En medio de una catástrofe sanitaria, provocada por el sabotaje a las medidas de distancia social, la falta de previsión sobre el plantel medico intensivista y la aparente resignación del Ministerio de Salud de la Nación, una verdadera sedición policial se ha desatado en la provincia de Buenos Aires, con final incierto, y seguramente costoso para el gobierno y el campo popular.
Ninguna de estas calamidades eran ni son inevitables, nada hay “natural” en una pandemia desbordada y mucho menos en una rebelión de la fuerza policial más cruel, corrupta y violenta de la Argentina.
Desde el momento de la constitución del Frente de Todos, herramienta electoral creada para derrotar a Macri en el terreno electoral, la hegemonía de esa fuerza ha optado una y otra vez por intentar resolver los escollos por la vía del acuerdo con la derecha, vetando y desalentando la movilización popular, en un claro modelo de acción política cupular cuyos resultados están a la vista en la foto del nueve de setiembre: policías armados en la puerta de la Residencia Presidencial y nuevo récord de infectados por el Covid 19, ahora 12293 en un día.
Es la hora de balancear un modelo de construcción de poder político, de volver a confiar en los movimientos sociales que también deberían reconocer que no hay razón alguna para transferir a nadie la defensa de nuestros derechos y la conquista de nuestros sueños.
La Bonaerense defiende sus privilegios
El asesinato de Lucas Verón en La Matanza y la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro son los casos más relevantes de una formidable seguidilla de agravios, amenazas, detenciones arbitrarias, torturas en sede policial, muerte por Coronavirus en sede penitenciaria, asesinatos extrajudiciales nombrados como “gatillo fácil” y hasta acciones de grupos fascistas de vandalización de espacios de memoria (el colegio donde estudio Teresa Israel, los locales de la JP y el Pece de San Martín y hasta los pañuelos blancos de la Plaza de Mayo)
De todos estos temas hubo debates sociales, confrontación entre la derecha clásica y el gobierno y hasta entre sectores del mismo gobierno, básicamente entre las posiciones que sustentaba el Ministerio de Seguridad de Nación y el de provincia, aparentemente apoyados por sus respectivos poderes ejecutivos.
Berni sostuvo una defensa ortodoxa, a lo Bullrich, del accionar de las fuerzas policiales, lo que resaltó al momento del secuestro de Facundo dado su defensa a ultranza de la Bonaerense y una defensa aún más conservadora del “derecho a la propiedad privada,” por encima y contra todo otro derecho, en el debate sobre las tomas de terrenos baldíos por personas privadas del derecho constitucional a la vivienda. Si Berni se reconoce peronista, digamos que lo hace en la línea de Isabel, López Rega, Lastiri y los que crearon la Triple A y lanzaron el Operativo Independencia. Sus denuncias contra los compañeros del Movimiento Evita y otros movimientos nos remontan a aquellos años de El Caudillo, el diario que anunciaba los asesinatos de la Triple A. Su pasado golpista y sus ambiciones lo convierten en un sujeto muy peligroso para la democracia y en primer lugar para quienes lo promovieron y defienden. La vieja historia de Frankenstein se renueva.
Por su lado, la Ministra Frederic debutó recibiendo a los organismos de derechos humanos, prometiendo una gestión humanista y abocándose a revisar el fárrago de Protocolos y Reglamentos que no solo dieron cobertura a las acciones persecutorias y represivas, sino que casi las obligaban a la fuerza. La revisión del modo en que se efectuó el Operativo contra Santiago Maldonado, la denuncia penal correspondiente, el esfuerzo por tender puentes con las comunidades mapuches del sur y una imagen institucional que busca empatía con los sectores populares, aparecen como sus puntos fuertes. El compromiso con el esclarecimiento del caso Facundo Astudillo Castro apareció contrapuesto al discurso y la práctica del Ministerio y el gobierno de la provincia de Buenos Aires que no quiso (o no supo) despegarse nunca de la Bonaerense en un caso donde cuarenta años de lucha contra el gatillo fácil están en juego por lo que de qué lado de la mecha se coloca cada cual es decisivo.
El treinta de abril Facundo Castro desaparece en un viaje a Bahía Blanca. El cinco de junio su mamá hace la denuncia por desaparición forzada. El 16 de agosto se encuentra un cuerpo esquelatizado en un cangrejal. El dos de setiembre se identifican esos restos como los de Facundo Astudillo Castro. Dos días después, o sea el cuatro de setiembre, los gobiernos nacional y provincial lanzan un mega plan de seguridad consistente en más policías, más autos, más balas, más tecnología. Nada original, nada que no hayan hecho todos los gobernadores anteriores quienes también todos dijeron que nunca antes se había hecho semejante esfuerzo y otras pavadas. El ocho de setiembre, una rebelión policial comenzó so pretexto de reclamos salariales, ocupando nada menos que un lugar que en épocas de la dictadura militar, un centro clandestino de detención tortura y exterminio, Puente 12.
