El Tercer Malón de la Paz cumplió 1 mes en Buenos Aires por la nulidad de la reforma constitucional de Jujuy

Si bien aseguró que cumplirán con el requisito que les exigieron, criticaron que fueron avisados a último momento. “En vez de decirnos la vez pasada recién ahora nos vienen a decir. Pero, bueno, tenemos que seguir. Sabemos que esta burocracia es muy complicada para nosotros”.

Luego se dirigieron hacia el Congreso de la Nación, donde tienen pautadas otras actividades para visibilizar su reclamo y el pedido al Poder Legislativo nacional que sancione una ley de propiedad comunitaria indígena y la intervención federal a la provincia de Jujuy.

“Sigamos fuertes porque nuestros hermanos en Jujuy tienen muchas esperanzas en nosotros y nosotros tenemos que reafianzar esa esperanza”, manifestó el comunero.

El Tercer Malón de la Paz cumple un mes de permanencia en la Ciudad Buenos Aires para reclamar la nulidad de la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy. Por eso se mantienen en la capital del país pidiéndole a la Corte Suprema de Justicia que se expida sobre la inconstitucionalidad del nuevo texto impulsado por el gobernador Gerardo Morales.

Pasó un mes y el Malón de la Paz sigue esperando que la Corte y el Congreso intervengan

Por Laura Vales

El Malón de la Paz cumple un mes de permanencia en la Ciudad de Buenos Aires. Llegó desde la provincia de Jujuy el 1° de agosto con cuatro reclamos: que la Corte Suprema anule la reforma de la Constitución jujeña, que la provincia sea intervenida, que cese el hostigamiento contra quienes defienden sus derechos y que se sancione una Ley de propiedad comunal de las tierras indígenas. El balance de estos primeros 30 días en la capital del país es duro: ninguna de sus demandas ha tenido respuesta, aunque los integrantes de las comunidades originarias no dejan de pelearla y, frente a la escasa escucha política e institucional, amplían los lazos internos, hacia grupos indígenas residentes en otras provincias, así como hacia organizaciones sociales.

“Se han conseguido cosas, no es que no hayamos logrado nada”, aclara desde la Plaza Lavalle Erica Cañari. Pobladora de Salinas Grandes, Cañari es una de las comuneras que sostuvieron durante semanas el corte de ruta en Purmamarca y hoy es parte de la permanencia frente al Palacio de Tribunales, sede de la Corte, en pleno centro porteño.

Pone en la cuenta a favor el decreto del presidente Alberto Fernández que dispuso crear una Comisión investigadora que reciba y analice las denuncias sobre violencia institucional en Jujuy. “Eso nos abre la expectativa de que podamos hacer cesar la persecución y el hostigamiento en la provincia; en ese sentido sumaría”, dice. Pero agrega que “todavía la reforma no cae: seguimos esperando que la Corte y el Congreso intervengan”.

La Comisión tendrá 60 días de plazo para elaborar un informe, que deberá presentar ante la Corte Suprema y el Congreso Nacional. El informe podría funcionar como una llave para avanzar hacia la intervención de la provincia.

Como se sabe, los jueces de la Corte Suprema se han negado hasta ahora a recibir a las comunidades, a las que sólo les permitieron dejar un petitorio por mesa de entradas.

En el Congreso tuvieron reuniones con los diputados Juan Marino (Unión por la Patria) y Alejandro Vilca (Frente de Izquierda). Si bien hubo proyectos de ley presentados sobre la propiedad comunitaria de las tierras indígenas y la intervención de Jujuy, son iniciativas sin avances.

Las condiciones en las que el Malón sostiene su permanencia en la Plaza Lavalle son absolutamente precarias. El gobierno porteño no les permite armar carpas para protegerse de la lluvia y el frío. Después de una pulseada, consiguieron que les permitiera instalar baños químicos, que deben costear con el apoyo de donaciones. Comen de las ollas que consiguen armar.

José Cuenca Cruz, de la Comunidad Qolla Vitiche, de Tartagal (Salta), cuenta que en este mes el Malón “decidió llamar a la unidad de los pueblos milenarios y en esa perspectiva nos sumamos a la Plaza Lavalle. Es un hecho político que salió de esta presencia de los hermanos y hermanas de Jujuy”.

“El Malón es un nuevo sujeto político”, remarca Cuenca Cruz. “Le llegan mensajes de niños solicitando que no dejen de ser guardianes de la Madre naturaleza. Llegan pedidos de Mendoza, Río Negro, La Pampa, Catamarca para que el Malón recorra en una próxima etapa llevando su experiencia y su mensaje”.

“El Malón está construyendo una agenda en común de los pueblos indígenas, con las comunidades preexistentes al Estado nacional, está reuniéndolos, y está teniendo también un diálogo con los movimientos sociales y sindicales. Hay un mensaje que se está construyendo, son procesos que nos dan esperanza porque la lucha no termina. Vamos a seguir hasta las últimas instancias para que la reforma caiga”.

Carta abierta a los jueces de la Corte Suprema

Por Adolfo Pérez Esquivel

A los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Horacio Rosatti – Carlos Fernando Rosenkrantz

Juan Carlos Maqueda – Ricardo Lorenzetti

Reciban el saludo de Paz y Bien

Esta es una carta abierta, ante la imposibilidad de llegar a ustedes personalmente, dado que hasta ahora se han negado a escuchar y recibir a los pueblos originarios que viajaron 1.500 Km. desde la provincia de Jujuy a la Capital Federal con la esperanza de ser recibidos por la Corte Suprema para presentar su rechazo a la Reforma Parcial de la Constitución votada en la Provincia de Jujuy que transgrede y no respeta la Constitución Nacional, violando el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas promulgado por las Naciones Unidas.

El proceso de reforma también incumplió las normativas existentes para asegurar el acceso a la información y participación ciudadana en materia ambiental en temas sensibles como la regulación del agua y las tierras. Se incumplieron los principios de consulta a la comunidad previstos en el Acuerdo de Escazú, firmado por nuestro país y de jerarquía normativa superior a las normas provinciales.

