La Jornada [LJ] es, sin atisbo para ningún átomo secundario o insignificante de duda, una de las permanentes alegrías de la izquierda. Un éxito de supervivencia y de coraje en tiempos pocos afables para la lírica, la épica y la consistencia. Gracias por existir, gracias por seguir, gracias por enseñarnos a todas y a todos. […]
La Jornada [LJ] es, sin atisbo para ningún átomo secundario o insignificante de duda, una de las permanentes alegrías de la izquierda. Un éxito de supervivencia y de coraje en tiempos pocos afables para la lírica, la épica y la consistencia. Gracias por existir, gracias por seguir, gracias por enseñarnos a todas y a todos. Permanentemente, ininterrumpidamente.
Dicho lo anterior, confesada mi mayor admiración y consideración por La Jornada, me gustaría apuntar unas observaciones críticas sobre un editorial reciente de este gran diario mexicano [1]. El título del texto: «Cataluña: conflicto e intransigencia». Mi objetivo: alertar a ciudadanos y ciudadanas latinoamericanos, y de otros países, sobre las verdaderas características de una parte sustantiva, la abrumadoramente hegemónica hasta el momento, del movimiento independentista catalán. En términos usuales: de avance social, nada de nada.
El jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, señala el editorial, ha afirmado que su mandato «está preparado para cualquier problema que pueda surgir en el futuro», y reiteró que no «va a haber independencia de Cataluña», en respuesta a la presentación «de una lista unitaria para las elecciones autonómicas que tendrán lugar el próximo 27 de septiembre». La lista unitaria no es tal. Engloba una parte, sólo una parte, de los partidos y colectivos independentistas. Los más conservadores, los que hablan incluso en algunas ocasiones de la genética singular del pueblo catalán y del extraño y autoritario ADN del «pueblo español».
En el mismo discurso, prosigue LJ, «Rajoy reiteró que los catalanes no tienen derecho a decidir sobre su futuro sin tomar en cuenta a los otros miembros del Estado español, y afirmó que está fuera de la ley el llamado de Artur Mas […] a convertir las elecciones autonómicas en un plebiscito en favor o en contra de la independencia catalana». A manera de contexto, añade LJ, «cabe señalar que Mas es uno de los dirigentes de Juntos por el Sí, lista electoral que aglutina a partidos y corrientes políticas disímbolos que tienen en común el reclamo soberanista». Insisto en este punto: Mas es el secretario general de un partido de derecha neoliberal, liberal en algunos asuntos civiles pero durísimo en temas económico-sociales, un partido (en proceso de descomposición) que ha alcanzado niveles de corrupción y de manipulación sólo igualados por el PP, el partido de Rajoy. Recuérdese el caso Jordi Pujol, el ex molt honorable presidente de la Generalitat de Cataluña. ¡Una inmensa estafa!
En su campaña, señala LJ, «aseguran que, de ganar, emprenderán un proceso de secesión en varias etapas. Resulta significativo, sin embargo, que Raül Romeva -una de las cabezas más visibles de la candidatura conjunta- afirmase que si España bloquea este proceso se daría una declaración inmediata de independencia». Se trata, evidentemente, recuerda el editorial, «de un aviso de escalada en el conflicto que amenaza con romper los cauces institucionales». Romeva, no es sólo una de las cabezas visibles de esa candidatura (no unitaria ni única) sino es el primer candidato de esa lista (aunque en principio no lo sea a la presidencia de la Generalitat, lo es de hecho Artur Mas: una paradoja entre mil más), un político institucional donde los haya que proviene además, dejó su militancia hace apenas unos meses, de la izquierda (o pseudoizquierdda) verde catalana y europea. ¿Qué hace un dirigente supuestamente de izquierdas encabezando una lista de la derecha neoliberal catalana cuando él mismo afirmó hace apenas dos meses que se retiraba del ámbito político y que no iría en ninguna lista?
En este escenario tan crispado, afirma LJ, «la postura intransigente de Rajoy no hace sino ahondar la grieta abierta entre Barcelona y Madrid desde 2010, cuando una decisión del Tribunal Constitucional frustró las expectativas catalanas de mayor autonomía en el marco del Estado español». Desde entonces, se señala, «La Moncloa emprendió una implacable persecución política y judicial contra todos los intentos legales de quienes impulsan la independencia». No ha sido contra todos por supuesto pero sí, efectivamente, contra una gran mayoría. Sea como fuere, la cuestión no es sólo las prácticas política autoritarias y centralizadoras del gobierno central, sino las que realiza, día sí, noche también, retroalimentándose mutuamente, el gobierno catalán: tensar la cuerda todo lo que se puede, dividir a la clase trabajadora catalana (nada que ver con sus finalidades: ellos son gente guapa y estupenda), separar las clases trabajadoras catalanas del resto de la clase obrera española y romper, por supuesto, el demos común vinculado con mil lazos. Su objetivo: la independencia (dependiente de la Eurozona, no real por tanto). Sus argumentos: básicamente semejantes a los de la Liga del Norte italiana: los del Sur con improductivos, viven a costa de la Cataluña productiva. Los pobres molestan. ¡Los de Andalucía, que anden con Santa Lucía! ¡Los de Extremadura que se apañen con Extremoduro!
