Una sensación de inseguridad se apoderó de la sociedad cuando el jueves 2 de septiembre el Tribunal Oral Federal número 3 dio a conocer su fallo absolviendo a los 5 principales acusados y a otros 17 implicados en cuestiones menores en la causa por la voladura del edificio de la Asociación Mutualista Israelita Argentina (AMIA) […]
Una sensación de inseguridad se apoderó de la sociedad cuando el jueves 2 de septiembre el Tribunal Oral Federal número 3 dio a conocer su fallo absolviendo a los 5 principales acusados y a otros 17 implicados en cuestiones menores en la causa por la voladura del edificio de la Asociación Mutualista Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994. Los acusados fueron juzgados durante 34 meses como partícipes del atentado terrorista que voló el edificio de la mutual judía en Buenos Aires, provocando la muerte de 85 personas y millonarios destrozos en los edificios y calles circundantes.
No es que el fallo en sí mismo provocara este sentir. La acumulación de desaciertos, pistas falsas, desvíos de la investigación y el pago de una cuantiosa suma de dinero, 400 mil dólares, a uno de los inculpados de manos del propio juez de la causa para que incriminara al resto son sólo parte de los detalles de un proceso que llevó casi siete años en traer a juicio a un puñado de personas acusadas de haber participado en una parte de este terrible ataque. ¿Se conocerá alguna vez la verdad? Pocos creen que se llegue a ella, ya que el manto de silencio y encubrimiento que ha persistido hasta ahora será muy duro de romper.
Una semana después de conocida la resolución del Tribunal Oral Federal, cientos de personas se reunieron en la Plaza de los Dos Congresos, frente al palacio legislativo nacional en la ciudad de Buenos Aires, para manifestar su repudio a lo que consideran un proceso injusto y para afirmar su voluntad de continuar luchando para que los instigadores y responsables del atentado sean apresados y juzgados como corresponde. Los familiares de las víctimas y los miembros de la comunidad judía fueron acompañados en esta oportunidad, como en otros numerosos actos por este hecho, por organismos de derechos humanos, partidos políticos, organizaciones sociales, además de numeroso público dispuesto a dar a conocer su indignación por la falta de independencia de la justicia argentina, lo que quedó plasmado en el modo en que se llevó adelante la investigación de este gravísimo hecho.
«Oscuros intereses»
Algunos columnistas políticos consideraron que la sentencia del Tribunal fue un «acto de valentía», porque los tres jueces que lo integran tuvieron el valor de romper con esquemas corporativos y dar por tierra con una causa viciada de irregularidades, cuya construcción se sospecha fue avalada desde el poder.
Estos jueces al dar por finalizado el juicio, denunciaron por diversos delitos a funcionarios del gobierno de Carlos Menem, entre ellos a Carlos Corach, ex Ministro del Interior, y Hugo Anzorreguy, ex jefe de la central de inteligencia del Estado argentino. También inculparon al ex vicepresidente Carlos Alvarez, del gobierno de la Alianza, que sucedió al de Menem, al juez federal Juan José Galeano y los fiscales que investigaron el caso. Al acusar a estos últimos, el tribunal consideró que habían contribuido a la construcción de la causa «para satisfacer oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos».
En la investigación por este atentado terrorista se habló en un momento de una «pista iraní», que involucraría incluso a miembros de la embajada de ese país en Argentina, como también de una «pista siria», vinculando al hecho con terroristas provenientes de Oriente Medio. Pero esto nunca llegó a investigarse seriamente, sino que por el contrario, fueron más las actuaciones confusas, la desaparición de pruebas e incluso el pago de dinero proveniente del erario público para cambiar el testimonio de los propios acusados.
Son muchos los que piensan que después de diez años, queda todo por hacer. Pero, por supuesto que recomenzar la investigación será más difícil por el tiempo y las pruebas perdidas. Será interesante ver qué ocurre con la investigación de las personas que el Tribunal acaba de inculpar, sobre todo de aquellos que reunieron mucho poder en la década del gobierno de Menem, como los nombrados Corach y Anzorreguy. Mientras algunos diarios ya hablan del caso AMIA como «el monumento a la impunidad», agrupaciones de familiares de víctimas del atentado piensan denunciar al Estado argentino ante tribunales internacionales por la falta de justicia en el país. Mientras tanto, en la sociedad argentina vuelve a quedar latente esa sensación de impunidad, tan perversa y persistente, que la persigue desde la dictadura militar y parece afirmar que aquí cuanto más tremendo el crimen, más sencillo es escapar de la justicia.