Siete por ciento de inflación en septiembre, la industria cayó el 5,6 por ciento y es el cuarto mes consecutivo de caída. El salario y las jubilaciones perdieron el 14 por ciento o más en la gestión macrista. Corolario: ni las empresas ni los trabajadores soportan una segunda temporada de esta serie de terror, pero […]
Siete por ciento de inflación en septiembre, la industria cayó el 5,6 por ciento y es el cuarto mes consecutivo de caída. El salario y las jubilaciones perdieron el 14 por ciento o más en la gestión macrista. Corolario: ni las empresas ni los trabajadores soportan una segunda temporada de esta serie de terror, pero el 40 por ciento de los porteños volvería a votar a Macri. En la misma semana se conocieron esas cifras igual que la decisión presidencial de apartarse de las negociaciones por la deuda multimillonaria que las empresas de su familia tienen con el Estado argentino por el Correo. O sea que el 40 por ciento de los porteños votará otra vez a Mauricio Macri, pese a que su situación económica empeoró junto con la del país en general. El 40 por ciento de los porteños votó a una persona que tenía una deuda millonaria con el Estado y volvería a votarlo pese a que una de sus primeras acciones fue tratar de autocondonarse esa deuda que en un momento era de 70 mil millones de pesos y ahora por la devaluación debería ser el doble. El fenómeno de ese 40 por ciento de porteños que registró la encuesta de Aragón será motivo de análisis de biólogos y sociólogos del futuro como la leyenda del suicidio masivo de los lemmings que se lanzan al vacío. El odio alimentado por los medios oficialistas que se sintieron en peligro por la ley de medios antimonopólica del gobierno anterior, parece más fuerte que la realidad objetiva de un país cayendo por el precipicio.
Todo el mundo sabe que el corazón de la corrupción ha estado en los principales contratistas del Estado. Todo el mundo sabe que están cartelizados desde siempre. Y la cartelización no es para pagar coimas, sino para apretar al que está del otro lado de la mesa, que es el Estado. Las grandes fortunas de este país, incluyendo las oligarquías como los Anchorena, se amasaron como contratistas del Estado que eran retribuidos con extensiones de tierra. El 40 por ciento de los porteños o más votó y votará a uno de los dos principales contratistas de obra pública, junto con Techint. La vilipendiada constructora de Lázaro Báez es una hormiguita al lado del grupo de empresas de la familia Macri. Y la deuda del Correo es apenas uno de los negocios en los que esas empresas se favorecieron a costa del Estado. Otro negocio reciente: el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento en sociedad con la coimera internacional reconocida de Odebrecht.
Es increíble, al punto de la exasperación, que personas adultas puedan creer el mito de los tres PBI que se habría robado el kirchnerismo. El monto es tan absurdo que pone en duda todo lo demás que se ha dicho. No existen ni tres PBI, ni uno, ni ninguna fortuna que se entierre como en el cuento de la isla del Tesoro. Eso hacían los piratas de las novelas. Los piratas de la vida real lavan su dinero con la ayuda de los grandes banqueros o lo esconden en cuentas y empresas offshore. No hay narco, contrabandista o corrupto que entierre su tesoro y lo paralice. No existe. Es un mito para los que no tienen idea de cómo se mueven las grandes fortunas en el planeta. El entierro de los PBI y los movimientos que mostraban los noticieros oficialistas de esta semana en el mausoleo de Néstor Kirchner, donde aseguran que había parte de los PBI, son el cuento de Disney que arman para ese 40 por ciento que está dispuesto a enterrar al país para votar en contra de los que supuestamente enterraron tres PBI. El primer enterramiento es una metáfora, el segundo es una mentira para desprevenidos que serán los responsables del verdadero entierro.
En cualquier lugar del planeta las cuentas y empresas offshore son sospechadas como vías de lavado de la corrupción, de la evasión y del narco. Desde que estalló el escándalo de los Panama Papers en los que estaba involucrado el presidente Mauricio Macri, renunció el ministro de Industria de España, José Manuel Soria, cuando descubrieron que tenía cuentas offshore y el primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, dejó su cargo luego de conocerse que tuvo con su mujer una sociedad offshore. El escándalo también afectó al poderoso primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron. Cuando renunció el español Soria, el gobierno de Mariano Rajoy -con numerosas causas por corrupción- dio a conocer que «nadie puede estar en el gobierno que haya operado desde paraísos fiscales». Varios ministros del gabinete macrista tienen cuentas offshore, algunos funcionarios, como el saliente Luis Caputo, eran consultores que ofrecían servicios para abrir estas cuentas tan mal vistas en todo el planeta.
