La burguesía necesita sanear las instituciones del Estado para recuperar su control. El avance es medido, para poder encubrir los intereses del gran capital y no lastimar a su propio gobierno. El crecimiento del narcotráfico y la drogadicción en Argentina, de manera prácticamente ininterrumpida desde la década de 1990, es hoy tan evidente como dramático. […]
La burguesía necesita sanear las instituciones del Estado para recuperar su control. El avance es medido, para poder encubrir los intereses del gran capital y no lastimar a su propio gobierno.
El crecimiento del narcotráfico y la drogadicción en Argentina, de manera prácticamente ininterrumpida desde la década de 1990, es hoy tan evidente como dramático. Nadie discute tampoco que en lo que va del siglo el país pasó de ser un mero lugar de tránsito a un importante centro de consumo masivo, que incluye la instalación de laboratorios y cocinas de producción de drogas.
Por tratarse de una actividad ilegal entrelazada con la creciente marginalidad social, es difícil traducir todo el fenómeno del narcotráfico en cifras. Los últimos datos oficiales certificados por la Oficina contra la Droga y el Crimen de la ONU muestran que el consumo de cocaína aumentó entre 2004 y 2011 (último año con datos disponibles) exponencialmente entre los adolescentes. El último dato oficial nacional, de junio de este año, marcó la triplicación de su consumo en menores de 12 a 17 años respecto de 2010. Es la droga que más impacta en la población, junto a la pasta base de cocaína, que afecta a los sectores más humildes en los centros urbanos del país.
Entre las distintas organizaciones no gubernamentales que presentan diagnósticos sobre el tema -todos desalentadores y preocupantes- uno de los más interesantes es el de la Universidad Católica Argentina (UCA). La institución difundió este año su tercer «Barómetro del Narcotráfico y las Adicciones: Venta de Drogas y Consumos Problemáticos», que realiza a través del Observatorio de la Deuda Social.
El relevamiento surge de una encuesta nacional hecha en 5.700 hogares sobre la percepción de la venta de droga que tienen las familias en la zona donde viven. Los resultados muestran que en el período 2010-2015 hubo un importante aumento de la venta de drogas en los barrios pobres de todo el país. El mayor crecimiento del quinquenio se produjo en la Patagonia y la región del noreste, mientras que entre las zonas urbanas el cordón bonaerense es el más afectado: en un 48% de los hogares se manifestó que había venta de drogas en el barrio, frente al 28% de 2010. En las villas y asentamientos precarios el porcentaje se eleva a 80%. No es una región más del país: el conurbano de Buenos Aires concentra un cuarto de la población nacional.
Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social, aseguró que más allá del avance del narcotráfico, se comprobó también un avance del «narcomenudeo» en los barrios, en referencia a pequeñas organizaciones donde se insertan los jóvenes marginados para tener ingresos «que en espacios legales no hay» o simplemente para consumir y «aliviar su sufrimiento».
Estas organizaciones «muchas veces van de la mano con fuerzas policiales», concluye el informe en referencia a la corrupción de las fuerzas de seguridad, que es de público conocimiento y se extiende a la justicia y la política. El Episcopado ya había advertido a fines de 2013, con inusual lenguaje, que «costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar estas mafias». Dos años después, desde el Vaticano, Francisco llamaba a «evitar la mexicanización del país».
Putrefacción institucional
Ante la exigencia de un sector del empresariado de sanear las instituciones públicas -y recuperar su control- y la demanda de amplios sectores de la población que sufren la penetración del crimen organizado, el gobierno nacional comenzó a enfrentar grandes focos mafiosos y de corrupción, como La Salada (ver aparte). Incluso algunos analistas y dirigentes oficialistas consideran esa lucha como fundamental de cara a las próximas elecciones legislativas de octubre.
El problema es que el entramado de corrupción, ilegalidad y narcotráfico ya caló hondo en muchas zonas del país e involucra a jueces, policías y dirigentes vinculados a todos los partidos burgueses en un nivel impensable décadas atrás.
«Nosotros tenemos todo: tránsito, producción y consumo de drogas», expuso el fiscal de la Procuraduría nacional especializada en narcotráfico (Procunar), Diego Iglesias. El tráfico de drogas «además de generar ganancias inconmensurables y daños en la salud, tiene la capacidad de corromper todo, infecta a todos los poderes del Estado», se lamentó. Por eso la primera tarea es sanear las propias instituciones públicas: «Nuestra función es apuntar a esos nichos de corrupción porque no podemos ir por las grandes bandas si tenemos a las fuerzas de seguridad, a los políticos, jueces o fiscales corrompidos», explicó Iglesias.