La convocatoria de la Constituyente en Jujuy estuvo afectada por diversas irregularidades de procedimiento, entre estas cabe destacar las licencias alternadas del gobernador de la Provincia, para ejercer a la vez como presidente de la Constituyente, que no dejaran expresar sus opiniones de muchas organizaciones sociales que manifestaron su interés para participar. Pese a que el plazo para debatir la reforma era de 90 días, adrede se evitó el debate y en menos de tres semanas se aprobó en forma exprés, una Constitución que transgrede la Constitución Nacional.

Fueron las movilizaciones de cientos de comunidades de pueblos indígenas quienes cuestionaron esta reforma, gravitaron para que se eliminaran algunos artículos cuestionados ya votados que no pasaron el trámite de ser nuevamente votados por la Convención constituyente. El punto es que el gobernador, a su vez presidente de la Constituyente terminó de imponer una reforma sin consulta alguna con el pueblo, violando sus derechos y cuando aparecieron los reclamos populares contrarios a la reforma respondió con la represión policial y la persecución a docentes y comunidades indígenas.

El Gobierno de Morales no sólo ha reprimido violentamente protestas sociales pacíficas, habilitó métodos de la última dictadura militar, persecución ideológica a quienes disienten como es el caso de la acusación por sedición del Dr. Nallar por cuestionar la reforma constitucional, se han dado detenciones arbitrarias, allanamientos domiciliarios sin orden judicial, represión parapolicial y grupos de tareas civiles, operando con camionetas sin patentes, las fuerzas policiales han disparado adrede a los ojos de manifestantes, la justicia controlada por el Poder Ejecutivo provincial desestima toda investigación sobre los hechos represivos, convalida causas con acusaciones fraguadas y aplica masivamente contravenciones altamente onerosas para amedrentar a quienes osen manifestar por sus derechos.

La nueva Constitución habilita la criminalización de la protesta social, artículos ambiguos permiten tipificar como sedición reclamos que se expresen en defensa del pueblo. La penalización del derecho a la protesta contraviene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Con relación a los pueblos indígenas no se respetaron los protocolos previstos en el Convenio 169 de la OIT, que establece que debe garantizarse la consulta libre, previa e informada a pueblos indígenas sobre cuestiones susceptibles de afectarlos.

En el Artículo 7 el Convenio dispone que los pueblos indígenas deberán “participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.”

En todos los casos los pueblos indígenas deben poder decidir sobre la utilización, administración y conservación de los Bienes Comunes. Para lo cual deben asegurarse la información previa oportuna y suficiente para fortalecer las capacidades de los pueblos originarios en su interlocución con las diversas reparticiones estatales. Las consultas deben realizarse de buena fe, el objetivo de esos procesos es tratar de alcanzar acuerdos, basados en el respeto mutuo. No puede considerarse una consulta realizar una reunión meramente informativa para escuchar algunas preguntas, pero sin que las comunidades puedan tener posibilidades de intervenir en las decisiones que se adopten. Aún en el caso que no se arribe a un acuerdo, el Estado debe respetar los derechos originarios reconocidos por el Convenio. La política pública no puede propasarse y terminar imponiendo su voluntad cuando encuentre oposición a sus contenidos y/o implementación.

La Convención Constituyente votada para reformar la Constitución provincial, incumplió este tratado internacional que tiene rango constitucional.

En diversas Constituciones Provinciales, se han reconocidos derechos más amplios que los contemplados en la Carta Magna Nacional. No sólo se reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, su identidad étnica y cultural, su personería jurídica, sino también la propiedad comunitaria de la tierra que ocupan y las que puedan asignárseles como reparación histórica en forma gratuita y exentas de todo gravamen. Tales tierras son inembargables, imprescriptibles, indivisibles e intransferibles a terceros. Estos criterios debieran haber sido objeto del diálogo en la Convención Constituyente jujeña, sin embargo, la reforma aprobada legaliza a nivel constitucional que el Poder Ejecutivo Provincial, pueda disponer de las tierras de los pueblos originarios haciéndolas pasar por fiscales y poder así expandir el extractivismo minero, los agronegocios y los intereses inmobiliarios para las minorías privilegiadas.

Frente a esa situación de indefensión y violencia El Malón por la Paz viajó a Buenos Aires solicitando ser recibidos por los integrantes de la Corte Suprema, sin resultado alguno hasta el momento.

Lamentamos el silencio y la discriminación de la Corte Suprema que se niega a escucharlos, sabiendo que los indígenas están en Plaza Lavalle desde hace semanas a la intemperie y con necesidades básicas y de higiene, en particular mujeres y niños.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad, compañero de fórmula presidencial con el gobernador Morales también ha mantenido una actitud represiva y de maltrato a los hermanos indígenas impidiendo instalar una carpa lo cual pone en evidencia su racismo y la intolerancia violando los Derechos Humanos de las comunidades quienes soportan hambre y frío esperando que los miembros de la Corte Suprema los escuchen.

Señores ministros les pregunto: ¿qué piensan hacer frente a esta grave situación que viven los pueblos originarios en Jujuy? ¿Qué piensan hacer frente a las graves violaciones de los DD HH y al derecho que tienen los pueblos a sus territorios, agua y recursos naturales que les quiere sacar la gobernación de Jujuy?

La Corte Suprema intervino con celeridad en vísperas de elecciones provinciales prontas a realizarse, para vetar las candidaturas de gobernadores oficialistas, en función de “desalentar la posibilidad de perpetuación en el poder”. Esta intervención se dio a partir de cautelares presentadas por fuerzas de la oposición y la CSJ entendió que la vulneración del principio de la alternancia tornaba ineludible la intervención de la Corte.

Como es posible que, frente a la reforma de la Constitución jujeña, donde hay presentadas cautelares, la CSJ no haya intervenido con la misma celeridad, ante un caso mucho más grave que es una Constituyente con vocación secesionista que vulnera la unión nacional, altera el equilibrio de poderes y contrapesos republicanos habilitando una alta concentración del poder en el Ejecutivo provincial y contraviene la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales.

