A pesar de lo sencillo que resulta establecer objetivamente que el Gobierno ha decidido enviar al Congreso un recorte en las pensiones futuras de los desempleados de más de 52 años, la inmensa mayoría de los medios de comunicación han decidido optar por no hacerlo
Hay un famoso adagio que recuerda que, cuando hay una persona que dice que hace sol y otra que dice que está lloviendo, la labor del periodismo no es publicar las dos versiones sino abrir la maldita ventana. Hace unos años, la periodista Olga Rodríguez nos proponía imaginar un titular que demuestra la corrupción que supone lo que podríamos llamar el ‘periodismo de versiones’, muy especialmente en situaciones en las cuales está en juego la vida de la gente: «El rabino del gueto de Varsovia dice que los nazis están masacrando a los judíos. Goebbels lo niega». Un puñetazo en el estómago de especial vigencia en estos tiempos de genocidio en la Franja de Gaza.
La práctica es corrupta porque, aunque es perfectamente legítimo ejercer el periodismo con una determinada visión ideológica —y con la correspondiente línea editorial—, lo que no es legítimo es poner en pie de igualdad la verdad y la mentira sin decir cuál es cuál. Si los nazis están cometiendo un genocidio contra los judíos de Varsovia en la primera mitad del siglo pasado, la noticia es esa. Y también es noticia que Goebbels miente. Si está cayendo agua desde las nubes hacia el suelo, entonces está lloviendo y, por lo tanto, es corrupción periodística escribir un titular que afirme que «Fulanito dice que hace sol pero Menganito dice que llueve». Alguien podría argumentar que, quizás, no hay intencionalidad de manipular a la hora de escribir un titular como ese, sino simplemente una dejación de responsabilidades. Quizás lo que ocurre es que al autor del titular no le apetecía —o no tenía tiempo de— levantarse de la silla y abrir la ventana (podríamos pensar). Y sí. Quizás en algunos casos haya intencionalidad y en otros no. Pero el periodismo es algo demasiado importante en democracia e intoxicar a la opinión pública es algo lo suficientemente grave como para que esté perfectamente justificado hablar de «corrupción» sea ésta voluntaria o fruto de la falta de diligencia.
Si está cayendo agua desde las nubes hacia el suelo, está lloviendo y, si el gobierno publica una norma que reduce la cuantía de una prestación social respecto de la cuantía que tendría dicha prestación en caso de que no se apruebe la norma, estamos ante un recorte. Y esto no es una opinión ni una crítica política, es un hecho. Si esa reducción se produce, no es que Fulanito diga que hay un recorte. Es que hay un recorte y el que diga lo contrario miente.
Este es el caso, por ejemplo, del Real Decreto-ley 7/2023, aprobado el pasado 19 de diciembre por el Gobierno de Pedro Sánchez, que se somete a votación en el Congreso hoy miércoles 10 de enero y en el que se llevan a cabo varias modificaciones del subsidio de desempleo. En el caso del subsidio especial para personas mayores de 52 años, la cuantía del mismo se congela en los actuales 480€/mes y se reduce la cotización a la Seguridad Social que el Estado aportaría por estas personas de cara a su jubilación en ausencia de la modificación normativa. Es decir, se establece que las personas desempleadas mayores de 52 años que accedan al subsidio de desempleo a partir del 1 de junio de 2024 van a tener una pensión menor que la que tendrían de no aprobarse el RDL 7/2023. Lo que en el vocabulario político y económico habitual se llama un ‘recorte’ en dichas pensiones.
En el caso del subsidio especial para personas mayores de 52 años, la cuantía del mismo se congela en los actuales 480€/mes y se reduce la cotización a la Seguridad Social que el Estado aportaría por estas personas de cara a su jubilación en ausencia de la modificación normativa
En el caso del subsidio especial para personas mayores de 52 años, la cuantía del mismo se congela en los actuales 480€/mes y se reduce la cotización a la Seguridad Social que el Estado aportaría por estas personas de cara a su jubilación en ausencia de la modificación normativa
Ante este hecho objetivo, se han producido diferentes «versiones políticas». Podemos ha señalado la existencia de un recorte (ha dicho que está lloviendo) y ha pedido que éste se retire para poder votar a favor del RDL, pero el PSOE y Sumar directamente han negado la existencia del mismo (han dicho que hace sol). Ayer mismo, en el Congreso de los Diputados, la todavía portavoz del grupo de Sumar y candidata del partido de Yolanda Díaz a las elecciones gallegas, Marta Lois, afirmaba que no estamos ante un recorte sino que «se pone fin al ciclo de sobrecotización». La portavoz adjunta de Sumar y diputada de los Comunes, Aina Vidal, establecía además la «necesidad» de reducir la base de cotización al tiempo que también decía que «no hay ningún recorte».
Lo que ocurre es que, en este caso, ni siquiera hay que hacer mucho esfuerzo para levantarse de la silla y abrir la ventana para saber quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo.
Para empezar, la reducción en la cotización está escrita negro sobre blanco en el Boletín Oficial del Estado del día 20 de diciembre de 2023. Entre la página 168.026 y 168.027 del citado documento público, cualquier periodista puede leer el contenido de la Disposición transitoria tercera del RDL 7/2023, en la que se regula la progresiva reducción de la base de cotización de los desempleados mayores de 52 años desde el 125% de la base mínima actual hasta el 105% en 2027.
Pero es que, además, el propio Gobierno envió a diferentes medios de comunicación la memoria económica que cuantifica los cambios en los ingresos y los gastos del Estado a raíz de la aplicación de la nueva norma. La periodista Cristina Alonso ha publicado en la red social X una captura de pantalla de dicha memoria en la que no solamente se añade que el Gobierno pretende llevar la reducción hasta el 100% de la base mínima en 2028 sino que además presenta una estimación del ahorro anual para las arcas públicas que produciría dicha reducción: de los 93,6 millones de euros en 2024 hasta los 468 millones de euros en 2028.
Estas mismas cifras han sido confirmadas por respectivas filtraciones del Gobierno a El País y La Razón. Como es evidente, una mejora en las prestaciones produce un aumento del gasto público, una congelación presenta un balance neutro y un recorte produce un ahorro.
A pesar de lo sencillo que resulta establecer objetivamente que el Gobierno ha decidido enviar al Congreso un recorte en las pensiones futuras de los desempleados de más de 52 años, la inmensa mayoría de los medios de comunicación han decidido optar por la formulación corrupta. «El partido de Ione Belarra insiste en que la reforma del subsidio por desempleo introduce recortes para los mayores de 52 años. El Ministerio de Yolanda Díaz lo niega», escribía este mismo lunes El País, prácticamente copiando la estructura del titular imaginario propuesto por Olga Rodríguez. Pero no solamente lo hizo El País. La lista es interminable. De hecho, invitamos al lector o lectora que intente encontrar un medio de comunicación que haya abierto la ventana y haya publicado que es un recorte y que está lloviendo. No será fácil la tarea.