Desde el cuatro al nueve de setiembre el presidente ha hablado varias veces sobre el tema de la llamada seguridad y la Bonaerense. Finge que es un tema salarial, desconoce el contexto y la proyección de la movida policial (emparentada con los golpes policiales en Ecuador y Bolivia). De Facundo, ni una palabra; de Lucas Verón y los otros cientos de jóvenes violentados en sus derechos, ni una palabra; del combate contra la violencia policial/estatal, ni una palabra.
Es llamativo que el cuatro de setiembre, dos días después que se identifique a Facundo y cuatro antes de le rebelión policial, Fernández haya dicho ” el problema de la inseguridad en el Gran Buenos Aires es el tema que más nos preocupa, más allá de la pandemia” como si la pandemia no fuera de lejos lo que más debiera ocuparlo, y de modo urgente.
En un escrito publicado en Página 12 el lunes siete de setiembre, el famoso biólogo Alberto Kornblihtt dice:”… estamos en crecimiento exponencial de muertes: el 17 de mayo teníamos 375, el 11 de junio 865, el 5 de julio 1500, el 27 de julio 3 mil, el 19 de agosto 6 mil. Ahora estamos en más de 9 mil y la proyección indica que para el 15-16 de septiembre llegaremos a 12 mil. Si el 11 de junio (cuando teníamos menos de mil) nos hubieran dicho que en septiembre tendríamos éstas cifras, de seguro, también nos habría parecido una exageración.”
O sea, que casi en un paralelo perfecto, el covid 19 se disparó en los mismos días que Facundo Castro desaparecía y era luego encontrado. Pero Fernández decidió lanzar el Plan de Seguridad, opciones políticas, no caprichos.
En estos días, dos discusiones cruzaron en el espacio social que resistió al macrismo y fue la base del triunfo de Fernández y Kicillof: cómo reducir la violencia estatal, cómo impedir la impunidad de los asesinos de Facundo, de Santiago, de Rafael, de Lucas, de tantas y tantos por un lado y cómo frenar el estallido de los contagios que traen muerte y van limando día a día la capacidad del sistema de salud pública para resistir la pandemia por el otro. No estoy diciendo que la mayoría piense como nosotros en uno u otro tema, no, pero sí que esa eran las preocupaciones al momento del lanzamiento del Plan de Seguridad.
Sin embargo, el Frente de Todos que asume los gobiernos de la Nación y la provincia de Buenos Aires, decidió escuchar otros debates y otras voces. No por nada se hicieron reiteradas menciones a la incidencia de la temática en la llamada opinión pública y la ciudadanía. Como no podía ser de otro modo, el empoderamiento de la gestión Berni a la Bonaerense, sumado al reconocimiento de sus demandas por el Presidente y el Gobernador, desembocaron en esta rebelión casi de un modo directo, para nada casual o sorpresivo. No es la primera vez que la concesión en cuestiones de principio le juega en contra a la fuerza política gobernante.
Me permito hacer un mínimo recorrido para decir que en el año 2004, plena vigencia del liderazgo de Néstor Kirchner, luego de movilizaciones montadas por la derecha detrás del caso Blumberg se sancionaron en el Congreso, con el voto de la bancada mayoritaria, las llamadas ley Blumberg que ocasionaron entre otras cosas Suma de penas: permite adicionar el tiempo de prisión por distintos delitos comunes cometidos por la misma persona, con un tope de 50 años (antes el máximo era de 25), Endurecimiento de penas: para los robos cometidos con armas, para la tenencia ilegal de armas –no incluye las de calibres menores-, y para delitos «aberrantes», como secuestros extorsivos seguido de muerte, la violación seguida de muerte y la tortura seguida de muerte, Prohibición de las salidas anticipadas de prisión: limita la libertad condicional para los autores de los ya mencionados delitos «aberrantes»
En el año 2007 el presidente Kirchner envío y defendió la sanción de una ley antiterrorista a pedido de los organismos internaci0onales financieros, ley que fue vuelta a reformar a pedido de Cristina en el año 2011. El centro ideológico de la ley es el Art. 213 ter: «Se impondrá prisión o reclusión de CINCO a VEINTE años al que tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo (…)» que deja abierta la persecución a cualquiera que resista cualquier medida gubernamental y que sentó las bases para la creación por ley del llamado Testigo Arrepentido que resultó clave en las operaciones de persecución política contra algunos de los que la sancionaron a pesar de que una prestigiosa Madre de Plaza de Mayo dijo que se sancionaba para no usarla a lo que le contesté que las leyes que no se quieren utilizar no se sancionan. Sencillo de entender. Aunque todavía la ley no ha sido utilizada en ningún juicio penal federal, sus consecuencias ideológicas culturales han sido demoledoras y prescindir de su análisis al momento de pensar cómo se construyó el law fare en América Latina (leyes idénticas se votaron en casi todos los países)
Y un último recuerdo, de 2017, más cercano porque fuimos convocados por el Senado de la Nación a opinar ante una Comisión presidida por un ex compañero de la cárcel de Coronda bajo la dictadura, el senador entrerriano Guastavino, aliado entonces al macrismo en la sanción de la reforma de la Ley de Ejecución Penal impulsada por Macri y con pleno apoyo de la “opinión pública” Con la nueva normativa prácticamente cesaron todos los estímulos para trabajar o estudiar (antes estimulados con reducción de pena según la tradición penitenciaria que lleva casi un siglo). El alargamiento de la pena, sumado al aumento del monto punitorio de las condenas anticipa un colapso penitenciario que no se resolverá con la promesa de más cárceles. La pandemia puso de manifiesto la catástrofe humanitaria que se vive tras los muros. Unos doce mil en cárceles federales y otros ochenta y tres mil en las unidades provinciales, acercándonos a los cien mil personas privadas de la libertad efectiva.
