Una línea común puede trazarse entre situaciones de despidos, causas judiciales y casos de censura que afectan a periodistas en medios públicos y privados. Es que la tan mentada libertad de expresión puede ser hostigada tanto cuando se limitan los contenidos como cuando se precariza a los trabajadores de prensa. En este sentido, durante los […]
Editorial Perfil, de Jorge Fontevecchia, logró finalmente que la justicia procesara penalmente a los delegados que en 2013 realizaron un paro contra despidos de esta empresa periodística privada.
El mismo juez que en noviembre de 2014 resolvió la falta de mérito, hizo lugar al dictamen del fiscal Anselmo Palmir y el pasado 14 de julio firmó el procesamiento contra la Comisión Gremial Interna de la editorial. Libertad provisional y un embargo sobre los bienes de los delegados de 175.000 pesos, son parte del fallo por el que se les aplica el artículo 161 del Código Penal, con penas que van de uno a seis meses de prisión.
Este fallo no solo vulnera el derecho a huelga sino que sienta un peligroso antecedente ya que los despidos se realizaron el día de elección de delegados y entre ellos se encontraban integrantes de la Junta Electoral encargada de fiscalizar los comicios.
En la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Avellaneda también se violentaron los derechos de los trabajadores. Dos operadores técnicos y dos periodistas fueron despedidos de la radio de la universidad – FM 88.3 «La Tecno» – por pedir el pase a planta después de trabajar nueve años en negro.
Según denuncia el Colectivo de Trabajadores de Prensa – Zona Sur, de los 9 años de existencia que tiene este medio universitario siempre mantuvo a su planta como becarios o monotributistas. A pesar que desde hace varios años reclaman terminar con estas formas de precarización laboral, nunca fueron escuchados por las autoridades de la Radio ni de la Universidad.
«La patronal comenzó a activar mecanismos de persecución contra quienes nos estábamos organizando: aprietes y amenazas; disminuir el horario de trabajo, y con esa excusa el sueldo; el despido de una compañera, etc. Luego de varios meses logran desarticular y romper la organización insipiente», comentan los integrantes del CTP-Sur.
Los que quedaron organizados fueron removidos de sus tareas y funciones habituales: «nos cambiaron los horarios de trabajo y a dos de nosotros nos sacaron de la radio para que comencemos a trabajar en una oficina de la universidad sin contacto con el resto de los trabajadores», explican.
Hace dos semanas, el capataz de la radio junto con el secretario académico de la Facultad, que también ejerce la función de Director de la FM, amenazaron a un periodista con echarlo si no aceptaba comenzar a cumplir tareas técnicas, para las cuales no está capacitado. «Fue la gota que rebalsó el vaso y cuatro trabajadores decidimos pedir el pase a planta, no íbamos a seguir trabajando en estas condiciones. La respuesta de la patronal fue despedirnos».
Desde lo legal, se encuentran hoy a la espera de obtener una audiencia en el Ministerio de Trabajo.
Otro conflicto sindical continúa en Radio Nacional donde sus trabajadores realizaron este martes una radio abierta y choriceada en la puerta de la emisora, ubicada en Maipú 555, en pleno centro porteño. La actividad se enmarca en un plan de lucha por el salario y las condiciones laborales. El conflicto en la radio pública se inició por la nula respuesta de las autoridades luego del vencimiento de la paritaria el 30 de abril de este año. «La oferta de la empresa, del 27,8% en dos cuotas, además de ser insuficiente, solo contempla a los trabajadores efectivos, discriminando a los contratados», expresaron los trabajadores en el comunicado que convocó a la actividad.
¿Medios públicos o gubernamentales?
Esta semana los trabajadores de prensa de Canal 7 (la Televisión Pública) dieron a conocer en un comunicado hechos de censura y manipulación informativa. Estos se suman a otras denuncias de las mismas prácticas en la agencia pública de noticias (TELAM).
En el conflicto suscitado por la cancelación de los vuelos de la empresa aérea de bandera nacional Aerolíneas Argentina, que afectó a miles de pasajeros, describen que luego de varios días la Gerencia de Noticias de la Televisión Pública decidió tomar el tema pero solamente dándole la palabra al presidente de la empresa, Mariano Recalde, ex candidato a jefe de Gobierno porteño por el FPV. «De esta manera, nunca se dio cobertura a las cancelaciones y tampoco a la desmentida de la Federación Argentina de Personal Aeronáutico, que emitió un comunicado negando que haya impulsado medidas de fuerza que pudieran afectar el normal funcionamiento de la compañía de bandera», dicen en el comunicado.
En la pelea de los 1500 trabajadores ante el inminente cierre (luego frenado) de la empresa de productos avícolas Cresta Roja, los trabajadores del canal afirman que en ninguna de las 4 emisiones diarias del noticiero (Visión 7) se informó sobre el cierre: «queremos destacar que el periodista que el miércoles 22 entrevistó en vivo al ministro de Trabajo Carlos Tomada, en consonancia con la ‘línea editorial’ tendenciosa de la Gerencia Periodística, evitó en todo momento consultar al funcionario sobre conflictos gremiales paradigmáticos en curso y aún sin resolución, como el mencionado de Cresta Roja y el de la línea 60 de colectivos». Esta situación se agrava porque el día anterior, cerca de donde estaban las protestas de los trabajadores, la Gerencia mandó un equipo periodístico a cubrir un acto encabezado por la presidenta.
Con relación al paro y protesta de los trabajadores municipales de Río Gallegos, capital de la provincia de los Kirchner, nunca se informó sobre el tema. «El conflicto lleva 120 días. Sin embargo, sí se emitió completo el acto de campaña de varios integrantes de la familia Kirchner realizado el 23 de julio en esa ciudad, camuflado como cadena nacional, del que luego se repitieron fragmentos en los noticieros», explican en el comunicado .
El mismo silencio noticioso rodeó a la causa Hotesur, la empresa que administra los hoteles de los Kirchner en el sur del país, cuya titular es la sobrina de la presidenta Cristina Fernández. Esta causa «fue borrada de la agenda periodística de la Gerencia», salvo cuando se informó del apartamento del juez que llevaba adelante la investigación. Claudio Bonadío (lejano a las simpatías del gobierno) abrió una investigación para esclarecer si la empresa cometió irregularidades en la presentación de sus balances y por el supuesto delito de lavado de dinero del empresario amigo del gobierno Lázaro Báez, por el alquiler de las habitaciones en esos hoteles.
«Estos casos de desinformación no hacen más que devaluar nuestra tarea periodística y menoscabar la calidad informativa de nuestro Noticiero», finalizan su comunicado los trabajadores de Canal 7.