Los pueblos indígenas están aquí para reclamar sus derechos, evitar la violencia y la discriminación, racismo e intolerancia y ustedes tienen la obligación de escucharlos y protegerlos en sus derechos.

Espero que escuchen el clamor de los pueblos y actúen con verdad y justicia. A cuarenta años del retorno a la democracia, honren el Nunca Más que supimos conseguir.

Les reitero el saludo de Paz y Bien que tanto necesita nuestro país y el mundo.

Adolfo Pérez Esquivel

Premio Nobel de la Paz

Presidente del Servicio Paz y Justicia

Pronunciamiento masivo contra el racismo hacia integrantes del Tercer Malón de la Paz

Estudiantes y docentes de universidades, tecnicaturas y maestrías, organismos de derechos humanos y organizaciones lanzaron un pronunciamiento masivo «ante la discriminación a pueblos que integran el Tercer Malón de la Paz, ocurrida el jueves 24 de agosto 2023», en referencia a la improvisada entrevista realizada a Kantuta Killa y Wari Rimachial, integrantes de pueblos indígenas, en el programa ‘Bien de mañana’ de Fabián Doman, que va por Canal 13.

Así comienza la declaración: «las, los y les abajo firmantes, estudiantes y docentes de la Maestría en Educación Popular de Adultos de la Universidad Nacional de Luján, estudiantes de la Tecnicatura de Agroecología de la Universidad Nacional de Hurlingham, la Cátedra Libre de Pueblos Originarios de Tierra del Fuego, Escuela popular de Música. Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Música Esperanza, Agrupación Político-Pedagógica y Sindical Che Docente, Área de estudios interdisciplinaria en educación aborigen y Cátedra Abierta Intercultural de la Universidad Nacional de Luján, Asignatura Ética de Universidad Nacional de Luján y Cátedra de Filosofía Social UBA/Ciencias Sociales, PAEByT (Programa de Alfabetización Educación Básica y Trabajo), y todes quienes solidariamente se sumen a este pronunciamiento, repudiamos la terrible discriminación y descalificación ejercidas por periodistas del Canal 13 en una improvisada entrevista realizada en un vagón de la línea de subte D durante el programa ‘Bien de mañana’ de Fabián Doman, sobre dos personas de pueblos originarios que apoyan al Tercer Malón de la Paz, integrado por varias comunidades que han llegado desde Jujuy para exigir que se rechace la reforma constitucional impuesta por el gobierno jujeño», señalan en la declaración, a la cual se puede adherir con una firma aquí.

«La movilera y ‘los chicos del piso’, responsables del programa de televisión, se burlaron de manera denigrante, mientras les integrantes del Malón de la Paz intentaban explicar el lenguaje originario, sus valores y sus reclamos, sin ser escuchades. La violencia racista expuesta como una gracia desde un medio masivo de comunicación refuerza las múltiples formas de perpetuación del genocidio de pueblos originarios y la negación de sus derechos. Repudiamos enérgicamente este tipo de actitudes que son impunemente emitidas por la televisión abierta. No puede admitirse y no podemos naturalizarlas», sentencian.

En este marco, desde la Defensoría del Público informaron que recibieron hasta el momento más de 280 reclamos a partir de la discriminación que se vio en la entrevista: «es récord para esta temática ese tipo de reclamos y siguen llegando. Probablemente, esto sea un pico récord en la historia de 10 años de la Defensoría. Nunca un tema de este tipo despertó tanto rechazo por parte de las audiencias», explicaron desde el organismo.

Un minuto de disculpas y perdón por «incomodar»

En tanto, el lunes 28 de agosto Fabián Doman abrió su programa «Bien de mañana» ensayando un intento de disculpas por «incomodar» en la improvisada entrevista que realizaron el jueves 24 a Kantuta Killa y Wari Rimachi en el subte de la Línea D, que provocó el repudio en las redes sociales y cientos de denuncias a organismos de la Defensoría Pública y el INADI. En el pedido de disculpas el conductor del programa no mencionó en ningún momento la estigmatización y racismo presentes en la intervención que tuvieron al aire, entre risas.

Por su parte, Kantuta Killa, una de las personas agredidas y discriminadas en la transmisión en vivo, y que es abogada y está jubilada por sus tareas como oficial de un Juzgado nacional, donde ejerció durante 30 años, contó que evalúa hacer una denuncia: «ayer estuvimos con los hermanos del Malón. Hubo una presentación de la colectividad boliviana y nos hicieron subir al escenario para comentar lo que había pasado. Cuando bajamos, una hermana dirigente nos dijo que nos dan su apoyo, que quieren que hagamos la denuncia y que ellos también la van a hacer apoyándonos».

El día de la repudiable entrevista ambos comuneros venían de solidarizarse con el Tercer Malón por la Paz, que desde el 1° de agosto se encuentra acampando frente a Tribunales pidiendo la derogación de la reforma constitucional aprobada de forma inconsulta y con salvaje represión en las calles por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que constituye una amenaza a sus territorios.

Comunicado conjunto de la Defensoría del Público y del INADI por la entrevista discriminatoria a dos personas de pueblos indígenas

Ambos organismos consideraron que la disculpa ofrecida por el conductor del programa televisivo, donde se discriminó y ridiculizó a dos personas de pueblos indígenas, “no contiene ninguna revisión crítica” de lo ocurrido y “no repara el carácter lesivo” del diálogo emitido al aire, en el que se banalizó y despreció también la lengua y la cultura originaria. La Defensoría, que no tiene potestad sancionatoria, sino funciones pedagógicas y de promoción de una comunicación responsable, se encuentra en contacto con la casa productora del programa para gestionar posibles nuevas instancias reparatorias.

