Hace un año y medio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene pidiéndole inútilmente al Estado argentino la protección de personas que están en peligro tras la desaparición de Iván Torres en Comodoro Rivadavia. Se denunció que tres testigos ya fueron asesinados, uno de ellos en la alcaldía local. Un informe del CELS revela la […]
Hace un año y medio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene pidiéndole inútilmente al Estado argentino la protección de personas que están en peligro tras la desaparición de Iván Torres en Comodoro Rivadavia. Se denunció que tres testigos ya fueron asesinados, uno de ellos en la alcaldía local. Un informe del CELS revela la responsabilidad policial en el caso Torres, sumada a la complicidad política y judicial con la violencia en una zona donde el petróleo y la impunidad tienen la misma química. Y donde los jóvenes -según el informe- son las víctimas naturales, mientras los políticos kirchneristas aplauden la eficacia policial.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió a la Argentina que adopte inmediatamente las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y a integridad de 13 personas que pueden llegar a aportar información o impulsar la investigación por la desaparición de Iván Eladio Torres, un joven de 26 años que fue visto por última vez el 2 de octubre de 2003 en Comodoro Rivadavia, Chubut.
‘Según los indicios reunidos en el expediente judicial, especialmente las declaraciones testimoniales de quienes estuvieron con Iván instantes antes de su desaparición, los responsables serían miembros de la policía local ‘, señala un trabajo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que entregó al Ministerio de Gobierno de Chubut y al Superior Tribunal de Justicia local.
El organismo defensor de los derechos humanos envió una comisión a Comodoro Rivadavia que se entrevistó con familiares de Torres, testigos de la causa, magistrados, abogados y elaboró un informe lapidario sobre las fuerzas de seguridad de la región, así como también del Poder Judicial. Ante esta situación, la familia de Torres llevó el caso a la CIDH, que acaba de expedirse. El Estado tiene tiempo hasta el próximo 30 de junio para comunicar al organismo internacional qué medidas concretas va a tomar. ‘Pero hasta ahora a nosotros nadie nos comunicó nada y quedan apenas cuatro días’, recalca Verónica Heredia, abogada de la familia Torres y una de las personas a proteger, según la nómina elaborada por la Comisión Interamericana.
La Comisión había elevado el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez envió este 21 de junio una exigencia al gobierno nacional para que «adopte, de forma inmediata, todas las medidas que sean necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal» de los que -literalmente- son testigos en peligro a los que considera «amenazados y en grave riesgo».
El presidente de la Corte, Sergio García Ramírez, firma el escrito en el que plantea que «se nota con preocupación que desde que se inició el referido proceso de investigación, tres testigos que declararon en la causa fueron supuestamente asesinados» y recuerda que ya hace un año y medio la Comisión había pedido protección para todas estas personas, sin lograr respuestas concretas por parte del Estado argentino. La investigación de la CIDH apunta a la violación de tres pactos internacionales: contra la desaparición forzada de personas, contra la tortura y contra la violación de derechos humanos.
Una curiosidad que repite la historia argentina: los medios comerciales han ignorado masivamente el tema, y los que se han hecho eco de este reclamo al Estado argentino por parte de uno de los máximos organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, lo relegaron a la sección «Policiales».
¿Quién defiende a las víctimas?
La CIDH, además de su reclamo al Estado argentino, también fijó una audiencia entre las partes para el 6 de julio en San José de Costa Rica, pero la abogada Heredia está pensando seriamente en pedir la suspensión. ‘La madre de Iván es indigente, yo soy una abogada independiente que no puedo pagarme un pasaje en avión y el Estado no dio muestras de hacerse cargo. Lo único que falta es que la reunión se haga sin nuestra presencia y los representantes de Cancillería digan lo que quieran’, explica.
Iván Torres, el joven desaparecido, fue visto por última vez por sus amigos Gerardo Colin y Luis Oliva en la puerta de la heladería Plaza Bitto poco después de la medianoche de aquel 2 de octubre. Ambos declararon en los tribunales que le habían pedido a Iván que los esperara en la puerta mientras ellos terminaban de desarmar un castillo inflable, pero cuando finalizaron la tarea el joven ya no estaba.
Según recordó Colin, pudo ver a un patrullero con tres agentes en el interior que pasó muy despacio por la puerta del local. «Siempre lo jodían a Iván y lo molestaban. A nosotros siempre nos decían: ´A tu amigo lo vamos a dar vuelta’. La gente de la comisaría primera no nos dejaba andar por el centro». Oliva, declaró exactamente lo mismo y agregó que en cuatro oportunidades un policía de apellido Bahamonde le había dicho que le advirtiera a Iván que se cuidara. «Estoy seguro de que lo subieron a ese patrullero, porque le pedimos que nos esperara y tan rápido no pudo haber desaparecido del lugar», subrayó.
