Fernando Díaz Palma y Alberto Guerrero Espinoza, a julio de 1975 directores de los diarios Las Ultimas Noticias y La Tercera, fueron sancionados el 21 de marzo con ‘censura pública y suspensión de su calidad de miembros del Colegio de Periodistas durante seis meses’ por faltar a la ética y a sus deberes profesionales. La […]
Fernando Díaz Palma y Alberto Guerrero Espinoza, a julio de 1975 directores de los diarios Las Ultimas Noticias y La Tercera, fueron sancionados el 21 de marzo con ‘censura pública y suspensión de su calidad de miembros del Colegio de Periodistas durante seis meses’ por faltar a la ética y a sus deberes profesionales. La resolución, de primera instancia, emanó del Tribunal de Etica del Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas, por la unanimidad de sus miembros y quedaría a firme al no apelar los sancionados dentro del plazo estipulado. Concluyó así una acuciosa investigación llevada adelante por el fiscal (periodista) Alfredo Taborga, a solicitud del Colectivo de familiares detenidos desaparecidos en la Operación Colombo. Roberto D’Orival Briceño y Cecilia Radrigán Peña suscribieron la presentación en noviembre del año pasado, buscando un resarcimiento frente a la información publicada por todos los medios chilenos en 1975, acerca de 119 chilenos y chilenas que ‘se habían exterminado’ entre sí y por tanto ‘vilmente desacreditados’ ante el país.
Silva Espejo y Carneyro inimputables
‘Los periodistas responsables del manejo de la información objeto de este sumario no cumplieron con su obligación de confrontar los hechos base de la noticia con otra fuente que no fuera la oficial, con lo cual fallaron en entregar la verdad que la ciudadanía tenía el derecho de recibir’, expresa en sus fundamentos el fallo, que extiende esta culpa a los directores de El Mercurio (René Silva Espejo) y La Segunda (Mario Carneyro), pero los declara inimputables por haber fallecido.
A Beatriz Undurraga Gómez, todavía periodista de El Mercurio, también involucrada en la acusación del Colectivo 119, se le aplicó la sanción de censura pública y suspensión de su calidad de miembro del Colegio de Periodistas por tres meses. Sobre la imputada, que no se presentó a declarar, existen ‘presunciones de una actitud profesional y personal cuestionable en este caso’, basadas en testimonios de colegas de la época que dan cuenta de su acceso privilegiado a altas fuentes de seguridad
Puga y la DINA
A Mercedes Garrido, que aún es periodista de La Segunda, sindicada por los denunciantes como autora del infamante titular del vespertino ‘Exterminados como ratas’, se la absuelve, habiéndose establecido en cambio al respecto ‘la perniciosa actuación’ de Alvaro Puga, funcionario de la DINA y columnista de La Segunda , hombre de confianza de Carneyro. Puga -quien convocó entonces a la prensa para entregar esa información – fue quien armó previamente el montaje junto a los agregados de prensa del gobierno chileno en Brasil y Argentina. El no recibió sanciones por no ser miembro de la orden ni periodista.
Según se acredita en varios juicios, el montaje se inicia con la aparición de una nota en la publicación Novo ODía de Brasil. El financiamiento del relanzamiento de esa publicación provino de la entonces estatal Línea Aérea Nacional y de la embajada de Chile en Brasil, señalándose la responsabilidad del agente de la DINA Gerardo Roa Araneda, funcionario de LAN en la época. Se sabe además de la participación en estos hechos del agregado de prensa de la Embajada de Chile en Brasil, Jaime Valdés, quien coordinaba las actividades de la DINA en esta materia.
Conducta culposa
La resolución expresa también ‘Al tenor de esta investigación queda en evidencia que el Colegio de Periodistas de Chile tampoco cumplió con su deber de proteger el desempeño profesional y ser un referente en la defensa de valores éticos…en ese sentido los periodistas, con la excepción de algunas pocas publicaciones y radioemisoras que intentaban sobrevivir, y el Colegio de Periodistas deben enfrentar su conducta culposa en este caso y actuar ante la sociedad asumiendo públicamente su responsabilidad en esta situación.’ En esa época Díaz Palma era presidente de la orden profesional, lo que el Tribunal considera un agravante.