Uno de los lugares más afectados por el crimen organizado es la provincia de Salta, limítrofe con Bolivia, Paraguay y Chile. «Salta está total y absolutamente atravesada por el crimen organizado», se lamentó en junio el diario provincial La Gaceta de Salta, a la par que denunció «un crecimiento económico y de poder para delincuentes que resulta extremadamente complejo de combatir». El entramado de corrupción montado por el narcotráfico incluye a «funcionarios, políticos, policías, gendarmes, jueces cómplices», en un marco de alta exclusión social por falta de empleo y pobreza. Además, a la par de este delito florece desde y hacia la provincia el tráfico de personas, con fines de explotación laboral y sexual.
La lista de casos que salen progresivamente a la luz es extensa y genera noticias todas las semanas. Pero algunos son emblemáticos. En las localidades fronterizas de Orán -la segunda mayor ciudad de Salta- y Salvador Mazza hay jueces y gendarmes procesados, e incluso concejales involucrados.
Uno de los hechos más impactantes fue la detención de quien era el juez federal de Orán desde 2002, Raúl Reynoso, que renunció en 2016 por favorecer a narcotraficantes. Reynoso había sido públicamente reivindicado como un ejemplo heroico de lucha contra el crimen organizado por la ex presidente Cristina Fernández, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y varios medios de comunicación. Hoy está procesado como jefe de una asociación ilícita integrada por jueces y abogados que trabajan para los narcotraficantes por grandes sumas de dinero.
En otro municipio fronterizo, pero de la provincia de Corrientes, Itatí, el propio intendente fue detenido en el marco de investigaciones contra el narcotráfico. Acusado de formar parte de una asociación ilícita encargada de acopiar en el municipio marihuana ingresada por menores de edad desde Paraguay, el intendente trabajaba junto a policías provinciales y nacionales, gendarmes y prefectos, funcionarios políticos y judiciales, para distribuir la droga a siete provincias del país.
Ahora la investigación llega al propio gobernador de Corrientes, el radical Ricardo Colombi, que está en la mira de un fiscal federal por presunta obstrucción de la justicia a favor de una banda narcotraficante durante una serie de allanamientos realizada en diciembre.
También en Salta fueron detenidos dos hermanos que poseen 25 mil hectáreas de fincas en la zona fronteriza con Bolivia, que bajo la fachada de emprendimientos agrícolas sirven de base para el tráfico de drogas a gran escala. Delfín y Raúl Castedo fueron detenidos y procesados como cabecillas de una organización narcotraficante, pero el cártel sigue funcionando porque la justicia rechazó el decomiso de esos campos, desde donde controlan no menos de 40 kilómetros de frontera, con decenas de pasos ilegales.
Las denuncias de complicidad política y policial con el narcotráfico llegan a muchas más provincias. En los últimos años, los jefes policiales de Santa Fe, Córdoba -y este año Buenos Aires- cayeron por esas acusaciones. Y a nivel nacional, nada menos que el titular de la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) entre 2004 y 2011, José Ramón Granero, fue procesado por habilitar el ingreso ilegal al país de efedrina y otros precursores químicos para la fabricación de drogas.
Purga peligrosa
El gobierno de Mauricio Macri se muestra empeñado en combatir el narcotráfico y la corrupción institucional, pero lleva a cabo la tarea midiendo cada paso. Es lógico: tanto él como la coalición de gobierno (Cambiemos) que encabeza no están a salvo de las derivaciones a gran escala que provoca la limpieza encomendada.
La figura estelar elegida para este plan es la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, mientras que la auditoría interna del proceso corre de facto por cuenta de Elisa Carrió, dirigente de la Coalición Cívica y articuladora central de Cambiemos. Así quedó demostrado el 9 de mayo, cuando Vidal destituyó nada menos que al jefe de la Policía Bonaerense, Pablo Bressi, reiteradamente denunciado por Carrió por supuestos vínculos con el narcotráfico y señalado como hombre ligado a las agencias de seguridad estadounidenses. Esa fuerza es la mayor del país, con 90 mil policías en sus filas, y está señalada como la más corrompida y peligrosa.
Otro apuntado por Carrió es Daniel Angelici, presidente del mayor club de fútbol de Argentina y hombre de extrema confianza de Macri. «El presidente tiene que optar si vamos a profundizar el cambio en Argentina o vamos a cambiar de mafia», disparó Carrió a fines de 2016 tras iniciar una causa contra Angelici y calificarlo de «delincuente» y «operador judicial».
