(Trabajo censurado por la Universidad Nacional de Santiago del Estero) PROBLEMÁTICA ECONÓMICA El modelo de producción agropecuaria como parte del modelo económico nacional El análisis del desarrollo de la producción agropecuaria hacia el modelo de monocultivo de soja transgénica forrajera en que ha devenido la producción agraria argentina, debe enmarcarse en la evolución -más apropiadamente […]
(Trabajo censurado por la Universidad Nacional de Santiago del Estero)
PROBLEMÁTICA ECONÓMICA
El modelo de producción agropecuaria como parte del modelo económico nacional
El análisis del desarrollo de la producción agropecuaria hacia el modelo de monocultivo de soja transgénica forrajera en que ha devenido la producción agraria argentina, debe enmarcarse en la evolución -más apropiadamente involución- del modelo económico nacional, desde uno de capitalismo industrial autosuficiente, con escaso o nulo endeudamiento externo, soberano, centrado en el mercado interno, con alta movilidad social, con alto nivel de distribución del ingreso, pleno empleo, satisfacción casi plena de las demandas de la población y de alta inclusión social, vigente entre 1945 a 1975 -y que de alguna manera perdurara hasta 1989- y su reemplazo por un retorno al modelo colonial de exportación de commodities -anteriormente llamado modelo agroexportador: «Argentina Granero del mundo»- vigente con otras formas entre 1862 y 1943, constituido a partir de la sumisión de la nación argentina en la globalización británica luego de las derrotas nacionales de Caseros y Pavón en la segunda mitad del siglo XIX.
A diferencia de entonces que exportábamos granos y carne, hoy exportamos granos -principalmente forrajeros-, petróleo crudo, gas natural, energía eléctrica y caramelos. Para poder exportar petróleo y gas, la Argentina que a través de décadas de trabajo serio de YPF y Gas del Estado había logrado el autoabastecimiento energético, pero no era un país superavitario en energía, debió detener primero y destruir luego su desarrollo industrial, siderúrgico, ferroviario, militar y naval, mediante la política de devastación nacional llevada adelante en dos etapas: primero en la época de la dictadura militar a través de su ministro de Economía, José A. Martínez de Hoz y luego por el gobierno de Menem entre 1989 a 1999.
Esta transformación macroeconómica, que ya ha costado enormes daños a la nación y que la devolviera a su estado colonial anterior a 1945, implica la política de dejar de pensar la producción y la actividad económica nacional desde el mercado interno, de interpretar el desarrollo nacional a partir de las necesidades de su pueblo y del país, para volver a generar un desarrollo desde y hacia afuera (modelo de factoría), es decir el motor de la producción no es la satisfacción de nuestras demandas y necesidades, sino las que reporta o necesita el mercado mundial, las que nos fijan los dueños del mercado mundial. Es así que dejamos de ser una nación y hemos retornado al estado de factoría neocolonial.
De no haber sido por la rebelión popular de diciembre de 2001, la Argentina se encaminaba, por vía de esta política de sumisión al capital financiero internacional, hacia la dolarización, la entrega de territorio por deuda (en función de la vieja apetencia norteamericana sobre la Patagonia y la Antártida Argentina) junto a la represión militar y policial a los pobres y hambrientos, es decir el inicio real de la disolución física de la nación. Una vez más en nuestra historia el pueblo salvó la nación.
Es en esta perspectiva en que el monocultivo de soja transgénica debe ser abordado como un emergente de la transformación neocolonial de la Argentina y no como causa de la misma. Si bien la expansión aparentemente incontrolable del monocultivo de soja transgénica forrajera es un grave problema que está afectando nuestra economía, la misma podría ser reemplazada por otro commoditie que ocupara su mismo rol, como materia de producción ‘nacional’ únicamente para las necesidades del mercado mundial.
Retorno al modelo de país factoría exportador de commodities
J. A. Martínez de Hoz fue muy claro respecto de los planes que para la nación tenía el nuevo mando capitalista por él representado, así en 1977 señaló: «Si la Argentina va a producir acero o galletitas lo va a decidir el mercado». Por supuesto el «mercado», es decir los dueños del mercado -las 40 o 50 empresas multinacionales a quienes se entregó la riqueza de la nación, dueñas de la Argentina- decidieron que produjéramos y exportáramos soja forrajera, petróleo crudo, gas natural y caramelos, haciendo realidad la profecía del creador de la deuda externa moderna.
Esta política fue desarrollada sin solución de continuidad por los sucesivos gobiernos habidos desde 1976 hasta el 19 y 20 de diciembre de 2001, con la solitaria excepción del año de 1984 cuando el ministro de Economía Bernardo Grinspung intentó una política diferente de retorno al modelo de desarrollo nacional, antes de ser reemplazado por el economista neoliberal Juan Vital Sourrouille. Desde entonces, las políticas económicas aplicadas destruirían una tras otra las transformaciones revolucionarias de la sociedad argentina realizadas por Juan Perón entre 1945 y 1948. De tal forma las políticas neoliberales y neocoloniales aplicadas producirían:
– La destrucción física de la clase trabajadora, que se había vuelto en ingobernable entre 1945 y 1973, reduciendo su número de 6.000.000 en 1976, a menos de 1.000.000 en diciembre de 2001 generando una política de desempleo creciente y de marginalización de la población, produciendo que entre 1990 y la actualidad la tasa de desempleo y subempleo alcanzara a casi un 40% de la PEA (Población Económicamente Activa) (la mayor de la historia argentina), es decir, mucho más de la mitad de la población total del país, como política central de disciplinamiento social.
– La destrucción de la industria nacional mediante varias medidas tales como la financierización del capital, política que los argentinos conociéramos como ‘Plata dulce’, y convertibilidad luego; la apertura desenfrenada de la economía; la liquidación de todas las formas de protección y estímulo para nuestra industria; encareciendo el crédito hasta los niveles de saqueo y expropiación por el capital financiero de la pequeña y mediana propiedad industrial y agrícola, haciendo desaparecer ramas enteras de la economía. Las privatizaciones de los sectores estratégicos por el gobierno de Menem completarían el golpe final contra la posibilidad de decidir nuestro futuro industrial independiente.
