrán usar ese bono para cancelar el 100% de sus obligaciones con el IVA y Ganancias.
A cambio del blanqueo, se beneficiarán con la eximición de multas por haber tenido personal fuera de registro. Además, elimina las multas e indemnizaciones a favor del trabajador que estipulan dos leyes vigentes y que penalizan a las empresas.
La única obligación para las empresas que se sumen al blanqueo es «mantener la nómina de sus trabajadores totales», mientras esté vigente el beneficio. De lo contrario, serán excluidas del mismo por un año.
El blanqueo laboral forma parte de una serie de reformas que impulsa el gobierno que beneficiarían a las empresas en detrimento de los ingresos previsionales y de las obras sociales, además de reducir o eliminar derechos laborales.
También se encuentra en debate la reforma impositiva que apunta a reducir la cantidad de dinero que las empresas aportan a la Seguridad Social, al bajar los porcentajes vigentes. Las empresas pretenden incluir también la reducción de sus contribuciones a las Obras Sociales, pero enfrentan la negativa de los sindicatos. Incluye otras medidas como reducciones en Ingresos Brutos provinciales, suplantados por mayores impuestos al consumo.
La otra medida en carpeta será la aplicación masiva de las pasantías que aspira a incorporar 300.000 pasantes.
Sin embargo, el mismo ministro Triaca reconoce que también controlarán la «conflictividad laboral», y que «en Argentina hay que discutir de qué manera podemos ser más productivos».
En el esquema de Cambiemos son los trabajadores los que deberán «mejorar» su trabajo para que tengan el «premio» de obtener un empleo formal. Los empresarios tras negrear por años a sus trabajadores recibirán la condonación de sus deudas impositivas, mano de obra flexible y barata.
De allí que para el economista Mario Tetaz se abra una gran oportunidad para reformar las relaciones laborales centrando en dos grandes temas: la productividad y el presentismo.
«Una solución posible es limitar la cantidad de días por enfermedad, permitiendo que cuando alguien se ausenta más allá del promedio de cada actividad, obtenga en todo caso una especie de licencia sin goce de haberes. Otra posibilidad es que se compute el salario mensual teniendo en cuenta el presentismo mediano, o sin considerar los meses de mayor y menor ausentismo», propuso. Y continuó: «Por eso lo ideal es que existan métricas de rendimiento que puedan ser acordadas a nivel de cada rama productiva, de manera tal que exista un premio toda vez que los trabajadores cumplan con los objetivos de producción».
Y agregó: «Pero como propuesta general para pymes y personas físicas que contratan hasta 10 trabajadores podría pensarse en un monotributo laboral que cierra la responsabilidad futura del empleador sobre cualquier eventualidad».
Al respecto, el presidente de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, afirmó que: «No se trata simplemente de una reforma laboral regresiva; se ha tomado como enemigo al trabajador organizado de modo de dejar librada su suerte a la voluntad del empresario. Se pretende debilitar a las organizaciones sindicales, afectar la independencia de los jueces laborales; en definitiva, destruir la esencia del derecho del trabajo», analizó Cremonte, abogado de ATE y Aceiteros, en la apertura de la 43ª edición de las jornadas anuales de la AAL, en Gualeguaychú, Entre Ríos. Cremonte aseguró que el Convenio Colectivo petrolero firmado en Vaca Muerta, que el gobierno argentino postula como modelo, tiene el objetivo de «aumentar la rentabilidad empresaria con la antigua receta de aumentar la jornada sin pagar más o directamente bajar el salario de los trabajadores al eliminar algunos rubros de la remuneración», sin atender ningún progreso en materia de productividad o renovación tecnológica. «Los funcionarios dicen que hay que modernizar los convenios colectivos, pero su receta nos lleva al siglo XIX», agregó. Las jornadas de la AAL se desarrollaron el viernes y sábado y a su vez fueron el prólogo de la decisiva audiencia pública que se realizará el 24 de octubre en Montevideo, convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en la que se examinarán las violaciones del gobierno argentino a los derechos humanos laborales.
Para el secretario general del Suteba, Roberto Baradel, «hay una embestida fuerte del Gobierno contra todos aquellos que levantamos la voz para defender los derechos de los trabajadores».
Además, manifestó que «al Gobierno no le interesa el tema de la corrupción, sino que me expliquen por qué tenían como sindicalista estrella a (Gerónimo) «Momo» Venegas, con todas las cosas que contó su hija». Se refiere al fallecido ex titular de Uatre (peones rurales) que se hizo millonario y fue felicitado por el Presidente y la Sociedad Rural.
