Investigadores del Consejo Nacional del Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) cuestionaron los discursos mediáticos y estatales racistas hacia los pueblos originarios que habitan la Patagonia. Reivindicaron los derechos de las comunidades indígenas y advirtieron que la reproducción de mensajes racistas constituye un delito.
El incendio en el Club Andino Piltriquitrón en El Bolsón generó en la última semana una “campaña racista y estigmatizante” contra el pueblo mapuche-Tehuelche, mientras se invisibilizó la militarización que sufre hace un mes el Lof Quemquemtrew. Así calificaron la situación un conjunto de equipos de investigación pertenecientes a diferentes universidades, unidades ejecutoras y centros de investigación del Consejo Nacional del Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), que trabajan junto a las comunidades. Los académicos e investigadores señalaron que ese incendio, como otros endilgados a las poblaciones, “nada tiene que ver con las reivindicaciones históricas” de los pueblos originarios y repudiaron “el racismo, la ignorancia y los prejuicios que, tanto sectores del periodismo como de la función pública, sacaron a relucir contra todo el pueblo mapuche”.
El punto más alto de la campaña mediática contra el pueblo mapuche la exhibió Canal 13 el domingo pasado, con la emisión del programa PPT, conducido por Jorge Lanata. La edición especial se tituló “Indios al ataque” y la campaña gráfica que la promocionó anticipaba la línea editorial: «Son los nuevos terroristas. Incendian y tienen en jaque a poblaciones enteras». Durante el envío televisivo, se volvió a recurrir a la figura de la RAM -una supuesta organización armada que opera en la Patagonia-, tal como ocurrió durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad.
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) rechazó “las manipulaciones mediáticas para responsabilizar al pueblo mapuche”. Además, tildó a los discursos racistas y persecutorios emitidos en los medios de comunicación como “burdas operaciones periodísticas que construyen una agenda para perseguir y judicializar a las comunidades originarias que reclaman por sus derechos”.
En relación a los mensajes estigmatizantes, en particular del programa conducido por Lanata, Fatpren recordó que la Ley 23.592 califica como delito federal la propaganda del racismo y penaliza los actos discriminatorios por motivos como raza, religión, nacionalidad o ideología. Al respecto, hizo un llamado a las y los trabajadores de prensa a “no reproducir o compartir esta metodología completamente contraria a la labor y al oficio periodístico”.
¿A quiénes beneficia la campaña de estigmatización?
Las llamas que consumieron el Club Andino Piltriquitrón —sin una investigación judicial que haya aclarado responsabilidades— encendieron una campaña encabezada por la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, quien rápidamente calificó los hechos de “terroristas” y responsabilizó a las comunidades originarias. La Nación, Clarín e Infobae se sumaron a la campaña contra el pueblo mapuche tal como ocurrió en los días que rodearon los crímenes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel; y como se repitió este verano cuando políticos rionegrinos como Miguel Pichetto (PJ-PRO) y el ex gobernador y senador nacional Alberto, Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), intentaron responsabilizar a las comunidades de los incendios que arrasaron con La Comarca.
La repetición de estas operaciones de prensa fueron contextualizadas, tanto en la carta pública de los grupos de investigación del Conicet como en el comunicado de Fatpren, en la demora del tratamiento por parte del Congreso de la prórroga de la Ley 26.160 de “emergencia territorial indígena”. La carta de académicos e investigadores también advierte la cercanía de la campaña contra el pueblo mapuche con la fecha de elecciones legislativas. La estrategia coincide con lo ocurrido al otro lado de la frontera, en Chile, donde se aproximan las elecciones presidenciales. “Ello nos lleva, como mínimo, a preguntarnos si no se trata de un ‘escenario’ ideal, montado para quienes obtienen un rédito electoral a partir de la criminalización y estigmatización del ‘otro’”, denuncian la Cátedra de Extensión Rural de la Universidad Nacional del Comahue (UNCO), el Grupo de Estudios sobre Producción de Estado, Alteridad y Conflicto en Norpatagonia (Conicet-Universidad de Río Negro), el Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales (Conicet-UNCO), el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (Conicet-Cenpat) y la Red de Investigadores/as en Genocidio y Política Indígena en Argentina, entre otros grupos de investigadores.