«Los testigos que lo conocieron coinciden en afirmar que Iván Torres era constantemente detenido por la policía local. A poco de indagar sobre el tema, se comprueba con claridad que no sólo Iván era objeto de detenciones arbitrarias sino que se trata de una práctica habitual, cuyas víctimas suelen ser jóvenes de bajos recursos económicos», se lee en el informe del CELS.
El juego del gatillo
El organismo refuerza su argumentación con la cita de una denuncia realizada por la Asociación Grupo Pro Derechos de los Niños, donde se describe una práctica policial contra chicos carecientes que en Comodoro se conoce con el sorprendente nombre de «juego del gatillo». En verdad, la actividad no tiene nada de lúdica: consiste en detener sin motivos a adolescentes y jóvenes, llevarlos a un cerro y efectuarles simulacros de fusilamiento.
Tanto la madre del joven desaparecido, María Millacura Llaipen, como Tamara Bolívar, su novia, declararon que un mes y medio antes de su desaparición Iván les había contado que un móvil de la seccional primera lo había «levantado» y llevado hasta un descampado, donde le quitaron sus zapatillas y lo obligaron a correr mientras le disparaban para atemorizarlo.
«Todos los efectivos policiales que declararon en la causa judicial afirmaron conocer a Iván Torres debido a las sucesivas detenciones que sufría. Siendo conocido por casi todos los agentes de la ciudad, el hecho de que fuera constantemente detenido por averiguación de identidad no resulta lógico. Lo expuesto lleva a concluir que, tal como afirman familiares y amigos de Iván, existía un ensañamiento contra él por parte de varios efectivos de la Seccional primera que solían detenerlo ilegalmente», dictamina el informe del CELS.
La policía y el tarot
De a cuerdo con el trabajo del organismo, desde un principio, la policía se preocupó más en colocar obstáculos a la investigación que en esclarecer los hechos. El 4 de octubre, Millacura Llaipen concurrió a la Comisaría 1era. para denunciar la desaparición de su hijo, pero los oficiales de turno se negaron a recibirla. La mujer retornó a la dependencia otras dos veces, pero tampoco logró que le prestaran atención. Recién el 14 de octubre, después de que la noticia sobre la desaparición del joven tomara estado público, aceptaron su presentación. Pese a que desde un primer momento la mujer señaló como sospechosa a la Policía, fueron los agentes de la Comisaría 1era quienes se hicieron cargo de la investigación. Como parte de esa labor, incluso, viajaron a buscar al joven a Necochea por el sólo hecho de que una tarotista les indicó que las cartas señalaban estaba allí. Por supuesto que no lo encontraron.
Una de las medidas de prueba más importantes en el inicio de la pesquisa fue la declaración testimonial de Diego Alvarez, quien había sido detenido junto a Torres el 26 de septiembre de 2003. Ambos jóvenes fueron acusados de haber roto el vidrio de un automóvil para robar un estéreo, y compartieron la celda con Dante Caamaño. En el libro de parte diario de la Seccional 1era. -secuestrado por el juez interviniente- se constató que las detenciones de Alvarez y Caamaño habían sido debidamente asentadas, no así la de Iván. En su declaración judicial, el comisario Fabián Telleria, jefe de la seccional, no pudo explicar las razones por las cuales esa detención no había quedado registrada. Una pericia elaborada por Gendarmería Nacional comprobó que el libro diario había sido adulterado. Por esas irregularidades, el 1 de octubre de 2004 el Poder Ejecutivo provincial dispuso el pase a disponibilidad preventiva Telleria y de los oficiales Juan Montecino y Jorge Bahamonde, todos ellos pertenecientes a la misma comisaría.
El Banco de torturas y penas crueles
El trabajo del CELS puntualiza que la situación de violencia policial que se da en la ciudad de Comodoro Rivadavia fue reconocida por todos los funcionarios judiciales que se entrevistaron con la comisión que envió el organismo. «Frases tales como ´la policía pega´ o ´la policía es violenta´ son dichas con suma naturalidad, como si se tratara de algo imposible de modificar o que hiciera a la propia naturaleza de la fuerza», describe el informe.
En la provincia, los abusos policiales crecieron a tal magnitud, que en 2004 el Ministerio de la Defensa Pública de Chubut se vio obligado a crear el Banco de Datos de Casos de Torturas y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El primer informe realizado sobre los datos recolectados entre los meses de agosto de 2004 y agosto de 2005 muestra a Comodoro Rivadavia como el lugar desde donde se recepcionaron más denuncias: 57 casos relevados sobre un total de 192 denuncias en toda la provincia. El perfil de las víctimas, según el informe, corresponde a varones de menos de 21 años, con estudios primarios y desempleados o con trabajo ocasional.