Según el informe realizado hoy por la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo de la Defensoría definió como “modalidad irrespetuosa, burlesca y ridiculizante” el abordaje comunicativo desarrollado por las y los periodistas del programa en cuestión. La burla y la mofa a la condición indígena y su lengua puede observarse, por ejemplo, cuando la cronista les pide: “a ver, dígame una palabra en indio para aprender” y le
dice luego a quienes estaban en el estudio central “¿escucharon, chicos, viven así?, mientras un panelista en off pregunta “¿una palabra resume todo eso? y el conductor le responde “groso”.

Además, indicó que el abordaje periodístico también es invasivo hacia la entrevistada mujer, a quien se ridiculiza porque sostiene que su voto es secreto, no es público. Y esto se hace más evidente aun cuando la entrevistada señala que no es tomada en serio y recibe, como respuesta, una serie de nuevas risas por parte de la comunicadora.

Desde la Defensoría del Público se recordó que la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual establece que los medios de comunicación tienen, entre otros, el objetivo de preservar y promover la identidad y los valores culturales de los Pueblos Originarios (artículo 3) y que la dimensión cultural del derecho a la comunicación comprende el debido respeto al derecho a la participación y a la diversidad cultural.

La tarea de los medios de comunicación es una actividad de interés público que debe ser ejercida con responsabilidad social y resulta fundamental que el ejercicio a la libertad de expresión se compatibilice con el respeto de otros derechos que puedan verse afectados, en especial los derechos de los pueblos originarios. La programación televisiva debe “evitar contenidos que promueven o inciten tratos discriminatorios basados en la raza, el origen social, que menoscaben la dignidad humana”, señala también la normativa audiovisual.

Por su parte, el INADI alertó sobre la continuidad de estas prácticas comunicativas, y reiteró la necesidad de promover cambios culturales que impulsen el desarrollo de abordajes comunicativos inclusivos, que respeten la diversidad. Estas acciones son contrarias a toda perspectiva fundada en los Derechos Humanos, la inclusión y la tolerancia social, y reproducen imaginarios asentados en relaciones de poder y dominación.

Los medios de comunicación no son ajenos a los procesos sociales, es decir que, a través de estas acciones, se invisibilizan los derechos de los pueblos indígenas y reproducen imaginarios sociales profundamente discriminatorios y estigmatizantes sobre grupos sociales históricamente postergados. Es por eso que, con el objetivo de superar este tipo de situaciones, hacemos especial hincapié en la importancia del cumplimiento del convenio 169 de la OIT “establece que los pueblos indígenas deben gozar plenamente de los Derechos Humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación y que el Estado debe garantizar el respeto a su identidad social y cultural, costumbres, lenguas, tradiciones e instituciones de acuerdo con sus propias aspiraciones”.

Asimismo, en el artículo 75 de la Constitución Nacional, en su inciso 17, reconoce “la preexistencia étnica, cultural de los pueblos indígenas. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan (…).

Tratamiento mediático respetuoso:

La Defensoría del Público recuerda que en sus “Recomendaciones para el Tratamiento Mediático sobre los Pueblos Indígenas”, elaboradas en consulta y con la participación de pueblos y comunidades indígenas de todo el país, se expresa la necesidad de realizar coberturas mediáticas respetuosas de los derechos de pueblos originarios, evitar los discursos estigmatizantes y discriminatorios, darles voz a las comunidades, pueblos y naciones indígenas como fuentes de información; y respetar su derecho a la consulta previa, libre e informada, cuando se comunica sobre sus prácticas ancestrales, espirituales y culturales.

«Señor Presidente, cumpla con su palabra»

Las comunidades que integran el Tercer Malón de la Paz difundieron un comunicado en el que le reclaman al presidente Alberto Fernández que cumpla con su compromiso de conformar una Comisión para que investigue las violaciones a Derechos Humanos en la provincia de Jujuy.

En la reunión de seis horas que mantuvieron representantes de comunidades originarias con el jefe de Estado el pasado 18 de agosto, Fernández se comprometió a avanzar en la integración de una Comisión con la participación de organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales, con el fin de que se investiguen las violaciones a los Derechos Humanos y a la Constitución Nacional cometidas en Jujuy en el marco de la reforma de la Carta Magna provincial aprobada el 20 de junio pasado.

Los referentes comunitarios marcharon a la Casa de Gobierno para reclamar que el Presidente avance en las acciones a las que se comprometió.

Allí contaron con el acompañamiento del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien después de entrar a la Casa Rosada para averiguar el curso del trámite, les explicó que debían tener «un poquito de paciencia», que el decreto «está escrito» y que la demora obedece a cuestiones administrativas. «Tengan la seguridad de que eso está», afirmó Pérez Esquivel.

«Desde la permanencia pacífica y activa en Plaza Lavalle, el Tercer Malón de la Paz aguarda que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, cumpla con el compromiso bajo firma en acta, de buena fe, y haga acción efectiva de firmar el decreto de creación de la Comisión de Investigación de Violencia Institucional», señalaron las comunidades.

En el comunicado, las comunidades advierten sobre las «persistentes persecuciones, imputaciones, violaciones de Derechos Humanos y violencia institucional» en la provincia y cierran con un mensaje directo a Alberto Fernández: «Señor presidente, de Autoridad a Autoridad, cumpla con su palabra».

José Sajama, integrante del Tercer Malón de la Paz, indicó que todos los días se reúnen los comuneros y comuneras en asamblea para ir decidiendo los pasos a seguir. Sobre el compromiso que asumió el Presidente en la reunión en Olivos, comentó que «generó mucha expectativa» pero aún están esperando que se firme el decreto de creación de esa comisión. «Nos preocupa un poco», afirmó.

El ministro de Justicia, el secretario de DD HH y el titular del INAI recibieron al Tercer Malón

Durante el encuentro, trabajaron sobre la implementación de las medidas anunciadas por el Presidente de la Nación.