El presidente de Boca Juniors (cargo desde el que el propio Macri saltó a la arena política) está sospechado además de tener vínculos y proteger a los «barras bravas» del club, organizaciones mafiosas que desde el fútbol llegan a dominar una gran cantidad de negocios ilegales (ver recuadro).
Por si fuera poco, Carrió también apunta al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, entre otras cosas por defender a jueces cómplices del narcotráfico, según denunció.
La depuración también encuentra límites en las instituciones financieras. A menos de un mes de haber asumido la presidencia, Macri dejó en claro los intereses que representa y nombró al mando de la Unidad de Información Financiera (UIF) -órgano encargado de combatir el lavado de dinero- a personas ligadas a los principales bancos acusados del delito por la propia UIF. María Eugenia Talerico era abogada defensora del banco Hsbc en causas de lavado iniciadas por el organismo que ahora conduce junto a Mariano Federici, abogado del FMI.
Esta decisión no es menor. En el mundo de la lucha contra el narcotráfico se sabe que es la pista del dinero la que lleva a las cúpulas del crimen organizado y permite desbaratar estas organizaciones, mientras que a través de la ruta de la droga sólo se llega a personas marginadas de la sociedad que son reclutadas por las mafias para el transporte de mercaderías ilegales.
El combate a las mafias tendrá estos límites y a sus protegidos, pero ya no puede ocultarse lo evidencia: Argentina es un país narco y sus tentáculos llegaron a la profundidad del Estado.
Desde Buenos Aires, I.D
La Salada: mafias, política y necesidad
Abrió la puerta blindada, salió del búnker insultando y resistió a los tiros el inevitable arresto policial en su mansión de la localidad de Luján, a 60 kilómetros de la capital. Su nombre es Jorge Castillo y es el principal líder de una enorme feria de indumentaria y todo tipo de productos ubicada a menos de tres kilómetros de distancia de la Ciudad de Buenos Aires.
El predio, de 20 hectáreas, se llama La Salada. Y a Castillo lo apodan el «rey» de este mercado, que factura más de 2 mil millones de dólares anuales y es considerado la feria ilegal más grande de América Latina.
El ciudadano común suele imaginar a los líderes de organizaciones mafiosas como personajes ocultos, que evaden la justicia y actúan a escondidas, bajo un halo de misterio y clandestinidad. Pero Jorge Castillo es lo opuesto. Activo miembro de la Unión Cívica Radical (UCR, uno de los dos mayores partidos de Argentina), el jefe de La Salada ha participado de numerosos actos públicos con dirigentes de todo el arco político burgués.
Incluso en junio de 2015, cuando el dirigente radical pretendía llevar su «modelo de negocios» a Miami, fue entrevistado por el estadounidense Financial Times, desde donde presumió que alrededor de la feria se montan negocios por un total de 4.400 millones de dólares anuales. Esa cifra ni siquiera la alcanza la compañía Irsa, que posee 16 shoppings comerciales en todo el país.
Además de ser la cabeza visible de La Salada, Castillo y su familia forman parte de empresas de producción ganadera y agrícola, prestan servicios inmobiliarios y publicitarios, dan créditos financieros y operan casinos y bingos, entre otros negocios.
Rostro oculto de un país
Ubicada en el conurbano bonaerense, La Salada es el punto de confluencia de un conjunto de fenómenos subyacentes que forman el costado más duro de Argentina.
Distintas investigaciones sobre el predio concluyeron que la venta formal e informal de productos es sólo un parte del negocio millonario, que incluye venta de drogas y armas en los barrios aledaños, trata y explotación de personas, entre los delitos más aborrecibles. Todo ello gracias a la complicidad activa de fuerzas policiales, judiciales y políticas corrompidas por el dinero.
En La Salada había más de 15 mil puestos dentro y fuera del predio (estos últimos fueron derribados), alquilados a las asociaciones mafiosas. Allí se estima que viven de las ventas unos siete mil trabajadores y llegan cada día de feria más de 20 mil consumidores. A veces quien atiende un puesto es el empleado de quien lo alquila. Y su «dueño», a su vez, compra los puestos a los dueños de los predios, que son principalmente Castillo y Enrique Antequera, en asociación con quienes los rodean desde la política, la justicia y las fuerzas de seguridad.
La cadena de ilegalidad comienza fuera de La Salada, en los talleres clandestinos de producción textil, donde miles de trabajadores son explotados en condiciones prácticamente de esclavitud y de donde sale la indumentaria que se vende en la feria. Otros proveedores son bandas de asaltantes de camiones que distribuyen productos -llamados «piratas del asfalto», y también llegan mercaderías desde los focos de corrupción en la Aduana. Por eso, además de ropa, en la feria se pueden encontrar todo tipo de cosas: desde artículos de supermercados, farmacias y electrónica, hasta perfumes importados. Casi todo entre un 50 y 70% más barato que en los locales de venta formales.
Afuera del predio otras organizaciones mafiosas, con menos contactos políticos y judiciales, regentean puestos callejeros de venta ilegal y se disputan a muerte los ingresos por sus alquileres, el estacionamiento de vehículos e incluso la venta de droga en la zona. La mayoría de estos grupos está vinculada a las «barras bravas» del fútbol, que en cada partido obtienen ingresos ilegales en connivencia con la policía por el estacionamiento de vehículos, la venta de indumentaria falsificada de los clubes y puestos de comida ambulantes.
Además de Castillo, otras 30 personas fueron detenidas en el operativo del 21 de junio pasado, entre ellas el subjefe de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía Bonaerense, como parte de las investigaciones por «asociación ilícita y extorsión». «En La Salada funcionaba un Estado paralelo», declaró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras la intervención policial.
Campañas electorales
Apenas un mes antes de ser arrestado, Castillo manifestó en una entrevista radial su voluntad de competir en las primarias de agosto dentro del frente Cambiemos (compuesto por la UCR y el partido del presidente Mauricio Macri, PRO) en el municipio de Lomas de Zamora, donde está ubicada La Salada. Días después, el 25 de mayo, participó de un acto oficial de campaña de la UCR para impulsar la candidatura a diputado nacional de Martín Lousteau. El postulado por la Ciudad de Buenos Aires acaba de dejar su cargo como embajador en Estados Unidos -nombrado por Macri- y fue ministro de Economía de Cristina Fernández.
Durante el mandato de Fernández de Kirchner, Castillo también tuvo un lugar privilegiado dentro del oficialismo. Incluso llegó a viajar con una misión presidencial argentina a Angola, organizada por el entonces secretario de Comercio Guillermo Moreno, que tras su detención lo calificó como «su único amigo radical». Llamativo es que Moreno comparte un espacio electoral dentro del kirchnerismo para las primarias del 12 de agosto junto con Gustavo Vera, hombre de confianza del Papa Francisco, que hace años denuncia judicialmente a Castillo y La Salada.
Durante la campaña presidencial de 2011, el jefe del predio ilegal había apoyado al radical Ernesto Sanz en la interna de la UCR, a quien acompañó en su acto oficial de lanzamiento en la Capital Federal. El dirigente radical fue cuatro años después el principal articulador del frente Cambiemos junto a Elisa Carrió, de la Coalición Cívica.
Carrió, a su vez, fue fotografiada en 2009 junto a Enrique Antequera, el segundo hombre más fuerte de La Salada, también de grandes contactos políticos, policiales y judiciales. Antequera fue señalado por Carrió como un afiliado del partido GEN que encabeza Margarita Stolbizer, hoy aliada del ex candidato presidencial Sergio Massa. Ambas dirigentes -de origen radical- se erigen públicamente como las líderes de la lucha contra la corrupción del kirchnerismo.
Ese mismo año, Alfonso Prat-Gay, ex ministro de Economía de Macri y por entonces candidato a diputado por el Acuerdo Cívico y Social (donde confluían Carrió y Stolbizer) publicó una columna en el diario Clarín en defensa de Castillo y La Salada, a la que calificó como un espacio de «emprendedores». Fue su manera de agradecer, como tantos otros dirigentes, el dinero en negro volcado en su campaña electoral, proveniente de la mayor feria ilegal de América Latina.
Informalidad y crisis
La Salada es el mayor centro de ferias ilegales, pero es apenas una de las 662 registradas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). El organismo estimó que el comercio ilegal mueve en el país 71.500 millones de pesos por año (más de 4 mil millones de dólares) y emplea a cerca de 87 mil vendedores informales.
En mayo, el comercio no regulado generó ingresos por 6 mil millones de pesos (350 millones de dólares), según el registro de la Came en 465 localidades argentinas. Si bien algunas de las ferias más grandes ya fueron desmanteladas, el número de vendedores ambulantes se expandió notablemente en los últimos meses de la mano del aumento del desempleo, la pérdida de poder adquisitivo y la caída de la producción y el consumo formal. El relevamiento confirmó que cada vez más personas realizan compras en las ferias ilegales.
En las localidades del conurbano más empobrecidas y castigadas por la situación económica actual, incluso se ha registrado un notable crecimiento de la práctica del trueque, potenciada a través de internet. La otra cara de este fenómeno es la caída mensual sostenida de las ventas en comercios minoristas.
I.D http://americaxxi.com.ve/
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