Pero para explicar el caso Torres, no basta con detallar el accionar ilegal de la Policía. También se hace necesario destacar la actuación judicial. La madre de Iván, junto con la Asociación Grupo Pro Derecho de los Niños, presentó ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chubut una denuncia contra el juez instructor Oscar Herrera, acusándolo, entre otras cosas, de actuar en connivencia con la policía local.
Ante la gravedad de las imputaciones, el Superior Tribunal ordenó a la Cámara en lo Criminal de Comodoro Rivadavia realizar un relevamiento de aquellas causas en donde se hayan denunciado hechos de violencia con participación de las fuerzas de seguridad. Con las conclusiones en la mano, el máximo Tribunal local decidió sentar a Herrera en el banquillo del Consejo de la Magistratura, por mal desempeño de sus funciones. «De la carpeta correspondiente al Juzgado de Instrucción Nº 2, surge que de un total de 120 causas inspeccionadas, más de un 50% registran parálisis en el trámite por períodos que van de uno a cuatro años, sin que exista justificación alguna», señaló el dictamen. Acorralado por este informe, Herrera debió renunciar en abril de 2005.
El juez «cómplice frente a la brutalidad»
«Con respecto a las reiteradas denuncias contra el ex juez Herrera, la mayoría de los operadores judiciales entrevistados afirmaron conocer que éste mantenía una estrecha relación con muchos efectivos policiales y que era, cuanto menos, complaciente con la violencia policial. Que la actitud tolerante y cómplice de Herrera frente a la brutalidad policial fuera conocida por todos los funcionarios judiciales de Comodoro Rivadavia torna inexplicable el hecho de que éste no haya sido denunciado con anterioridad a su participación en el caso de Iván Torres. La omisión de denunciarlo por parte de quienes por sus funciones estaban obligados a hacerlo resulta a todas luces reprochable y permite explicar por qué la situación de violencia policial en Comodoro Rivadavia llegó a niveles tan elevados y preocupantes», se alarma el CELS en su trabajo.
En estos momentos, la causa que investiga la desaparición de Torres se encuentra paralizada por una disputa de competencias. La madre de Iván solicitó que el expediente pasara a manos de la justicia federal, por tratarse de un caso de desaparición forzada de personas. Después de un ida y vuelta entre magistrados provinciales y nacionales, finalmente tendrá que decidir la Corte Suprema de la Nación quién deberá seguir adelante con el caso.
Tres testigos asesinados
Mientras esto se decide, la CIDH exhortó al Estado argentino a brindar protección a Millacura Llaipen, a sus otros dos hijos y su yerno, a cuatro testigos de la desaparición de Iván, a un amigo y a dos familiares de un testigo que fue asesinado de forma enigmática. Se trata de David Hayes, que fue asesinado en enero de 2005 luego de una confusa pelea entre presos en la alcaldía local, donde se encontraba cumpliendo una condena.
Pocos días antes, Hayes le había entregado a Millacura Llaipen una carta donde contaba que había estado detenido junto a su hijo y que había presenciado cómo lo golpeaba el personal policial. Por eso, la madre de Iván y sus abogadas denunciaron que quienes mataron al detenido habrían actuado en complicidad con la policía para evitar que contara lo que sabía acerca del destino del joven desaparecido. Para la Justicia, la muerte de Hayes fue simplemente el resultado de una reyerta entre reos. La circunstancias de la muerte de Hayes justifican con creces la exigencia de la CIDH, que ya había enviado un exhorto similar hace un año y medio.
No obstante, no es el único caso donde no fueron lo suficientemente protegidas las personas que podían aportar información a la causa. La CIDH menciona otros dos asesinatos de testigos. No se brindaron los nombres, y no hay constancia entre quienes investigan el tema de que se trate de casos en los que pueda sospecharse una incidencia policial, como en el de Hayes, pero lo alarmante es que testigos a los que las autoridades debían proteger, hayan sido asesinados sin que tal protección exigida internacionalmente fuese puesta en práctica de modo alguno.
Otro caso de indiferencia del Estado ante los testigos en peligro es el de Diego Alvarez. Fue uno de los primeros en declarar y lo hizo bajo la condición de convertirse en un testigo de identidad reservada. Sin embargo, casi al mismo tiempo que prestó testimonio se hicieron público su nombre y su apellido. Más recientemente, la hermana de Iván, Valeria, denunció que fue detenida y golpeada mientras: «Tu hermano gritaba más que vos» le dijeron los policías mientras la sometían a una golpiza.