De su lado, apunta LJ, «el mencionado tribunal, máximo intérprete de la Constitución española, ha puesto en entredicho su autonomía al acompañar al Ejecutivo en esta campaña política». Cabe recordar también que «en 2014 prohibió -a petición de Rajoy- que el gobierno de Cataluña efectuara una consulta popular no vinculante para que los ciudadanos expresaran si deseaban mantener su estatus político, constituir un Estado soberano o formar un Estado autónomo dentro del reino de España». Pese a esta prohibición, recuerda LJ, el 9 de noviembre «se efectuó un «proceso de participación» en el que más de 80 por ciento de los votantes se manifestó en favor de la plena independencia, dato que ningún régimen que se reclame democrático puede permitirse ignorar».
El punto es importante. Fue, efectivamente, el 80% de los ciudadanos el que se manifestó a favor del SI-SI (pudieron votar ciudadanos que no votarían en unas elecciones con la normativa actual), pero lo que no dice el editorial de La Jornada y debería destacar es que sólo el 33% de la ciudadanía -¡sólo el 33%, un tercio siendo generosos del electorado!- participó en una jornada de agitación nacionalista, rentabilizada políticamente por Artur Mas, en la que participó todo el mundo que quiso y sin problema alguno. La publicidad institucional por las televisiones autonómicas catalanas fue insistente. Es decir, un 27% aproximadamente del censo (ampliado por el sector independentista) se manifestó a favor de un Estado tutelado por las instituciones europeas cuya soberanía, insisto, estaría enormemente demediada. De soberanía plena, nada de nada.
Sin embargo, señala finalmente LJ, «lejos de entender la magnitud del desafío, la actitud de Rajoy denota una preocupante insensibilidad política». Ciertamente, la denota. Y no sólo insensibilidad política. Pero, ¿por qué?
Primero, señala LJ, «porque pasa por alto que el histórico anhelo de independencia de amplios segmentos de la población catalana se vio exacerbado por las políticas de austeridad y recortes al gasto social con que el actual gobierno del Partido Popular ha venido encarando la crisis económica que golpea a España desde hace ya más de un lustro». Ya hemos visto la amplitud de esos «amplios segmentos» (que, por cierto, nunca han sido mayoritarios entre la población catalana) pero la afirmación posterior es inexacta e incluso totalmente inadmisible porque oculta, y el punto es crucial, que el gobierno más austericida y neoliberal del conjunto de los gobiernos españoles ha sido el gobierno catalán, a la altura del gobierno central del PP, superándolo en algunos nudos. Un ejemplo: el conseller, el ministro de Sanidad del gobierno catalán, el ex jefe de la patronal privada de mutuas, Boi Ruiz, ha negado que la salud sea un derecho ciudadano.
Segundo, concluye LJ, «porque la intransigencia de La Moncloa dinamita cualquier posibilidad de entendimiento institucional, con lo que cierra las puertas a los sectores moderados y atiza los posicionamientos más radicales». Si existiese un verdadero deseo de contribuir a la cohesión del Estado, «Mariano Rajoy debería abandonar el tono belicista y ajeno a las formas democráticas con que ha enfrentado el reclamo catalán. Se requiere, por lo contrario, reconstruir el camino del diálogo y asegurar, de esa manera, una salida pacífica e institucional a esta crisis». Perfecto, sin nada que objetar (aunque se exagera un pelín en lo del tono belicista)… tan sólo que para llegar a acuerdos se necesitan dos o más voluntades y la del gobierno catalán y la de algunos -¡algunos, sólo algunos!- sectores de la población catalana es nula. No hay otro discurso, otro programa, otro acuerdo, otra consigna, otra idea, otra finalidad, que no sea independència, independència, independència.,. y, por supuesto, Catalonia is not Spain. No hay más. Eso es todo.
Por lo demás, del talante democrático del gobierno y de algunos colectivos catalanes (tan próximos en esto al PP y al gobierno central) dice mucho que el principal partido conservador, CDC, y su entonces aliado, UDC, un partido democristiano catalán muy conservador, votaran a favor del TTIP en el parlamento europeo y votaran en contra de una propuesta de Izquierda Unida en el parlamento español que reclamaba la necesidad de un referéndum para conocer la opinión del conjunto de los pueblos españoles sobre este antiobrero acuerdo ultra-neoliberal entre EEUU y la UE que dejará, que intenta dejar, los derechos sociales y económicos de los trabajadores en el subsuelo de la Historia. ¿Un partido que lucha por los intereses del pueblo catalán vota en contra de que este mismo pueblo, al que dice defender, pueda manifestarse en contra (o si se quiere a favor) de un acuerdo de estas características? ¿Se observa consistencia en esta práctica política? ¿Qué consistencia? ¿La de los amos de siempre?
En síntesis: los núcleos dirigentes del movimiento independentista catalán están lejos (años luz) de propiciar un movimiento de liberación social y la culpa, como es de toda evidencia, afirmen lo que afirmen los intelectuales orgánicos del independentismo catalán, no la tiene sólo Madrid y el PP. CDC, y la derecha catalana en su conjunto, y por supuesto ERC, tienen su parte. Y no es poca. Se trata de una lucha descarnada por el poder. El de las élites, no el de los ciudadanos y ciudadanas.
Notas:
[1] http://www.jornada.unam.mx/2015/07/22/opinion/002a1edi
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