El 8 de febrero un estudiante haitiano fue detenido arbitrariamente por la policía de Córdoba. A la par del impulso de medidas regresivas en materia de política migratoria y profundización de la represión, algunos medios operaron rápidamente vinculando la migración con la ilegalidad y el delito, dejando en evidencia la intención de estos medios, el […]
El 8 de febrero un estudiante haitiano fue detenido arbitrariamente por la policía de Córdoba. A la par del impulso de medidas regresivas en materia de política migratoria y profundización de la represión, algunos medios operaron rápidamente vinculando la migración con la ilegalidad y el delito, dejando en evidencia la intención de estos medios, el poder político y las fuerzas de seguridad de estigmatizar a lxs migrantes.
Bajo el título «Tres brasileros y un haitiano detenidos en barrio Güemes» y «Detienen a ciudadano haitiano por robo», el 8 de febrero dos medios cordobeses difundieron la noticia sobre un conjunto de allanamientos realizados en barrio Güemes debido a supuestas denuncias de vecinxs de la zona. El carácter tendencioso y capcioso de las notas, así como una serie de datos falsos, denota la clara intención de los medios, el poder político y las fuerzas de seguridad por asociar la migración con la ilegalidad y la delincuencia, reforzando los más nefastos estereotipos racistas y discriminatorios de los que son objeto lxs migrantes en Argentina y, en particular, la población africana y afrodescendiente.
Este hecho no es aislado, sino que se inscribe en un contexto marcado por la circulación de discursos oficiales abiertamente xenófobos, el impulso de diferentes medidas regresivas en materia de política migratoria y una escalada represiva en la cual lxs migrantes forman parte de los grupos sociales más vulnerables. En este sentido, desde 2016 se observa un incremento vertiginoso de los operativos de «control de permanencia» y las disposiciones de expulsión respecto de 2015.
En 2017, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017, se ampliaron las causales para el rechazo o cancelación de la residencia y expulsiones de extranjerxs (que incluyen delitos menores y sin condena firme), se redujeron las garantías procesales y el acceso a la justicia en el proceso de expulsión y, se limitaron los mecanismos para apelar a lazos familiares y de arraigo social, entre otros aspectos. Así, las modificaciones avalan y favorecen un proceso de por sí repudiable, como la expulsión, con grave perjuicio para las personas migrantes.
En sintonía con estas medidas, en la misma semana, en Chubut, se aprobó un decreto que establece la expulsión y la prohibición de ingreso a personas migrantes con antecedentes penales o con condenas no firmes y, el gobierno de Jujuy, estableció una ley que determinó el cobro por el uso del sistema de salud a aquellxs migrantes que residen de manera transitoria en dicha provincia. En Córdoba, la detención de un migrante haitiano se presenta como un ejemplo más de las prácticas políticas y mediáticas que buscan criminalizar a la población migrante y justificar distintas medidas de control como las detenciones y las expulsiones.
Según publicaron medios cordobeses, el viernes 8 la policía de Córdoba y la Gendarmería nacional desplegaron un «gran operativo» cerrando varias cuadras del barrio céntrico Güemes para allanar distintos «aguantaderos». El allanamiento de la habitación de lxs estudiantes haitianxs duró desde las 6:30 hasta las 10:30 de la mañana. ¿Qué decomisaron en cuatro horas de procedimiento? Tres celulares, una PlayStation y una notebook, «artículos de tecnología» a la vista en la mayoría de los hogares.
Según testigos, la policía ingresó violentamente buscando drogas y armas, registraron la casa y no las encontraron. El carácter tendencioso del caso emerge, entre otros puntos, de la espera a la prensa para arrestar al estudiante haitiano. Nada casual, el allanamiento se dio por finalizado en el momento justo en que uno de los periodistas se encontraba realizando la nota, al mismo tiempo que los medios filmaban cómo el detenido era ingresado al auto policial.
El móvil comenzó mostrando el lugar, filmando la casa desde afuera, con los elementos secuestrados y el patrullero estacionado adelante, señalando que se trataba de una pensión de «8 departamentos donde viven 15 personas, de las cuales 11 son extranjeras y 3 se encuentran en situación irregular». De este modo, la información presentada a la audiencia buscó cuestionar el modo de vida de quienes habitan la pensión y animó imaginarios del lugar como «aguantadero» y de lxs migrantes como personas que se «encuentran de ‘manera irregular’ en el país». Con este mismo tinte político, el haitiano detenido fue presentado, en ambos medios, con antecedentes penales y culpable de robo.