En ese tono, los especialistas subrayaron el rechazo a “cualquier forma de violencia”, pero indicaron que el hecho ocurrido en el Club Andino Piltriquitrón “nada tiene que ver con las reivindicaciones históricas del pueblo mapuche/mapuche-tehuelche, cuyo diálogo con la sociedad no indígena se ha construido a lo largo de décadas sobre la base de mutuo enriquecimiento”. Asimismo, reclamaron al Poder Judicial y los gobiernos de la provincia de Río Negro y de la Nación que “cese toda forma de violencia” y se haga efectivo el andamiaje de leyes y derechos que el Estado argentino reconoce a las comunidades. A saber:
– Artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, sobre el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas; y su réplica en las constituciones provinciales
– Convenio 169 de la OIT
– La Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas
– La Convención Internacional sobre los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
– Marco normativo nacional que refiere a los derechos del pueblo originario mapuche, Mapuche-Tehuelche y los restantes pueblos
“Alentamos también a los legisladores nacionales a sancionar la prórroga de la Ley 26.160, actualmente en tratamiento en el Congreso y a dictar la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena”, sentenciaron los especialistas.
Militarización de la Lof Quemquemtrew y violencia estatal en Río Negro
Mientras algunos grandes medios repitieron hasta el cansancio la palabra “terrorismo” a partir del incendio registrado en El Bolsón, en Cuesta del Ternero -pueblo ubicado a pocos kilómetros de esa localidad- continuaba el sitio por parte de la Policía de Río Negro a la Lof Quemquemtrew. El 24 de septiembre, la fiscal de Río Negro Betiana Cedón ordenó un pedido de “identificación de personas” que terminó en un violento desalojo del territorio que la lof había recuperado seis días antes.
“Llegaron los policías, me apuntaron, me tiraron al piso, y me pusieron una rodilla en la espalda, quiero que todos sepan lo que estamos pasando”, relató entonces Antu Morales, un niño mapuche de 8 años sobre aquel desalojo. Desde entonces, los Cuerpos de Operaciones Especiales y Rescate (COER) permanecieron en el lugar y los poderes Judicial y Ejecutivo rionegrino impidieron la ayuda humanitaria para los integrantes de la lof que quedaron en el lugar. También utilizan una escuela primaria, a la cual asisten niñas y niños indígenas, como base de operaciones policial.
Ayer, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Santiago Cafiero, recibió una carta de la secretaria ejecutiva adjunta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que informe sobre la situación del pueblo mapuche en la zona de Cuesta del Ternero. La misiva responde a una medida cautelar que las comunidades presentaron a fines de septiembre ante la Corte Internacional, para alertar sobre la situación que estaban viviendo. Más de un mes después del desalojo, quienes resisten en el territorio -unas 20 personas- sufren tratos inhumanos y degradantes y están privados de alimento y abrigo ante la negativa estatal de acercarles ayuda humanitaria, según informan las poblaciones desde el lugar.
Respecto de esa situación, la carta pública de los investigadores del Conicet denuncia “la violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes”, los “innumerables actos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad contra pobladores pacíficos, incluyendo la violencia física contra mujeres, niños y niñas”, y “la ocupación y utilización de la escuela 211 como base policial, generando una situación de avasallamiento de los derechos de las infancias y de toda la comunidad educativa”.