– El endeudamiento ficticio e ilegítimo de la nación para impedir una política estatal soberana, atando nuestro desarrollo a los dictados de los poderes económicos imperiales: la deuda externa era menor a 6.000 millones de dólares en marzo de 1976, de 45.000 millones en diciembre de 1983, de 65.000 millones en 1989, de 160.000 millones en 1999 y de 220.000 millones en 2001.
– La devolución a la burguesía terrateniente de la parte de la renta agraria que las reformas de 1940 en adelante -Junta Nacional de Granos (J.N.G.), Junta Nacional de Carnes (J.N.C.), Instituto Nacional de Vitivinicultura (I.N.V.), Instituto Nacional del Algodón, juntas reguladoras, precios sostén, etc., habían extraído para equilibrar la economía nacional e industrializar la nación. Está demás aclarar que dicha devolución de Renta fue a parar a las manos de los latifundistas, y no a la de los pequeños y medianos productores que en número de más de 260.000 perdieron sus propiedades.
Esta devolución de la renta produjo una recapitalización suntuaria de dicha burguesía terrateniente y una consociación aun mayor de la misma con el capital multinacional, en desmedro del desarrollo industrial y soberano de la nación. La renovación anual de maquinaria altamente sofisticada, las camionetas 4×4, la importación descontrolada de insumos agrícolas y agrotóxicos, así como altos gastos suntuarios, no ha repercutido en un aumento de las condiciones de vida de la población en su conjunto, sino por el contrario en la expansión de la pobreza, el desempleo, la concentración de la riqueza, la indigencia y en desmedro del desarrollo industrial del país.
– Una política de hambre y de menor consumo de alimentos de la población tal cual anunciara J. A. Martínez de Hoz ya en 1967 en su libro ‘la Agricultura y la Ganadería argentina en el periodo 1930-1960’ donde criticaba la forma en que el Gobierno Peronista (1945-55) había desincentivado las exportaciones agrícolas, señalando que el problema surgía «por el gran consumo interno de alimentos de los Argentinos» (Martínez de Hoz, 1967). Pensamiento que da la razón a Juan José Hernández Arregui (Op.cit.1973) cuando afirmaba: «Cuando después de 1946 una mejor distribución de la riqueza elevó al pueblo, esa clase infecunda y perversa vio demagogia y despilfarro porque el pueblo comía».
– Una política de revanchismo social y de distribución regresiva del ingreso: en 1955 la clase trabajadora recibía el 54% del Ingreso nacional, en 1973 se había reducido al 38%, en 1974 había recuperado al 48%, en 2001 había caído al 18%. Desde otras proporciones esta política de revanchismo social -ideológicamente motorizada por los voceros de la burguesía terrateniente- se expresa así: el 20% de la población más rica posee el 54% de la Renta nacional, el 20% más pobre sólo recibe el 5.2% de la RN, siendo que la transferencia de ingreso de los sectores bajos y medios a la cúpula social fue de 27.4 mil millones de dólares por año, es decir más de 274.000 millones de pesos-dólares entre 1990 y 2001. (1) Esta política aplicada con dosis de violencia y recetas económicas inflacionistas, daría como resultado la destrucción física de dos clases sociales argentinas; la clase obrera industrial y la burguesía industrial independiente representada en el proyecto de la CGE (Confederación General Económica) y Perón, así como allanaría el camino a la entrega del patrimonio nacional que de otra manera habría sido resistido por la mayoría de la nación argentina.
Ya en 1971 la burguesía industrial vinculada al capital multinacional agrupada en la Unión Industrial Argentina (UIA) era muy clara respecto de su visión del país futuro, el presidente de la UIA, Elvio Coelho había hablado blanco sobre negro con el sociólogo norteamericano James Petras, por entonces de visita en la Argentina: «A pesar de todo, no creo que ellos (los guerrilleros A.J. Lapolla) fueran el motivo central del golpe militar que se planeaba en la Argentina (el de 1976. AJL). Ya en 1971 me había impresionado un diálogo que mantuve, si mal no recuerdo, con Elvio Coelho, entonces Presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). Yo le preguntaba porque no se lanzaban a la industrialización como en Brasil» «-Porque los sindicatos son demasiado fuertes y eso nos llevaría a una guerra civil- contestó. – Pero, ¿porqué no lo intentan? -Porque podemos perder – dijo» (Citado por M. Seoane en 21) Juan Alemann confirmaría, luego de producido el genocidio en 1979, la preferencia de la gran burguesía por esta política: «Con esta política (la represión y los 30.000 desaparecidos. AJL) buscamos debilitar el enorme poder sindical que era uno de los grandes problemas del país. La Argentina tenía un poder sindical demasiado fuerte, frente al cual era imposible el florecimiento de cualquier partido político, porque todo el poder lo tenían ellos. (..) Hemos debilitado el poder sindical y esta es la base para cualquier salida política en la Argentina..»(Citado por M. Andersen en 22) Estas terribles palabras no fueron en vano: el 58% de los 30.000 desaparecidos eran dirigentes sindicales de base.
Esta política dejaría entonces como ganadores a la burguesía terrateniente y a las empresas multinacionales con el capital financiero asociado a ambas, con la consiguiente devastación y saqueo nacional que las cifras y la realidad muestran. Como ejemplo de esta nefasta consociación cabe señalar que 17.000.000 de hectáreas son ya propiedad de empresas extranjeras y que empresarios ¡argentinos! poseen casi 150.000 millones de dólares depositados en el exterior. Es en este modelo de rediseño de la nación que los vencedores del largo conflicto 1955-1976 realizaron, que se enmarca la aparición del monocultivo de soja transgénica forrajera.