Sobre prácticas políticas y mediáticas de criminalización a la población migrante
De padre médico y madre comerciante, el joven que fue apresado por la policía, se encuentra viviendo en Córdoba desde hace dos años junto a su hermana, ambos con el objetivo de realizar sus estudios universitarios, como tantos otrxs haitianxs que se encuentran residiendo en la ciudad. Al momento de ser detenido, estaba comenzando el cursillo de ingreso a una carrera en la Universidad Nacional de Córdoba.
Tanto él como su hermana reciben ayuda económica de sus padres, quienes les envían dinero todos los meses. Además, participa de ferias vendiendo diferentes productos para colaborar con su familia. Vive en el barrio Güemes, un barrio histórico cercano al centro y la universidad, elegido por gran cantidad de estudiantes. Es importante señalar que lxs estudiantes haitianxs, al igual que otrxs migrantes, viven en pensiones debido a las dificultades que encuentran para conseguir las garantías exigidas por las inmobiliarias, situación aún más difícil para aquellxs que no cuentan con redes consolidadas.
El espectáculo mediático y político al que fue sometido este estudiante es uno más de muchos relatos y experiencias que viven lxs migrantes en la Argentina. Operaciones mediáticas y operativos policiales que, haciendo abuso de su poder, buscan reforzar el actual discurso político que asocia la migración con la delincuencia. En el caso concreto del estudiante haitiano, en primer lugar, para crear esta figura del migrante-delincuente la escena se armó a partir de dos falsedades: que era detenido por robar y que, además, poseía antecedentes penales.
En segundo lugar y, como mecanismo complementario para construir a la migración como un problema asociado al delito, la policía, la Dirección Nacional de Migraciones y los periodistas, hicieron especial énfasis en la situación de «regularidad»/ «irregularidad» de lxs migrantes que viven en la pensión y en Córdoba. Situación que no tiene que ver con el estudiante haitiano detenido (que contaba con su residencia permanente en trámite) pero que, más allá del caso individual, al poner el acento en la «irregularidad migratoria», buscaba construir la idea de la migración como un problema asociado al delito. La «irregularidad migratoria» no es un delito, es una falta administrativa que no se corresponde con una falta individual (algo que se «elige» voluntariamente) sino que es el resultado de la puesta en marcha de diferentes mecanismos estatales que producen la situación de «irregularidad migratoria».
En este sentido, la «invitación a regularizarse» del Delegado de Migraciones pasa por alto todos los obstáculos que deben enfrentar, en particular lxs migrantes clasificados como «extra-mercosur», para acceder a la residencia. A los requisitos de por sí difíciles de cumplir como, por ejemplo, acceder a un trabajo formal o ser estudiante universitario, se suman, otros como: las demoras en los trámites y pedido de documentación en los países de origen; el reciente aumento en un 1.000% de las tasas migratorias (por ejemplo, el DNI pasó a costar de $600 a $6.000 en menos de tres años); el cierre de los programas de abordaje territorial; y el establecimiento de un nuevo sistema informático, RADEX, que presenta mayores dificultades para realizar el trámite de regularización.
La construcción mediática y política sobre el migrante asociado a la «irregularidad migratoria» y ésta vinculada al delito, contribuye a la estigmatización, basada en criterios raciales y xenófobos, de determinados grupos nacionales independientemente de su realidad administrativa, afectando negativamente la cotidianeidad de sus relaciones sociales al ponerlos en una situación de permanente sospecha. Estos operativos exponen a lxs migrantes a penas de prisión injustificadas que no solo imposibilitan regularizar su situación administrativa en un futuro sino que, además, pueden servir como fundamento de expulsiones. Del mismo modo, estas acusaciones infundadas evidencian y alientan miradas selectivas sobre la población migrante, orientadas a legitimar la progresiva precarización de derechos y condiciones de vida de la población en general y migrante en particular.
Fuente: http://latinta.com.ar/2019/02/show-mediatico-politico-servicio-criminalizacion-migrantes/