Martes 8 de mayo, Día de Lucha contra la Violencia Institucional. Hace 31 años, el 8 de mayo de 1987, la Policía Bonaerense fusiló a Agustín Olivera (26 años), Oscar Aredes (19) y Roberto Argañaraz (24) en una esquina de su barrio en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, y luego intentó simular un enfrentamiento. La […]
Martes 8 de mayo, Día de Lucha contra la Violencia Institucional. Hace 31 años, el 8 de mayo de 1987, la Policía Bonaerense fusiló a Agustín Olivera (26 años), Oscar Aredes (19) y Roberto Argañaraz (24) en una esquina de su barrio en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, y luego intentó simular un enfrentamiento.
La Masacre de Budge pasó a ser reconocida como uno de los primeros casos de gatillo fácil y, en 2012, por ley Nº 26.811, esta fecha fue declarada como el Día de lucha contra la violencia institucional. «A 35 años del fin de la dictadura cívico-militar y a 31 años de la masacre de Budge, la lucha contra la violencia institucional es parte de la agenda urgente de la democracia; en este escenario de profundización de las políticas punitivas, es indispensable seguir fortaleciendo redes territoriales para intervenir frente a las violaciones a los Derechos Humanos», aseguran desde la Comisión Provincial de la Memoria.
M.H.: Leímos un texto escrito por los compañeros de Correpi, en oportunidad de cumplirse el 27º aniversario del asesinato de Walter Bulacio. Un texto muy completo, importante, sin embargo, el Jefe de Gobierno, Rodríguez Larreta, sostuvo que la fuerza represiva que tiene a su cargo no tiene casos de gatillo fácil ¿Qué podés responder a esto?
M.C.V.: Eso ocurrió en una entrevista que le hicieron en una radio aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde Rodríguez Larreta dijo dos grandes mentiras, la primera que la Policía de la Ciudad que empezó a funcionar el 1º de enero de 2017 no tiene ningún caso de gatillo fácil, porque de lo contrario él estaría enterado. La segunda mentira es que tampoco los tuvo la Policía Metropolitana que dirigió durante 8 años el hoy Presidente de la Nación con Rodríguez Larreta como Jefe de Gabinete.
Las dos cosas son falsas, de la Policía Metropolitana no hace falta más que un breve recuento con el Parque Indoamericano con 3 muertos, el Hospital Borda, la Sala Alberdi con dos trabajadores de prensa baleados, infinidad de casos de gatillo fácil, 20 para ser exactos en sus 8 años de existencia y esto a pesar de que no ocuparon el 100% del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, porque también estaban la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura como siguen estando las últimas dos, mientras que la Federal es reconvertida junto con la Metropolitana en una relación de 3 a 1 porque de los 27.000 hombres y mujeres que hoy tiene la Policía de la Ciudad, menos de 8.000 venían de la Metropolitana, el resto vienen de la Federal.
Por supuesto que esos operativos, como el Borda, el Indoamericano y la Sala Alberdi fueron conjuntos con la Federal, pero da la casualidad que en el caso del Indoamericano y en el de la Sala Alberdi, es donde está comprobado el uso de balas de plomo, de escopetas 1270 cargadas con cartuchos de plomo, que matan. Fue el caso de policías metropolitanos, uno de ellos condenado, el oficial Pereyra De La Rosa por balear a los dos trabajadores de prensa aquel 13 de marzo de 2013.
Respecto de la segunda mentira, la Policía de la Ciudad tiene apenas un año y dos meses de función porque empezó a existir desde enero de 2017. Desde entonces, a febrero de este año, en los primeros catorce meses de funcionamiento, nosotros tenemos registrados 27 casos de gatillo fácil. Por supuesto es probable que no sean todos los que hay porque a veces tarda mucho en llegarnos la información, familias que no tienen recursos de contacto, casos que quedan silenciados sin repercusión en los medios de comunicación, entonces a veces pasa mucho tiempo hasta que los descubrimos y los podemos incorporar. Pero los que pudimos recabar son 27. Y no solamente, en muchos casos con los policías imputados y procesados por delitos como homicidio, homicidio calificado, etc., sino que por lo menos en un caso, ocurrido el año pasado en la villa 21-24 el policía de la ciudad Adrián Otero está preso y va a ir a juicio, que va a comenzar en pocos meses, el 4 de septiembre, por un triple homicidio. En un caso por un homicidio agravado por su condición de policía, porque fusiló a Cristian «paragüita» Toledo, un pibe trabajador empleado de una ferretería del barrio y tentativas de los dos pibes que iban con él en el auto y que milagrosamente se salvaron. Por eso decíamos y agradecemos a la radio que nos dio el espacio para desmentir al Jefe de Gobierno que igual que Bullrich, Larreta miente.
M.H.: El relator especial de Naciones Unidas estuvo presente en el barrio Zavaleta en Barracas, también parte de la 21-24, donde destacó el trabajo territorial de la organización La Poderosa por la lucha contra los abusos por parte de las fuerzas de seguridad, pero al mismo tiempo brindó una conferencia de prensa donde hizo un informe muy duro respecto de las condiciones de los presos en nuestro país.
M.C.V.: Sí. Es una cuestión central en la organización anti represiva el de las torturas, que son el exponente más grave, junto con las muertes intramuros que han aumentado también escandalosamente en estos últimos dos años de gobierno de Cambiemos, pero que vienen precedidos de toda una situación de imposibilidad de compatibilizar con la dignidad humana en que se debe sobrevivir en cualquier lugar de detención de la República Argentina, esto vale tanto para cárceles federales como provinciales, repito, es incompatible con la dignidad humana. Y esto agravado por las situaciones concretas de aplicación de tormentos, que son un clásico histórico, ya Rodolfo Walsh hablaba hace 50 años de las muertes en las cárceles, en las comisarías, de los distintos métodos de tortura en aquellas célebres «Crónicas de la picana», como también escribía sobre el gatillo fácil en las «Crónicas del gatillo alegre».
Lo cierto es que en estos últimos dos años, incluso se puede constatar esto a partir de la información oficial con los recuentos que hace sistemáticamente la Procuración penitenciaria de la Nación, que no es una organización de izquierda con un horizonte revolucionario ni nada por el estilo, sino que es un organismo oficial que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación y que se limita a entrevistar internos y a partir de allí a hacer informes sobre la situación de aplicación de tormentos en las cárceles y lleva la cuenta de las personas que mueren en las cárceles argentinas.
Lo que estamos viendo es que prácticamente el 50% de las personas que tenemos en nuestro archivo, corresponden a personas privadas de su libertad en comisarías, en cárceles, en institutos de menores, etc. O sea, estar preso es la principal causa de muerte a manos del Estado argentino. Caminar por la calle con pinta de pibe de barrio es la segunda a través del gatillo fácil.
El fiscal Moldes propone que las detenciones por manifestaciones no sean excarcelables
M.H.: El fiscal Moldes está preparando su apelación al sobreseimiento de los cuatro trabajadores de prensa detenidos el 1º de septiembre en oportunidad de la movilización por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Ignorando lo señalado por los camaristas Farah e Irurzun en el fallo en el que dictan el sobreseimiento y en el que hacen un fuerte llamado de atención al juez Martínez Di Giorgi. Aquí hay un tema que me gustaría que nos ilustraras, porque dice «los camaristas retaron al juez por intentar suplir las pruebas necesarias para un procesamiento con construcciones dogmáticas carentes de respaldo indiciario» ¿Qué quiere decir esto?
M.C.V.: Que procesó sin nada. Dicho en criollo lo que los Camaristas le señalan al Juez, y esta frase está referida a la totalidad de los 30 detenidos, no solo a los tres trabajadores y la trabajadora de prensa, sino a todos aquéllos respecto de los cuales la Cámara dictó una falta de mérito, por lo cual el juez para procesarlos debe investigar y presentar pruebas concretas.
Hablan de construcciones dogmáticas porque, por ejemplo, Martínez Di Giorgi habla de una de las chicas diciendo que es vista en una «actitud hostil» ante la policía, cuando la imagen a la que se refiere es la de esta muchachita, casi adolescente, con un celular en la mano sacando una foto del operativo policial. Esa es la «actitud hostil». O en el caso de los dos trabajadores de prensa de la RNMA, Ezequiel Medone y Juan Pablo Mourenza, que afortunadamente como estaban transmitiendo en streaming en vivo en el momento que estaban siendo detenidos, alcanzaron a filmarlo y allí se ve claro cuando la policía se abalanza sobre la chica del celular, ellos se acercan con su cámara, uno actuando como camarógrafo y otro como ayudante de cámara, con todo su equipo, su chaleco que decía Prensa e increpan a la policía preguntando por qué la detenían a la chica si no estaba haciendo nada. Y ahí se escucha en el audio, una voz, no se ve quién lo dice, pero es claramente un policía que dice «Estos están filmando, agárrenlos» y ahí se corta la transmisión porque les sacan la cámara.
Tenemos las imágenes registradas por otros fotógrafos que estaban en el lugar y que las pusieron a nuestra disposición para reconstruir todo el cuadro. De hecho el único elemento de prueba que utiliza Martínez Di Giorgi contra todos los detenidos y en particular contra los cuatro trabajadores de prensa son las propias declaraciones del personal policial, que es lo que la Cámara rechaza, porque esas imputaciones son absolutamente vagas porque en ningún caso dicen «fulano en tal momento y en tal lugar hizo tal cosa» sino que dicen «formaba parte del grupo agresivo que tiraba piedras contra la policía». Pero qué hizo cada uno entonces, para poder imputar una conducta penal tenés que precisar esa acción porque sino no sabes de qué defenderte.
Y en los casos en los que hay alguna precisión, hemos demostrado que es mentira. Por ejemplo, en el caso de estos dos compañeros de la RNMA el acta policial dice que fueron detenidos en Plaza de Mayo a las 20:30 cuando pateaban y tumbaban las vallas y tiraban botellas, piedras y palos contra la policía; sin embargo, hemos aportado las imágenes de estos dos trabajadores de prensa cumpliendo su tarea, captados por otros periodistas, a 15 cuadras de distancia, en Av. De Mayo y San José, es decir del otro lado de 9 de julio, a las 21:30 y su detención queda registrada casi a las 21:45. Con lo cual queda más que claro que el acta es absolutamente falsa. Y esto lo hemos demostrado respecto de los 30 procesados.
En algunos de los casos no hemos conseguido imágenes por cuestiones obvias, sería muy extraño tener filmada toda la movilización, pero en un enorme porcentaje hemos podido demostrar que Martínez Di Giorgi imputa a los chicos por haber hecho tal o cual cosa y cuando comparás las imágenes es otra persona.
Lo más grave de la conducta del fiscal Moldes, es que en este recurso de casación, que todavía no está resuelto, lo hemos contestado por escrito hace unos días y estamos a la espera de que se fije la audiencia oral y pública para su tratamiento ante la Cámara de Casación, debería fijarse fecha en los próximos días, es que allí Moldes utiliza una serie de adjetivos, que si yo los llego a usar en una acusación a un policía que le pega un tiro en la nuca o en la espalda a un pibe, como mínimo giran las acusaciones al Colegio de Abogados para que me apliquen una sanción por faltar al decoro judicial. Porque habla de: «criminales, facinerosos, subversivos, delincuentes, etc.». Y utiliza expresiones como «les tocó ir disfrazados de fotógrafos esta vez, como podrían haber ido de Colombina, Pierrot o El Zorro». Con lo cual naturalmente el día que tengamos la audiencia va a haber flor de Carnaval veneciano en la puerta de Comodoro Py, porque le vamos a demostrar a Moldes que cuando nos queremos disfrazar nos disfrazamos en serio.
Y por otro lado, lo segundo gravísimo de Moldes, es que en el marco de lo que venimos caracterizando como un verdadero Estado de excepción donde las declaraciones públicas y la política explícita del Gobierno nacional se traduce en el ámbito judicial en que la versión de las fuerzas de seguridad es la verdad, como decía Patricia Bullrich o que la voz de alto significa que te entregás y, por lo tanto, cualquier situación que suceda después, como un disparo por la espalda como el caso de Rafael Nahuel está justificado, como dijo Mauricio Macri, y podríamos estar cuatro horas más citando frases de los funcionarios.
M.H.: O la de la Vicepresidenta.
M.C.V.: «El beneficio de la duda siempre es para la fuerza», según Gabriela Michetti. Además de tomar los jueces y fiscales estas declaraciones políticas como nueva doctrina judicial, como esta doctrina que Patricia Bullrich nos enunció en la conferencia de prensa después del abrazo de Macri con Chocobar; a la inversa, estos fiscales le tiran línea al gobierno nacional y le exigen, por ejemplo, en este recurso de casación, que se haga una reforma del Código Penal para que las detenciones por manifestaciones no sean más excarcelables.
Y a la vez tenemos en danza un Proyecto de reforma al Código procesal penal federal donde se está incorporando una batería de distintas medidas investigativas posibles vinculadas con todo lo que es el control de nuestros dispositivos electrónicos, celulares, tablets, ipad, computadoras personales, etc. Incluso los sistemas de localización de los vehículos y los celulares en una línea muy similar a lo que ya se está aplicando en estas causas, no solo la del 1º de septiembre sino las tres del mes de diciembre, la del 12 contra la OMC y las del 14 y el 18 contra la reforma previsional, donde Martínez Di Giorgi está buscando las pruebas a través de lo que se llama el «ciber patrullaje» igual que hacen Bonadío y Torres en las otras dos causas, con la interceptación de todos sistemas de mensajes que puedas tener en el teléfono, videos, fotos, archivos de todo tipo. Las personas que fueron detenidas en su mayoría tenían un celular con ellas, muchos no los han recuperado porque están siendo sometidos a estas pericias.
M.H.: Pericias a las que no sometieron a los gendarmes que asesinaron a Santiago Maldonado.
