El andar «viviendo por un sueño» es un detonante, que la angustia ciudadana intenta calmar a fuerza de ribotril y diazepam, lo que no hace más que agregar un gasto extra a los ya de por si altos costos de vida.

 

El capitalismo «nacional y popular» le ha encontrado la vuelta al sostenimiento de los altos índices de consumo: la vuelta usuraria; que es lo que permite que varios sectores se vean beneficiados con el mercadeo de un mismo producto, los industriales, los importadores y, por supuesto, los bancos. Un televisor de plasma, por ejemplo, le da de comer: a quien lo fabrica, a quien lo importa, a quien lo vende, a quien lo financia… la famosa recuperación económica del consumo tiene que ver con el sobreprecio indirecto de los productos, del cual todos ganan, menos el consumidor.

«La gente se tienta por las cuotas sin interés y después termina pagando el mínimo de la tarjeta, y las tasas son agobiantes». Los créditos personales tienen tasas nominales promedio del 26%, lo que sumado a todos los costos restantes, representan un impresionante negociado bancario.

 

En cuanto a las tasas para la vivienda propia, la usura es descomunal: un crédito hipotecario está en 13-16% (a 20 años) por lo cual, el consumidor termina pagando su vivienda al triple de su valor.

El proceso inflacionario es incesante y hace que los salarios se licuen día a día, sumando de esta manera, una fuerte incertidumbre a la agobiante situación por la que atraviesan millones de familias endeudadas. Al sostenido incremento de tarifas, ya anunciado para los próximos meses, se le suman el 14% de aumento en los combustibles de las últimas dos semanas; la suba en las garrafas y el proyectado incremento de un 30% en la canasta navideña.

Sumemos a esto la inestabilidad laboral que ronda a más de un 50% de la población, si al trabajo en negro le agregamos las contrataciones basuras, el infame monotributismo y la perdida de la doble indemnización. Como para que no le duela la cabeza o no se les quite el sueño a más de uno. Pero, la «rebotrilica» solución, a la que apelan los ciudadanos endeudados que viven de su trabajo, no es pan para hoy, ni para mañana.

 

La realidad política-económica que se viene, de la mano del gobierno electo, es de una mayor brutalidad en contra de los sectores populares.

Las políticas de «pacto social» propiciadas por Cristina Kirchner no pasarán de ser un acuerdo entre corporaciones empresarias que le dictaminarán a la candidata electa el rumbo a seguir. Dice Verbitsky en Pagina12: «Según los planes de la presidenta electa, el anunciado pacto social no consistirá en una única mesa con representantes de las grandes entidades patronales y de trabajadores, sino en un número hasta ahora no definido de consejos sectoriales de producción, en los que el Estado se reunirá con las distintas partes involucradas. Es decir que el proyecto no contempla una representación de la CGT, la CTA o la UIA, al estilo de las que integran el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad el Salario Mínimo, Vital y Móvil».

 

La disputa por la transferencia de ingresos estará regulada de esta manera por un número no definido de «consejos sectoriales» que deberán identificar las actividades más rentables y competitivas, «a las que convenga canalizar la inversión para incrementar las exportaciones». Esto es, el gobierno de la candidata electa orientará los subsidios de acuerdo a la demanda que los diferentes «consejos sectoriales de la producción» le realicen.

 

Los subsidios a las actividades más «rentables» saldrán del manotazo que se prepara en contra del gasto público. La baja en los presupuestos de salud y educación servirán para compensar, con fondos frescos, las demandas de la burguesía «Nac & pop». Mientras, Cristina negocia en el exterior con el Club de bancos y el FMI la posibilidad de préstamos internacionales a tasas más bajas que las actuales.

 

El desbarranque del Indec, intervenido por el Néstor, ha hecho que el riesgo país ande por las nubes y que la toma de préstamos se haga a tasas altísimas, que hoy por hoy no convencen a nadie con dinero y poder en la Argentina.

