El 12 de agosto un operativo brutal a cargo de 200 policías bonaerenses, comandados por el comisario Julio Ducid y ordenado por el juez comercial Miguel Gutiérrez Cabello, desalojó a 100 obreros de la planta de la empresa Gatic en la localidad de Pigüé, al sur de la provincia de Buenos Aires. Las instalaciones de […]
El 12 de agosto un operativo brutal a cargo de 200 policías bonaerenses, comandados por el comisario Julio Ducid y ordenado por el juez comercial Miguel Gutiérrez Cabello, desalojó a 100 obreros de la planta de la empresa Gatic en la localidad de Pigüé, al sur de la provincia de Buenos Aires. Las instalaciones de Gatic, una empresa vaciada y quebrada fraudulentamente por el empresario Bakchelián, estaban ocupadas desde hacía meses por sus trabajadores, que luchan por la recuperación de la empresa bajo la autogestión, con el apoyo del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y la comunidad de Pigüé (incluidos su intendente y cuerpo de concejales). Los policías fueron desplazados desde otros puntos de la provincia, de los que partieron tres días antes y entraron a la planta a fuerza de gases, palos y balas de goma, en una operación que, desde ya, estaba planificada con anterioridad a la orden de desalojo. No es un hecho menor: se trata de la primera represión seria al movimiento popular desde que Néstor Kirchner se hizo cargo de la presidencia del país.
Sin embargo, son contados los medios de comunicación que dieron cuenta de esta noticia. Mientras los piqueteros son seguidos por decenas de cámaras hasta en sus movimientos más nimios, a la búsqueda del gesto estigmatizable que contribuya a su criminalización, el accionar criminal del Estado a partir de por lo menos dos de sus poderes (el Ejecutivo y el Judicial) fue ignorado en forma flagrante por casi todos los canales, radios y diarios. Cuando los dirigentes del MNER lograron convocar a TN y Crónica, estos dieron marcha atrás, pasando por escasos minutos el desalojo cuando habían estado anunciándolo con mucha anticipación. En la prensa escrita, sólo Página/12 dio cuenta con cierta amplitud del episodio, en una crónica de ese día y en la columna de Horacio Verbitsky del domingo 15.
En lugar de recoger los hechos, la mayoría de los medios de prensa eligió dar una versión que presenta el caso Gatic como una muestra más de la imparable recuperación de la economía. En el noticiero matutino diario de Canal 7, se habló días antes de «una gran noticia», la reapertura de la empresa mediante un acuerdo entre empresarios, trabajadores y gobierno, lo cual permitiría «la recuperación de 2800 puestos de trabajo». Esto reflejaba el acuerdo entre el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Planificación, el sindicato del caucho y el empresario Guillermo Gotelli (ex presidente de Alpargatas, a la que endeudó en 700 millones de pesos) para la reapertura de la fábrica. Lo que no se mencionaba, es que esta empresa que fuera la poseedora de la licencia de Adidas y otras marcas de calzado deportivo durante más de 30 años, quebrada en forma fraudulenta por sus dueños, ocupaba 5000 trabajadores en sus nueve plantas distribuidas por todo el país, de los cuales 1800 se encontraban en ese momento en una dura lucha por la puesta en funcionamiento de algunas de estas plantas como una empresa recuperada y autogestionada por sus trabajadores. Algunas, como la planta de Gatic en San Martín, ya habían formado su cooperativa y llevaban ya varios meses en producción, con sus propias marcas y recomponiendo una red de proveedores y clientes, sin necesidad de ningún inversor y sin ninguna ayuda del Estado.