“Hace 60 días que el gobierno de Jujuy vulnera los Derechos Humanos del pueblo de la provincia”, expresó uno de los representantes del Tercer Malón de la Paz que participó de la reunión mantenida en la sede del ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Los representantes de los pueblos originarios del Tercer Malón de la Paz destacaron la predisposición del Gobierno Nacional a la hora de escuchar los reclamos y contribuir a garantizar las condiciones de seguridad durante su permanencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Situación que no se replicó en los espacios políticos opositores del Congreso de la Nación, ni en la Corte Suprema Justicia de la Nación: “No nos han respondido las solicitudes y pedidos para que nos reciban y podamos contarles lo que está viviendo el pueblo de Jujuy”, expresaron.

“La reunión con el señor Presidente de la Nación fue muy productiva”, afirmaron desde el Tercer Malón de la Paz, al referirse al encuentro en la quinta de Olivos que mantuvo la delegación. En dicha reunión se acordó la puesta en marcha de una Comisión de investigación y resguardo del pueblo y comunidades jujeñas, conformada por distintos organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos para garantizar “la seguridad jurídica” y los “derechos” de los pueblos originarios “violentados por la reforma constitucional del gobernador Gerardo Morales”.

Por otra parte, el ministro Soria, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla-Corti, y el titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Alejandro Marmoni, analizaron junto a los representantes de las comunidades jujeñas que integran el Tercer Malón de la Paz las medidas que implementó el Poder Ejecutivo Nacional con el objetivo de garantizar la plena vigencia de los Derechos Humanos y de la Constitución Nacional en la provincia de Jujuy, desde mediados de junio del corriente año.

En ese marco, repasaron la acción declarativa de la inconstitucionalidad, presentada por el ministro Soria el 30 de junio, -que solicita declarar la inconstitucionalidad de los artículos reformados de la Constitución jujeña que vulneran derechos consagrados por la Constitución Nacional-, el trabajo realizado por la Secretaría de Derechos Humanos en la provincia, como también la denuncia penal y la presentación del habeas corpus colectivo y preventivo en favor de los y las manifestantes que ejercen su derecho a la protesta.

Al respecto, los presentes destacaron que el Procurador General Interino, Eduardo Casal, dictaminó que la Corte debe pronunciarse sobre el escrito presentado por el ministro de Justicia -por instrucciones del Presidente de la Nación- y el trabajo realizado por la Secretaría de Derechos Humanos en el territorio provincial durante las primeras semanas de la represión.

La representante del Tercer Malón de la Paz expresó: “Nosotros estamos poniendo nuestra problemática al conocimiento de todos para tener una pronta solución. Nosotros lo que estamos pidiendo es la nulidad de la reforma y la intervención de la provincia de Jujuy. Vamos a seguir trabajando para dar una pronta solución a nuestro pedido y asegurar a nuestra gente que está allá, porque el señor Gobernador no deja de perseguirnos, mandándonos a la policía, invadiendo rutas nacionales”.

Finalmente, en la reunión las autoridades del ministerio de Justicia de la Nación y del INAI se comprometieron a reforzar los programas nacionales vinculados al acceso a la justicia y prevención de la violencia institucional, con el objetivo de atender las situaciones de vulneración de los derechos humanos que se siguen verificando en el territorio provincial, en el marco de la represión desplegada por el Gobierno jujeño de Morales.

El Tercer Malón de la Paz ya entró en la historia grande

Por Marcelo Valko

Un mes después de su arribo a Buenos Aires, los integrantes del Tercer Malón de la Paz siguen estrellándose ante la absoluta indiferencia pese a ser recibidos por algunos legisladores y el mismo presidente Fernández a quien se lo vio curioseando las wiphalas como si estuviera en una exposición de rarezas folclóricas. Obvio, como buen político inoperante prometió “crear una comisión para estudiar el reclamo…” y pateó el tema a lo lejos, algo parecido hicieron en el Congreso.

Pese a los 77 años transcurridos desde 1946 en que 174 kollas vinieron en Malón de la Paz desde la Puna para solicitar justicia al gobierno de Juan Perón, hoy, en 2023 pese a tanto tiempo existen las mismas trágicas analogías entre uno y otro.

Ambos están atravesados por ejes básicos y centrales: tierras, usurpación e injusticia que se encuentran absolutamente interrelacionados. Conviene leer la historia para advertir las similitudes con lo ocurrido en 1946. En aquel entonces las comunidades caminan dos mil kilómetros durante 80 días para llegar a Buenos Aires después de pleitear sin éxito en tribunales provinciales manejados por los dueños del poder. Hoy, en Jujuy maestros y comunidades originarias se alzan de pie frente a una vida de miserias y silencios que busca imponer el gobernador Gerardo Morales mediante una Reforma Constitucional tan reaccionaria como viciada de nulidad que apunta al manejo discrecional del “litio, tierras raras y el agua”. Con buena parte de su familia en puestos del Estado, Morales se asume como un eficiente empleado de las corporaciones y hasta modifica la legislación provincial para ajustarla a la medida de sus empleadores.

Vale acotar que tanto la UCR de Morales como el PJ votaron dicha reforma ilegal. Tamaña traición y desencanto explica en parte el resultado electoral en dicha provincia:

Milei 40%, Cambiemos 23%, Peronismo 20% mientras que la Izquierda siempre enredada en análisis tan laberínticos como masturbatorios que la gente no logra seguir por lo que evidentemente no consigue ser creíble ni canalizar la esperanza de sectores populares llegó a un discreto 6,80%. El voto en blanco casi la alcanzó, fue de 4,58%. El enojo es una chispa potencial que está latente.

