El juez porteño Roberto Gallardo está a cargo del Juzgado en lo contencioso administrativo número 2. Los medios y los funcionarios del gobierno de Aníbal Ibarra se han ocupado de él por el alcance de algunos de sus fallos: · Clausuró preventivamente el Colegio Normal 9 por deficiencias edilicias. · Solicitó el cierre del casino […]
El juez porteño Roberto Gallardo está a cargo del Juzgado en lo contencioso administrativo número 2. Los medios y los funcionarios del gobierno de Aníbal Ibarra se han ocupado de él por el alcance de algunos de sus fallos:
· Clausuró preventivamente el Colegio Normal 9 por deficiencias edilicias.
· Solicitó el cierre del casino que funciona en Puerto Madero.
· Falló a favor de un grupo de Vecinos autoconvocados de Villa Lugano que se oponen a la construcción de viviendas en el único parque público de la zona, en la que viven cien mil personas.
· Dispuso que el gobierno porteño abone un subsidio para cada niño cartonero, de manera tal que puedan ir a la escuela en lugar de trabajar.
El gobierno de Ibarra rechaza estos fallos y argumenta que Gallardo está en su contra.
El juez accedió al diálogo con el programa radial La retaguardia, que se emite los miércoles a las 22 horas por Amplitud 770, con la conducción de Fernando Tebele, Luis Marcelo Fidel Aguilar y María Eugenia Otero. Allí pudimos consultarlo acerca del fallo que otorga un subsidio para que los niños cartoneros puedan estudiar; pero también de la justicia y de sus referentes políticos: el Che Guevara y Alfredo Palacios.
(La retaguardia) – ¿Por qué no nos explica el fallo que obliga al gobierno porteño a pagar el subsidio a los niños cartoneros?.
(Roberto Gallardo)- El fallo se produce luego de una denuncia de los mismos padres de los chicos cartoneros. Allí manifiestan que, en virtud de su situación económica, tienen que recurrir al trabajo de los chicos para poder sustentar sus vidas. Frente a eso y al marco jurídico que prohíbe el trabajo de los menores, se obliga al Estado a garantizar su escolarización y su vida. Este subsidio fue propiciado por el propio gobierno en un caso anterior.
(LR) – El monto de 205 pesos por niño no es caprichoso.
(RG) – Exacto. Surge de un decreto del mismo gobierno firmado por el jefe de gobierno y el secretario de desarrollo social (el 212, de marzo de este año), del cual surge esta cifra, luego de la evaluación de cuál es el producto del trabajo de un menor cartonero en la ciudad de Buenos Aires.
(LR) – ¿Cómo se aseguraría el Estado que los chicos concurrieran a la escuela?
(RG) – La propia medida cautelar contempla que el gobierno abra un legajo personal de cada uno de estos chicos, en el cual conste la escolarización mediante seguimientos realizados por profesionales de diferentes disciplinas que verifiquen el resultado del subsidio, porque si no esto derivaría en cualquier cosa.
(LR) – En el aspecto judicial, ¿cómo está la causa?
(RG) – Está en la Cámara y, sin aventurar lo que pudieran decidir allí, creo que hay cuestiones en las que no va a contrariar la decisión. Por ejemplo en la obligatoriedad de parte del gobierno de hacer efectiva la prohibición del trabajo infantil. Hasta hoy el gobierno no ha hecho nada tendiente a eliminar el trabajo infantil y eso es lomás grave; es más: hay una tendencia a cambiar el eje, haciendo foco en la personalidad de los magistrados, sin decir nada de los chicos que viven cartoneando y comiendo de la basura.
(LR) – ¿Usted elige llevar las causas en las que pudiera fallar en contra del gobierno?
(RG) – De ninguna manera. Las causas llegan a los juzgados por sorteo. En mi juzgado hay más de cuarenta mil causas y las que son favorables al gobierno no salen en ningún medio; éstas, que evidentemente molestan a algunos sectores de poder, son las que aparecen en primera plana cuestionando al poder judicial.
(LR) – En las escuelas de periodismo nos enseñan a ser objetivos. Nosotros no coincidimos con ese concepto porque nos parece que uno siempre es subjetivo y, en todo caso, debe ser ecuánime ¿Puede seguirse el mismo razonamiento en la justicia?
(RG) – Coincido plenamente. No sólo con lo que ocurre en las ciencias de la comunicación sino también en la justicia. Comúnmente se dice que hay dos bibliotecas: una para fallar a favor y otra en contra; y esto es absolutamente cierto. Hay un orden jurídico por el que he jurado: la Constitución nacional y la de la ciudad, pero dentro de ese contexto hay una multiplicidad de grises donde trilla la subjetividad, no en el sentido de parcialidad o corrupción, sino en el de la escala de valores que uno maneja en términos sociales, morales, religiosos, políticos, etc.
(LR) – ¿Usted tiene en su despacho imágenes del Che Guevara y Alfredo Palacios?
(RG) – Si, es cierto. Y me han traído problemas. También tengo un crucifijo porque soy católico y nadie me hizo un cuestionamiento por él. Hay innumerables jueces que tienen imágenes que corresponden a personajes históricos de otras tendencias y nadie hace ningún escándalo por ellos.
(LR) – ¿Qué rescata del Che y Palacios?
(RG) – De Alfredo Palacios, su honestidad; del Che Guevara creo que, junto con Salvador Allende (ex presidente chileno muerto durante el golpe de Pinochet), son los últimos idealistas de la política, al menos desde mi evaluación histórica. De alguna manera, extremaron el respeto por una ideología y un mandato histórico hasta la muerte.