En su afán por controlar la inflación, el gobierno de Argentina adopta medidas sobre dos productos emblemáticos de su economía que impactan en el comercio mundial. Primero suspendió la exportación de carne bovina y ahora estudia hacer lo mismo con el trigo. «El gobierno entiende que es tan bueno exportar trigo como proveer al mercado […]
En su afán por controlar la inflación, el gobierno de Argentina adopta medidas sobre dos productos emblemáticos de su economía que impactan en el comercio mundial. Primero suspendió la exportación de carne bovina y ahora estudia hacer lo mismo con el trigo.
«El gobierno entiende que es tan bueno exportar trigo como proveer al mercado interno a un precio conveniente», dijo este jueves el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, una valoración que hizo poner en duda sus propias palabras previas en las que negó que se estuviera analizando frenar las exportaciones de este grano, cuyo principal cliente es Brasil.
Una fuente cercana al sector, que prefirió el anonimato, aseguró a IPS conocer los textos de los documentos oficiales que establecen la suspensión por 30 días de las ventas externas de trigo. El gobierno centroizquierdista de Néstor Kirchner intentaría así forzar un acuerdo con los productores con el fin de evitar el desabastecimiento del mercado nacional.
La versión sobre la posible prohibición temporal de la exportación de Argentina tuvo impacto en el mercado internacional del grano, que se sumó a las malas condiciones climáticas en Estados Unidos para levantar los precios.
Asimismo, el asunto provocó fuertes críticas entre expertos independientes.
Argentina, uno de los principales exportadores mundiales de trigo, logró un rendimiento en la última cosecha de 12,3 millones de toneladas, 3,7 millones menos que la anterior.
Esa reducción de la oferta, sumada a un aumento de la demanda externa, provocó el alza del precio internacional que alentó a los productores agrícolas argentinos a vender fuera de fronteras. En pocas semanas, los exportadores registraron colocaciones por un total que se aproxima al saldo exportable, un fenómeno que amenaza con desabastecer el mercado interno para la harina y sus derivados, básicamente pan, fideos y galletitas, provocando el alza de los precios de alimentos claves de la dieta argentina.
Sólo Brasil compra a Argentina cinco millones de toneladas de trigo cada año, con el beneficio que le da ser miembros pleno del Mercado Común del Sur (Mercosur), el cual se completa con Paraguay y Uruguay. La preferencia arancelaria en el comercio interno del bloque para el trigo es de 12 por ciento sobre el precio internacional.
En caso de concretarse la suspensión de la exportación de trigo, será la segunda de este tipo en dos meses. La primera fue anunciada el 8 de marzo por la ministra de Economía, Felisa Miceli, y afecta por 180 días a partir de entonces a las ventas externas de carne bovina.
La medida, que pretendió frenar la tendencia alcista de los precios internos, impactó en Rusia, uno de los principales compradores de carne argentina.
«La carne primero para los argentinos», pues «no nos interesa exportar a costa del hambre del pueblo argentino», justificó en ese momento el presidente Kirchner.
En diálogo con IPS, el ingeniero agrónomo Jorge Elustondo criticó lo que considera «falta de estrategia y de política agroalimentaria» del gobierno y sostuvo que ese tipo de medidas orientadas al corto plazo «tienen un efecto demoledor en el mediano y largo plazo», tanto en las decisiones de siembra internas como en los mercados externos.
Elustondo fue vicepresidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y es coordinador del Foro Permanente del Complejo Agroindustrial Alimentario que reúne a productores, semilleros, empresarios y técnicos del sector agropecuario. El foro es una idea del Grupo Fénix, de académicos críticos del neoliberalismo.
«Si el gobierno busca contener los precios, tiene otros instrumentos», recordó la fuente. «Podría aumentar temporalmente las retenciones (impuesto a las exportaciones) y esa recaudación extraordinaria podría volcarse a otorgar créditos con intereses subsidiadas para aumentar la siembra de trigo», propuso. En cambio, una prohibición lisa y llana de exportaciones tiene sólo perjuicios y no garantiza una caída de los precios domésticos, alertó. El experto señaló que la medida no solucionará el problema de fondo –que es la oferta disminuida por falta de una política en el sector– sino que lo va a agudizar en la próxima cosecha.
Entre mayo y julio, los productores deciden la siembra para la siguiente campaña y estas medidas los empuja a sembrar soja.
«Lo único que se logra con prohibir la exportación de carne vacuna y trigo es profundizar el modelo del monocultivo de soja que tiene perjuicios ambientales probados técnicamente por el INTA», advirtió Elustondo.
La soja es el principal cultivo de Argentina y el primer producto de exportación, pero los activistas y algunos técnicos agropecuarios critican el impacto ambiental de este modelo de producción que arrasa con la diversidad agropecuaria, favorece la tala de bosques y erosiona la calidad de los suelos, según explican. Elustondo señaló, además, que la medida causará un «impacto terrible» en la sustentabilidad del Mercosur, «ya bastante complicado» por diversas crisis entre los socios. Brasil completa su demanda interna con la compra de un volumen de trigo que equivale hoy a 40 por ciento de la producción de Argentina.
El especialista consideró que es probable que Kirchner advierta que la mayor vulnerabilidad de su gestión está en el impacto negativo que podría tener un aumento sensible de la inflación. Pero insistió en que las respuestas elegidas sólo sirven para el corto plazo y podrían ser «irreversibles» en el largo tiempo.
Además, una medida similar fue adoptada por Kirchner cuando menguaba la provisión de gas natural en 2004 y restringió las exportaciones del fluido a Chile. La medida, orientada según se anunció a asegurar el consumo energético de empresas locales, provocó roces en la relación con el país vecino, muy dependiente del gas argentino.
Finalmente, Elustondo explicó que las restricciones a las ventas externas de carne no redundaron en una baja notable de los precios internos ni en una expansión del consumo entre los más pobres. Las consecuencias de esa medida fueron la cesantía de miles de operarios de frigoríficos, que ahora reciben subsidios del Estado.
«El gobierno hoy tiene herramientas para conocer la evolución de la demanda y las condiciones de la oferta y podría haber previsto estos problemas de abastecimiento con medidas tales como el incentivo a la siembra de determinados cultivos y, sobre todo, podría haber previsto el mejoramiento de la demanda interna de alimentos por un mayor poder adquisitivo de la población», opinó.