Ambos reclamos, tanto en 1946 como en 2023 están unidos por un hilo conductor que es la injusticia que se impone desde el poder. No solo ocurre en Jujuy. Hay que tener memoria y no quedarse con el árbol que impide ver el bosque. Antes de Jujuy, las megamineras obligaron en 2021 al gobernador Arcioni a modificar la ley para que pudieran hacer y deshacer a su antojo en Chubut. La gente dijo basta y estalló el Chubutazo que obligó a dar marcha atrás a dicha aberración jurídica de “piedra libre”.
Como es sabido, pese a la numerosa e importante legislación que se refiere y avala la tenencia de tierras ancestrales para los Pueblos Originarios, en la realidad parece tratarse de letra muerta. Menciono alguna de estas legislaciones. Por ejemplo, el Convenio 169 de la OIT ratificado por Argentina que reconoce la noción de “ocupación tradicional”. La Constitución Nacional habla de la preexistencia étnica y cultural de los indígenas, eso significa que son anteriores al nacimiento de este país cuyo primer Gobierno Patrio data de 1810. A su vez la Ley 26.160 ordena un relevamiento técnico-jurídico-catastral sobre las tierras ocupadas por comunidades originarias para poner de una buena vez en orden, esta cuestión tan relevante. Por otra parte, queda claro que el Estado no “otorga” derechos sino que los “reconoce” dado justamente a su anterioridad.

Retomado las similitudes del reclamo de justicia de 1946 y el actual. En aquel momento varios niños acompañan a sus padres como Narciso López, Buenaventura Solano y Ciriaco Condorí entre otros a quienes les conseguí un subsidio (ver https://www.pagina12.com.ar/…/3-133254-2009-10-10.html), una reparación económica que es una forma de exigirle al Estado que pida perdón. Ahora bien, frente a la casi total indiferencia del gobierno nacional, partidos políticos, sindicatos y organizaciones, a Plaza Lavalle donde están acampando concurren grupos artísticos y algunos referentes a expresar su solidaridad con el reclamo. Y está muy bien. Sin embargo, los maloneros no vinieron para oír conciertos a la noche, ni a escuchar a Valko, sino para resolver pronto una injusticia que abarca a todos los jujeños y también al medio ambiente y regresar a sus casas. Tal como lo expresaron en 1946 “nos vienen visitas que no nos importan de nada… nosotros queremos resolver nuestro asunto y regresar cuanto antes”.

Ojalá que el resultado no sea como el de 1946 tal como explico en mi investigación “Los indios invisibles del Malón de la Paz”. En ocasiones, la historia parece un calco de lo ocurrido, no en vano el poeta León Felipe asegura “Quien lee diez siglos de historia / y no la cierra al ver siempre / las mismas cosas con distinta fecha…” Nuestro país debe democratizarse, no solo con un voto cada dos años, sino animándose a aceptarnos tal como somos: un país plural, no monocromo. El Estado le tiene miedo a la pluralidad, con una historia oficial minúscula, de una clase social y esa historia de la elite que se autoglorifica no es la historia del país de todos, de una Patria Grande.

Al igual que en 1946, hoy varios integrantes del Tercer Malón vinieron a Buenos Aires con sus hijos como ese bebé llamado Fernando Bastian Sumbaino nacido en Cochinoca. Ojalá que ese niño cuando sea mayor no deba continuar con el mismo reclamo. En 1946 el malonero Hermógenes Cayo anota en un cuadernito que hace las veces de su Diario: “Si no hay justicia que no haiga leyes…”, los maloneros fueron secuestrados y regresaron a la Puna en un tren de ganado, lo que se vivenció como una derrota se transformó por completo cuando varios de esos integrantes y sus familiares directos se convirtieron en dirigentes indígenas de primer orden, nombro por ejemplo al Dr. Eulogio Frites. Hoy, pase lo que pase, no regresarán con la frente marchita ni con las manos vacías. Ya entraron en la historia argentina, ya entraron en la historia de la Patria Grande. Les aseguro que, aunque no lo parezca, es lento, pero viene…

El ministro Aníbal Fernández se reunió con el gobernador Morales en Jujuy

Por Eduardo Sánchez

Después de haber mantenido en junio pasado un fuerte cruce mediático en relación a los graves incidentes callejeros producidos en las protestas por la reforma constitucional en Jujuy y los piquetes que por el mismo motivo permanecieron activos durante varias semanas en diferentes rutas nacionales que atraviesan el territorio provincial, este martes 29 de agosto Aníbal Fernández y Gerardo Morales tuvieron un encuentro de carácter “institucional” que pareció dar por superados aquellos cruces de verdadero alto voltaje.

En efecto, el Gobernador de la Provincia recibió en su despacho de la Casa de Gobierno al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, para tener una reunión en la que “abordaron políticas de prevención de ilícitos, en especial la agenda vinculada a la lucha contra el narcotráfico”, dijeron fuentes oficiales.

Por ello es que el ministro llegó acompañado por el jefe de la Región IV de Gendarmería Nacional, comandante general Germán Carlos Wacker, mientras que Morales los recibió en el Salón Fascio junto al ministro de Seguridad de la Provincia, Guillermo Corro.

UN ENCUENTRO CARA A CARA

“Hasta ahora nos habíamos comunicado a través de los medios. Era necesario que lo hiciéramos en forma personal y aclarando todo lo que haya que aclarar”, dijo Fernández al salir del despacho de Morales, a la vez que llamó a “fortalecer las instituciones de la provincia” a través del “diálogo sincero entre los partidos mayoritarios”.

Esta es la segunda vez que Fernández visita Jujuy tras su designación como interventor del distrito local del Partido Justicialista, gestión que le fue encomendada por el presidente partidario Alberto Fernández en julio pasado tras desplazar a la conducción que encabezaba el diputado provincial Rubén Rivarola, acusando al legislador de ser funcional a los intereses políticos del gobernador Morales en tanto los convencionales constituyentes del PJ acompañaron la sanción de la reforma constitucional el 20 de junio último.

En un comunicado oficial el Ministerio de Seguridad informó que Fernández “a partir de hoy sostendrá una intensa agenda en San Salvador de Jujuy” compuesta por una serie de encuentros que mantendrá con referentes del PJ local.

El portal oficialista Somos Jujuy hizo mención a la predisposición desde Gendarmería Nacional para articular con el ministerio de Seguridad de la provincia. Nada menos que con el responsable de las brutales represiones durante el mes de junio a quienes se manifestaban rechazando la Reforma anti derechos.