Lo hemos dicho en una presentación ante el Ministerio de Seguridad de la Nación y de la Comisión de Seguridad del Congreso de la Nación. Llevamos casi cuarenta años de reformas policiales, planes de seguridad, reformas legislativas y todas con el mismo modelo o matriz. A veces se amplían las jurisdicciones, a veces se achican, a veces se echan policías a veces se toman. Y sin embargo la violencia estatal no baja y las mafias del delito no desaparecen. El resultado sobre la dinámica del delito es casi intrascendente pero las reformas, siempre regresivas, siempre un poquito más mano duras y punitivitas son el caldo de cultivo para el pensamiento de derecha que pregona algunas mentiras que el gobierno nacional ahora ha hecho verdaderas.
Uno. La inseguridad la provocan los pobres, cuando se tientan con el delito como ha dicho Fernández, entonces, si se tientan, palo y a la bolsa, o sea, más policías, más armas, más cárceles. Es inaceptable que la inseguridad venga del lado de los pobres “tentados” en momentos que doscientos argentinos mueren por el Covid19, es decir por un sistema de salud insuficiente, diezmado por políticas de privatizaciones y ajustes perpetuos. La inseguridad es que no haya médicos intensivistas y que los que hay cobren unos cuarenta mil pesos, mientras se destinan treinta y siete mil setecientos millones al nuevo plan, o sea a los policías más corruptos y mafiosos, los de la Bonaerense.
Dos. Cuanto más policías más seguridad como si la policía no tuviera nada que ver con el lavado de dinero, el tráfico de drogas, la prostitución y explotación de las niñas, niños y adolescentes. Se pretende que agrandar la Policía es la solución cuando todos sabemos que son parte del problema. Se pretende que el problema se resuelve con buenos cursos de formación cuando la cultura represora es constitutiva de la vida cotidiana de la fuerza y las señales de más autonomía se traducen en más violencia y más negocios. Lejos de resolver, el Plan aumentará la inseguridad aún en la interpretación mediocre y estrecha que le asigna el gobierno.
Tres. Lo que debe mandar en un gobierno es la opinión pública, no importa si es de derecha, no importa si la formatea Clarín y los medios comerciales. Nadie tiene derecho a discutir nada puesto que el mundo es así y así será para siempre. Después de todo lo que se dijo sobre la Bonaerense, después de todo lo que dijo la madre de Facundo sobre Berni, la foto del presidente con el gobernador delante de una formación de autos policiales es el gesto que reconforta a Clarín y a la derecha. Ahora, cada vez que se pretenda salir de esa foto (repugnante a las conciencias democráticas) la derecha mediática le exigirá que vuelva allí, que se quede allí. Que eso es lo que quiere la “opinión pública”. Pretender cambiar algo en acuerdo de los poderes más concentrados es de una ingenuidad extrema o de un cinismo cruel.
Otros (Calloni, Borón, Beinstein) han escrito sobre las guerras de cuarta dimensión, los alcances del law fare combinado con acciones policiales y de ocupación de espacios públicos por las derechas. Todo es demasiado obvio para aceptar que la rebelión es un problema salarial motivado en la injusta distribución de la coparticipación impositiva. Más allá de eso y de muchas más posibles causas, hay un plan golpista en marcha y no es cediendo y cediendo que se lo va a derrotar.
Es imprescindible marcar la autoridad presidencial ante los rebelados, ante la derecha golpista y todos los que hoy mismo están mostrando las uñas genocidas, sucias de sangre vieja y dólares frescos.
Pero para ello, es evidente, que el movimiento popular deberá hacer oír su potente voz. Otra vez. Como sea
José Schulman, presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos