En el país del no me acuerdo Doy tres pasitos y me pierdo (María Elena Walsh) El contexto es el siguiente: El juicio contra los represores en la Megacausa del Centro Clandestino de Detención «La Jefatura» (de policía) debía comenzar en agosto. Estamos en Septiembre y el juicio ya fue pospuesto para febrero […]
(María Elena Walsh)
El contexto es el siguiente: El juicio contra los represores en la Megacausa del Centro Clandestino de Detención «La Jefatura» (de policía) debía comenzar en agosto. Estamos en Septiembre y el juicio ya fue pospuesto para febrero del año próximo. El proceso político en materia de revisión del pasado dictatorial argentino en general y de Tucumán en particular, tiene más retrocesos que avances. Sin embargo conviene revisar los últimos acontecimientos para reafirmar las hipótesis que sostienen algunos militantes de las organizaciones de derechos humanos: una nueva vuelta de página bajo un manto de impunidad oscurece los procesos judiciales abiertos para esclarecer el genocidio en Argentina. Una vez más las sombras del «Punto Final» y del «Nunca Más» -se vuelva a hablar de eso- oscurecen los cielos de la justicia en el cono sur.
El periódico digital Primera Fuente recoge la noticia que ya rondaba por la cabeza de los militantes de las organizaciones de derechos humanos de Tucumán. Si a comienzos de año estaba la expectativa que comenzara el juicio por «Jefatura» y se avanzara a fines de este 2009 con el juicio por el ex centro de exterminio «Arsenal Miguel de Azcuénaga», hoy la incertidumbre sobre el comienzo del primero es la incertidumbre de pensar si se llegará al segundo antes que un nuevo «punto final» frene todos los procesos judiciales postergados. Procesos judiciales, que vale aclarar, llevan pospuestos más de 25 años, desde el comienzo de la larga transición vigilada en nuestro país. En potencial, la nota del periódico tucumano afirma que «Acorralado por los recursos pendientes de resolución en la Justicia de la Nación y por la cercanía del juicio de derechos humanos fijado para el 7 de octubre próximo en Córdoba, en el que juzgarán por segunda vez a Luciano Benjamín Menéndez, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán está evaluando postergar el debate previsto para este año por la megacausa de la ex Jefatura de la Policía. Según fuertes trascendidos, la nueva fecha se fijaría para el martes 16 de febrero de 2010.» Una vez más la justicia posterga lo urgente y los represores se mueren sin ser condenados, ya no por Genocidio, como exigen algunos (cada vez menos) abogados, sino por delitos de Lesa Humanidad. Ni más ni menos. Y otra vez los olvidos y la impunidad comienzan a hacerse carne en la piel de los tucumanos. ¿Y todo el «circo» discursivo del Kirchnerismo en torno al tema de la revisión del pasado represivo en Argentina? Eso es exactamente: circo discursivo para garantizar la continuidad del pacto de impunidad abierto tras la salida en fuga de los militares del poder. Una vez más, el poder político nacional juega con la memoria de los desaparecidos, de los represaliados, a pesar, claro está, de la propia memoria de las víctimas – y sus familiares -.
Los peronistas olvidan que fueron responsables de la represión
Ahora, ahora, resulta indispensable Aparición con vida y castigo a los culpables(Canto popular de las organizaciones de DDHH)
La amnesia de Cafiero es una señal de los olvidos peronistas. El histórico dirigente del partido Justicialista, Antonio Cafiero, estuvo en la provincia de Tucumán para homenajear a los ex «presos políticos» que fueron represaliados durante la última dictadura militar. Cafiero será uno de los «testigos» llamados a explicar el decreto que resolvió «el aniquilamiento del accionar subversivo» del 5 de febrero de 1975, cuando la entonces presidenta argentina, María Estela Martínez de Perón decidió abrir las puertas del infierno en Argentina, legalizando el sistema represivo de secuestro, tortura, muerte y desaparición de personas.
Cafiero, además de llevar lustros en la arena política argentina, es un viejo zorro dentro del peronismo, es un amplio conocedor de las mañas de casi todos y utiliza su lenguaje procaz para convencer hasta al más incrédulo. Sin embargo en sus declaraciones en Tucumán, tuvo un desliz impropio de quien se supone es escuchado con atención por las bases de su propio partido. Ex ministro de economía del gobierno de María Estela Martínez de Perón, fue uno de los firmantes del siniestro decreto que permitió el comienzo del Operativo Independencia, operación militar que al amparo de la ley firmada por la entonces presidenta y su gabinete, sirvió de prueba de ensayo al sistema represivo implementado tras el golpe del 24 de marzo de 1976.
Tras esta acotada pero necesaria introducción, volvamos a los dichos de Cafiero. Al ser requerido por la prensa el dirigente peronista expresó «que el accionar de los militares ya fue «recontra resuelto» por la Justicia con el juicio a las Juntas Militares y remató: «ahora, esto es traído de los cabellos pero igual me voy a presentar».
¿Por qué vuelve Cafiero a la idea de «cosa juzgada» cuando todos saben que a más de 33 años de aquellos crímenes contra la humanidad, los criminales siguen sueltos? Porque no se trata solo de juzgar a Bussi o Menéndez, que nadie niega sean íconos del genocidio argentino, pero hay toda una serie de cuadros intermedios del ejército que deberían alguna vez sentarse en el banquillo de los acusados. Además ¿Ya olvidó Cafiero la ley de Punto Final que dio por tierra la continuidad en el juzgamiento de los criminales tras el juicio a las Juntas en 1985? ¿O será que el octogenario dirigente prefiere olvidar que gracias al «Punto Final» el genocida Antonio Domingo Bussi pudo llegar a la gobernación de Tucumán devenido esta vez en dirigente de la «democracia»?
Yo prefiero pensar en el pacto político – militar que hoy, a más de 33 años busca sellar nuevamente la impunidad en nuestro país, justamente cuando se abren casi milagrosamente unas pocas grietas en el sistema que permiten, que aunque sea a los viejos genocidas, se los pueda sentar en el banquillo frente a un juez que los interrogue. Sin embargo la demora en los juicios en Tucumán son una clara señal por dónde va el mencionado pacto.
«Cosa juzgada» prefiere decir Cafiero para evitar un debate que el peronismo debió afrontar hace muchos años y al que todavía le siguen esquivando el bulto: la responsabilidad de sus dirigentes en la represión ilegal y parapolicial que terminó con cientos de luchadores sociales allá, a mediados de los años ’70. Responsabilidad por ejemplo, que le cabe al propio Cafiero… cuando no culpabilidad. Y culpabilidad que le caben a otros dirigentes peronistas, como al ex vicepresidente Carlos Ruckauf, miembro de la corte de Isabelita, o como al caudillo tucumano, el extinto Don Amado Juri, venerado por el peronismo tucumano, pero quien, recordemos, le daba la mano a los militares que venían a reprimir en los montes y ciudades de Tucumán, so pretexto de «combatir a la guerrilla».
Operativo Independencia: un decreto secreto, un decreto polémico
Pero sigamos analizando los dichos de Cafiero. Aquel se siente más cómodo con la teoría de los dos demonios y busca una vez más dar vuelta la página sin comprender que mientras no se juzgue a los responsables del genocidio en argentina, será imposible avanzar hacia adelante en la construcción de un país distinto, como el que soñó la generación desaparecida por la dictadura. Al hablar del decreto del Poder Ejecutivo Nacional 261/1975 que firmó, en su rol de ministro de Economía, junto a la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, el 5 de febrero de 1975, dice, casi con tono ofendido: «Aniquilar es suprimir la fuerza del adversario, no es matarlo. Y eso ya está suficientemente discutido«.