La investigación desarrollada por el Tribunal Etico recogió testimonios de los imputados (Díaz Palma, Guerrero, Mercedes Garrido, individualizados por los denunciantes además de Carneyro, Silva Espejo y Undurraga), y convocó asimismo a 13 testigos reporteros o con cargos de dirección en medios o en organismos de la dictadura. Entre ellos están Federico Willoughby, ex Secretario de Prensa de la dictadura y Manfredo Mayol, entonces jefe de prensa de Canal 13 de Televisión. El tribunal integró al sumario investigaciones y documentos sobre este caso de autores chilenos y extranjeros que demuestran la existencia de una pauta única de confección de la información, en la que los redactores se escudan en ‘fuentes oficiales’, dando como resultado una manipulación de la realidad. Estas crónicas y titulares son reproducidos en el fallo de 38 páginas suscrito por la totalidad de los miembros del Tribunal de Etica. La investigación desarrollada en diciembre, enero y febrero con grabación y trascripción de todos los testimonios, revela inéditos antecedentes sobre el periodismo en dictadura y las pautas bajadas desde la DINA y el Diego Portales hacia los medios de comunicación.
En el marco de su declaración, el ex director del diario La Tercera se ampara en el clima de censura previa y amedrentamiento, revelando que durante 1973 una patrulla militar llegaba diariamente a las 6 de la tarde a controlar la información y propone al Colegio reconstruir objetivamente esa etapa del periodismo para aportar a las nuevas generaciones.
Una visita a El Mercurio
Por su parte, Alicia Lorca, madre de Jaime Buzio -uno de los desaparecidos que figura en la cuestionada Lista de los 119- reveló al tribunal que al presentar su reclamo al director de El Mercurio, René Silva Espejo, quien les había concedido una entrevista, ‘ él nos echó a grito pelado. Tuvimos que bajar corriendo esa escalera que había en El Mercurio, porque incluso nos amenazó que nos iba a hacer sacar con la guardia de ahí’. Agregó la madre que tampoco puede olvidar al periodista Pablo Honorato, de Canal 13, que cuando las veía en los tribunales de justicia, las enfrentaba gritando que eran viciosas y mentirosas y le decía al público presente que no creyera sus acusaciones. La denuncia presentada por el Colectivo 119 no incluyó a periodistas de la televisión, debido a la falta de pruebas. Manfredo Mayol -hoy académico- dijo no recordar nada respecto de la noticia sobre los 119, y lo mismo ocurrió con Mercedes Garrido.
Entre las normas de la Carta de Etica de los periodistas vigentes en 1975 y violadas por estos profesionales están las que señalan que el periodista no podrá realizar ‘ataques injustificados a la dignidad, honor, o prestigio de las personas, instituciones o grupos’. La carta agrega que ‘son faltas extremas a la ética profesional la participación en la violación de los derechos humanos y la desinformación premeditada’.
Integran el Tribunal ético los periodistas Alfredo Taborga, Doris Jiménez, Enrique Contreras, Víctor Abudaye y Ricardo Urzúa.
La ética y los Colegios Profesionales
La sentencia tiene rango constitucional, dada la reforma legal aprobada recientemente devolviendo la tuición ética de sus asociados a los respectivos colegios profesionales. La norma constitucional aprobada en el reciente paquete de reformas a la Constitución de 1980, establece : ‘Los colegios profesionales constituidos en conformidad a la ley y que digan relación a tales profesiones, estarán facultados para conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de los miembros. Contra sus resoluciones podrá apelarse ante la Corte de Apelaciones respectiva. Los profesionales no asociados serán juzgados por tribunales especiales establecidos en la ley’. Los Colegios profesionales fueron privados de estas atribuciones en dictadura y sólo en agosto de 2006 las recuperaron en parte, respecto de sus afiliados. En la actual legislación, la afiliación a los colegios profesionales es voluntaria.