Al respecto, consultado por el escándalo que dejó la sucesión millonaria del titular de la UATRE, el ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal consideró que «se trata más de cuestiones de derecho sucesorio que del derecho penal o cuestiones sindicales». (sic)
Mientras, el sindicato emitió un comunicado en el que expresa que el aumento patrimonial del gremio «fue producto de una gestión exitosa».
Así es el modelo español que cautiva a la industria de autos
«Los nuevos empleos en Valencia reciben un 16% menos de salario que sus colegas mayores», dijo el superintendente de Carrocería de Ford Valencia, Alejandro Monlleó, de visita por nuestro país.
El gobierno español, en febrero de 2012, flexibilizó los despidos y estableció contratos basura. Luego, acuerdos bilaterales entre las automotrices y los sindicatos profundizaron los cambios, como el que firmaron en enero de 2013 Nissan y los sindicatos que estableció una doble escala salarial, más baja para los nuevos empleos.
SMATA tiene antecedentes de firmar acuerdos que implican cambios en los convenios. El último fue el que firmó con Renault en 2015 por el cual el sindicato aceptó una reducción salarial del 15% y por un año para una cantidad de nuevos empleos, además modificaciones en la jornada laboral y en los horarios de trabajo.
Conflictos
El titular del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut, Jorge Ávila, se refirió a la decisión de PAE de bajar 6 equipos. «Ahora van a apretar para buscar un acuerdo similar al de Santa Cruz, con el achique de regalías, y por eso comunicaron que van a bajar los Equipos 301 y 328 de Workover; el 341 de Pulling y el 160 perforador de DLS, además de los PAE 03 y 05».
Respecto del acuerdo entre Nación y Santa Cruz, suscrito por los gremios y tres empresas de la zona, sigue los lineamientos implementado a comienzos de año para el desarrollo del yacimiento Vaca Muerta, en la Cuenca Neuquina. Se indicó que la adenda establece la conformación de dotaciones y jornada de trabajo para equipos de torre y operaciones especiales, así como nuevas modalidades para operaciones de perforación y terminación, flexibilizando algunas cláusulas de los Convenios Colectivos de Trabajo (611/10 y 643/12).
Volviendo a Chubut, el titular del gremio petrolero adelantó que están analizando la posibilidad concreta de convocar asambleas porque los equipos ya tienen fecha de bajada: «el 1° de noviembre quedarían todos parados. Las asambleas van a ser en Cerro Dragón, adentro del Yacimiento, y esto vuelve a ponernos otra vez en un conflicto similar casi al de Tecpetrol, que recién acabamos de terminarlo», enfatizó. El secretario General de Petroleros Privados afirmó que: «vamos a tener que sentarnos a mirar otras alternativas, ser inteligentes para mantener la inversión. Por ahí pasa todo esto, y PAE va a tener que reflexionar también, porque tenían un compromiso de inversión hasta fin de año; pero hay un largo camino para recorrer hasta ese 1° de noviembre y contamos con que las reuniones que va a organizar el gobernador Das Neves para la próxima semana, van a ser fundamentales para poder bajarle los decibeles a esta operadora», insistió. Hubo 11 nuevas cesantías en Cerámica San José de San Juan y suman 15 en los últimos días. La empresa dice que sin despidos no puede seguir funcionando.
Se mantiene latente el conflicto de los trabajadores del Ingenio Ledesma (Jujuy). La asamblea de azucareros decidió concurrir a la próxima reunión con la empresa que se realizará el lunes 9. Esperan una propuesta superadora. Si no hay acuerdo volverán al paro.
El 14 y 15 de septiembre el SUTE (docentes de Mendoza) realizó un Plenario Extraordinario y resolvió exigir al gobierno provincial la reapertura de paritarias y medidas de lucha para lograrlo.
En una solicitada dirigida al gobernador Alfredo Cornejo, el Secretario General del SUTE, Sebastián Henríquez, expresó: «Los docentes y celadores de Mendoza seguimos entre los peores pagos del país. Seguimos sosteniendo niveles de super productividad que implican 36 horas cátedras semanales y doble turno frente al grado, por salarios que apenas cubren las canastas básicas del INDEC. Sigue sin reconocerse nuestro trabajo fuera del aula. Seguimos entrando a las aulas con la presión de detectar todos los problemas de la vida social y de enseñar bien, sabiendo que cualquier cosa será usada en nuestra contra, en los medios de comunicación, una vez que usted dé la orden a la jauría. (…) Usted tiene que empezar a dar respuesta y escuchar propuestas. Y tiene que hacerlo en la paritaria. Y tiene que ser ahora. Nosotros no esperamos más.»
