El título del artículo se refiere al sesgo conservador mostrado por los mayores medios de difusión del país en su cobertura de las violaciones de los derechos humanos en América Latina. Imagínese el lector que se hubiera descubierto este año en Cuba una sepultura desconocida en la cual yacieran más de 2000 personas ejecutadas por […]
El título del artículo se refiere al sesgo conservador mostrado por los mayores medios de difusión del país en su cobertura de las violaciones de los derechos humanos en América Latina. Imagínese el lector que se hubiera descubierto este año en Cuba una sepultura desconocida en la cual yacieran más de 2000 personas ejecutadas por el Ejército Cubano en los últimos años, y que una de las personas cubanas que hubieran denunciado las desapariciones y ejecuciones de tales personas hubiera sido asesinada también por el mismo Ejército. La movilización mediática por parte de los mayores medios de información hubiera sido enorme. Y más de un gobierno, además de denunciar al gobierno cubano, habría roto las relaciones diplomáticas con aquel país. Y como no, el Parlamento Europeo (con mayoría conservadora y liberal) habría pasado una resolución condenatoria, interrumpiendo cualquier relación diplomática y comercial con aquel país. Y, probablemente, hubiera propuesto para el Premio Nóbel de la Paz a título póstumo al ciudadano asesinado por el Ejército. El gobierno federal de EE.UU. hubiera aumentado la avalancha mediática, política y económica en contra del gobierno cubano, acentuando todavía más el bloqueo económico. Y, como no, la prensa de mayor difusión en España criticaría, una vez más, a muchos intelectuales de izquierda por su falta de entusiasmo en su denuncia del hecho.
Pues bien, los 2000 asesinatos de personas desaparecidas existen y la persona que los denunció, fue asesinada también por el ejército también. La única diferencia es que el país no es Cuba, sino Colombia. En aquel país, una tumba desconocida fue hallada este año, por casualidad, cerca de la base militar colombiana situada en la municipalidad La Macarena, en el Departamento de Meta, al sur de la capital, Bogotá. La tumba fue descubierta cuando los vecinos se percataron de que muchas personas enfermaban por beber agua de manantiales en el bosque, que había sido contaminada, por lo que se descubrió más tarde, eran cadáveres enterrados en aquella tumba desconocida. La única señal era una bandera con las fechas del enterramiento 2002-2009. La subsecuente investigación descubrió que había más de 2000 personas enterradas allí. El ejército colombiano reconoció su autoría, indicando que eran miembros de las guerrillas capturados o muertos en combate. Pero, no explicó porque se habían enterrado secretamente y sin seguir las mínimas reglas exigibles del registro de los muertos.
En realidad, el caso era muy parecido a otro anterior -el caso de «falsos positivos»- en que otras 2000 personas habían sido asesinadas por el ejército, presentándolas falsamente como guerrilleras, cuando se demostró que no lo eran. El sindicalista Johnny Hurtado, y Presidente del Comité de Derechos Humanos Venezolano, que había denunciado tal hallazgo, había indicado a una delegación de miembros del Parlamento de Gran Bretaña, de visita en Colombia, que los asesinados enterrados en la tumba de La Macarena no eran miembros de las guerrillas, sino personas que habían desaparecido y que no tenían ninguna conexión con las guerrillas (cuyas prácticas criticó y denunció). El gobierno y las fuerzas armadas estaban utilizando -según él- la lucha antiguerrilla para eliminar físicamente a todos sus opositores, presentándolos como guerrilla. Y en ocasiones, ni siquiera eran opositores. Pero el ejército los mataba para identificarlos como guerrilleros como forma de expresar su «eficacia». El día 15 de marzo de este año fue asesinado Johnny Hurtado, mientras soldados de la odiada y temida Brigada móvil nº 7 patrullaban el área donde vivía. Pasó a ser el número 7 de los sindicalistas asesinados en los primeros meses del año 2010 en aquel país (en 2009 fueron 39).
Todos estos asesinatos se hicieron durante el mandado del Presidente Uribe y de su Ministro de defensa Juan Manuel Santos (el candidato a la sucesión de Uribe como Presidente de Colombia). Y a pesar de sus negativas, es altamente improbable que no fueran conscientes de estos hechos, pues el Ejército ha defendido tales acciones «como actos de la necesaria lucha contra la guerrilla». La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sin embargo, ha pedido que se haga una investigación de las violaciones de derechos humanos en aquel país, definida como «sistemática y ampliamente extendida», considerándola como un «crimen contra la humanidad».
Frente a esta horrible situación ha habido un silencio ensordecedor de los supuestos defensores de los derechos humanos. El Parlamento Europeo no ha dicho nada, el Gobierno Obama (cuyas fuerzas armadas estaban asesorando a los militares colombianos en la base de La Macarena) va a reanudar el Tratado bilateral con Colombia de EEUU (que inició el Presidente Bush con el Presidente Uribe). Y los medios de mayor difusión, supuestamente defensores de los derechos humanos, han permanecido, en general, silenciosos sobre este caso. En realidad, en España, el Presidente Uribe y su gobierno han tenido muy buena prensa. Varios de los rotativos de mayor difusión han publicado entrevistas muy favorables al Presidente Uribe y a su sucesor. Y los supuestos grandes defensores de la libertad -incluyendo a Mario Vargas Llosa- han permanecido en completo silencio. Ni que decir tiene que los portavoces de aquel gobierno, ayudados por los medios que les ofrecerán grandes cajas de resonancia, negarán estos hechos. Mientras, los que se autodefinen como defensores de los derechos humanos, que continuamente hacen críticas (algunas de ellas justificadas) a Cuba, continuarán ignorando las horribles violaciones de tales derechos en otros países, cuyos gobiernos son considerados amigos, convirtiendo en una farsa su supuesto compromiso con los derechos humanos.
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Políticas Públicas de The Johns Hopkins University