Ausencia del Estado: una política de Estado
Hay quienes señalan que esta situación se produjo por responsabilidad de la ausencia de Estado hacia la política agropecuaria, nosotros creemos que ese es el efecto de una política buscada, en realidad de una política de Estado hacia el agro y la economía en general. Es decir devolver la conducción del proceso económico a la burguesía terrateniente y al capital multinacional con el sector financiero asociado. De allí que la Argentina haya dejado de producir alimentos para su población y materias primas para su industria exportando el excedente, para dedicarse a hacer aquello que el «mercado mundial demanda» y que favorece a la burguesía terrateniente, hoy como ayer palanca de dominación imperial en la Argentina. Desde 1967, fecha en que el dictador Onganía promulgara la «Ley» Raggio modificando el sistema de arrendamientos rurales y que expulsara a decenas de miles de productores pequeños y medianos de las tierras que habían trabajado honestamente desde que en 1945, Perón prefiriera una ley de congelamiento de arriendos en lugar de una Reforma Agraria como propiciara al comienzo de su gobierno, la política del poder económico ha sido expulsar a los chacareros y concentrar la propiedad de la tierra.
Fue el Ing. Ingaramo, miembro del equipo de D. Cavallo, quien señalara en 1990: «en la Argentina deben desaparecer 200.000 productores agropecuarios por ineficientes» (Clarín, 1991). Casi lo logra: entre 1990 y 2001 desaparecieron 160.000 productores, el 35% de ellos en la pradera pampeana, peor aún: desde la antedicha Ley Raggio en 1967 hasta el 2001 se perdieron 260.000 productores. Mientras tanto el sector terrateniente recuperó y amplió sus tierras: el 49.6% de la tierra del país pertenece a 6900 propietarios (Censo Nacional Agropecuario, 2002. Si pensáramos en términos de una familia tipo, cosa no del todo cierta ya que «nuestros» terratenientes suelen ser muy prolíficos, hablaríamos de menos de 28.000 personas dueñas de la mitad de las tierras cultivables de la nación. Ni Rivadavia con su Enfiteusis pudo hacerlo mejor. Ha sido una política de Estado, disolver la JNG, la JNC, el INV, entregar al capital multinacional el comercio exterior argentino, los puertos de embarque de nuestra producción, destruir los silos y plantas de almacenamiento de la JNG, destruir y privatizar los ferrocarriles – único país en el mundo que destruyó su red ferroviaria, la mayor de América Latina- , privatizar las rutas construidas por la nación y las provincias, privatizando -y encareciendo- el transporte de nuestra producción.
Fue el Estado quien eliminó los precios sostén y compensatorios que permitían estimular determinadas producciones necesarias para el país, corregir distorsiones y proteger al pequeño y mediano productor de la voracidad del «mercado» -los terratenientes y la banca privada-, fue una política deliberada destruir el INTA, vaciarlo de contenido y rol, entregando el germoplasma nacional y sus estudios agroecológicos argentinos -una riqueza de carácter estratégico y geopolítico- a las multinacionales granarias y agroquímicas, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria y el control independiente de la producción agropecuaria nacional.
Fue el Estado nacional a través de una resolución del entonces Secretario de Agricultura Ing. Felipe Solá, el que autorizó en 1996 – sin estudios previos que los avalaran- los cultivos transgénicos, transformado a nuestro país en el mayor productor de los mismos en el mundo, contaminando de manera irreversible nuestro ecosistema y produciendo afectaciones desconocidas al futuro del mismo y a la salud del pueblo argentino.
Fue el Estado quien privatizó el petróleo nacional -único país sobre la tierra que entregó su petróleo a otro sin haber sido invadido militarmente- dejando de producir combustible barato para el agro y la industria: Repsol (de España) prefiere importar gas oil y exportar petróleo crudo, quedándose con la diferencia. De tal forma ningún cultivo que necesite más de una labor -la mayoría- incluidos algunos estratégicos como el maíz, el algodón, el arroz o el girasol, pueden competir con la soja RR que legitimara el citado funcionario.
Es el Estado quien no aplica ninguna política de modificación diferencial de las retenciones para permitir el cultivo de otras producciones, y permite que el glifosato cueste un tercio de lo que vale en los EE.UU., difundiendo masivamente su uso, mientras que los EE.UU., mediante una política de precios sobre los agroquímicos y las semillas transgénicas, sólo produce un 40% de soja transgénica del total de la soja producida. Nosotros que parecemos más norteamericanos que ellos producimos el 99% de soja RR.
Es el Estado quien no practica una política de defensa de los pequeños y medianos productores que no pueden acceder al paquete de alta y cara tecnología que implica el paquete de Siembra Directa, control de malezas con Glifosato y cultivo de soja RR, modelo que arrasa las poblaciones rurales, destruye el empleo rural, pauperiza, precariza a los trabajadores y expulsa a los pequeños productores. Según cifras del Censo Nacional Agropecuario 2002, la explotación media de la región pampeana pasó de 257 hectáreas (en los ’80 a 538 hectáreas en los ’90. Para quienes desean que seamos como los norteamericanos allí la propiedad media actual es menor a 250 hectáreas y en la Unión Europea la misma orilla las 10 hectáreas (Censo Nacional Agropecuario, 2002), es decir, nuestra política agraria -pese a lo que sostiene el lobby sojero-monsantiano- va a contramano de la política agraria de los principales países del mundo. No de lo que ellos nos dicen que hagamos por cierto, sino de lo que realmente hacen en sus países que es lo realmente importante.
Ha sido la política del Estado de beneficiar la expansión del monocultivo de soja en detrimento de otras producciones la que ha permitido que se haya reducido más del 44,1 % de la superficie cultivada de arroz, más del 26,2 % de maíz, más de 34.2 % de girasol, más del 3.5 % de trigo, 10 veces la superficie de algodón (de 700.000 hectáreas a menos de 70.000), que hayan cerrado el 27.3% de los tambos (Censo Nacional Agropecuario, 2002; Pengue, 2003), que zonas como San Pedro en la provincia de Buenos Aires hayan perdido el 50% de los montes frutales y plantaciones de vivero para ser reemplazadas por cultivos de soja RR, con la aparición del hambre y el desempleo desconocido hasta entonces (Boy, ). De la misma manera sólo entre 1998 y 2002 el área forestal se redujo en más de 510.000 hectáreas (Pengue, 2005), aun cuando un informe reciente señala una reducción sólo para Santiago del Estero de 2.768.000 hectáreas hasta el 2004 (Mariot, 2004). Por las mismas razones, cultivos directamente vinculados a la alimentación popular como la papa, la batata, la lenteja, la arveja, distintos tipos de maíz y de hortalizas han visto reducidas enormemente su producción y área de cultivo.