Por todo esto es que se decidió una primera concentración frente a Subsecretaría de Trabajo realizada el pasado 20 septiembre con cientos de delegados y en conjunto con otros gremios estatales y privados, se llevará a cabo una marcha por el centro de la ciudad.
Las autoridades de Radio Nacional Mendoza, que está bajo la órbita de Hernán Lombardi (titular del Sistema de Medios Públicos), echaron a una periodista por sindicalista. Se trata de Mariana Olguín, delegada de AATRAC (Asociación Argentina de Trabajadores de Las Comunicaciones) y del Sindicato de Prensa de Mendoza. «Esto es un claro ataque de persecución sindical», dijo y reveló que las autoridades de la radio prohibieron las asambleas. No obstante, el martes el sindicato declaró el estado de asamblea permanente y movilización.
Mientras tanto, el SiPreBA exigió su inmediata reinstalación y fundamentó su requerimiento sobre la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales que, en su artículo 48, establece: «Los representantes sindicales en la empresa elegidos de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la presente ley continuarán prestando servicios y no podrán ser suspendidos, modificadas sus condiciones de trabajo, ni despedidos durante el tiempo que dure el ejercicio de su mandato y hasta un año más, salvo que mediare justa causa».
El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego rechazó la casación sobre la exclusión de tutela sindical de Horacio Catena, Secretario General del SUTEF y de la CTA-A de la provincia, con lo cual es inminente que el Gobierno de Tierra del Fuego proceda con la aplicación de las exoneraciones. Aún no hay mayores precisiones sobre si la decisión adoptada se aplica al resto de los empleados. De esta manera, son 17 trabajadores y trabajadoras de la educación quienes quedarán sin trabajo por participar de una protesta social.
Pasadas 48 horas de la entrega de los Premios Perfil, un mega evento celebrado en el CCK, en el mismo mes en que, producto de una denuncia penal promovida por la editorial, los delegados de Perfil serán sometidos a juicio oral por llevar adelante un paro de actividades, la empresa ha anunciado el pago fraccionado del salario. La decisión patronal incumple el Estatuto del Periodista Profesional, así como las normas específicas de la Ley de Contrato de Trabajo.
A diferencia del mes anterior en donde la excusa fue, que la demora obedecía a la culminación del pago del aguinaldo, en el comunicado oficial actual no hay información alguna que refiera a los motivos de la decisión empresaria. Esto refleja que la editorial ha tomado a los haberes como variable de ajuste permanente. Bajo expediente Nº 1776515 los trabajadores denunciaron ante el Ministerio de Trabajo la inconducta de la editorial solicitando una audiencia urgente.
La asamblea de trabajadores de Página 12 rechazó los retiros voluntarios. «Desde mayo venimos esperando, sin respuestas positivas de la empresa, que se cumpla con la paritaria firmada con las cámaras empresarias. A pesar de eso, y en defensa de la fuente de trabajo, hemos expresado nuestro rechazo a las maniobras del gobierno que buscan silenciar al diario», señalaron en un comunicado. La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP-CTA) reclamó al gobierno provincial «el cumplimiento de los acuerdos suscritos y la definición de las negociaciones».
El gremio reconoció el inicio del pago del aumento salarial acordado y de las reuniones técnicas sobre recursos humanos, aunque rechazó «la ausencia de progresión de la interinización de los becarios, lo que significa un incumplimiento flagrante del gobierno y la promoción de la perpetuación del conflicto sindical». ATE y la CTA-A, junto a organizaciones sociales y sindicales, le dijeron «no» al presupuesto del ajuste el miércoles pasado.
«Hoy ATE está en cada lugar del país, frente a cada Legislatura provincial, parando y movilizando para decirle no al proyecto de ley de Presupuesto 2018 de Macri», dijo el Secretario General de ATE Nacional, Hugo «Cachorro» Godoy, al abrir el acto frente al Congreso Nacional en el que confluyó la caravana de organizaciones sociales -la CCC, la CTEP, Barios de Pie, el Movimiento de Acción Barrial, el Movimiento de Acción Popular, el Movimiento Evita-, la CTA Autónoma y organizaciones sindicales, como la AAPM, FESPROSA y CONADUH.
Previo a la marcha al Congreso, «Cachorro» Godoy junto a miembros de la ATE bonaerense, la seccional Ensenada y trabajadores de Astilleros Río Santiago, se manifestaron frente al Ministerio de Defensa para exigir presupuesto y un astillero «100% estatal» y, frente al Ministerio de Energía, repudiaron los despidos en la mina de Río Turbio.
Los trabajadores del Astillero Río Santiago también hicieron un acto el viernes en la puerta de la fábrica ubicada en la localidad de Ensenada. En el Astillero trabajan 3.500 obreros, pero «hoy hay muchas secciones que están paradas y peligran muchos puestos de trabajo». Y agregó: «el martes pasada nos movilizamos al Ministerio de Defensa para reclamando que se reactive la industria naval de nuestro país, pero hasta el momento no tenemos respuestas concretas del gobierno».
La empresa de catering Abril, apuntada por la Justicia como uno de los andamiajes clave en las maniobras de lavado de dinero por las que se acusa al titular de la Uocra platense Juan Pablo «Pata» Medina, dispuso la cesantía de unos 160 trabajadores que cumplían funciones en su sede de Ensenada.
Así lo denunció el secretario adjunto del gremio de Gastronómicos de La Plata, Francisco Grasso, quien indicó que la empresa comunicó que no podrá seguir operando ya que la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le bloqueó el CUIT en el marco de la investigación que lleva adelante el juez federal de Quilmes, Luis Armella.
Distintas organizaciones sociales -Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, FOL, FPDS CN, CTEP, Izquierda Latinoamericana y COPPESY/ADDHES- marcharon el martes a la Municipalidad de La Plata.
El reclamo de las distintas organizaciones sociales se centró en cuatro puntos: por el atraso en los pagos por las obras realizadas en escuelas y jardines de la ciudad; por el incumplimiento de las obras prometidas en algunos barrios; por la completa ejecución del fondo educativo municipal; y por la convocatoria para discutir las condiciones de trabajo y sueldos de los cooperativistas.
A su vez, desde las organizaciones sociales repudiaron y ya anticiparon que no aceptarán la oferta de Nelson Marino, Secretario de Gobierno, quien advirtió: «O aceptan la suba salarial del 5% o se quedan sin trabajo». Para las organizaciones convocantes «este ofrecimiento es ridículo e inaceptable y muestra el ajuste que están preparando para después de las elecciones».
Los pequeños productores de verdura volvieron el martes a Plaza de Mayo para denunciar que el Gobierno no atiende las demandas de este sector del campo, que a pesar de abastecer el mercado interno trabaja y vive en condiciones de extrema precariedad. Esta vez, los pequeños productores realizaron un «feriazo» frente a la Casa Rosada, donde vendieron 20.000 kilos de verdura al precio de quinta, con dos objetivos: mostrar el precio que le pagan por las frutas y verduras y visibilizar la diferencia del precio con el que esos productos llegan hasta el consumidor. Quienes se acercaron a Plaza de Mayo pudieron comprar el atado de acelga a $4, el kilo de lechuga a $7, el kilo de morrón a $20, el kilo de tomate a $16, el atado de rúcula a $1,50, el kilo de cebolla a $4 y el kilo de zanahoria a $3.
«Desde principios del 2016 el Gobierno ha dejado a la Secretaría de Agricultura Familiar paralizada, sin presupuesto y sin políticas públicas para los campesinos, pequeños productores y la agricultura familiar. Esto es una clara definición de la política del Ministro de Agroindustria que ningunea una y otra vez al sector», se quejaron los trabajadores de la tierra.
En septiembre, a su vez, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, recortó un programa histórico que brinda asistencia técnica a medianos y pequeños productores y excluyó del beneficio a los productores que no sean «nacidos en territorio argentino o hijos de ciudadanos nativos», algo que dejó afuera a más del 80 % de los productores, en su mayoría bolivianos.
El gremio de Jerárquicos Petroquímicos se encuentra en estado de alerta y asamblea permanente para reincorporar a tres empleados despedidos e impedir que este tipo de situaciones se reiteren en el futuro. Así lo comunicó la Unión de Jerárquicos Petroquímicos que denunció las cesantías en la firma bahiense Unipar Indupa.