M.C.V.: Por supuesto, cuando pedimos que se haga cualquier tipo de seguimiento, por teléfonos, etc., no hicieron nada. Te pongo un ejemplo bien puntual de esta semana, la noche de tormenta del 4 de julio del año pasado cuando una patota del empresario trucho Martínez Rojas atacó la redacción de Tiempo Argentino que había sido recuperada por sus trabajadores y Radio América que también estaba en conflicto dirigida por sus trabajadores; recién ahora, un año y pico después estamos logrando, también con Martínez Di Giorgi, después de mucho esfuerzo y mucha testarudez por parte de los y las compañeros de la Cooperativa «Por más tiempo» y Correpi que los está acompañando en esta batalla judicial, que se ordene pedir a las compañías telefónicas con quiénes hablaban por teléfono Martínez Rojas y la patota, porque hay una complicidad policial que no se ha investigado todavía. Porque Martínez Rojas llega en un patrullero y al cerrajero que le ordena abrir a través de una orden judicial, es un policía, que después se fueron del lugar y volvieron cuando se hizo la denuncia de la irrupción. Recién ahora se está ordenando que nos digan con quiénes estaban hablando, si con la comisaría o con quién para poder cerrar ese círculo de complicidades. Sistemáticamente las empresas de telefonía demoran o dilatan o no contestan los oficios judiciales.
La baja de edad de imputabilidad de los menores parte de la estigmatización de todo pibe pobre como un delincuente en potencia
M.H.: Volviendo al tema que tocaste, el nuevo Código procesal penal. Me llamó la atención una nota en Clarín, en policiales, que habla de un anteproyecto que será presentado en mayo al Poder Ejecutivo y que entrará al Congreso después del Mundial de Rusia. Dice que tiene un denominador común este proyecto, el endurecimiento de las sanciones de los beneficios excarcelatorios, el aumento de años de prisión y, finalmente, la baja de edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
M.C.V.: Sistemáticamente volvemos con este tema de la baja de la edad de imputabilidad de los menores, empezar a considerarlos responsables como si fuesen adultos para darles tratamiento punitivo a chicos y chicas, nenes y nenas cada vez más jóvenes. Hoy en día los chicos en Argentina son punibles a partir de los 16, lo que no quita que con menos de 16 no reciban castigos horrorosos, porque lo que sucede es que no funciona la parte teóricamente punitiva pero sí el control llamado asistencial que hace que, por ejemplo, tengamos a los institutos de menores llenos de pibes y pibas de menos de 16 años que por una medida de seguridad están allí alejados de sus familias en situación de abandono y desamparo y víctimas de todo tipo de maltratos, tormentos, violaciones, etc.
La cuestión de la baja de edad de imputabilidad de menores siempre aparece en forma cíclica, cuando algún gobierno necesita encontrar un tema que concite la discusión y permita propagandizar su política represiva y, por supuesto, parte de esta estigmatización de todo pibe pobre como un delincuente en potencia.
Yo hago este ejercicio con los trabajadores de prensa, les pido que encuentren una sola nota de cualquier diario que diga «chico de 18 años» en lugar de decir «menor». Cuando en los diarios aparece la palabra «menor» se están refiriendo a un pibe en situación de conflicto real o presunto con la ley. Cuando hablan de los hijos de los empresarios no dicen menor. Esto se comprueba si uno lee la cobertura de aquel caso de los pibes hijos de un empresario correntino que mataron a golpes en unas vacaciones en Brasil a otro compañero. Ahí en ningún caso se utilizó la palabra «menor» en ninguna nota.
Este es el Proyecto de la reforma del Código Penal, el que está ahora ya con dictamen de comisiones es el Procesal penal, la diferencia es que el Código Penal regula lo que definimos como delito a nivel de todo el país porque es de aplicación en todas las provincias, porque es legislación de fondo; el Procesal penal en cambio se regula con normas locales, tenemos en cada provincia un Código procesal y en la Ciudad de Buenos Aires además del Código procesal penal de la Ciudad, que utilizan los juzgados contravencionales y de faltas de la Ciudad, se aplica también el que se llama Código procesal penal nacional o federal que es el que están queriendo reformar con lo de las tareas investigativas para las movilizaciones, manifestaciones, persecución política, etc.
El Proyecto de reforma del Código Penal por supuesto trae promesas de más penas, cuando sabemos y lo demuestra históricamente el mundo entero, jamás un incremento de penas ha disminuido la incidencia del delito en una sociedad dada. Por el contrario, lo que genera es un incremento de violencia, porque si por cualquier cosa me cuelgan, ya estoy jugado. Igual no se elevan las penas por estafa, ni por la desaparición forzada de personas.
M.H.: En ese caso tendríamos a todo el Gobierno complicado.
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