Mientras la población en general sea apática, pasiva y orientada hacia el consumismo y hacia el odio a los vulnerables, los poderosos podrán hacer lo que quieran.
Noam Chomsky
Quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo: unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen, y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen.
Eduardo Galeano
Este es un mundo que te doméstica para que desconfíes del prójimo, para que sea una amenaza y nunca una promesa.
Eduardo Galeano
La criminalización de la protesta social no es algo nuevo y sus argumentos tampoco. En la década de los 90s la sociedad se acostumbró a culpabilizar a los pobres de sus padeceres. El sentido común fascista entre quienes todavía no se habían caído del sistema sobre los que se cayeron comienza a instalarse en los 90s. Los cortes de ruta y de calles de las y los trabajadores desocupados comenzaron a ser moneda corriente porque a pesar de la Convertibilidad, del 1 a 1 (creíamos falazmente que un peso valía lo mismo que un dólar), la deflación y de la aparente “estabilidad” económica.
Mientras una pequeña parte de la ciudadanía creía que vivía en el primer mundo, la mayoría estaba siendo hambreada y expulsada del sistema, el estallido social no se podía contener más y los cortes de ruta y de calle fueron la única forma de visibilizar la pobreza en un país en el que los medios solo hablaban del consumo, los programas de entretenimiento te invitaban a viajar al exterior y regalaban sumas escandalosas de dinero.
Asimilar la conflictividad social y la protesta social a un problema de tránsito es una insana costumbre que las y los argentinos nos acostumbramos a percibir en los medios desde la década menemista. Esta asimilación caló fuerte en el inconsciente colectivo, en una sociedad cada vez más individualista, que naturaliza el “sálvese quien pueda” y que ve en el otro un enemigo que es mejor eliminar que ayudar, que velar porque sus condiciones de vida sean mejores, equiparables a las propias. Posturas que también fueron muy “normales” durante los años de la última dictadura militar entre la ciudadanía.
La construcción de este sentido común no es azarosa y se fue instalando por goteo, de forma repetitiva y sostenida desde el Golpe militar de 1976 y la llegada de José Alfredo Martínez de Hoz con el modelo neoliberal al Ministerio de Economía hasta el día de hoy. Ese sentido común es tan peligroso como imperceptible porque está naturalizado y, por lo tanto, es incuestionable, incluso entre ciudadanas y ciudadanos que se identifican con una perspectiva ideológica progresista.
El derecho a la protesta no es un derecho más.
Desde la década del 90 las argentinas y los argentinos hemos escuchado hasta el cansancio que las piqueteras y los piqueteros no tienen derecho a cortar calles ni rutas porque su derecho a la protesta termina cuando limitan el derecho “de los ciudadanos y ciudadanas de bien” a la “libre circulación”, que se sustenta en el sentido común que acompaña la instalación de esta idea sobre que las piqueteras y piqueteros “son planeros y plañeras”, “son todas y todos vagos”, “se embarazan por un plan”, “son parásitos que viven del Estado”, “se acostumbraron a no trabajar”, “nunca vieron a nadie de su familia trabajar y creen que vivir de planes está bien” o “no trabajan porque no quieren perder el plan”.
Este sentido común que erige a las personas de los sectores vulnerables, que viven en condiciones de extrema pobreza, como criminales y como culpables de sus propias condiciones de existencia, no cuestiona ni analiza en profundidad las causas de esas condiciones de pobreza. Fuimos testigos de un claro ejemplo de esta operacionalización del sentido común hace una semana, cuando el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, referente presidenciable de Juntos por el Cambio, indignado ante un masivo acampe piquetero de los movimientos sociales en la Avenida 9 de Julio frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, dijo: “les pedimos que les saquen los planes sociales, que tienen como condicionalidad que los chicos vayan a la escuela; hagan cumplir la ley y saquen los planes sociales a esa gente y así no van a venir más. En vez de que el Estado maneje los planes, los distribuyen organizaciones que los extorsionan. Ponen a los chicos como escudo para que no los desalojen y los chicos tienen que estar en la escuela, no acampando”.
El legislador porteño por Libertad Avanza, Ramiro Marra, en ese mismo sentido, dice que “uno de los delitos más graves que puede cometer un individuo es la utilización y puesta en peligro de menores, perjudicando a terceros para un beneficio privado“. Asimilar la Asignación Universal por Hijo (AUH) a “planes” no es ignorancia, es un reduccionismo y una descontextualización que apunta a fortalecer la estrategia de criminalización y de estigmatización de los pobres para combatir cualquier posibilidad de empatía social con los que menos tienen. Y asimilar la protesta social por derechos sociales que debe garantizar el Estado a “un beneficio privado” es un corrimiento absoluto de sentido que tampoco es ingenuo ni inocuo.
En un país con una inflación que llegó al 6% en marzo, con niveles de pobreza de casi el 40% de la población y con más de la mitad de los niños y niñas en la pobreza, poner el eje en el corte de calles y el caos de tránsito es inmoral. Un pibe o una piba no pueden estudiar si no tienen para comer, si no tienen ropa ni calzado. Una madre lleva a sus hijos a una protesta social porque no tiene “niñera” que le retire a sus niños y niñas del colegio. Y protestar para tener condiciones de vida más dignas es un derecho humano. Y es deber del Estado garantizar no sólo el derecho a la educación, sino el derecho a la alimentación, a la vestimenta, a la salud, al cuidado y a una vida digna. Y ninguno de estos derechos humanos son beneficios privados. Son derechos humanos que tenemos todas las ciudadanas y todos los ciudadanos. Derechos que si quisiéramos forzar una jerarquía –como lo hace la derecha- son prioritarios respecto al derecho a la educación. No obstante, la pugna no es protestar vs ir a la escuela. Lo que hay que problematizar es la necesidad de todas estas personas de visibilizar el hambre, la pobreza y el desempleo y la falta de respuestas del Estado. No hay otra forma de hacerle oír al Estado un reclamo por el incumplimiento de las garantías constitucionales que no sea la protesta social.
La derecha libertaria va más a fondo que Larreta y Cambiemos. El legislador porteño del Partido Libertad Avanza que lidera Javier Milei, Ramiro Marra, dice que hay que prohibir las manifestaciones callejeras que incluyan interrupciones a la «libre circulación» y al «funcionamiento normal de los servicios públicos». Ramiro Marra plantea que «ninguna demanda es argumento suficiente para permitir a grupos de personas realizar cortes de calles o rutas, por parte de dos o más individuos que se manifiesten vulnerando las disposiciones vigentes, durante los días hábiles» y equipara los cortes de calle a “actos de violencia». Esta operación de sentido no es ingenua, es muy efectiva y peligrosa. Hace décadas que los medios hegemónicos vienen instalando estereotipos “lambroseanos” que asimilan ciertos rasgos humanos y ciertas características sociales a la delincuencia y a la violencia. Esto permite encender la mecha muy fácilmente en las capas medias y reaccionar positivamente ante los dichos de este referente de la derecha libertaria.
Con el fin de“evitar y desarticular los cortes en el tránsito como medida de protesta”, el partido Libertad Avanza presentó una plataforma web para promover el Movimiento Anti Piquetero Argentino (MAPA), que dice rechazar “la violencia, a la violación de las libertades y a cualquier otra forma de fascismo camuflado de manifestación legítima» ante “la falta de acción del Gobierno contra los cortes de calle y los piquetes que a diario ocurren». Para lograrlo, se propone un “monitoreo digitalde ciudadanos y la presentación de denuncias penalescontra los dirigentes sociales que impulsen las protestas”. Según la página web, su plan de acción no implica «una fuerza de choque, sino que se trata de una militancia digital», que informará sobre los piquetes que se realizan para poder calcular»el costo que tienen para los ciudadanos»y poder realizar un registro, con las denuncias a las organizaciones que los impulsan para poder actuar “por sobre la responsabilidad de los individuos en la violación al derecho a la libertad, comprendemos que es aún mayor la de organizaciones cuyo fin único es el de perturbar y generar caos para beneficio privado”.
El proyecto para criminalizar la protesta social de Ramiro Marra es peligroso. Legalizar la violación de un derecho humano es riesgoso, pero más peligroso es envalentonar a sector de la sociedad para que “hagan justicia por mano propia”, haciendo que se crean paladines de la justicia cuando en realidad están promoviendo acciones fascistas, promoviendo la idea falaz de que unos sujetos sociales tienen superioridad moral y ética respecto a otros y pueden ejercer la fuerza, porque en un país donde a diario vemos como se agita el odio es ingenuo creer que esta “medida pacífica” no tiene una concepción racista y que terminará con violencia radical nazi. La idea de que unos atentan contra las libertades de otros también en pos de “beneficios privados” es falaz. Las piqueteras y piqueteros luchan contra la violación de sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales y cualquier logro de garantización de esos derechos es un beneficio común para todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, no es un beneficio privado es un logro para el bien común de la ciudadanía argentina.
El tan mentado “derecho a la libre circulación” y la interpretación reduccionista y maniquea de la Constitución Nacional.
La derecha vernácula, hoy encarnada en Cambiemos y en Libertad Avanza, desde hace décadas viene promoviendo lectura maniquea y errónea de la Constitución Nacional y del tan apelado “derecho a la libre circulación” que a nadie parece hacerle ruido. Nunca vi que nadie cite textualmente ningún artículo de la Constitución Nacional argentina en sus argumentaciones. Claro, porque tal argumento legal no existe.
El derecho a “la libre circulación” de personas, mercancías y tránsito por todo el territorio nacional es un derecho que se establece en nuestra Constitución Nacional argentina desde el artículo 9 al artículo 14. Pero en nuestra constitución nacional no existe ningún artículo que hable del “limite personal o social” a la circulación sino que regula el deber del Estado a garantizar la libre circulación de personas, transporte y mercancías en términos aduaneros. Y en los cortes de calle o rutas no está implicado el Estado ni hay una limitación aduanera a la “libre circulación”.
Felipe Pigna ha explicado más de una vez el origen de este articulado en nuestra constitución nacional. Antes de la declaración de la independencia de Argentina en 1816, los viajeros debían pagar numerosos y cuantiosos peajes para transitar de un lugar al otro, que limitaban y perjudicaban la libre circulación de personas y mercancías a través del Virreinato del Río de La Plata y hacia el Virreinato del Alto Perú. Años más tarde de la declaración de la independencia nacional, cuando se planificó nuestra Constitución Nacional en 1853 se consensuó establecer una limitación a esas aduanas internas y a los impedimentos físicos y económicos que estas significaban para la libre circulación de viajeros y mercancías por todo el territorio nacional.
Para eso, en el sentido más amplio, se sancionó el Artículo 9°, que establece que “en todo el territorio de la Nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso” y el artículo 10, que remite específicamente a la circulación de bienes y mercancías, que establece que “en el interior de la República es libre de derechos la circulación de los efectos de producción o fabricación nacional, así como la de los géneros y mercancías de todas clases, despachadas en las aduanas exteriores”. En los artículos 11, 12 y 13 nuestra constitución nacional profundiza la normatividad para garantizar la libre circulación de bienes, mercancías y transporte de mercancías.
El artículo 14 es el más vapuleado, destrozado y manipulado de nuestra constitución nacional. A este artículo se suele referir la derecha vernácula y todo aquel que quiere fundamentar el “derecho a la libre circulación” de las ciudadanas y los ciudadanos. Lo curioso es que ese mismo artículo regula “el derecho a peticionar ante las autoridades”, el derecho a “la libertad de prensa” y de “asociación”, que el legislador Ramiro Marra parece no inmutarse al promover su violación cuando propone crear el “Movimiento Anti Piquetero Argentino”. Enfatizo sobre el accionar de Marra pero este sacho le cabe a cualquier ciudadano o ciudadana que pretenda criminalizar y estigmatizar el derecho a la protesta social basándose en que esto impide su derecho a la circulación. Por eso, no debemos perder de vista que el artículo 14 de la Constitución Nacional argentina reza: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: De trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender”.
Defender y respetar la Constitución Nacional es un deber de todo ciudadano y ciudadana argentina. Pero, primero, sería importante que cada uno y una conozcan los principios jurídicos en los que se erige nuestra Nación antes de citarlos. Ninguna Nación puede ser tal si no tenemos en cuenta los principios de igualdad, universalidad y reciprocidad. Quién desvirtúe, descontextualice y manipule nuestra Carta Magna para fines políticos no altruistas, egoístas, individualistas en detrimento del bien común no tiene objetivos beneficiosos para el país. Nuestra Constitución Nacional es hija de los principios de la Revolución Francesa y de los pensadores Iluministas, los verdaderos libertarios que profesaban y promovían las libertades individuales como motor de las sociedades modernas. Violentar la esencia de nuestra Carta Magna, justamente, nos lleva en sentido contrario a lo que dicen querer promover aquellos que se autoproclaman “libertarios”. Nadie que promueva valores individualistas y que cimiente su proyecto de país en detrimento del bien común a partir del odio, la criminalización y la persecución policíaca del otro, de un igual, quiere construir una patria justa y soberana.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.