 

La «prueba piloto» de pacto social, que llevan adelante los aeronáuticos, las patronales aerocomerciales y el gobierno, es claro en cuanto en darle previsibilidad a las empresas para moverse en un marco de paz social, sin medidas de fuerza por un periodo de 5 años. Pero, más claro es aun al determinar que este acuerdo marco «no incluiría la discusión sobre las tarifas aéreas ni los salarios del personal de la empresa. Eso se discutirá en los ámbitos adecuados para cada tema». (La Nación).

¿Cuál es el objeto, entonces, de un acuerdo social entre empresarios y sindicalistas, si no se tiene en cuenta la discusión salarial ni los convenios de trabajo? El pacto apuntará a «generar condiciones de previsibilidad y seguridad jurídica» en la actividad para «apuntalar y estimular la inversión y el acceso al crédito» que requieren Aerolíneas Argentinas y Austral.(idem) Los gremios negocian condiciones laborales que beneficien y les permitan un ingreso de capital «previsible» a las patronales.

Pero, mientras tanto, el fantasma de todos los fantasmas azota por igual a gremialistas, gobierno y patronales: aun en forma incipiente pero generalizada las bases obreras no aflojan en sus demandas salariales y por mejores condiciones de trabajo. Las medidas de los trabajadores, en muchos casos llevadas adelante por fuera del control de la burocracia sindical, son el fenómeno que más preocupa a la próxima gestión.

El manoteo de los fondos públicos, destinados a gastos sociales para subsidiar a la empresa privada; la galopante inflación, el tarifazo que se viene, plantean una domesticación de los reclamos obreros por lo menos 5 años. Pero ahí están los reclamos de los obreros del pescado en Mar del Plata; de los trabajadores del Casino en Buenos Aires; de los trabajadores del petróleo en el sur; de los docentes y los médicos en todo país; los que hacen pensar, que un lustro de «paz social» es una utopía kirchnerista que les traerá grandes dolores de cabeza.

 

Son estos los dolores de cabeza que perturban a la presidenta electa y al resto de su gabinete; los otros dolores de cabeza que trastornan al ciudadano común, de los que dábamos cuenta más arriba, no la afectan al kirchnerismo en lo más mínimo. Veamos algunas declaraciones «fraguadas».

 

Cristina Fernández Kirchner acumula 32 casas, departamentos y parcelas en Buenos Aires, Río Gallegos y El Calafate.

 

Aníbal Fernández, futuro ministro de Justicia y Seguridad, declara nueve inmuebles -cuatro departamentos, tres casas, dos locales…

 

El ministro de Educación, Daniel Filmus, que sistemáticamente le pide un sacrificio a los empobrecidos docentes, llega al Senado con una casa de 384 metros y un departamento en Colegiales, y otro en Villa Crespo. Su principal inversión fueron los títulos: 291.344 en Boden. En 2006 ganó 107 mil pesos como ministro y 8.900 como docente.

 

Carlos Tomada, ministro de Trabajo, tiene un departamento en Palermo, una casa en Congreso y dos en Chapadmalal.

 

Ginés González García, que se va de Salud, tiene un patrimonio total de 742.262 pesos repartido en dos autos, seis inmuebles y acciones en tres viñedos (no podía ser de otra manera).

 

Alberto Iribarne, que deja la cartera de Justicia, es el ministro más rico del Gabinete de Néstor Kirchner: tiene acciones en una sociedad metalúrgica e inversiones inmobiliarias y agropecuarias.

 

El patrimonio de la progresista ministra de Defensa, Nilda Garré, es de 741.288 pesos. Recibe su sueldo (87.995 pesos), ingresos por un Registro Automotor (57.335) y «gastos de traslado, fletes y otros rubros» (124.445). (Todos datos publicados en Clarín).

 

Sin duda, que el dinero no hace la felicidad, pero sirve a la compra de ministerios.