A casi un mes de que la empresa Nicoll, propiedad de la multinacional Aliaxis, iniciara el Procedimiento Preventivo de Crisis en el Ministerio de Trabajo para cerrar su planta de La Tablada, el sindicato del Plástico fue convocado a una audiencia para buscar alternativas para los 173 trabajadores de la firma. En ese marco, los abogados de Nicoll «ofrecieron pagar el 50 % de las indemnizaciones», contó Enrique Bracalenti, integrante de la Comisión Directiva del gremio a nivel nacional. «Decidimos rechazar la propuesta y pedir un cuarto intermedio hasta el viernes», agregó el referente sindical. Cabe recordar que la compañía, dedicada a fabricar tubos de plástico y accesorios de PVC, busca cerrar sus operaciones en Argentina porque, según alega en el documento que presentó el 5 de septiembre en el Ministerio de Trabajo nacional, en los primeros seis meses de este año, registró pérdidas por 83.266.411 pesos, 1.770 % más altas de lo proyectado a comienzos de 2017.
Tarifas
El Ministerio de Energía convocará a audiencia pública a realizarse en la semana del 13 al 17 de noviembre para discutir un aumento en el precio del gas. Los nuevos valores regirán desde el 1º de diciembre y en la misma fecha se aplicará la segunda fase de la suba para las transportistas y distribuidoras del producto así como el ajuste por precios mayoristas por el período abril-noviembre con lo que se llegará a un incremento superior al 40%. De esta forma, los aumentos del último trimestre quedan escalonados: en la semana del 23 de octubre se concretaría el alza en los precios de los combustibles al público y a partir del 1º de noviembre se daría vía libre a los incrementos ya previstos para Edenor y Edesur, no habiéndose determinado todavía si habrá también una variación en el precio mayorista de la energía que alcanza a todo el país. Finalmente, en diciembre vendrán los aumentos en las tarifas de gas. Este escalonamiento se debe en parte a las elecciones del 22 de octubre por las cuales las petroleras postergaron hasta ahora el incremento en las naftas al público que estaba pautado para el 1º de octubre. Por la misma razón, el Gobierno pospuso la fecha para pasar al próximo escalón en el precio del gas que también debía hacerse en octubre. En cambio, los ajustes en los márgenes que reciben transportistas y distribuidoras de electricidad y gas ya están pautados, e incluso está determinado también que en febrero y abril de 2018 respectivamente habrá nuevos aumentos para mejorar los márgenes de esas prestadoras. Por otra parte, el reparto de las subas entre octubre y diciembre atenuará el impacto en los índices de inflación, en momentos en que crece la preocupación en una parte del Gobierno por el comportamiento de los precios en los últimos meses del año. Un relevamiento de expectativas del Banco Central registró que para este año la inflación esperada es 22% y para el próximo 15,8%, lejos de los objetivos de la autoridad monetaria.
¿Cuánto ganan los argentinos?
De acuerdo al Informe «Evolución de la distribución del Ingreso» de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, 30% de los ocupados (5 millones de personas) cobra menos de $ 7.000. Un escalón más abajo, el 20% (3 millones de ocupados), percibe menos de $ 5.000. Y hay una franja del 10% que cobra menos de $ 3.000 por mes.
Si se considera solo a la población asalariada, los que están registrados tuvieron un ingreso promedio de $ 16.628 y los que se desempeñan en negro $ 7.548. Estos últimos representan el 33,8% de la fuerza laboral (más de 4 millones de personas), pero casi la mitad cobra menos de $ 6.000.
El «Pata» Medina, titular de la seccional La Plata de la UOCRA, como Andrés Rodríguez, un dirigente millonario que tiene sus propios caballos de carrera, entre otros, marcan la diferencia.
El jefe de UPCN, apodado «el centauro», que convalidó la desregulación laboral en el Estado nacional con los ítems de productividad y presentismo, es un importante miembro de la dirección de la Sociedad Rural.
El «Pata» tiene seis propiedades, una de ellas en Cariló. La Justicia le descubrió además U$S 328.000 que guardaba en efectivo en una caja de seguridad del Banco Provincia. Y tres máquinas para contar dinero. Tenía ahorros en pesos y también en pesos paraguayos.
Abril Catering, la empresa gastronómica asociada a Medina, compró un avión privado marca Beechcraft modelo Barón 56, un helicóptero, un barco bautizado Bastian II, camiones y al menos 40 autos de alta gama.
Fuentes: Clarín, La Nación, Página 12, Tiempo Argentino, Resumen Latinoamericano, Anred, marcha.org.ar, Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario, canalabierto.com.ar, www.infogremiales.com.ar, www.sipreba.org, Radio Capoma (Jujuy), www.ate.org.ar, www.eldestapeweb.com, www.ambito.com.
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