El diario El País de España publicó un artículo en su portada cuyo título es «Argentina se asoma al abismo económico entre dudas sobre la gestión de (Mauricio) Macri» y describe que «la posibilidad de un default argentino existe, con (Cristina) Kirchner o sin ella». «El hombre que prometió resolver de una vez por todas […]
El diario El País de España publicó un artículo en su portada cuyo título es «Argentina se asoma al abismo económico entre dudas sobre la gestión de (Mauricio) Macri» y describe que «la posibilidad de un default argentino existe, con (Cristina) Kirchner o sin ella».
«El hombre que prometió resolver de una vez por todas los males endémicos de la economía (inflación y devaluación, pobreza, corrupción) se enfrenta al final de su mandato con una crisis devastadora, en gran medida por sus propios errores», finaliza la nota.
Para el Financial Times, está «creciendo el temor a un default» principalmente por los errores de Cambiemos para controlar la inflación y no salir de la espiral de corridas cambiaras a pesar de haber recibido el préstamo más grande en la historia del FMI. El viernes publicó una nota sobre la situación económica y su encabezado fue «Argentina está al borde».
«Se produjo este jueves la segunda corrida cambiaria consecutiva contra el peso, detenida por la intervención de las entidades oficiales y, en forma oportunista, por fondos buitre.
Durante las primeras dos horas del jueves, la demanda de dólares no tenía casi respuesta del lado de la oferta. Cuando unos pocos oferentes publicaron sus propuestas de venta de dólares, rápidamente fueron concretadas. Así fue que el valor de la divisa llegó a los $ 47,30 en la venta minorista.
La demanda de dólares se dio, al igual que el miércoles, de la mano de la venta de activos argentinos en pesos. Entre las 10 de la mañana y el mediodía, el valor de los bonos de deuda nacional en dólares se derrumbó más de un 7%. La bolsa llegó a perder un 5%», relata Randy Stagnaro en Tiempo Argentino.
Con el ingreso al mercado del Banco Central, la ayuda de los bancos oficiales Nación y Provincia y las compras de bonos locales por parte de fondos buitres (Elliott, de Paul Singer), se revirtió la tendencia. La Bolsa cerró con una caída de sólo un 0,6%, mientras que el valor de algunos bonos en dólares se recuperó, al tiempo que el dólar perdió algunos puntos respecto del peso.
El Banco Central también subió la tasa de interés del 69% al 73% para las Letras de Liquidez (Leliq), o sea, para los Bancos. El dato refleja que las entidades financieras reclamarán cada vez una tasa más alta para mantener los fondos de los plazos fijos invertidos en Leliq. Ello plantea una encrucijada al gobierno porque la suba de las tasas de interés, de por sí en un nivel sideral, impulsa aún más la recesión.
La incapacidad del gobierno para controlar el dólar hace caótica la vida de la gran mayoría de la población. La inflación interanual ya alcanzó un 54,7% (marzo 2019) y superó ampliamente el crecimiento de los salarios, que perdieron 17,8% en su poder adquisitivo desde que asumió Cambiemos. La caída también afectó a las jubilaciones y prestaciones sociales. También aumentó el desempleo, que en el cuarto trimestre marcó 9,1%, y representó el mayor salto en un año desde la gran crisis de 2002.
Los fracasos no son solo económicos sino también políticos, porque conducen a un problema muy serio para cualquier gobierno: la pérdida de autoridad del presidente. Cada vez está más extendida la percepción de que el gobierno no es capaz de controlar las principales variables de la economía.
En la base de este caos económico neoliberal se encuentran también la recesión y la caída de la inversión y el consumo.
Paro general del 30 de abril
Representantes del Frente Sindical y de las dos CTA confirmaron en conferencia de prensa que el paro general del próximo 30 de abril incluirá un llamado a movilizarse a Plaza de Mayo, que a las 13:00 será escenario del acto central de la jornada de protesta.
Pablo Moyano (Camioneros) confirmó que los gremios del transporte que integran el Frente Sindical también pararán el 1º de mayo. El anuncio se planteó sin hacer referencia explícita al «quite de colaboración» que previamente habían anunciado los gremios del transporte organizados en la CATT, liderada por Carlos Schmid.
A través de un comunicado que lleva la firma de su secretario de Prensa, Luis Rebollo, la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval anunció la adhesión al paro general del 30 de abril y le dio un impulso y un volumen a la huelga en un sector inesperado para muchos.
Como la CATT había rechazado cualquier chance de plegarse a la huelga, se creía que Schmid no daría el apoyo. La decisión del ex triunviro de la CGT contrasta con la que tomaron Omar Maturano (La Fraternidad) y Roberto Fernández (UTA) y muestra diferencias entre las tres principales figuras del espacio. Claro que todos coincidirán al día siguiente, el 1° de mayo, en su plan de no presentarse a cumplir tareas para «eliminar» los descuentos devengados del Impuesto a las Ganancias.
Por su parte, el moyanista Raúl Durdos, titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), confirmó que los buques estarán parados durante el 30 de abril, por lo que se verá afectado el normal funcionamiento de los buques de transporte de madera almaceneras, de residuos y cargas generales, lanchas y catamaranes, del sector pesquero, las lanchas de prácticos, remolcadores de empuje, buques areneros y tanque, remolcadores de puerto y lanchas de amarre.