Ha sido esta política de Estado la que ha permitido que la Argentina dejara de producir la «mejor carne del mundo» criada a campo y con pastoreo a cielo abierto y que en lugar de prepararnos para abastecer y ganar posiciones en el gigantesco mercado asiático emergente y en expansión, que alberga más de la mitad de la población mundial, nos transformáramos en proveedores de forraje barato para quienes se preparan a abastecer dichos mercados con ganado criado con ‘commodities’ producidos en nuestras pampas. Hoy los EE.UU., China y la Unión Europea exportan carne a dichos mercados mientras nosotros producimos soja transgénica forrajera para alimentarles el ganado. No sólo eso: cuando la enfermedad de la «vaca loca» arrasara la producción bovina europea, nuestros funcionarios, movidos por la misma mentalidad colonial que nos gobierna desde 1976, corrieron presurosos a auxiliar a nuestros competidores con semen y reproductores de nuestros mejores planteles ganaderos. ¿Viveza criolla?
En síntesis lo que queremos señalar es que no es que el Estado ha estado ausente sino que el mismo estuvo presente con una política que produjo estos resultados. Se requiere cambiar la política del Estado hacia el campo por otra política activa, nacional, que reoriente la producción agropecuaria en función de las necesidades del país y no de las empresas multinacionales que hoy gobiernan nuestra producción agraria. Es decir volver a pensar en el mercado interno como eje de nuestro desarrollo. Eso implica entre otras cuestiones, una política de retenciones diferenciales, precios sostén y compensatorios, protección de producciones mediante subsidios y créditos especiales, protección del pequeño y mediano productor, entrega de tierras, una política de recolonización agrícola, de control sobre las propiedades extranjeras sobre nuestra tierra, la recuperación de una política soberana de semillas y de defensa de la producción de las mismas por el productor, devolviendo al INTA el papel histórico jugado en el desarrollo de una tecnología nacional agropecuaria y el control y secreto sobre sus investigaciones.
CONSECUENCIAS DEL MONOCULTIVO DE SOJA TRANSGÉNICA
Sociales
La «sojización» extrema de la Argentina (en 2004: 34.5 millones de toneladas, sobre un total de 70 millones de toneladas de granos, el 49.5%; 14 millones de has sembradas, el 54% del total del área sembrada) amenaza en principio con dos catástrofes a la nación: una ambiental y otra social. No puede dejar de advertirse una tercera posible en el plano económico, si al constituirse la soja en un monocultivo, por alguna razón los principales compradores de nuestra producción -China y la UE- dejaran de hacerlo.
La catástrofe social está a la vista. A lo largo de su historia el pueblo argentino casi no conoció el hambre masivo. Pese a que las políticas regresivas implementadas luego de 1955, produjeran importantes bolsones de pobreza regionales, es posible señalar sin embargo, que en el largo período histórico de 1945 a 1990 el pueblo argentino desconocía el hambre generalizado.
Hoy la situación es irreconocible: la Argentina el otrora «granero del mundo», el país de la «mejor carne del mundo», posee una población mal alimentada y con altos índices de indigencia. Entre 18 y 20.000.000 de personas (el 50% de una población de 38.000.000) se encuentran bajo el nivel de pobreza; de 4.500.000 a 6.000.000 son indigentes (es decir que pasan hambre extremo) y cerca de 4.5000.000 están desempleados.
La Argentina produce la mayor tasa de alimentos por habitante del mundo con sus más de 70 millones de toneladas de granos, sus 46 millones de cabezas de ganado bovino, una cifra similar de ovinos, otra mayor de porcinos, una importante producción láctea, que arrojan 3500 Kg de alimentos por habitante por año. Sin embargo tal masa de productos alimenticios es testigo del mayor hambre y genocidio social de nuestra historia: hoy, y en forma ininterrumpida desde 1990, en la Argentina se asiste a un verdadero genocidio social: 55 niños, 35 adultos y 15 personas mayores mueren diariamente por razones o enfermedades vinculadas al hambre (IDEP, 2003). Lo que arroja la escalofriante cifra de 450.000 personas muertas de hambre entre 1990 y 2003. Un verdadero genocidio social que empalidece el realizado por el terrorismo de Estado realizado por la dictadura militar con sus 30.000 detenidos-desparecidos.
Al mismo tiempo la degradación de las condiciones del trabajo y del empleo a que hicimos referencia, ha producido una pérdida marcada de los derechos laborales y sociales conquistados por los trabajadores en más de un siglo de luchas: el salario promedio de abril de 2004 es de 552$ mensuales, mientras que la línea de pobreza se encuentra en 789$, es decir que el grueso de los trabajadores ocupados cobran salarios un 30% por debajo de la línea de pobreza. O lo que es lo mismo el trabajo no impide sortear el hambre. Agravando la situación según cifras del ministerio de Trabajo el 47% del empleo en el país es informal.
Es de destacar que las cifras de pobreza e indigencia se multiplicaron y estabilizaron en tamaña magnitud de catástrofe social, en el mismo período en que la soja transgénica RR se instalara como cultivo principal de la Argentina. Este hecho incontrastable desmiente los argumentos de las multinacionales del sector y demás corporaciones dueñas de la producción de semillas transgénicas en el mundo, en el sentido de propaganda sostenido por ellos, que los cultivos transgénicos servirán para resolver el hambre en el mundo. El ejemplo de la Argentina tan rica, llena de transgénicos y con su escasa población para tan inmenso territorio, hambreada y empobrecida demuestra la falacia sostenida por los vendedores de semillas genéticamente modificadas.
La desaparición de fuentes tradicionales de alimentos baratos para la población tales como la batata, la papa, la lenteja, la arveja, el haba, varios frutales, la carne de cordero, la miel; la desaparición de gran cantidad de horticultores corridos por las fumigaciones de glifosato que destruyen sus cultivos lindantes con los de soja -entre el 14 al 78% del glifosato fumigado sale fuera del sitio de aplicación y se ha observado una deriva de hasta 800 m, registrándose una perdurabilidad en el suelo de 1 a 3 años (Botta y Selis, 2003). También son corridos por la alta rentabilidad de la soja RR que desplaza a las pequeñas producciones intensivas, aumentando los precios de los alimentos.
La propagación de los híper y supermercados -los cuales sólo en el conurbano bonaerense entre 1990 a 2000, produjeron el cierre de más de 400.000 comercios familiares, es decir alrededor de 1.600.000 puestos de trabajo perdidos (Neffa, 2000) y las redes de minimercados vinculados a los anteriores, impiden el libre acceso de la población a los alimentos. A esta situación debe sumarse que el grueso de los pobres son urbanos, en general desempleados industriales o sus hijos -en algunos regiones y asentamientos ya hay dos generaciones de desempleados- sin acceso a la posibilidad de cultivar sus alimentos, debido a la pérdida de conocimientos rurales de una población que es mayoritariamente urbana y a la ausencia de tierra propia para sembrar. Estos factores coligados impiden la otrora saludable autonomía alimentaria de los argentinos. La no eliminación o sensible reducción del IVA a los productos de la canasta familiar juega en el mismo sentido.
Esta situación será aun más grave si se legaliza producción de maíz RR (también transgénico y resistente a glifosato) que produce la empresa Monsanto, que no sólo duplicará -por lo menos- los mas de 150 millones de litros anuales de herbicida glifosato que se usan en el sistema bajo análisis, sino que además por ser el maíz una planta de polinización cruzada, no existirá para el productor la posibilidad de eludir la compra anual de semilla a la empresa, compra que hoy de alguna manera se elude en la soja RR mediante la llamada «bolsa blanca» situación que de alguna manera evita el control monopólico sobre la simiente y permite cierta tolerancia del sistema para los productores sobrevivientes de medianos recursos. En el caso del maíz -y es esta la razón de la presión de Monsanto sobre el gobierno al anunciar su retiro del negocio de la soja RR- la «bolsa blanca» no será posible y toda autonomía del productor respecto de la simiente desaparecerá.
Es en la magnitud de la dimensión social que estamos analizando, que debe entenderse la trágica decisión que implica que la Argentina haya dejado de producir alimentos para su población como objetivo principal de su producción agrícola y que en cambio se dedique a la producción de commodities y materias primas requeridas por el «mercado mundial». En una visión estrictamente macroeconómica, aparece como si el poder económico mundial destinara a nuestro país a producir soja RR en su exclusivo beneficio, alterando significativamente las líneas de desarrollo nacional. En última instancia producimos soja RR para obtener divisas para pagar deuda externa. Ilegítima por cierto.
La Siembra Directa: «la segunda revolución de las pampas»
El monocultivo de soja RR se realiza bajo un paquete tecnológico compuesto por la semilla transgénica RR patentada por Monsanto, resistente al herbicida glifosato. Lo cual permite su uso abundante para combatir las malezas de la soja unido al sistema de siembra sin labranza y sin labores conocido como Siembra Directa o de barbecho químico. Nos referiremos aparte y en particular a las implicancias que la misma tiene sobre la ecología del suelo, por lo que queremos referirnos aquí a sus implicancias sociales.
Todos los críticos del monocultivo de soja RR coincidimos en general que, sin dejar de ser grave el tema de la contaminación genética irreversible que presenta la propagación de la soja RR, es en el paquete tecnológico que la acompaña donde se encuentra el mayor peligro.
Preocupación que parece estar empezando a llegar al INTA, luego de un largo silencio: «Estamos experimentando algunos problemas de resistencia de malezas, pero no están todavía en una escala tan grande como para afectar los rendimientos seriamente o para poner en peligro el futuro del cultivo de soja», dice Carlos Senigalesi director de proyectos de investigación del INTA. Él cree que es la tendencia de los productores a cultivar nada más que soja, más que la prevalescencia de los cultivos genéticamente modificados (GM) lo que se encuentra en la raíz del problema. «La monocultura no es buena para los suelos o para la biodiversidad y el gobierno debería empujar a los chacareros a retornar a la rotación de cultivos», dice Senigalesi. «Pero aquí todo fue dejado al mercado. Los productores no tienen una apropiada orientación por parte de las autoridades. No hay subsidios, ni precios sostén. Pienso que debemos ser el único país del mundo, donde las autoridades no tienen un plan apropiado para la agricultura, sino que lo dejan todo a las fuerzas del mercado» (11). (Carlos Senigalesi citado por Sue Brandford, 2004)
También con retraso la dirección del INTA expresó en diciembre de 2003 su preocupación por la situación creada, al señalar «el desordenado proceso de desarrollo de la agricultura», y que «dado que no hay señales de mercado asociadas con las dimensiones social y medioambiental, estas son generalmente ignoradas en el proceso decisorio, generándose distintos desequilibrios. El restablecimiento de los mismos requiere la incorporación de estos costos adicionales de manera de garantizar la sustentabiliadad tanto de recursos naturales como la del tejido social que integra los sistemas de producción». Advirtiendo que «si nada se hace, la declinación de la producción sería inevitable y que el stock de recursos naturales del país sufriría una degradación -posiblemente irreversible- tanto en cantidad como en calidad». Reclamó cambios en las prácticas agrícolas en la pradera pampeana, señalando que «la combinación de siembra directa con el monocultivo de soja no era compatible con la sustentabilidad de la agricultura» (Clarín Rural, 2003).
Entre los costos ambientales que señala el INTA, habría que ubicar en primer lugar -por su gran costo en vidas- a las inundaciones de Santa Fe de 2003, consecuencia casi directa de la expansión del sistema SD-Soja RR-Glifosato por el Norte de Santa Fe, el Sur de Santiago del Estero y el Norte de Córdoba, que implicó el desmonte sin control de la vegetación arbustiva existente, vegetación que retenía gran cantidad de agua y a la propagación del sistema de Siembra Directa -no labranza- que si bien disminuye la erosión hídrica -hecho incontrastable y su mayor mérito- aumenta de gran forma el escurrimiento superficial de agua. Esto unido al corrimiento de las isohietas de 600 hasta 750 mm hacia Santiago del Estero -en un ciclo húmedo de incierta duración- que aumentaron enormemente el caudal de agua arrastrado por la Cuenca del Río Salado, todo sumado a la absoluta inacción del gobierno de Santa fe y la destrucción de los entes de regulación y control de aguas que la política de destrucción del Estado antedicha ocasionara.
Otro de los costos no incluidos en la ecuación es el correspondiente a la reposición de los nutrientes extraídos por la soja y exportados en sus granos y no calculados en la sustentabilidad del ecosistema: 900 millones de dólares anuales según un informe de W. Pengue(2003).
Pese a los argumentos desaforados de los que hablan de la «segunda revolución de las Pampas» -a pesar que nunca conocimos de la existencia de una primera- los resultados sociales de la expansión del paquete soja RR-Glifosato-Siembra Directa está produciendo hechos que más bien hablan de una contrarrevolución de las Pampas o de una segunda etapa de desarrollo del capitalismo agrario argentino, tanto o más expulsivo y concentrador de la riqueza y la tierra que aquél que se produjera entre 1862 y 1880 y que diera por resultado los tres genocidios constituitivos de la República liberal-conservadora, que nos atara a la globalización Británica de la segunda mitad del siglo XIX, contra la cual habían luchado nuestros patriotas fundantes desde 1806.
Primero fue el genocidio de los federales realizado por Mitre y Sarmiento, en su «disciplinamiento» a sangre y fuego del interior (entre 8.000 y 11.000 paisanos pasados a degüello por Sández, Irarzábal y Paunero, equivalentes a más de 200.000 argentinos de 1976), seguido por el de los paraguayos, negros y criollos de ambos lados masacrados en la Guerra de la Triple Alianza (750.000 varones paraguayos asesinados o remitidos como esclavos a Brasil, sumados a varios miles de argentinos muertos en la guerra) y el genocidio Mapuche realizado en la mal llamada «Conquista del Desierto» (en realidad robo de las tierras Mapuches y Pampas) por el genocida Julio Roca.
Estos genocidios constituitivos de la hegemonía económica y política de la burguesía terrateniente, que privarían a las masas populares -y luego a los inmigrantes- del libre acceso a la tierra en forma opuesta a lo que ocurriera en la revolución Francesa, en los EE.UU., o en la revolución Rusa de 1917, serían coincidentes con similares hechos ocurridos sobre la población originaria en el mismo período en los EE.UU., Canadá, Sudáfrica, Australia, China, India, otras regiones de África y de la América del Sur. Matanzas de millones de pobladores originarios producidas en la segunda mitad del siglo XIX por las potencias de Europa Occidental y que permitirían la localización de la población sobrante europea que arrojaba al hambre y el desempleo la Segunda Revolución Industrial producida por la máquina de vapor. Dicha política estratégica de las Grandes potencias europeas (primero Inglaterra y Francia, luego con Alemania y los EE.UU) permitiría liberar amplias zonas de territorio mundial para ubicar dicha población sobrante -más de 50 millones de personas entre 1850 y 1900 (Argumedo, 1996) impidiendo o retrasando de esa manera la revolución social en Europa, situación que Karl Marx describiría como que «América impide la revolución en Europa». O más claramente «la Marcha al Oeste en los EE.UU., diluye continuamente la lucha de clases y actúa como factor de aplastamiento revolucionario en los EE.UU., y en Europa»(14).
Un reciente trabajo de los Dres., G. Botta y D. Selis de la Universidad Nacional de La Plata muestra de alguna manera las conexiones existentes entre la primera contrarrevolución de las Pampas y esta segunda (Botta y Selis, 2003). Según los autores el paquete tecnológico de referencia vinculado al cultivo de soja RR, está produciendo: una fuerte disminución del trabajo agrícola permanente y por ende del número de trabajadores rurales; un aumento de los trabajadores agrícolas temporarios; una fuerte concentración de la tierra; una disminución del número de explotaciones agrícolas; un marcado aumento de la pobreza; la marginalidad; la precarización laboral y el hecho novedoso consecuencia de los dos primeros factores, cual es la expulsión del proletariado rural de los campos y su localización como población marginal y miserable, no sólo en las grandes ciudades sino ya en las propias aldeas o poblados rurales, no pudiendo ser absorbido por una industria devastada, constituyendo así un nuevo núcleo de desplazados y hambrientos en la masa de desocupados que pueblan la Argentina y que se observan en la mayoría de las ciudades y pueblos del país y en particular en la distribución de los planes Jefes y Jefas de Hogar.
Los autores señalan un hecho estructural de la técnica de la Siembra Directa como causante de esta tragedia social (que algunos llaman progreso -o más cínicamente como «costos del progreso» y que los técnicos del BM, del FMI o de la Escuela de Chicago denominan «tasa de sufrimiento del ajuste estructural».
La desaparición de labores y preparación del suelo durante todo el año que la nueva técnica trae aparejada se observa en que el Tiempo Operativo de la Labranza Tradicional erade 3 horas-hombre por hectárea, en la Siembra directa es de: 40 minutos-hombre por hectárea. Esta reducción implica la pérdida de 4 de cada 5 puestos de trabajo en la agricultura bajo el régimen de Soja RR-SD-Glifosato (Botta y Selis, 2003).
De alguna manera la siembra directa repite la misma tasa de desempleo que ocurriera con la aparición de la robotización y la automatización a partir de los ’80, también allí la tasa de desempleo era de 4 cada 5 puestos de trabajo, lo cual generó la grave crisis social que aún aqueja a 2/3 partes de la humanidad provocando cifras de hambre, desnutrición y mortandad que habían sido superados luego de la Segunda Guerra Mundial.
Esta situación ha sido reconocida por el subsecretario de política Agropecuaria de la nación, Claudio Sabsay quien aceptó en un reportaje que «por cada 500 has que se incorporan a la superficie sembrada con soja se agrega sólo un empleado» (De La torre, 2004).
En un sentido este salto tecnológico puede compararse al enorme desarrollo producido por la ciencia y la técnica entre 1945 y 1975. Período donde la revolución científico-técnica actual comenzó su expansión. Sin embargo este período, «los 30 dorados», tiene los índices sociales más altos y benéficos de la historia conocida de la humanidad, ya que la los índices del hambre, de empleo, de mortandad, de desarrollo social, de distribución del ingreso, de longevidad, de salud, de educación de desaparición de enfermedades endémicas, etc., son los mejores de la historia.
Es decir que en este caso el enorme salto tecnológico producido entre el mencionado período, no produjo desempleo sino todo lo contrario, es decir pleno empleo. ¿Por qué?
Porque es en ese período cuando la jornada de trabajo soporta la mayor reducción de la historia: en 1939 cuando comienza la II Guerra Mundial la jornada de trabajo legal era cercana a las 12 horas diarias; a partir de 1945 cuando el nazismo fue derrotado y la bandera del Ejército Rojo flameó sobre el Reichstag, la jornada laboral legal disminuyó a 8 horas diarias, produciendo la mayor tasa de empleo y bienestar social de la historia conocida del capitalismo, dando origen a la etapa conocida como Estado de Bienestar. Es decir que la historia muestra que el avance técnico -en el sentido que la Siembra directa pueda serlo- no tiene porqué generar desempleo si se incluye el aumento del bienestar de la población como la primera condición económica a cumplir. Esto implica considerar en el planeamiento económico la introducción de mejoras en el proceso productivo, la distribución de los beneficios que la mejora introduce en el proceso del trabajo, incluyendo por supuesto la distribución del trabajo generado entre la población, a través de la reducción de la jornada de trabajo o la distribución de la tierra.
Coincidentes con las cifras precedentes, los autores Botta y Selis señalan que los principales sectores sociales perjudicados por este proceso son el proletariado rural y los pequeños y medianos productores que tienden a desaparecer cediendo su tierra a los pools de siembra o a propietarios mayores.
Advierten a su vez que la situación es de tal gravedad que el INTA Marcos Juárez -el mayor difusor de la Siembra directa- ha advertido recientemente que no son viables las producciones rurales menores a 190 hectáreas (Botta y Selis, 2003). En Pergamino, Martínez y Dougnac, trabajando con los datos de los Censos Nacionales Agropecuarios de 1988 y 1999 muestran que la situación de concentración de la tierra que produce el sistema de Siembra directa-sojaRR-glifosato es de tal magnitud que la expulsión o disminución de productores sólo cesa cuando la extensión de los predios llega a las 500 has (Botta y Selis, 2003). Esta situación nos remite a la grave concentración de la tierra a que hiciéramos referencia al principio y resumiremos en que 6900 propietarios son dueños del 49.6% de la superficie cultivable de la nación y si hasta los ’80 la superficie promedio pampeana orillaba las 252 Has (el promedio nacional subía a 421 Has), en la actualidad la misma ha crecido a las 538 Has.
Aspecto que ilustra desde el panorama agropecuario a la política de revanchismo social y distribución regresiva de la Renta Nacional a la que hiciéramos referencia.
Algunos efectos del monocultivo de soja RR sobre la salud de la población
Si bien tiene también relación con los aspectos ecológicos, no podemos dejar de ubicar entre los efectos sociales de la expansión del monocultivo de soja RR la grave contaminación que está produciendo el excesivo uso de plaguicidas en dicho sistema y los efectos sobre la salud de la población que se manifiestan en alergias, cáncer y enfermedades autoinmunes, como ya se han reportado en Barrio Ituzaingó Anexo en Córdoba donde se han hallado restos de plaguicidas vinculados al monocultivo de soja RR -Endosulfán, Paraquat, Diquat- en tanques de agua y en las calles de tierra, habiéndose registrado ya más de 130 casos de cáncer y enfermedades similares en la población lindera a las fumigaciones. Casos similares se han reportado en Loma Sené, en Formosa, Pueblo Italiano, Río Ceballos, Saldán, Alto Alberdi, Jesús María y Colonia Caroya todos en Córdoba.
En el mismo sentido es necesario señalar los efectos nocivos que puede arrojar el consumo de soja forrajera transgénica para la alimentación de la población carenciada, cuestión señalada como deseable por los grandes productores de soja, quienes en un gesto demagógico e irresponsable, ofrecieron regalar soja RR a los comedores populares, para mitigar el hambre de los millones de pobres que el propio monocultivo de soja está expandiendo por la nación.
En su momento luego de felicitarlos el gobierno de Duhalde debió emitir un comunicado a través de la Secretaría de Salud de la Nación prohibiendo el uso de soja en la alimentación de niños menores de cinco años y para mujeres embarazadas, advirtiendo sobre los peligros de su uso masivo en la alimentación, ya que la soja forrajera transgénica no es apta para consumo humano. Por supuesto dicha comunicación fue apenas difundida cubriendo las espaldas del gobierno de entonces, que no quería malquistarse con el pool sojero el cual según señalan algunos «aporta 2700 millones de dólares para los planes sociales». Planes sociales que -justo es decirlo- son necesarios por el hambre y la desocupación que el propio modelo de exportación de commodities genera.
Sin embargo dicho comunicado reconoció lo que va siendo un secreto a voces y es que la soja tanto transgénica como la común, no es apta para consumo humano en forma directa, pues puede afectar la salud en casos de ingestas abundantes y frecuentes como la pretendida para los comedores de los pobres: dos raciones diarias de soja como único alimento. En las poblaciones de Oriente de donde la soja es originaria, la misma no es consumida en forma directa, ni en forma frecuente como grano -sí como brotes de soja- sino que es fermentada y transformada en subproductos, siendo consumida pocas veces al año, ya que el principal destino del grano de soja en Oriente es la cría de cerdos, destino al cual sirve también el grueso de nuestra producción de soja.
Entre otros aspectos de riesgo la soja posee un alto contenido de fitoestrógenos (isoflavonas), que si bien pueden ser beneficiosas para las mujeres de edad avanzada, pues disminuyen las posibilidades de cáncer y atenúan los efectos de la menopausia, no lo es para las mujeres jóvenes o para las niñas, ya que sus efectos son equivalentes al consumo de dos pastillas anticonceptivas diarias, lo que produce serias alteraciones en el desarrollo de la sexualidad de los jóvenes alimentados con ‘soja solidaria’ adelantando el inicio de la menstruación y la diferenciación sexual en las niñas y alentando rasgos feminoides secundarios en algunos varones. Arriesgando la capacidad reproductiva de la población en el futuro.
Algunos informes señalan que la soja afecta los metabolismos del Calcio y de la vitamina D, produciendo raquitismo en niños alimentados por ella, caída de dientes y pérdida de esmalte dental, así como osteoporosis en adultos. También produce deficiencia de Zinc (Boy, 2003). Investigadores de la Facultad de Odontología de la UBA informaron efectos producidos sobre niños con altos consumos de los jugos realizados en base a la llamada «leche de soja» que producían pérdida de piezas dentales, de esmalte y disminución de densidad dental vinculado a efectos sobre el metabolismo del Calcio (Sánchez y Fernández, 2002).
Está claro que estos efectos de la soja como alimentos se ven agravados por el carácter transgénico de la soja producida en Argentina. Dado que al introducir material genético extraño a una especie no sólo se está modificando una característica deseada, como es en este caso la resistencia al herbicida glifosato, sino que se está alterando otro tipo de rasgos aún desconocidos que requieren largos ciclos de investigación y análisis, tiempos no coincidentes con el rápido deseo de ganancia o beneficio de las empresas privadas multinacionales, que producen y son dueñas de estas variedades transgénicas. Sí puede señalarse que la transgenia afectará de alguna manera la síntesis y química de las proteínas de los materiales GM y por ende afectará la salud de los consumidores en el presente o en el futuro. Principalmente en los aspectos vinculados con las afecciones producidas alrededor de la química de las proteínas: cáncer, alergias, enfermedades autoinmunes y algunos otros efectos que aun desconocemos. El Profesor de la UNAM Gian Carlo Delgado Ramos (2003) ha reportado numerosos casos de alergias y afecciones diversas al sistema inmunológico; informó que una soja RR de Pioneer provocó 27 muertes y afectó de diversas maneras a 1500 personas en los EE.UU., debiendo ser retirada de la venta. Hay experiencias con papa GM que altera el sistema inmunológico en ratones y les retarda el crecimiento. También reportó que las toxinas Bt en sus formas Israelensis y kunstaky producen toxicidad en células humanas y citó un trabajo de Tabayali y Selis que encontraron que dichas toxinas producen irritación de piel, infecciones y debilitamiento del sistema inmunológico en humanos, en función de la cantidad consumida.
La transgenia en sí es todo un problema, tal vez el mayor a largo plazo dado que la contaminación genética sobre el ecosistema es irreversible produciendo alteraciones endémicas. Al respecto ya se descubrió en México -centro de origen del Maíz- contaminación genética endémica irreversible de los maíces originales, denunciado en un estudio de la UNAM, el Instituto Politécnico y la Universidad de Berkeley, quienes descubrieron como contaminantes a las toxinas del maíz BT procedente de varias de las empresas que lo producen: De Aventis, Monsanto y Novartis, así como la proteína CP4-EPSPS resistente a Roud-up de Monsanto (Delgado Ramos, 2003).
Si bien nos referiremos en particular, es de destacar para concluir que el investigador de la Agencia de Colaboración Técnica de Japón (JICA). K. Kobayashi, reportó que zonas de China sometidas al monocultivo de soja han resultado afectadas por una desertificación casi irrecuperable: «Hace cuatro años, visité los campos de cultivo de soja en el noreste de China. Recuerdo haberme horrorizado de las extensas tierras áridas, donde se veía claramente la desertización, como resultado del deterioro del suelo a causa del monocultivo. Esta situación obligó a China a tratar el tema a nivel nacional, y desarrollar un programa para frenar la expansión de los daños causados por el monocultivo de la soja» (Kobayashi, 2003). Si uniéramos algunos de estos problemas señalados -la desertificación del suelo, los efectos sobre la salud reproductiva y sobre la salud en general- podríamos preguntarnos qué política de largo plazo persiguen los promotores del modelo soja RR respecto de la población de nuestro país y otros pueblos del Tercer Mundo.
En resúmen queremos señalar que las consecuencias sociales vinculadas a la expansión del monocultivo de soja RR con su sistema tecnológico asociado, está produciendo: una fuerte concentración de la tierra, una gran disminución del número de producciones agrarias, un aumento desmedido del desempleo rural, una mayor precarización laboral entre los trabajadores, un gran aumento de la miseria y la marginalidad social aun en las pequeñas ciudades rurales del interior. Una marcada expulsión de trabajadores rurales y de pequeños y medianos productores, el desarrollo de una agricultura sin agricultores, la apropiación por las compañías multinacionales de semillas y agroquímicos de la propiedad de la simiente, quitando un derecho ancestral al agricultor como lo es ser el dueño de la simiente que produce y siembra y graves amenazas para la salud de la población. En conclusión la propagación del monocultivo de soja transgénica forrajera, está expandiendo el hambre generalizado en la población y la pérdida de la soberanía alimentaria de la misma.
Por último quiero advertir de la gravedad del problema que enfrentamos con la expansión descontrolada del modelo soja RR-Siembra Directa-Glifosato, que no sólo propaga un modelo agrario sin agricultores sino también una agricultura sin suelo vivo, por lo cual hacemos nuestras las palabras del economista agrario norteamericano Charles Benbrook, quien nos advierte: «la historia enseña que una excesiva insistencia en una única estrategia de control de malezas o de insectos fracasará en el largo plazo, en el aspecto de las respuestas ecológica y genética.(..) La Argentina enfrenta graves problemas agronómicos para los cuales no tiene ni los recursos ni los expertos para resolverlos. El país ha adoptado la tecnología de los OGM más rápidamente y más radicalmente que ningún otro país en el mundo. No tomó las debidas precauciones de manejo de la resistencia y de protección de la fertilidad de sus suelos. Basada en el extendido uso de la tecnología RR no creo que su agricultura sea sustentable por más que un par de años»(11) (Charles Benbrook citado por Sue Brandford, 2004)
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22.- Martin Andersen – Dossier Secreto- Planeta 2000
23.- Clarín, 8-1991
Abreviaturas
SD: Siembra Directa
GM: material genéticamente modificado
OGM: Organismo genéticamente modificado
JNG: Junta Nacional de Granos
JNC: Junta Nacional de Carnes
INV: Instituto Nacional de Vitivinicultura
INA: Instituto Nacional del Algodón
*Ingeniero Agrónomo -Genetista- Ex docente de la UBA.