Otros desaparecidos
Torres no es el único desaparecido en Chubut. En su informe, el CELS enumera una nómina de diez personas cuyo paradero permanece desconocido. Sólo de una de ellas (Hugo César Alvarez, de 19 años) se tuvo noticias, después de que apareciera misteriosamente ahorcado. ‘Si bien, a diferencia del caso Torres, no existen indicios de la actuación de las fuerzas de seguridad, el no esclarecimiento de estos hechos demuestra una grave deficiencia de la Justicia de Comodoro Rivadavia ‘, advierte el estudio.
El problema en la región es tan serio, que el Poder Ejecutivo provincial se vio obligado a crear la Unidad Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Comodoro Rivadavia. No obstante, un informe interno elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación cuestiona la actuación de esta dependencia por entender que «no cumple de manera cabal su función y que lo que intenta es evitar que se sepa la conexión entre la desaparición del joven Torres y la policía local’.
La Secretaría consideró que existen muchos indicios para sospechar que Iván Torres fue detenido por personal policial y que el accionar de la fuerza estaría amparado por el juez Herrera. «Lo que ocurrió después es lo que precisamente se debió investigar y lo que no se hizo», concluye el informe oficial que cita el CELS.
Petróleo violento
Comodoro Rivadavia es la tercera ciudad patagónica que en muy poco tiempo sale a la luz por la violencia que ejercen las fuerzas de seguridad. En un radio de 80 kilómetros también se encuentran Caleta Olivia y Las Heras, donde los conflictos gremiales de los petroleros terminaron con sindicalistas apresados y torturados. El tema tuvo trascendencia nacional, cuando la caza de brujas que se desató tras la muerte del policía Sayago, en Santa Cruz, derivó en la renuncia del entonces gobernador Sergio Acevedo.
‘La gente de Comodoro está más desorganizada que en Santa Cruz. Fue muy llamativo el año pasado un paro de 40 días de docentes, algo desconocido acá. Esta siempre fue una sociedad fracturada, donde un sector está muy bien remunerado, el que trabaja veinte horas diarias en el petróleo, y otro que está excluido en barrios donde ni siquiera hay servicios. Los diarios locales salen permanentemente con noticias sobre la violencia existente en esos asentamientos. Acá hay dos bandos, y uno apoya la mano dura de la policía. Es terrible cantidad de chicos baleados. Y desde Ejecutivo quieren dar respuesta a esa parte de la sociedad que no quiere ver a chicos pidiendo en la calle’, analiza Heredia.
Comodoro creció y se desarrolló alrededor de los pozos petroleros que se fueron perforando a partir de 1907. El oro negro resultó el gran generador de empleo en la zona, que atrajo mano de obra de todo el país y también de Chile. Tal vez por eso se haya convertido en una de las localidades donde la tasa de desempleo sea más baja que el promedio nacional. Sin embargo, la brecha de ingresos entre los que trabajan en la industria de los hidrocarburos y quienes no, resulta abismal. Los últimos datos que publica la página web del municipio -correspondientes a una encuesta realizada por el INDEC en 2004- señalan que el 20 por ciento de la población concentra más del 50 por ciento del total de los ingresos.
La violencia contra los jóvenes
El informe elaborado por el CELS resalta que el departamento de Escalante, en el que se encuentra Comodoro Rivadavia, ha duplicado los índices de criminalidad entre 2000 y 2004, una tendencia inversa a lo que sucedió a nivel nacional. ‘Lo que sucede en Comodoro es similar a lo que ocurre en cualquier comunidad que crece de manera vertiginosa en torno a la explotación de un recurso natural: una importante desigualdad social y gran migración. En este contexto, la preocupación social frente al delito se encuentra fuertemente focalizada en el grupo de personas jóvenes’.
Para el CELS, esta estigmatización se ve reforzada por el poder político. Por eso cuestiona también las declaraciones efectuadas por el gobernador chubutense, Mario Das Neves, en las que se destaca la eficiencia policial y exhorta a los funcionarios judiciales a no tener tanta piedad con los delincuentes. ‘El gobernador cargó en reiteradas oportunidades con términos muy duros contra algunos jueces que, según él, otorgan excarcelaciones con total liviandad. Estas opiniones parecen encaminadas a buscar respuestas fáciles y efectistas, sin abordar la complejidad real del problema y desconociendo el peligro que las políticas de mano dura acarrean para la convivencia en un Estado de Derecho’, señala el estudio que concluye que las circunstancias que rodearon la desaparición de Iván Torres permite presumir la responsabilidad policial y califica como una flagrante violación a los derechos humanos la desaparición forzada de una persona.