El del transporte será un tema clave en el paro del 30 de abril. Aunque ferroviarios y colectiveros no pararán, ya confirmaron su adhesión gremios como AGTSyP (trabajadores del subterráneo), los aeronáuticos de APA y la Asociación Taxista de Capital, vinculados a la CTA. También hizo lo propio la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), conducida por Pablo Biró, quien planteó durante la conferencia de prensa: «La totalidad de los sindicatos aeronáuticos adherimos al paro general, en todas las compañías nacionales e internacionales que tenemos injerencia». La agrupación de UTA «Juan Manuel Palacios», con epicentro en las Líneas 28, 101, 44. 57, 168, 132, 21, 161, 7, 117, 60, 108, 56, 5, 8, 23. 76, 135, 6, 80 , también confirmó su adhesión a la medida convocada por el Frente Sindical.
En la conferencia de prensa también se confirmó que se apoyará la instalación de unas 200 ollas populares entre el Monumento al Trabajo y la Casa Rosada durante la jornada del 1º de Mayo.
El Movimiento de Agrupaciones Clasistas impulsará el paro y marchará a Plaza de Mayo por: «Derrotar al FMI, Macri y los gobernadores en las calles» y «Paro activo de 36 horas y plan de lucha». Convocan a las 12:00 en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Luego desde las 17:30 estarán en Plaza de Mayo en el acto del Frente de Izquierda por el Día Internacional de los Trabajadores que cerrará Nicolás del Caño, precandidato a presidente del FIT, precedido por Romina del Plá, precandidata a vice.
La Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) anunció que los próximos lunes 29 y martes 30 no se realizarán cargas de tarjeta SUBE ni de celulares en apoyo al paro general.
A fiches sin firma empezaron a calentar los motores de la huelga general del próximo 30 de abril sin la adhesión de la CGT. «Algunos disfrutan de banquetes mientras el pueblo se muere de hambre», rezan los afiches impresos en letra catástrofe.
Allí se puede observar la mesa ocupada por Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Héctor Daer (Sanidad), Gerardo Martínez (UOCRA) y Carlos Sueiro (Aduanas) en la última cena organizada por CIPPEC ( Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) , que contrasta con la imagen de la pobreza que se vive en el país.
Por su lado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que no permitirá cortes de calles y piquetes, por lo que se prevé un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. El anuncio de Bullrich nació a partir de la solicitud de Roberto Fernández, el titular de la UTA, de reclamar por nota al Ministerio de Seguridad que se garantice la seguridad del servicio de colectivos. «Al gobierno debería preocuparle la seguridad alimentaria», fue la respuesta de Sergio Palazzo de La Bancaria.
En este contexto, los gremios del FSMN se reunirán este lunes para ajustar la seguridad interna de las columnas y evitar así cualquier tipo de provocación que justifique la represión con la que advierte la funcionaria.
El otro elemento que el gobierno está utilizando para debilitar la protesta del próximo martes es la amenaza por parte de la Secretaría de Trabajo de dictar conciliaciones obligatorias a los diferentes sindicatos con la advertencia de aplicar millonarias multas en caso de no acatarlas. Hasta ahora los mensajes llegaron a los gremios más pequeños que son más frágiles ante cualquier ataque a sus arcas.
La no participación de la CGT en esta protesta habilita las maniobras del Gobierno para impedirla o debilitarla. Si la central obrera no es la organización que declara la medida de fuerza de alcance nacional, lo que hace es difuminar el paraguas legal que cobija a las organizaciones sindicales ante cualquier avance del Estado y, por lo tanto, la Casa Rosada bien puede decretar la ilegalidad de la medida con las posteriores consecuencias legales para los gremios.
Las duras advertencias de Cambiemos les permitieron a varios dirigentes del Frente Sindical confirmar que el paro no sólo será importante, sino que ha generado preocupación en un Gobierno que se caracteriza por el rechazo a los derechos laborales y a las organizaciones sindicales.
Empleo
Los nuevos datos publicados por la secretaría de Trabajo arrojaron una caída estrepitosa de los puestos de trabajo registrados.
En febrero la baja alcanzó las 31.800 vacantes, mientras que en el bimestre acumuló una pérdida de 65.400 puestos laborales. Así, en el último año ya se perdieron 252.500 trabajos en blanco, que sumado a los no registrados alcanzarían los 750.000 empleos menos, de acuerdo a algunos especialistas que señalan que se multiplican por 3 para contemplar los empleos informales.
Según el reporte de febrero, los peores datos se observaron nuevamente entre los asalariados privados que explicaron prácticamente la mitad de la merma. Dentro del sector, los rubros más afectados fueron «Comercio» (-7.900 vacantes), «Hoteles y restaurantes» (-6.100) e «Industria» (-4.900). Por el contrario, la «Construcción» generó 3.400 empleos y el sector agropecuario otros 3.000.
Los trabajadores estatales fueron los segundos más golpeados por la destrucción de 13.900 puestos laborales, seguidos por los monotributistas sociales con 7.600. En cambio, los empleados de casas particulares tuvieron un movimiento positivo al incorporar 1.700 vacantes, mientras que en el caso de los monotributistas corrientes fueron 6.600.
En una audiencia realizada en el juzgado Civil y Comercial de Lomas de Zamora a cargo de Pablo Tejada, s e aceptó al abogado Rodrigo Condori como administrador del gremio de Camioneros. Y además, se habilitó al Ministerio de Producción y Trabajo para que defina un coadministrador que compartirá con Condori la responsabilidad del funcionamiento operativo de la firma en quiebra OCA que emplea a 7.000 trabajadores.
Estos interventores deberán mantener la responsabilidad financiera mientras que los delegados de Camioneros y el Gobierno se van a «sumar y acoplar a la actual administración judicial a fin de efectuar la tarea de gestión», según el acta. La AFIP fue la encargada de proponer la intervención de la Secretaría de Trabajo.
Salario
El salario mínimo medido en dólares registra a lo largo de la gestión de Cambiemos una caída del 55 %, lo que representa la foto más cabal de la destrucción de los ingresos de los trabajadores argentinos en este proceso económico.
La mayor parte de ese retroceso se explica por la devaluación de 2018, que superó con creces a la evolución de los ingresos, y la nueva disparada del dólar que el viernes tocó los 47,50 pesos.
Desde finales de 2015, el salario mínimo se desplomó de 589 a 263 dólares, lo cual hizo que la Argentina perdiera la primera posición y cayera varios puestos en la región si comparamos el salario mínimo medido en dólares en los distintos países.
El precio de la Canasta Básica Total aumentó 4,3% durante marzo al llegar a 28.750,94 pesos.
Esta suma es lo que necesitó una pareja con dos hijos para comprar comida, ropa y pagar algunos servicios y no caer por debajo de la línea de la pobreza.
Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con esta suba, la CBT acumuló un alza de 12,8% en el primer trimestre del año, y 60,9% en los últimos 12 meses.
Las ventas en los supermercados bajaron durante febrero 12,1% en relación a igual mes del año pasado. Las ventas en los shoppings registraron en febrero una caída del 17,6% en relación al segundo mes de 2018.
Paritarias
Ante el fracaso de la discusión paritaria, el gremio que agrupa a los trabajadores petroleros decidió establecer medidas de fuerza a partir del domingo a las 20:00 y por un lapso de un día. En la última reunión, llevada a cabo el pasado miércoles en la secretaría de Trabajo de la Nación, las Cámaras empresarias se negaron a establecer aumentos salariales que compensen la pérdida del poder adquisitivo del año 2018 cuando la inflación fue, según el INDEC, del 47%. Guillermo Pereyra afirmó: «La Secretaría de Trabajo nos citó para el lunes, pero ese día va a estar todo parado». Y añadió: «Nos está debiendo el 14,7 %, eso está firmado y homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación». «No encontramos con la sorpresa de que dijeron que hay empresas que no están en condiciones de cumplir con lo que firmaron y pidieron que nos quedáramos sólo con el 40 %. Es una barbaridad, una actitud provocativa, no sé con qué fin lo hace el sector empresario porque no puede decir que está mal», agregó.
En un contexto en el que las petroleras han sido beneficiadas con la devaluación, Pereyra recalcó que «las empresas están muy bien con el precio del petróleo y el gas y la producción que hay. Evidentemente acá hay otras cosas: seguramente nos quieren utilizar a nosotros para producir algún conflicto del que ellos puedan sacar algún tipo de ventajas con el gobierno nacional».
Desde principios de año el Gobierno provincial del Chaco intentó obstruir la negociación colectiva sectorial, que en el ámbito provincial se desarrolla en la comisión de política salarial y condiciones de trabajo que estipula el Estatuto del docente. El Ministerio de Educación sostuvo públicamente y por escrito en forma privada que no permitiría la participación en dicha comisión de ningún representante sindical que no presente la certificación de autoridades emitida por el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, sabiendo que no es un requisito contemplado en la normativa y que la mayoría de los sindicatos no la tiene ante la omisión de la autoridad nacional en su entrega, lo que pudo ser sorteado por las organizaciones gremiales mediante acciones judiciales que permitieron su participación en la discusión salarial.
Finalmente las negociaciones se produjeron, reuniéndose una vez en el marco de la Comisión de política salarial y condiciones de trabajo, y luego dos veces informalmente con el Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas. La propuesta del Estado era de un aumento del 22% en cuatro cuotas (10% en marzo, 4% en junio, 4% en agosto y 4% en octubre), lo que fue rechazado por los gremios.
Hay que destacar que durante 2018 los docentes perdieron un 37,6% de poder adquisitivo, lo que condiciona la negociación del corriente año.
Con posterioridad la Dirección Provincial de Trabajo decretó la conciliación obligatoria, notificando la orden de abstención de ejecutar medidas de fuerza por el plazo de cinco días que establece la normativa, señalando audiencia para el día 8 de abril de 2019. Allí se realizó el último ofrecimiento para el corriente año de un aumento del 27% en tres tramos (10% en marzo, 8,5% en junio y 8,5% en septiembre), con cláusula de revisión para julio y noviembre; siendo que las perspectivas inflacionarias superan las del año pasado, la propuesta fue rechazada por los gremios docentes.
Luego del fracaso de la conciliación obligatoria, esa misma noche se dio a conocer públicamente el Decreto Provincial Nº 1014 de fecha anterior -1º de abril de 2019-, lo que demuestra que la decisión ya estaba adoptada en forma previa a la negociación que fue utilizada como un instrumento para desarticular las medidas de fuerza y no como un mecanismo adecuado de resolución del conflicto. Mediante el Decreto el Gobernador de la Provincia de Chaco declaró la emergencia educativa, como medio para adoptar medidas tendientes a restringir y limitar las medidas de acción directa y todo tipo de manifestaciones colectivas.
El mandatario soslayó que la Ley Provincial de Educación Nº 1887-E (Antes Ley 6691), en su artículo 154, expresamente prohíbe la declaración de emergencia educativa por la causal de medidas de fuerza.
Luego de conocido el decreto los reclamos se masificaron y el conflicto se radicalizó, articulándose las acciones colectivas con las judiciales.
El frente gremial docente decidió un acampe de tres días en la plaza central de Resistencia los días 15, 16 y 17 de abril, frente a la Casa de gobierno, con la realización de charlas sobre los alcances del decreto, festivales musicales y otras actividades culturales y artísticas.
Asimismo, se interpuso acción de amparo sosteniendo que el Decreto es inconstitucional porque tras el paraguas de la emergencia educativa el Ejecutivo provincial se arroga la facultad de reglamentar (o más bien restringir y hasta suprimir), el derecho de huelga, que goza de protección constitucional, convencional y en las opiniones de los órganos de control de la OIT, con el agravante de que el Estado se constituye en juez y parte en el conflicto.
En Chaco aún no comenzaron las clases. Los docentes de escuelas públicas en la provincia sostienen una medida de fuerza hace 60 días en reclamo por salarios acordes con la crisis económica que atraviesa el país.
El miércoles 24 comenzó el paro nacional de 48 horas de la docencia de las Universidades Nacionales convocado por CONADU Histórica en rechazo a la falta de respuestas del gobierno al reclamo salarial y a la dilación de la negociación paritaria 2019.
Según un primer relevamiento, la adhesión a la protesta superaba el 70% en las distintas facultades de las Universidades de todo el país, mientras que en los colegios preuniversitarios se ubicaba entre el 95 y el 100%. De esta manera, se estaba haciendo sentir el gran descontento reinante entre las y los docentes ante el grave atraso salarial en un contexto de alta inflación, tarifazos y aumento de precios de la canasta básica.
Vale recordar que el Gobierno Nacional suspendió el pasado miércoles 17, y de forma unilateral, la reunión de Mesa de Negociación Salarial que estaba dispuesta para el lunes pasado. La misma se realizó el viernes 26 en la sede del Ministerio de Educación.
Asimismo, un nuevo plenario de Secretarías Generales se reunirá el 2 de mayo para evaluar el estado de la negociación salarial y la continuidad de las acciones.
El secretario Adjunto del Sindicato de Camioneros,Pablo Moyano, advirtió que el piso en la paritaria de su gremio «no puede ser menos de 45% más un bono».
La Secretaría de Modernización y el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología descontaron el día a las trabajadoras estatales que adhirieron al Paro Internacional de Mujeres del 8 de Marzo, una sanción que ellas relacionan directamente con la nula importancia que le dan estas dependencias estatales a la lucha por los derechos de las mujeres. Más de 500 personalidades de la política y la cultura repudiaron con sus firmas la actitud de los funcionarios Andrés Ibarra, Pablo Avelluto y Alejandro Finocchiaro.
Clarín
Luego de más de una semana histórica de lucha tras los despidos en los diarios Clarín, Olé y en revistas de AGEA, la cual incluyó tres paros (el último, de 48 horas), se logró la reincorporación de cuatro compañeros, más la creación de una Bolsa de trabajo dentro de otras empresas del Grupo Clarín y el compromiso por parte de la empresa de que no haya más despidos masivos en la redacciones durante 2019. Ante estas novedades, la asamblea de Clarín/AGEA resolvió por unanimidad sostener el quite de firmas, mantenerse en estado de alerta permanente y volver a reunirse el lunes 29 para evaluar la continuidad del reclamo por reincorporaciones y mejoras en las condiciones de trabajo.
Además, se negoció que se levante el operativo de seguridad que se mantiene dentro y fuera del edificio de Tacuarí desde hace más de una semana. Asimismo, respecto de la extensión horaria pretendida por la empresa en las redacciones, se consiguió que la implementación quede en suspenso hasta mediar un consenso entre las asambleas y los equipos de trabajo.
Una semana antes del anuncio de los despidos masivos en el Grupo Clarín, el Monitoreo de la Propiedad de los Medios (MOM Argentina, por sus siglas en inglés) que Tiempo Argentino realizó junto a Reporteros Sin Fronteras (RSF) había advertido por el crecimiento del mayor multimedios del país y los efectos negativos para la pluralidad de voces de su posición dominante en el mercado.
El Grupo Clarín es el mayor conglomerado de comunicaciones en la Argentina. Edita el diario más vendido (Clarín) y el segundo periódico online más visitado (Clarín.com), además de dos de los diarios de alcance regional más importantes y tradicionales (La Voz del Interior de Córdoba y Los Andes de Mendoza y sus sitios web); posee las emisoras de radio AM y FM líderes en audiencia (Radio Mitre y FM 100) y una red de repetidoras, es la segunda red de TV abierta más grande del país (el canal cabecera es El Trece, de Buenos Aires).
Además, cuenta con varias señales de TV por cable, entre ellas una de las de mayor rating en noticias (TN), es socio del Estado y de La Nación en la única fábrica de papel de diarios (Papel Prensa), y accionista mayoritario del principal cableoperador del país (Cablevisión) y de una de las dos operadoras de telecomunicaciones más importantes (Telecom). También edita revistas, participa de producciones cinematográficas, tiene intereses en la distribución de diarios y revistas, y cuenta con intereses extra sectoriales (por ejemplo, en ferias y exposiciones). En casi todos los segmentos en los que participa, el Grupo Clarín ostenta posición dominante.
Según la investigación realizada por MOM Argentina, las empresas lideradas por Héctor Magnetto concentran el 25% de todas las audiencias del país: 6,84% en radio, 10,62% en televisión y 7,82% en diarios.
Además de las audiencias, Clarín concentra también los mayores ingresos del mercado. Sin tomar en cuenta sus negocios de provisión de TV por cable, telefonía móvil y fija y conectividad a Internet, el Grupo Clarín obtuvo en 2017 ganancias por $159 millones, cuando el resto de grupos mediáticos que serían su competencia no llegaron a cruzar el umbral de los $10 millones. Obviamente, la renta del Grupo Clarín se multiplica con creces si, además, se incorporan sus unidades de negocios hoy agrupadas en Cablevisión Holding.
El Grupo Clarín es también el principal beneficiario de la distribución de la publicidad oficial del gobierno nacional, con 395 millones de pesos durante 2018, y de las administraciones de las principales provincias del país.
Cuando el Grupo Clarín y Fintech sellaron la fusión a mediados de 2017, la suma de los servicios de Cablevisión y Telecom arrojaba a nivel nacional el 42% de la telefonía fija; el 34% de la telefonía móvil; el 56% de las conexiones a Internet por banda ancha fija; el 35% de conectividad móvil; y el 40% TV paga.
A ello se suma el exceso sobre lo permitido por ley en el caso de espectro radioeléctrico para telefonía móvil y una situación privilegiada en la gestión de redes troncales de comunicaciones en las zonas centro y norte del país, donde Telecom es el operador incumbente del servicio público de telefonía. El antecedente más cercano a esa fusión fue una operación también protagonizada por el Grupo Clarín, cuando en diciembre de 2007 fue autorizado por el entonces presidente Néstor Kirchner para explotar las dos principales cable operadoras del país, Multicanal y Cablevisión.
Enfermeras/os de la Ciudad de Buenos Aires
A fines del año pasado se produjo una verdadera rebelión de las enfermeras y enfermeros que se desempeñan en los 33 hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires.
Marchas masivas a la Plaza de Mayo y un paro auto convocado con enorme acatamiento para el 21 de noviembre, Día del Enfermero, fueron el canal mediante el cual miles de enfermeros manifestaron su rechazo a la ley que había aprobado la Legislatura porteña y que reconocía la carrera profesional a distintos profesionales de la salud, pero discriminaba a ese sector en particular.
El repudio llevó al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta a firmar, a fines de febrero, un acta con el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) en la que buscó rectificar la decisión. Allí se estableció una carrera especial para los enfermeros, pero los dejó dentro de la carrera administrativa: así, se omitieron la mayoría de los beneficios que fueron concedidos al resto de los profesionales de la salud. La resolución, además, limita el acceso de una porción de ellos (los técnicos) a esa nueva estructura.
Por ese motivo, y nuevamente en forma auto convocada, los enfermeros y enfermeras optaron por organizar un plebiscito para que se ponga de manifiesto el rechazo a ese acta acuerdo y reclamar el reconocimiento pleno de sus derechos como profesionales de la salud además del carácter insalubre de su tarea de donde se deriva el derecho a reducir la jornada laboral a 6 horas.
En asambleas masivas desarrolladas en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y en el Pedro Elizalde (ex Casa Cuna) resolvieron promover ese plebiscito con el eslogan de «Votá por enfermería» que, rápidamente, se extendió a una quincena de unidades hospitalarias.
La votación ya comenzó la semana pasada en el ex Casa Cuna donde, según los promotores de la iniciativa, sufragaron 235 trabajadores de la salud. Luego en el Hospital Ferrer lo hicieron 121 sobre 125 presentes en el momento de la votación. Durante esta semana se desarrollarán las votaciones en el Hospital Penna, el Gutiérrez, el Fernández, la maternidad Sardá, el Udaondo, el Hospital Borda, el Zubizarreta, el Santa Lucía y el Ramos Mejía.
Cecilia Gómez, enfermera del Hospital Pedro Elizalde (ex Casa Cuna), una de las promotoras de la iniciativa explicó que «en nuestro hospital las enfermeras y enfermeros votaron masivamente y con gran entusiasmo. Está quedando claro que Sutecba y Rodríguez Larreta no consultaron a nadie para firmar esa carrera trucha».
Por su parte, Erika Lubenfeld, enfermera del Hospital Gutierrez explicó que «esta carrera paralela nos condena a seguir encuadrados como empleados administrativos, nos discriminan del resto de las profesiones de la salud y de los beneficios de su carrera y consagra una diferencia salarial de unos $ 15.000».
Los y las organizadoras esperan reunir más de 2.000 votos de trabajadores de la salud que serán escrutados públicamente en las puertas de la Legislatura una vez que concluyan las rondas de votación que, aseguran, se irán incrementando con la participación de nuevos hospitales.
Además, preparan una nueva movilización a la Legislatura porteña para el Día Internacional de la Enfermería que se celebra el 12 de mayo.
Despidos
Trabajadores que cambiaban de turno en las plantas de Dánica en Villa Mercedes y Lavallol fueron notificados que estaban despedidos: 33 en Lavallol y otros 30 en Villa Mercedes, San Luis. Así, la empresa recientemente adquirida por el Grupo Beltrán de Córdoba se deshizo de un 30 % del plantel en cada establecimiento.
En el comunicado emitido por el SOEIA (aceiteros) denuncian que desde el grupo Beltrán «vienen por el salario aceitero, a romper el Convenio 420/05 y flexibilizar todas las condiciones laborales». Y que «la patronal rompe de esta forma con una negociación abierta por los salarios adeudados. Nuestra organización gremial presentó junto a los compañeros del Sindicato de San Luis una denuncia por las deudas de la empresa con los pagos salariales en el Ministerio de Trabajo y Producción. Hoy la patronal responde de esta manera».
Los trabajadores de Dánica se mantienen frente a la fábrica luego de conocerse la noticia de los despidos. De este modo, esperan la audiencia convocada para este lunes en la Secretaría de Trabajo, donde deberán negociar con la patronal.
La fábrica de alfajores «Estancia del Rosario» se encuentra en un estado verdaderamente crítico. Lxs trabajadores reclaman sueldos atrasados desde seis meses, lo cual los llevó a tomar la decisión de ocupar pacíficamente la fábrica ubicada en la localidad de La Cumbre. En la actualidad son 35 las personas que se encuentran en relación de dependencia con la fábrica.
Desde hace dos meses que la producción está parada y desde la patronal, la alternativa que han planteado son los retiros voluntarios. Carmelo Heredia, integrante de la Comisión directica del Sindicato de la Alimentación de Córdoba, dijo que tras esa propuesta lxs trabajadorxs resolvieron finalizar la ocupación para destrabar el escenario y abrir instancias de diálogo.
En el marco del regreso del club San Lorenzo a Boedo y a través de su CEO local, Rami Baitieh, Carrefour le comunicó personalmente a sus trabajadores que el local dejará de funcionar el 5 de mayo y que despedirán a los 170 trabajadores, pese a que una ley que sancionó la Legislatura porteña, que le otorga los terrenos al conjunto azulgrana, indica que la firma de origen francés está obligada a reubicar a sus empleados.
La empresa les propuso un plazo hasta el 10 de mayo para sumarse a un retiro voluntario y cobrar la indemnización que marca la ley más un plus de 75%. Además, cobrarán completo todo el mes de mayo, aunque no lo trabajen. También, ofrecieron mantener los servicios de obra social hasta fin de año para todos los empleados y contemplarán situaciones personales en casos de enfermedades o embarazos.
La empresa de capitales tucumanos Viluco, perteneciente al Grupo Lucci, que semanas atrás había presentado ante la subsecretaría de Trabajo de Santiago del Estero el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), ahora va por el cierre definitivo.
En una primera instancia tenían la determinación de despedir 117 de los 200 trabajadores que emplea la productora de biodiésel radicada en Frías, pero ahora subieron la apuesta. En las últimas horas la empresa colmó las instalaciones con policía provincial y ratifica que cierra definitivamente.
«No sólo despiden a nuestros compañeros sino que pretenden no pagar lo que corresponde de las indemnizaciones, y tanto la Justicia como el Gobierno provincial los avala con represión y detenciones sin motivo . Este accionar en conjunto de la Policía y la Sra. Fiscal nos retrotraen a los años más oscuros que vivimos los argentinos, que fuera la última dictadura militar», señaló Miguel Ángel Rodríguez, secretario Gremial de recibidores de granos a nivel nacional.
Viluco, cuya planta había sido inaugurada con la presencia de CFK en 2009, pretende pagarle a sus empleados indemnizaciones al 50% y en cuotas, algo que es rechazado por los gremios.
El pasado viernes hubo una audiencia en el Superior Tribunal de Chubut para resolver el traspaso de las centrales térmicas Gobernador Costa y Río Mayo y se decidió establecer una nueva prórroga, la tercera desde que comenzó el conflicto. El próximo jueves habrá otro encuentro entre las partes.
La empresa iba a abandonar las centrales térmicas Gobernador Costa y Río Mayo el 1º de mayo en medio de denuncias cruzadas con el gobierno provincial. El traspaso estuvo previsto para febrero pasado pero el Ente Regulador de Chubut postergó la transferencia para evaluar si estaban dadas las condiciones para una entrega anticipada.
La compañía que conduce Darío Lizzano ganó notoriedad cuando se supo que había comprado dos parques eólicos a la familia del Presidente dejando una enorme ganancia para los Macri.
Desde el Sindicato de Luz y Fuerza denuncian que si Gennia abandona las centrales «dejaría sin energía a 10 localidades de Chubut y 21 trabajadores despedidos y la deuda de las cooperativas del interior de la provincia con la mayorista Cammesa».
Según denunció el sindicato, las centrales de generación están en una situación de funcionamiento precario por no haber cumplido con el mantenimiento necesario. En 2018 la central Gobernador Río Costa estuvo fuera de servicio tres meses, por lo que el gobierno provincial decidió suplirla con la contratación de equipamiento para alimentar el sistema. «En aquel entonces fueron afectadas las localidades del interior y cerca de 10 ciudades que también se abastecen desde allí», dijeron en Luz y Fuerza.
Por otra parte, la provincia había aceptado «recibir las Centrales y todo su personal, con las mismas condiciones laborales y de antigüedad, el 28 de febrero de 2019».
El jueves 25 se realizó una radio abierta en el Monumento a San Martín de la ciudad de Neuquén contra el pedido de remate de la fábrica Cerámica Neuquén, por parte de la patronal, luego de 5 años de gestión obrera.
El mismo día, por unanimidad, el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue expresó su apoyo a las fábricas recuperadas ceramistas y su pliego de reivindicaciones.
El martes 16 de abril la AAPM de la RA (visitadores médicos) se movilizó masivamente a las puertas del Ministerio de Trabajo para defender las fuentes laborales, con motivo de la audiencia convocada por el pedido del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) de Elea Phoenix.
La AAPM de la RA denunció la celeridad del Ministerio para convocar a esta audiencia por pedido de la patronal, mientras desestima las denuncias de la parte sindical en aquellos laboratorios que están amenazando con recortes pese a sus ganancias extraordinarias, como los casos de Novartis, Sanofi Aventis, Bayer, MSD o Pfizer, entre otros.
En la audiencia, la gerencia de Elea Phoenix planteó que pretende recortar 120 puestos de trabajo con el pago de un 50% de la indemnización en tres cuotas, lo cual fue terminantemente rechazado por parte de la AAPM de la RA. Elea Phoenix es uno de los cuatro laboratorios de mayor facturación del país y el nivel de precios de sus productos es de los más elevados del mercado. Además, está ampliando su planta de producción en Villa de Mayo por lo cual el recorte, lejos de prevenir una crisis, representaría una intensificación de sus ganancias a costa de los trabajadores.
Al respecto, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) dio a conocer que los medicamentos aumentaron más de 250% desde diciembre de 2015, es decir, más de 50 puntos porcentuales por encima de la inflación general promedio.
Luego de más de ochenta años de trayectoria Radio El Mundo fue, como denuncian sus trabajadores, completamente desmantelada por el empresario Eduardo Martín Rodríguez Flores, que subastó el mobiliario de la radio con el aval del Gobierno que permitió las irregularidades.
El Grupo Disney, dueños de la Difusora Baires S.A. luego de reiterados cortes de señal a causa de la falta de pago de las facturas de luz, entregaron la licencia de Radio El Mundo al Enacom, Ente Nacional de Comunicaciones, y enviaron sin más, los telegramas de despido a más de 60 trabajadores, todo el personal que trabajaba en la radio.
El ente aceptó la licencia pese a la reunión que el lunes 15 se realizó en la Secretaría de Trabajo con los delegados del Sutep, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines donde reclamaban que no se acepte la licencia y se continúe con la radio para mantener los puestos de trabajo.
Trabajadores perseguidos por luchar
A 22 días de la detención de los ex choferes de la Línea Este de La Plata, Sebastián Mac Dougall, Emanuel Lazzaro, Pablo Varriano y Luciano Fiocchi, el jueves se realizó una conferencia de prensa. Participaron representantes gremiales, delegados de distintos sectores, diputados, organizaciones políticas y organismos de Derechos Humanos.
El lunes 29 desde las 9:45 se realizará una concentración en Plaza San Martín para luego movilizar hasta la fiscalía de 8 entre 55 y 56 en donde se realizará una audiencia en la que la defensa solicitará el sobreseimiento, la falta de méritos y subsidiariamente la excarcelación.
El 15 de abril comenzó en Caleta Olivia (Santa Cruz) el juicio a los trabajadores petroleros Néstor Vibares, Martín Oñate y Jorge Armoa, a raíz de un reclamo gremial de 2014. En aquel momento estuvieron presos y hoy son llevados al banquillo bajo la acusación de coacción y «entorpecimiento de la actividad económica». El lunes 29 habrá una movilización para arrancar la absolución.
El juez Edmundo Rabbione, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 61, resolvió el procesamiento del ex Secretario general de la Comisión Interna de AGR-Clarín, Pablo Viñas. Es acusado de haber impedido la circulación de Clarín y Olé en enero de 2017, en pleno conflicto de AGR, cuando una multitudinaria movilización de apoyo rodeó la planta impresora ubicada en Zepita.
El fallo impone un embargo de $ 5.200.000 a Viñas ante posibles demandas civiles por los daños que ocasionó a la empresa la no distribución de los periódicos.
Clarín promociona desde sus páginas el procesamiento y embargo de quien fuera uno de los protagonistas de la lucha contra la patronal por el ilegítimo cierre empresarial y lo exhibe para amedrentar a los trabajadores de Prensa que despidió el pasado 17 de abril.
La absolución de Pablo y de otros cuatro compañeros del taller que se encuentran imputados en otra causa es una lucha por derrotar el antecedente judicial que criminaliza una lucha de trabajadores.
Mario Tapia, Delegado de la empresa Compass Group S.A., denunció una grave situación que ocurre diariamente en el lugar de trabajo, Río Cullen y Cañadón Alfa, por parte de integrantes de la Comisión Directiva del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Tierra del Fuego.
«Desde hace un tiempo se viene reiterando persecución y amenaza laboral y personal hacia mi persona, y también a mis compañeros de trabajo», señaló Tapia y agregó, «tratan de interferir constantemente con mi función de Delegado gremial, con aprietes, persecución y hasta amenazas de muerte, por lo que tuve que realizar una denuncia en noviembre del año pasado en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Río Grande, que se registró como Expediente Nº 32957/2018 caratulado Tapia Mario s/denuncia s/amenazas».
Tapia acusa a Marcelo Ochoa, integrante de la Comisión Directiva del gremio que conduce Luis Sosa, y contó que la misma situación la padece otro delegado, Hernán Martínez.
«Todo comenzó el año pasado con el firme propósito de evitar que se armara una lista opositora, la que posteriormente fue elegida», remarcó el delegado.
Mario Tapia también remarcó que recibió sanciones por parte de la empresa Compass Group S.A., de donde es delegado de los trabajadores, en un accionar de connivencia entre Ochoa (Vocal de la Comisión Directiva del gremio) y autoridades de la empresa.
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires ingresó el jueves por la fuerza al call center Aegis para amedrentar a sus trabajadores, con la excusa de atender a un llamado sobre un supuesto hecho de «amenazas» que se produjo casualmente en momentos en que los empleados se preparaban para elegir a sus representantes sindicales.
La empresa es una de las más importantes en el rubro de servicios telefónicos y los trabajadores culpan a la patronal de haber montado esta maniobra, en connivencia con el Gobierno porteño, para intentar evitar que los trabajadores voten a sus delegados.
Pero, «a pesar de todos esos impedimentos, con buena participación del padrón, se eligieron representantes y la Lista 1, opositora a nivel local y nacional a Armando Cavalieri, ganó por muy amplio margen», informaron.
La embestida policial causó indignación entre trabajadoras y trabajadores de otras empresas del gremio y la solidaridad con quienes sufrieron el ataque a sus derechos sindicales no se hizo esperar.
Con los votos de los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, la Corte Suprema dejó sin efecto un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy que había confirmado la prohibición de participar en reuniones multitudinarias a Roberto Urzagasti, Justo Pastor Leguizamón, Pilar Magdalena Ruiz y Ariel Marcelo Gutiérrez, dirigentes sindicales y afiliados del gremio municipal de San Pedro de Jujuy.
En un comunicado de SEOM-Jujuy denuncian la persecución a los gremialistas, la judicialización de la protesta y lo relacionan con el próximo juicio al reconocido dirigente Carlos «Perro» Santillán: «Este fallo evidencia la persecución del Poder Judicial hacia el SEOM-Jujuy y llega una semana antes del inicio de un juicio contra el «Perro» Santillán y 4 integrantes de la Comisión Directiva del SEOM, que representa una nueva avanzada de judicialización de la protesta, donde se manifiesta el uso político del brazo judicial contra los dirigentes que encabezan las luchas, de parte del Poder Judicial de Jujuy que ha quedado desacreditado por el fallo de los Supremos, y al mismo tiempo seriamente cuestionado por su falta de imparcialidad.»
Charly Lezcano, referente del sector Toyota de Metalsa, fue despedido -por segunda vez- en 2016 y desde hace más de un año y medio se encontraba reinstalado gracias a una orden judicial.
Hace pocos días, ante la inminencia de las elecciones de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica en su sector, la empresa decide violar la orden judicial (medida cautelar del
Juzgado Nº 53 ratificada por la sala X de la Cámara de Apelaciones) y le impide el ingreso. Aunque lo despide sin causa, en realidad desobedece el mandato de la Justicia, con el objetivo de impedir que pueda postularse.
Los trabajadores de Metalsa se manifestaron en Tribunales contra esta violación a la orden judicial y por la inmediata reinstalación de Charly Lezcano, así como de los otros compañeros despedidos en lucha (Alvarenga en el sector T6; Ramírez y Blanco en el sector Toyota y Abel Godoy en Estampado), el pasado martes 23.
Fuentes: RedacciónEDA, Tiempo Argentino, Clarín, Prensa Obrera, APU, Resumen Latinoamericano, marcha.org.ar, Anred, Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario, Página12, Canal Abierto, Gremiales del Sur, periodicoelroble.wordpress.com
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