Allí se dijo: “Otro tema abordado durante el encuentro fue el persistente problema de los cortes de ruta en ciertas zonas de la provincia. El ministro Corro destacó que trabajarán en conjunto con el Comandante General Germán Huacker, Jefe de Zona Norte de la Gendarmería Nacional, para buscar soluciones y arreglos a través de la mediación con los grupos involucrados en los bloqueos”.

Las fotos de la reunión institucional fueron más que una provocación para quienes siguen repudiando y enfrentando la Reforma anti-derechos aprobada por el oficialismo y la “oposición” del PJ. El encuentro, fue una muestra de acercamiento del massismo y Morales. No faltó el obsequio al ministro por parte del Gobernador. Un libro cuya tapa tiene una mujer indígena “vallista”, posiblemente de Caspalá, quienes están denunciando un nuevo avasallamiento en sus territorios por parte del Gobierno de Jujuy, y que fueron brutalmente reprimidas hace un año por defender una cancha comunitaria.

Parece que quedaron atrás los cruces y sacadas de chispas por los medios de comunicación entre el Gobierno de Jujuy y el nacional. Queda claro que la prioridad de quienes nos gobiernan es avanzar con el consenso extractivista y un plan de ajuste a medida del FMI, a favor de las multinacionales y empresarios, garantizado hoy por la nueva constitución.

También deja en claro, nuevamente, para trabajadores, docentes, comunidades indígenas y otros sectores que mostraron a una Jujuy de pie y sin miedo, quienes están en la vereda de enfrente. El pueblo trabajador junto a las comunidades demostró en junio una fuerza poderosa en las calles que enfrentó al régimen bipartidista en la provincia. Es necesario retomar esa confianza, y preparación de las y los de abajo de forma independiente de los responsables políticos de la reforma, de ajustadores y la derecha.

Misión de Observación Internacional relevó «diversas violaciones a los derechos individuales y colectivos»

La Misión de Observación Internacional sobre DD.HH., integrada por ocho organismos y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, publicaron un informe en el que documentaron testimonios en la provincia de Jujuy, gobernada por Gerardo Morales, que «dan cuenta de un grave clima de polarización y diversas formas de violaciones a los derechos individuales y colectivos por una reforma constitucional que no contó con la participación de comunidades indígenas y campesinas». En los siguientes días, la misión se reunirá con autoridades nacionales y con representantes del Tercer Malón por la Paz, que acampa desde el 1° de agosto frente a los Tribunales de Justicia en la Ciudad de Buenos Aires, en reclamo de la intervención de la provincia, la derogación de la reforma constitucional aprobada de forma inconsulta y exprés, y la aprobación de la ley de propiedad comunitaria de la tierra. Compartimos el informe completo.

La Misión de Observación Internacional sobre DD HH estuvo integrada por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Pan para el Mundo (PPM), el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc Mx), International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), el Centro Legal de Derechos Humanos (HRLC), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y Movement Law Lab (MLL).

Compartimos el informe completo realizado por los organismos y organizaciones defensoras de los derechos humanos:

¿Qué pasa en Jujuy, Argentina? Estuvimos en una misión de observación internacional sobre DD.HH.

Junto a otras siete organizaciones documentamos testimonios en esta provincia que dan cuenta de un grave clima de polarización y diversas formas de violaciones a los derechos individuales y colectivos por una reforma constitucional que no contó con la participación de comunidades indígenas y campesinas.

Entre el 21 y 25 de agosto de 2023 se realizó una misión internacional de observación conformada por personas pertenecientes a ocho organizaciones de la sociedad civil con amplia trayectoria en materia de Derechos Humanos y derechos ambientales. Las representantes de la misión visitaron la provincia de Jujuy, Argentina, para conocer de primera mano las posibles vulneraciones al derecho a la protesta y a la participación, en el marco de la Reforma constitucional, aprobada el 16 de junio de 2023, en un breve tiempo que no permitió una amplia deliberación pública. Dicha reforma, lejos de haber contribuido a generar un clima de convivencia democrática, parece haber exacerbado la fractura y polarización previamente existente en la provincia.

Durante el recorrido, la misión se detuvo en los principales focos de protesta de los últimos dos meses, tales como Abra Pampa, donde se verificó un cierre de ruta y la permanencia en vigilia de más de 67 comunidades, pasando por La Quiaca, Salinas Grandes, Susques, Humahuaca, el cruce de San Roque y Purmamarca. En todas estas localidades se recibieron numerosos testimonios que dan cuenta de posibles violaciones a los derechos humanos, derivadas del uso desproporcionado de la fuerza y de armas “menos letales” para la dispersión de la protesta, así como de detenciones arbitrarias y de la criminalización de defensores mediante procesos penales y contravencionales arbitrarios (multas cuantiosas).

La misión internacional dialogó con personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y asociaciones campesinas, también con referentes sociales, sindicatos, organismos de Derechos Humanos, docentes, abogadas y personas que dieron cuenta de diversas formas de violación a los derechos humanos tanto individuales como colectivos. La misión también tuvo la oportunidad de reunirse con autoridades provinciales, incluyendo el ministro de Seguridad, la Secretaría de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, la Defensoría del Pueblo, representantes de la Fiscalía y diputadas provinciales en San Salvador de Jujuy. La misión internacional no enfrentó ningún impedimento ni obstaculización durante su estadía en Jujuy por lo cual agradece a todos los actores que brindaron diferentes puntos de vista sobre los hechos acaecidos en el contexto de la reforma.

Las integrantes de esta misión internacional están procesando la información recabada en Jujuy, que será empleada para la elaboración de un informe sobre los hallazgos de la compleja realidad de derechos humanos en la provincia. Sin embargo, la misión considera oportuno adelantar algunas observaciones preliminares, con ánimo de aportar a la construcción del diálogo social. Esta aproximación se realiza respetando la autonomía de las comunidades y el gobierno provincial, tomando como base las obligaciones del Estado argentino y la provincia que se desprenden de instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía legal y constitucional, así como de su legislación interna.

