La situació n social que atraviesa el país es para llorar, si no es para sublevarse tumultuariamente o para hacer la revolución… El Congreso de los Estados Unidos promulgó el 18 de diciembre de 2014 la «Ley para la Defensa de los DDHH y Sociedad Civil en Venezuela». Ese adefesio jurídico prevé la entrega inmediata […]
La situació n social que atraviesa el país es para llorar, si no es para sublevarse tumultuariamente o para hacer la revolución… El Congreso de los Estados Unidos promulgó el 18 de diciembre de 2014 la «Ley para la Defensa de los DDHH y Sociedad Civil en Venezuela». Ese adefesio jurídico prevé la entrega inmediata de recursos económicos y tecnología para financiar a sectores políticos de extrema derecha, cuyas acciones terroristas han causado la muerte de más de 50 personas durante los últimos dos años en Venezuela. Pues bien, el gobierno español y los periodistas frecuentes en la escena pública se unen a esta campaña que la opinión pública española ignora. De ahí esa animosidad en apariencia repentina contra Venezuela y ahora también contra profesores españoles que asesoraron al gobierno de aquel país y tratan desde el partido político que han conformado poner remedio a la pobreza y el sufrimiento evitables de muchos millones de personas; pobreza y sufrimiento por el expolio a que le han sometido políticos y empresarios y por una política cruel propia sólo de países subdesarrollados.
Por eso los periodistas españoles de cualquier signo (ni siquiera los más ecuánimes o independientes) ni mencionan esa infame Ley del Congreso USA . Es más, a juzgar por tantas de sus diatribas contra el país venezolano y los profesores de Podemos, todo parece indicar que la mayoría de ellos hubiera llegado tácitamente a un acuerdo sobre lo siguiente:
1ª Venezuela no es una democracia respetable (pese a haber sido elegido su gobierno en un correcto proceso electoral).
2 º El propio intento de aplicar el socialismo práctico a ese país es indeseable y perseguible con todas las armas posibles, incluido el crimen directo o los crímenes inducidos por sicarios; todo de acuerdo con las directrices de la Ley del Congreso estadounidense.
Y es que en España, tanto el partido del gobierno como el periodismo cotidiano siguen la estela del pensamiento único. Por eso asumen que sólo la clase social superior tiene derecho a hacer con el dinero lo que quiera: llevárselo a paraísos fiscales, liquidar a la hacienda pública lo menos posible o emplear argucias tributarias que economistas privados de la misma ideología les aconsejan para defraudar. Pero no quienes no pertenecen a esa clase y menos si además forman parte del partido político de nuevo cuño que pretende gobernar.
Y todo este movimiento sobreviene (me refiero a su presencia en la política de los profesores de universidad) porque, en primer lugar, los socialistas españoles (socialistas es mucho decir) o no han hecho lo que prometieron y debieron cuando gobernaron, o no han hecho luego oposición tenaz a la mayoría absoluta del gobierno, o sencillamente se han convertido en c ómplices vergonzosos suyos para alternarse en la gobernación con ellos. Y en cuanto a los comunistas (comunistas es también mucho decir), porque hasta ahora y durante todos estos años desde la transición apenas si han sido un grupo decorativo que ha contribuido sin proponérselo a disimular con sus invectivas parlamentarias este engendro que por aquí llaman democracia.
En resumen, el endemoniado binomio Venezuela-Podemos nos lleva a la conclusión de que sólo los forajidos de toda la vida o bien los pusilánimes permisivos con ellos para mejor alternarse en el gobierno, son los únicos que se sienten legitimados para terminar de arruinar a este país…
Jaime Richart es Antropólogo y jurista.
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