Meses antes, el 8 de octubre de 2003, La Nación señalaba que el Gobierno (al que, como es público, considera un nido de izquierdistas) estaba por tomar con Gatic una resolución «inteligente», consistente en ir al rescate de la empresa de la familia Bakchelián con fondos para capital de trabajo, un acuerdo con el gremio y un «management independiente», que finalmente apareció ahora en manos de la empresa Indular Manufacturas, de Gotelli. Algunos días antes del desalojo, otro diario encolumnado con la derecha más recalcitrante, La Nueva Provincia de Bahía Blanca, anticipaba que la recuperación de la empresa por la cooperativa de trabajadores no tenía futuro, gracias a la aparición de una importante oferta que el juez interviniente estaba considerando «muy seriamente». Finalmente, mientras una multitud de trabajadores de empresas recuperadas manifestaba en La Plata, los obreros de Gatic en Pigüé fueron violentamente desalojados.
La noticia de este acuerdo, entonces, debe leerse de otra manera: el Gobierno decidió darle la espalda, a pesar de la palabra empeñada por el propio presidente Kirchner, a este esfuerzo de los trabajadores y acordar con los empresarios estafadores, dejando, además, en la calle a la mitad de ellos, sin reconocerles ni antigüedad ni indemnizaciones. Y, además, fue por lo menos cómplice del desalojo de quienes intentaban, a pesar de todo, seguir trabajando en la planta de Pigüé. Es decir, los trabajadores de Gatic sufrieron en carne propia lo que el discurso oficial afirma que no va a hacer: reprimir y criminalizar la protesta social. Sucede que Pigüé está lejo s y las cámaras de TV no llegan. Y si llegan, un telefonazo del ministro De Vido alcanza para silenciarlas.
La lucha de los trabajadores de GATIC: El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas difundió, antes del desalojo, una solicitada en que se planteaba claramente la opción: Gatic puede ser emblema de los cambios o de la continuidad del modelo de los 90. Los hechos parecen demostrar que la elección fue esto último. La empresa tiene una deuda de 500 millones de pesos, de los cuales 400 son al Estado (AFIP; Banco Nación, Banco Provincia) y 70 a los trabajadores. Dinero suficiente como para emprender sin problemas legales, si hubiera decisión política, la recuperación de la empresa por los trabajadores con apoyo del Estado, en base a la discusión de propuestas como la que éstos, que ya están haciendo el esfuerzo de la vuelta a la producción en solitario, han ido elaborando a partir de su experiencia y la de miles de trabajadores que ya han recuperado empresas en todo el país.
El gobierno, en cambio, prefirió hacer un acuerdo con el empresario menemista Gotelli, vaciador de Alpargatas, socio de Bakchellian (que endeudó a Gatic por 900 millones, originalmente dólares, convertidos a 500 millones de pesos tras la pesificación y una quita del 30 % que la generosidad del estado duhaldista le permitió) y socio del más que sospechoso fondo buitre Leucadia, como denunció José Abelli, del MNER. Una acción que borra con el codo lo escrito y dicho por el presidente en cuanto discurso pronunció acerca de la finalización del modelo neoliberal. O el gobierno cree que Gotelli se convirtió en un burgués nacional, o guiña con el ojo izquierdo pero pone la bala con el derecho.
Gatic está cerrada desde hace más de un año y entró en concurso de acreedores en octubre de 2001. La quiebra no se decretó aun, y el juez Gutiérrez Cabello, el mismo que ordenó el desalojo del planta, admitió ante los dirigentes del MNER que había grandes presiones políticas y sindicales para no hacerlo. De decretarse, los trabajadores podrían acogerse al artículo 190 de la ley de Quiebras, de continuidad laboral (que aun así es francamente desfavorable a los intereses de los obreros) y poner en funcionamiento todas las plantas de la empresa con sus 5000 trabajadores a través de la formación de cooperativas de trabajo, como las ya formadas en Pigüé y San Martín, con una propuesta que contempla «la integración vertical de la producción para su comercialización» y el reparto de los excedentes entre los salarios de los trabajadores y el Estado, en concepto de la deuda que dejó Bakchelián. Esto no lo garantiza el acuerdo con Gotelli, quien sólo se compromete a comprar las prendas en el Banco Provincia (de un valor de 54 millones de pesos) en sólo 8 millones, a pagar en bonos de la deuda que cotizan a sólo el 20 % de su valor. Algo debe tener que ver en esta oferta la sociedad de Gotelli con el fondo buitre Leucadia, que operó en varias de las privatizaciones y maniobras fraudulentas de los 90. En otras palabras, una estafa al Estado, a los trabajadores y al pueblo argentino.