En primer lugar habría que recordarle a Cafiero que el decreto disponía que el Ejército procediera a ejecutar «todas las operaciones militares que sean necesarias» a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actuaban en la provincia de Tucumán.» Si el espíritu del decreto, y según Cafiero, no era matar al «adversario», debieron «haberlo dicho» en el comienzo de las operaciones militares, debieron, así en plural, tanto la presidenta como su gabinete, haber expresado firmemente la condena ante los primeros actos de represión por parte del ejército, y debieron haber puesto por escrito que se prohibía el asesinato político y la desaparición de personas para el cometido propuesto. No solo no lo hicieron, sino que desde los despachos de la Casa Rosada, la derecha peronista, aplaudía las acciones del ejército que para comienzos de 1975 comenzaba a ensayar su plan sistemático de desaparición de personas, siguiendo fielmente el ejemplo de la escuela Francesa en Argelia. Aquí habría que recordarle a Cafiero y a toda la camarilla peronista que las primeras denuncias sobre desaparición de personas en Argentina, datan de 1974, cuando él era parte del gabinete peronista. Pero Cafiero prefiere la «amnesia» a la autocrítica. ¿Miedo a la cárcel? ¿Miedo a ser juzgado? Prefiere entonces afirmar que aquello «fue recontra resuelto por la propia Justicia, apenas iniciado el proceso a los supuestos o reales Jefes del Proceso. Ahora, esto es traído de los cabellos pero igual me voy a presentar». ¿Acaso Massera, Videla y Viola fueron solo «supuestos Jefes del Proceso»? Los dichos de Cafiero no resisten el menor análisis y en ese contexto, donde busca una salida «amnésica» a la historia del país, claro que resulta «traído de los cabellos» que le citen en la causa que habrá de juzgar a los represores tucumanos. Pero más traído de los pelos es sin lugar a dudas esta pretensión del dirigente peronista de dar vuelta la página como si en Argentina no hubiera pasado nada, como si no hubiera existido la represión y como si los miles de desaparecidos no fueran reales. Y son reales y claman desde las entrañas mismas de la tierra que sus asesinos sean juzgados y condenados a terminar sus días en prisiones comunes.
Epílogo
Qué dignidad más grande La de creer siempre en la vida Con solo ver una flor Brotando entre las ruinas(Cinco siglos Igual – León Gieco)
Hoy ya se sabe que es muy posible que el juicio por la «Jefatura» comience tras la feria judicial del verano argentino, en febrero de 2010. Quizás alguno de los ocho represores que deben dar respuesta a los crímenes de la dictadura cometa la desvergüenza de morirse antes de tener que responder por el Centro Clandestino de Detención. Tal vez ni siquiera se llegue a buen puerto en esta causa. Lo cierto es que mientras la impunidad siga reinando en el país del no me acuerdo, seguiremos dando pasos perdidos, aquellos pasos que algunos dirigentes peronistas, como Antonio Cafiero, prefieren dar. Mientras tanto la obstinada memoria de quienes hemos asumido con espíritu militante «recordar» el Genocidio para que este no se repita, seguiremos machacando desde el papel, desde un ordenador o en las calles argentinas, que a los genocidas argentinos les pasará como a los nazis, los iremos a buscar a donde vayan, persiguiendo sin más la justicia que finalmente salde su deuda con la memoria de los desaparecidos. Solo de esta manera tendrá sentido hablar de democracia en el país. Mientras siga imperando la impunidad, mientras el modelo de explotación y producción sea el mismo que el impuesto por la dictadura, mientras los Cafiero y los Rukauf sigan negando la historia, y mientras todos los represores -T O D O S – no sean juzgados y condenados a pagar los crímenes contra la humanidad cometidos, seguiremos avanzando hacia un nuevo y lamentable punto final que de por tierra nuestra memoria. Y nuestra dignidad.