El 40 por ciento de los porteños enfurecido contra la corrupción está dispuesto a votar por un presidente cuya corporación tiene más de 50 cuentas y empresas offshore, en la mayoría de las cuales figura como titular o miembro del directorio. El 40 por ciento de los porteños votaría por una persona que no podría ocupar un cargo público en otro país. En un país serio ni siquiera podría ser candidato uno de los principales contratistas del Estado -por el conflicto manifiesto de intereses- ni nadie que tenga cuentas en paraísos fiscales. Esos son datos objetivos. Lo demás, es «el olor a dólares» que supuestamente habrían sentido los perros que allanaron la vivienda de la ex presidenta Cristina Kirchner, y las extrañas formaciones de tierra que habrían encontrado mientras excavaban en la Patagonia, «con forma de cajas de seguridad», como dijo, sin que se le cayera la cara de vergüenza, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En vez de pensar que el modelo de país que plantea Cambiemos destruyó su economía doméstica y la nacional, la preocupación central de este 40 por ciento de porteños, inoculada por las corporaciones oficialistas de medios, es el debate que se abrió en el oficialismo entre Elisa Carrió y el ministro Garavano sobre la aplicación de las prisiones preventivas a los opositores.
Es una discusión que no puede ignorar la experiencia de Brasil donde el ex presidente Lula fue condenado a nueve años de prisión sin que pudieran encontrar una sola prueba en su contra más allá de las «delaciones premiadas». Lula fue condenado porque el juez Sergio Moro declaró que tenía la «íntima convicción» de que era culpable. Un argumento que se presta a la arbitrariedad o a la persecución política. Si lo aplica, el juez debe demostrar que su juicio no se basó en su ideología política. Pero si ese mismo juez, en la última semana de la campaña electoral filtra a los medios declaraciones del ex ministro Antonio Palloci que comprometen a Lula, no está poniendo en evidencia al ex presidente, sino que está poniendo en evidencia su absoluta parcialidad. Un juez que interviene de esa forma en la campaña no puede condenar «por íntima convicción» a alguien que piensa diferente. Lo que demostró el juez Moro es que condenó a Lula por «íntimo prejuicio» o por «íntimo ensañamiento».
Las formas legales que se están utilizando en Argentina contra funcionarios del gobierno kirchnerista son similares a las del juez Moro contra Lula y el PT. La doctrina Irurzún sobre la aplicación de la prisión preventiva solamente por el hecho de haber sido funcionarios del gobierno anterior, sin que esté siquiera avanzada la investigación, es similar a la «íntima convicción» prejuiciosa y persecutoria del juez Moro. El uso irregular de una mala ley del arrepentido tiene ese mismo sentido. Condenar sin pruebas, apoyándose solamente en el escándalo mediático; atentar contra la libertad de las personas a través de la aplicación abusiva de la prisión preventiva, y usar como pruebas afirmaciones que fueron obtenidas de manera coercitiva y que ni siquiera pudieron ser probadas, son todas formas legales que los funcionarios judiciales de la región han ido forzando como herramientas de persecución política.
Estados Unidos ha decidido terminar de raíz con los movimientos populares de la primera década del milenio y viene realizando desde hace años seminarios y congresos con la participación de funcionarios judiciales de la región donde se aconseja forzar estas herramientas judiciales que sólo son para aplicar en casos extremos. El debate sobre la prisión preventiva de Cristina Kirchner se da con Lula preso en Brasil y Rafael Correa perseguido en Ecuador. Estados Unidos y la OEA amenazan con una invasión a la Venezuela de Nicolás Maduro y en las redes sociales y los medios opositores acusan de corrupción a un Evo Morales de un ascetismo franciscano. Lo que pasa en los tribunales argentinos con relación a Cristina Kirchner y las causas que involucran al kirchnerismo están insertas en esa realidad regional. No es un debate entre Carrió y Garavano sino entre el modelo elitista y autoritario que representan ambos, frente a otro que tienda a profundizar la democracia.