El colectivo «Vacantes para Tod@s en las escuelas públicas» y el sindicato docente UTE denuncian la dramática situación de miles de familias que no consiguen ingresar al sistema de vacantes escolares impuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cuando Rocío se separó de su pareja tras denunciarlo por violencia, quedó sola con su nene de un año, un alquiler y su único ingreso. Ante la imposibilidad de tomarse más tiempo en el trabajo, decidió en septiembre de 2016 que era tiempo de inscribir a su hijo en la escuela pública. Recién en febrero, y sólo por su iniciativa al preguntar si su hijo tenía finalmente una vacante, le contestaron con un escueto «no». Rocío inició automáticamente un amparo en el que detallaba su situación particular, mientras hacía malabares para pagar niñeras y llevaba a su nene al trabajo. Tuvo que ir al ministerio en muchas oportunidades y escuchar que ella hacía llorar a su hijo a propósito para dar lástima. Pero lo que Rocío no se olvida es la cara de quien le espetó desde el ministerio que «la realidad cambió y las madres en seguida quieren dejar a sus hijos en la escuela porque ahora deciden trabajar, pero el Estado no se puede hacer cargo de tu hijo». La joven madre agradece que al menos pudo dar con espacios colectivos que buscan soluciones que el Ministerio de Educación de la Ciudad no da.
Patricia Pines es parte del colectivo «Vacantes para Tod@s en las escuelas públicas», un espacio en el que confluyen abogados, docentes, padres, organizaciones políticas y sindicales que buscan hacer frente a la emergencia de vacantes de la Ciudad. La red surgió luego de la primera experiencia con la inscripción online, a finales del año 2013. «Nos organizamos sin conocernos luego de que se implementara este sistema que es a nuestros ojos excluyente e ineficaz y está integrado por personal que desconoce el funcionamiento del sistema educativo», explica Pines.
Para los integrantes de la Red, la inscripción online «no deja en claro que hay varias instancias y que no hay más vuelta que esperar. El nivel de desprotección es tal que incluso se generaron negocios satélite como el de locutorios que cobraban un plus por realizar las inscripciones a quienes no supieran manejar el sistema», agregan.
La misma apreciación hace María José Gutiérrez, Secretaria de Nivel Inicial de UTE, quien recuerda que «todos los años denunciamos lo mismo sobre el sistema: que se cae, que la selección es arbitraria por GPS y no por preferencia o que no tiene en cuenta situaciones especiales. Hay incluso chicos que figuran con vacantes cuando en realidad no están asistiendo por distancias pero prefieren mantenerlas a la espera de un posible traslado por miedo a terminar afuera».
Gracias al sostenimiento de sus integrantes, la Red creció y actualmente la integran miles de miembros de la comunidad educativa que poco a poco van estableciendo una respuesta semi protocolaria «a la ausencia de vacantes y la indiferencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires».
«Si bien el espacio es multisectorial y trabaja por redes sociales, tratamos de juntarnos y poner bien el foco en un objetivo, un logro notable porque tenemos gente de espacios muy diversos», destaca Patricia. Entre las acciones que llevan adelante se cuenta incluso la búsqueda y acondicionamiento de lugares para generar nuevas escuelas, «hasta ahora logramos dos, la Azucena Villaflor y la Carlos Fuentealba», se enorgullece Pines, aunque ironiza que a este ritmo «ni jubilada vería las 60 escuelas que faltan en la Ciudad».
Según Gutiérrez, el problema de las vacantes a nivel inicial radica en que «no se hicieron jardines como se habían comprometido desde el GCBA. Hay distritos como el 21 con 145 chicos declarados fuera del sistema -y eso sin contar desde los 45 días de vida-«. Si bien la escolarización desde los 45 días no es obligatoria, es un derecho que se incumple en miles de casos. Los números con los que puede contar el sindicato son sólo sobre niños en edad escolar que se quedaron sin vacantes, pero las estimaciones crecen enormemente si se incluye a todos esos infantes que deberían poder acceder a la educación pública y no encuentran lugar.
Como respuesta a la falta de vacantes, la Red recomienda tomar medidas judiciales y no apostar a la espera: «llevamos más de 120 recursos de amparo» cuenta Patricia, y señala que «hasta ahora lo único que resuelve la situación es la judicialización con una multa sobre algún sueldo de los funcionarios responsables: ahí sí que enseguida aparecen lugares». Rocío es una de las personas que logró ganar el pulso judicial. El amparo dicta para ella que si no tiene un lugar en el jardín maternal de su preferencia deben darle alguno cercano y, de ser imposible, pagarle un privado. Sin embargo, hace un mes que no tiene novedades.
«Hay distritos en los que unifican los grados como si fueran escuelas rurales, como si en la ciudad argentina más rica no hubieran recursos. No sabemos a dónde va a llevar esto. No es solo un problema de vacantes, la educación en general está en crisis en la ciudad», remarca Pines.
Según la secretaria de Nivel inicial de UTE, «que se unifiquen grados es más común en el norte pero de Rivadavia para abajo hay muchísimos más niños. El problema del reglamento de inicial es que no aclara que no se pueden unificar salas y ahí es donde aparecen estos movimientos para reordenar a los chicos sin importar sus edades».
Pero las decisiones judiciales tienen una doble cara, porque a diez años del PRO en la Ciudad la falta de establecimientos es una realidad que se acentúa. Además, Gutiérrez señala que como sindicato respaldan los amparos, «sin embargo, cuando el chico entra por vía judicial comienza el problema del hacinamiento: hay grados con hasta 35 nenes. Como queremos a los pibes en las escuelas finalmente terminamos apelando a que los compañeros docentes se esfuercen más en recibir chicos y se generan situaciones que exceden al trabajador».
Desde la Red denuncian que el objetivo central es seguir fugando el mayor porcentaje posible de niños al sistema de educación privada. «Tuvimos el caso de una familia a la que le investigaron por redes sociales que había pagado una matrícula en un privado. Lo presentaron como prueba contra un padre que pedía una vacante: imprimieron y adjuntaron en respuesta judicial una captura del Facebook de este padre», alerta Pines.
Según Gutiérrez, la única respuesta del gobierno es triplicar la presencia de Centros de Primera Infancia. Los CPI no se asemejan en nada a una escuela, son guarderías, con trabajadores precarizados y dependen de la órbita del ministerio de Desarrollo Social. «Nosotros queremos que los CPI entren en la órbita del ministerio de Educación, que haya trabajadores de la educación en estos espacios y que se pueda dar una respuesta educativa a la falta de vacantes», señala Gutiérrez. En la Red, cuando les ofrecen la vía de los CPI «tratamos de que no acepten porque eso no garantiza la escolaridad, sólo acalla el problema hasta la edad de escolarización obligatoria», explica Pines. Rocío tuvo que aceptar de momento que su nene asista a un CPI, pero es plenamente consciente de que «no hay condiciones ni personal idóneo para cuidar a los nenes. Si no aceptaba el CPI me quedaba sin trabajo», reflexiona angustiada.
A lo largo de los años «la situación no mejora y el mecanismo está sordo a reclamos. Hay madres que no están pudiendo trabajar, la única modificación que se logró fue la posibilidad de mayores opciones de escuelas a la hora de la inscripción» pero esto no garantiza nada, según Pines.
Desde el 2 de octubre y hasta el 15, se abrirá un nuevo período de inscripciones y para la comunidad educativa esto significa la vuelta a los reclamos. Desde la Red recomiendan a los padres que ya inscribieron reclamar antes de estas fechas. En cuanto a quienes inician el trámite, recuerdan que la primera parte es «por sistema y se les pregunta todo. Los primeros 7 días no suele funcionar», por lo que hay que estar preparados para que las cosas no sean fáciles.
En la ciudad más rica del país hay un promedio de diez mil chicos que desde los 45 días de vida no tienen derecho a acceder a la escuela pública y muchos de ellos terminarán en privadas.
«Hacen falta presupuesto y voluntad política. Pedimos los 850 millones para la educación pública contra los 2 mil millones que el GCBA dedica a publicidad oficial», señala Patricia y se suma a las voces que denuncian que la falta de vacantes es «sólo una de las derivadas del plan sistemático de privatización de la educación pública que tiene el PRO».