Una reforma constitucional sin participación

La misión internacional pudo constatar que, aunque los pueblos indígenas y sus comunidades solicitaron participar en la Reforma constitucional, esta se llevó a cabo sin un amplio proceso de deliberación. La elaboración de la reforma se desarrolló con una ausencia de mecanismos de consulta y participación de las instituciones representativas de los pueblos indígenas, a pesar de los numerosos pueblos que habitan en Jujuy (alrededor de 420 comunidades) y de la vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas.

De la información obtenida, se desprenden preocupaciones sobre la incompatibilidad de la reforma con los derechos humanos y los derechos ambientales. Entre otras, las disposiciones relativas a las tierras fiscales y la ausencia de mecanismos para la protección de tierras indígenas, quienes ancestralmente ocupan estos territorios. La misión recuerda al gobierno provincial que la jurisprudencia interamericana ha reconocido que los derechos de posesión de los pueblos originarios deben ser tutelados por los Estados.

En el contexto de la crisis climática y escasez hídrica, la reforma no aborda de manera adecuada la gestión integral de cuencas ni la preservación de ecosistemas. En ella parece que se favorece el uso industrial, agrícola y ganadero de gran escala de los recursos hídricos y se abren las puertas a concesiones que pueden dar origen a la privatización de las aguas, dañando los ciclos ecosistémicos y desprotegiendo la agricultura y la ganadería a pequeña escala, que resulta vital para la existencia de las comunidades originarias.

Por otro lado, la reforma limita el derecho de manifestación, libertad de expresión y huelga al prohibir los cierres de ruta. La misión internacional considera que estas disposiciones limitan derechos que resultan esenciales para un estado democrático de derecho.

Aunado a ello, la misión recibió información que da cuenta de una aparente falta de independencia del Poder Judicial en Jujuy. Ello podría dificultar el control de constitucionalidad y convencionalidad de las reformas constitucionales provinciales, leyes o actos de autoridad arbitrarios. Se debe recordar la importancia que tiene el principio de división de poderes y el sistema de contrapesos para una sociedad democrática.

Impacto ambiental y derechos de los pueblos preexistentes 

Una reiterada preocupación manifestada por las comunidades indígenas es la relativa a los impactos perjudiciales de la actividad minera, en particular, los proyectos de extracción de litio que se desarrollan en sus territorios. Cabe señalar que estos proyectos requieren la utilización intensiva de productos químicos y agua en cantidades significativas, lo que pone en riesgo la sustentabilidad de los humedales y salares andinos y en general de los acuíferos. Lo anterior, afecta profundamente las prácticas culturales y tradicionales de subsistencia, además del derecho al medio ambiente sano. Ello explica los numerosos conflictos y las tensiones territoriales existentes en los lugares de exploración y explotación minera en Jujuy.

Represión y criminalización de la protesta social

Finalmente, la misión internacional accedió a testimonios de casos de represión de la protesta social, detenciones arbitrarias, hostigamiento y presuntas torturas por parte de la policía en contra de personas de pueblos y comunidades indígenas, defensores ambientales, docentes, jóvenes, mujeres e incluso niños. Así como del uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza, incluido el uso de armas menos letales como balas de goma y gases lacrimógenos que produjeron daños y lesiones en el cuerpo de manifestantes, incluyendo cabezas y ojos. También se accedió a información sobre hechos de violencia que afectaron a agentes de la policía provincial.

La misión internacional pudo dar cuenta de actos del gobierno provincial y del Poder judicial que han causado un efecto amedrentador del ejercicio del derecho a la protesta, que se ven convalidados con normas que limitan el ejercicio de este derecho. Por ejemplo, se identificó un posible uso abusivo del sistema penal y contravencional para desincentivar las protestas, mediante la aplicación de figuras penales exageradas y aplicación de multas por sumas elevadas de dinero.

En entrevistas se pudo percibir la desconfianza hacia las autoridades e instituciones del estado provincial, lo cual ha determinado que personas lesionadas con balas de goma no atiendan su salud ni les hayan sido retiradas las balas por temor a que les impongan una sanción administrativa o se inicie una investigación penal al momento de concurrir al sistema de salud.

Próximos pasos 

En los siguientes días la misión se reunirá con autoridades nacionales y con representantes del Tercer Malón por la Paz convocado por autoridades indígenas, situado frente a los Tribunales de Justicia en Buenos Aires. En paralelo, se sistematizará la información recabada, con el fin de elaborar recomendaciones a todos los actores involucrados, en particular a las autoridades provinciales, nacionales e internacionales. Ello con el ánimo de visibilizar la compleja realidad de Derechos Humanos existente en la provincia de Jujuy y de contribuir al desarrollo de un diálogo entre los distintos actores para la mejor resolución de la conflictividad social y el respeto de los Derechos Humanos.

¿Qué pasó con las detenciones?

El conflicto generalizado que transita la provincia luego de la aprobación y jura de la reforma constitucional sumó varios graves capítulos, uno de ellos son las detenciones arbitrarias.

Uno de los polémicos casos fue el de Alberto Nallar, abogado que representa a comunidades aborígenes de Caspalá y de otras localidades jujeñas, fue detenido el 13 de julio y le dictaron prisión domiciliaria por 20 días. Luego la Justicia jujeña extendió por diez días más la prisión preventiva del abogado. No obstante, el pasado 12 de agosto expiró la primera prórroga impuesta a la detención. Fue liberado el 18 de este mes.

El dirigente social Leonardo Rosales, referente del Movimiento de Rebelión Popular, fue sentenciado por la justicia a pagar $2.600.000. Gonzalo Maurín, integrante de la organización “Nuestra América” recibió una contravencional millonaria por “alterar el orden público”.

En Humahuaca, una docente protestó contra la reforma y la imputaron

En Tilcara, otra docente sancionada por protestar denuncia persecución judicial

Dirigente social recibió una multa de $2.000.000s por protestar

Dirigente que no estaba en Jujuy fue multado por los ataques a la Legislatura

Fuentes: Agencia FARCO, Página/12, Resumen Latinoamericano, ANRed, El Submarino Jujuy, Jujuy al Momento

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