La novedad de la semana es el anuncio realizado por la Presidente Cristina Fernández de que el país retomó las negociaciones para cancelar la deuda en cesación de pagos con el Club de París. Se trata de un stock de 6.600 millones de dólares, que adicionando intereses puede llegar a 7.500 millones de la moneda […]
La novedad de la semana es el anuncio realizado por la Presidente Cristina Fernández de que el país retomó las negociaciones para cancelar la deuda en cesación de pagos con el Club de París. Se trata de un stock de 6.600 millones de dólares, que adicionando intereses puede llegar a 7.500 millones de la moneda estadounidense. Los integrantes del Club son los países capitalistas desarrollados, socios de la Argentina en el G20 y principales accionistas del FMI.
En la información presidencial se destaca que el Club de París admitió por escrito que se soslayará el papel del FMI en el monitoreo previo de las cuentas nacionales, y que el arreglo producto de negociaciones se hará en forma directa con el seguimiento de la contabilidad nacional por parte del G20 en forma directa, sin la intermediación del Fondo. Esto que es difundido como un logro de las autoridades debe mediatizarse a la luz de que el G20 está integrado por los principales responsables de la administración del Fondo y que a su vez, la más importante medida asumida por el cónclave de los 20 jefes de Estado ha sido fortalecer el papel del organismo internacional, que se muestra en plena actividad de promotor del ajuste en Europa. Sin embargo, debe destacarse que se trata de un antecedente que no debe haber caído bien en la burocracia del FMI, interesado en retomar su lugar de auditor implacable para el ajuste en la Argentina.
Poco sabemos a esta altura sobre las condiciones de regularización de esa deuda, aunque podemos reiterar algo que hemos sostenido en ocasiones anteriores y que remite nuevamente a la pérdida de otra oportunidad para investigar la deuda pública. Afirmamos lo dicho, por ser la deuda con el Club de París la que resulta pasible de una detallada «auditoría», puesto que se trata de préstamos otorgados por países, entre los que se destacan aquellos originados en tiempos de la dictadura y por lo tanto, pueden ser calificados de «deuda odiosa», la misma calificación que otorgó EEUU a la deuda pública de Irak al momento de la invasión en 2003. Para Washington, la deuda asumida bajo la gestión de Sadam Hussein era una deuda ilegítima, por lo tanto odiosa, y así la declaró para desconocerla.
La deuda asumida por la dictadura genocida puede ser considerada «odiosa» y una vez más se aleja la posibilidad de investigar y denunciar ese tipo de endeudamiento. En el mismo sentido, aunque ya bajo gobiernos constitucionales, parte de la deuda con el Club de París, incluye préstamos otorgados a la administración De la Rúa en tiempos del blindaje financiero, cuando a fines del 2000 se colocó a disposición del gobierno argentino una considerable suma que contribuyó a facilitar la fuga de capitales, que solo durante el 2001 se manifestó en la pérdida de unos 20.000 millones de argendólares de los depósitos bancarios y una disminución de unos 12.000 millones de dólares de las reservas internacionales.
A lo que apunto es a señalar que si existe una deuda pasible de ser investigada, esa es la que se mantiene en cesación de pagos con el Club de París, lo que no quita una profunda investigación del conjunto de la deuda. La realidad es que las sucesivas negociaciones en la que han incurrido todos los turnos constitucionales desde 1983 dificultan cualquier investigación que se pretenda encarar sobre el carácter ilegal o ilegitimo de la deuda pública. Cada negociación convalida los títulos de los acreedores y limita cualquier estrategia de denuncia sobre la validez de una deuda que mantiene el carácter de gran condicionante de la política económica del presente y del futuro. La negociación significará un incremento en el mediano y corto plazo de los fondos fiscales destinados a la cancelación de esas acreencias, lo que contribuye a desplazar la cancelación de otras necesidades sociales en materia de alimentación, salud, educación, empleo, seguridad o cualquier destino orientado a resolver necesidades insatisfechas.
La no resolución en tiempo y forma del Presupuesto 2011 y la novedad de nuevos pagos que deberán adicionarse el próximo año a cancelación de deuda pública agudiza la disputa por la asignación presupuestaria.
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