Los investigadores calificaron la situación que se vive en Cuesta del Ternero como un “virtual sitio a la comunidad, ejecutado por las fuerzas de seguridad provinciales con el fin de acorralar por el hambre y el frío a sus habitantes, provocando daños intencionales a un grupo de personas”. En ese sentido, denunciaron la actitud de la fuerza policial dirigida por la gobernadora Carreras de atribuirse “la potestad de castigar a un grupo humano sobre el cual no se ha expedido la justicia ni se visualiza tampoco un interés genuino por parte del poder político de dilucidar la situación”.
Los voceros del pueblo mapuche denunciaron que la actuación judicial de la fiscal Cedón responde a los intereses del empresario Rolando Rocco, quien usufructúa las tierras fiscales recuperadas por la Lof. Rocco lo hace a través de un permiso provincial para avanzar con el monocultivo de pinos, que fueron una de las claves en los grandes incendios registrados en enero pasado en la Cuesta del Ternero. Oficialmente, fueron atribuidos a un foco ígneo mal apagado.
Falacias mediáticas e históricas contra el pueblo mapuche
La carta de los investigadores del Conicet no solo analiza la coincidencia temporal de la campaña mediática contra el pueblo mapuche con la proximidad de las elecciones legislativas y el proceso de debate parlamentario de la prórroga del ordenamiento territorial indígena, sino también la intención de convertir a esa población en un “chivo expiatorio”. El objetivo, entienden, es “sacar el foco sobre la falta de soluciones a los problemas” económicos y sociales agravados por la pandemia de Covid-19.
“Como es habitual en estas situaciones, comienzan a circular una serie de falacias, tergiversaciones y discursos estigmatizantes que buscan generar sentimientos de odio y racismo en vastos sectores de la población”, advierten los especialistas en su carta. Denuncian “la gravedad de algunos mensajes mediáticos que intentan imponer la idea de ‘amenaza’”.
Los grupos de investigación del Conicet describieron en su carta las falacias reproducidas por los medios en torno al pueblo mapuche-Tehuelche, entre ellas, las que niegan la preexistencia de ese pueblo en territorio argentino y “clasifican en términos nacionales a pueblos indígenas que existían con anterioridad a la creación reciente de las naciones y hablan de una supuesta invasión en sentido oeste-este, negando procesos muy complejos, de gran profundidad temporal”.
Los científicos recuerdan la existencia de los partes de campaña escritos por los militares que efectuaron el avance violento sobre esos territorios; ponen como ejemplo la documentación sobre la zona en conflicto en las actuales Cuesta del Ternero y Villa Mascardi. También citan que «cerca de la zona de conflicto, al norte del lago Nahuel Huapi hay testimonios escritos de la presencia de caciques pehuenches (parcialidad del pueblo mapuche) hacia fines del 1700”.
El documento firmado por la comunidad científica recuerda que, en la zona de Bariloche, diferentes evidencias, memorias indígenas y documentos estatales indican que desde 1870 ya estaban asentadas algunas de las actuales comunidades. «Es decir, varias décadas antes de la efectiva presencia del Estado y de la consolidación de la frontera, violando los pactos firmados entre el Estado y los caciques que se reconocían como autoridades en la Pampa y la Patagonia argentina», contextualizan. Para el Conicet, estos hechos «testimonian cómo expulsaron hacia Chile a los mapuche que habitaban el sur argentino».
La carta pública replica otro enunciado repetido en los medios de comunicación y las declaraciones políticas que buscan poner duda el carácter “originario” del pueblo mapuche, recurriendo al argumento “largamente refutado, que afirma que presuntamente ‘los mapuche exterminaron a los tehuelche’”.
“No hay ninguna evidencia científica que permita confirmar esta falacia, desmentida por diversas crónicas históricas que aluden a sus relaciones comerciales y parentales y por la histórica convivencia entre mapuches y tehuelches en las provincias de Chubut, Río Negro y Santa Cruz”, ratifican los investigadores del Conicet. Insisten, así, en la necesidad de reconocer la preexistencia de ese pueblo y escuchar el reclamo de sus derechos sobre las tierras.