M.H.: Se está viviendo una situación grave en relación a la contaminación del Riachuelo, usted escribió una carta a principios de diciembre y también apareció una nota como editorial de Clarín del presidente de la Academia de Ciencias del Ambiente, Raúl Estrada Oyuela, donde señala que se ha cumplido solamente con un 20% de lo […]
M.H.: Se está viviendo una situación grave en relación a la contaminación del Riachuelo, usted escribió una carta a principios de diciembre y también apareció una nota como editorial de Clarín del presidente de la Academia de Ciencias del Ambiente, Raúl Estrada Oyuela, donde señala que se ha cumplido solamente con un 20% de lo normado por la Corte Suprema de justicia hace 8 años en relación a la situación de la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Cuál es la situación actual respecto de la contaminación en el Riachuelo?
E.B.: Cuando las autoridades de Acumar, el organismo público que se supone tendría que ocuparse del Riachuelo, hablan de que la sentencia de la Corte Suprema se cumplió en un 20%, se están refiriendo a un solo indicador que es la cantidad de viviendas construidas para reubicar a la población de máximo riesgo. Pero es el único indicador que tienen, en cuanto a calidad del agua definitivamente no se sabe si la sentencia se cumplió en un 20% o en un 0%. No han querido mostrarle a la Corte Suprema indicadores que mostraran comparaciones entre años y niveles de mercurio, plaguicidas, bacterias. No lo han querido hacer y la Corte no ha querido sancionarla. Negarse a cumplir una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cualquier país es motivo para ir preso. Solamente en Argentina alguien puede desentenderse.
M.H.: ¿Por qué no se cumple la sentencia?
E.B.: Yo creo que no se cumple por un conjunto de intereses. Por un lado el tema cloacal, Aysa sigue tirando los desechos cloacales al Riachuelo sin tratamiento, son cloacas de todo el partido de la Matanza. Si Aysa no programa obras para hacer algo, o las programa y las pospone indefinidamente nada va a cambiar. Por otro lado, el tema de la contaminación industrial que Acumar tendría que haber ordenado a las industrias a que se ajustaran a parámetros internacionales, es decir, cuánto se puede tirar a un río por contaminante. Lo que hizo Acumar fue autorizarlos a que lo mismo que tiraban al río de manera clandestina, ahora lo tiren en forma legal. Les blanqueó la contaminación clandestina. Con lo cual, si Aysa tira los desechos cloacales y las industrias tiran la misma cantidad de contaminantes que antes, no hay ninguna razón para que el río esté mejor.
M.H.: En una nota que se publicó también en Clarín, uno de sus columnistas, Osvaldo Pepe, señala que se habrían gastado según Acumar 5.200 millones de dólares. ¿Esta cifra es exacta?
E.B.: Las autoridades de Acumar dicen que en estos 8 años, durante 7 del gobierno anterior y uno del actual, se gastaron 5.200 millones de dólares y en la misma audiencia pública, la Auditoría General de la Nación dice que no puede explicar en qué se gastaron. Es decir que semejante cantidad de dinero no le cierra a la Auditoría en qué se gastaron. Estamos hablando de un organismo externo de control como lo es la Auditoria General de la Nación.
M.H.: ¿Esto tiene alguna solución?
E.B.: Esto requiere de una política pública, requiere de un gobierno que se plantee esto en serio y obviamente de una Corte Suprema que también lo haga. Hasta ahora las audiencias en la Corte Suprema de Justicia han sido una especie de coreografía en la cual un funcionario incompetente decía «yo no tengo datos» y la Corte Suprema lo retaba «vuelva a su casa y haga los deberes». Y luego llama a otra audiencia pública, a la que llega otro funcionario que le dice lo mismo y la Corte lo vuelve a retar; y así sucesivamente a un funcionario por año. Todos acusan no saber nada por ser nuevos, porque el anterior funcionario renunció y no dejó datos. El Estado es responsable de la continuidad de todo, uno no imagina al Presidente del Banco Central diciendo que recién llega y no sabe qué hizo el anterior con el dinero.
M.H.: En esta carta a la que hago referencia, usted termina con algo que me resultó sorprendente porque afirma que ya había una ley de 1871 que prohibía las industrias contaminantes en el Riachuelo durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento.
E.B.: En la Ciudad de Buenos Aires hubo varias epidemias graves en los años 1868/69 y 1871. A partir de allí hubo un movimiento social y vecinal muy grande para tratar de mejorar la situación sanitaria de la Ciudad y uno de los temas que entró en discusión eran los niveles muy altos de contaminación del Riachuelo.
A partir de allí la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, porque todavía la Ciudad era parte de la Provincia, sanciona una Ley que ordena erradicar las industrias contaminantes del Riachuelo, que en ese momento eran básicamente los saladeros, establecimientos que eran mataderos y que hacían carne salada de vacunos en condiciones de higiene inimaginablemente malas. Entonces, se cumple la orden, porque hubo una polémica muy interesante en el Congreso donde empresarios de la industria decían que no había que echarlos sino ordenarles que limpien los afluentes y partidarios de la salud pública que decían que si hasta ese momento no lo habían hecho no lo iban a hacer nunca, entonces había que echarlos. Votaron echarlos, lo hicieron en 1871 y durante unos años el Riachuelo quedó absolutamente saneado, como una zona similar a la de los recreos del Delta hoy donde la gente iba a pasar el fin de semana, a remar, etc.
Los dueños de los saladeros hicieron un juicio, llegaron a la Corte Suprema de Justicia y a fines del siglo XIX, con mucho más coraje que la Corte Suprema actual, dictaminó que la salud pública estaba antes que el negocio privado y convalidó la ley que los echaba.
M.H.: ¿Quisiera agregar algo más sobre este tema?
E.B.: Creo que hay un tema que es que la salud pública ambiental debe estar en la agenda pública y en la prioridad política de la sociedad. El día que se hizo la audiencia pública de la Corte Suprema sobre el Riachuelo aparecieron 8 noticias en los diarios sobre el tema y varios centenares sobre la modificación de la Ley del impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias habla solamente de dinero, el tema del Riachuelo se refiere a la salud y a la vida de personas. No puede ser que la prioridad de la sociedad sea el dinero y no la salud y la vida de la gente.
Mientras el Impuesto a las ganancias sea más importante que la salud de la gente, seguirán trampeando los informes a la Corte y el mandato de limpiar el Riachuelo.
M.H.: Estamos hablando de una zona en la que a lo largo de 64 kilómetros viven 3.5 millones de personas.
E.B.: Estamos hablando literalmente de uno de los problemas ambientales más graves del mundo. Cuando uno le dice a cualquier extranjero que entienda de estos temas, la cantidad de personas en riesgo sanitario por el Riachuelo, la indiferencia de nuestro sistema político ante esto, la indiferencia de los medios de comunicación, y simplemente no entienden qué está pasando, no hay manera de entender este nivel de indiferencia desde afuera de la Argentina, ante un tema tan grave.
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