Todo este esquema de negociados se cerró la semana pasada sobre los trabajadores de Pigüé. Lejos de Buenos Aires, los obreros fueron expulsados de la planta en un operativo que no se había visto hasta el momento en este gobierno, al que no pareció preocuparle la quiebra de una de sus declaraciones de fe progresista. Ante los intentos del MNER de lograr un cambio de postura de los organismos del Ejecutivo, sólo recibieron como respuesta el lobby del ministro De Vido, quien personalmente llamó a los medios de comunicación para impedir, con gran éxito, que las imágenes de televisión de la represión salieran al aire. Pues un gobierno que basa su accionar en el consenso de la opinión pública, no se puede permitir llevar adelante maniobras de este tipo si salen a la luz. Mientras Aníbal Fernández manda a los piqueteros a laburar, Solá, Tomada y De Vido expulsan a obreros de los puestos de trabajo que estaban recuperando a pesar de todos los obstáculos que puso el Estado mismo y sus cómplices empresarios. Solá, incluso, extorsiona a los trabajadores del Movimiento de Empresas Recuperadas vetando las leyes de expropiación de otras empresas que, evidentemente, no le interesan tanto como esta, la mayor textil del país.
Mientras tales sucesos se desarrollan, quienes tenemos un compromiso con los trabajadores y las causas populares no podemos seguir siendo cómplices del ocultamiento de una lucha que puede marcar una bisagra en este momento histórico. La información sobre el drama de Gatic no circula ni siquiera en las cadenas alternativas de información, o por lo menos no lo hace con la profundidad y masividad que merece. Los partidos de izquierda, siempre tan atentos a las luchas obreras, no parecen haber tomado nota de lo que pasa. ¿O será que solamente le interesan las luchas donde hay implicados militantes de sus organizaciones? La militancia popular que en los últimos tiempos se ha volcado a favor de Néstor Kirchner, tendría también que darse cuenta que no beneficia en nada a un gobierno que consideran popular si deja que se impongan maniobras como estas. Al contrario, deben contribuir a la movilización para que cambien el rumbo equivocado en casos como este donde, sin discusión, se está poniendo la proa en el sentido contrario al declamado.
Si no rompemos el cerco, la experiencia de Gatic corre el riesgo de convertirse en norma. El mismo día del desalojo de la planta de Pigüé, un hotel recuperado de la provincia de San Juan, el Nogaró, fue desalojado por la policía provincial y sus trabajadores encarcelados. Zanón enfrenta en Neuquén una posibilidad cierta de desalojo, luego de más de dos años de autogestión exitosa pese a estar en una provincia gobernada por uno de los caudillos provinciales más reaccionarios. En Santa Fe, son varias las empresas recuperadas que fueron rematadas por la negativa del poder político provincial a expropiarlas a favor de los trabajadores, como consiguieron decenas de empresas en Capital y provincia de Buenos Aires. Las expropia ciones temporales, en estos casos, están comenzando a cumplir sus plazos bianuales, y la composición actual de la legislatura porteña, repleta de derechistas y oportunistas, junto con el sistemático veto de Solá en la provincia, no dan seguridades para su renovación.
Una marcha numerosa de trabajadores de empresas recuperadas recorría los organismos públicos de La Plata el mismo día del desalojo de Gatic. Corrieron su misma suerte en la consideración mediática, incluyendo la mayoría de los alternativos. Situación que, o la revertimos, o vamos a ver como un fenómeno político, social y económico de enorme importancia, el de las empresas recuperadas por sus trabajadores, pasa a ser blanco privilegiado de la ofensiva del poder económico, aquel que gobierna este país en los hechos desde el 24 de marzo de 1976. Algo que no habían podido hacer públicamente hasta el momento contra un movimiento que apunta al corazón de la propiedad privada.
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