El INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) viene sufriendo los embates de las políticas de ajuste del Gobierno Nacional, que lo ahogan financieramente y abren un signo de interrogante de cara al futuro, sobre la posibilidad de sostener las tareas que desarrolla y a su personal. El INTA cuenta actualmente con más de 7000 trabajadores […]
El INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) viene sufriendo los embates de las políticas de ajuste del Gobierno Nacional, que lo ahogan financieramente y abren un signo de interrogante de cara al futuro, sobre la posibilidad de sostener las tareas que desarrolla y a su personal. El INTA cuenta actualmente con más de 7000 trabajadores que llevan adelante la investigación e innovación tecnológica así como la difusión de las tecnologías aplicables para la producción agropecuaria. Una parte de esos esfuerzos se enfocan en los pequeños y medianos productores. Para nosotros, los agricultores familiares, ese trabajo es clave para sostener y mejorar nuestra producción. Hoy todo ello se encuentra jaqueado por una baja en el presupuesto que el Gobierno Nacional quiere aprobar para el próximo año.
Desde el principio del 2016 se comenzaron a sentir los recortes presupuestarios que afectaron los proyectos y programas que lleva adelante el INTA en todo el país. Muchos de esos problemas son disimulados por la buena voluntad del trabajo de los técnicos. El año pasado, también se intentó un recorte del presupuesto al organismo, que finalmente se pudo revertir en parte en el Congreso de la Nación con un trabajo muy fuerte con los diputados nacionales de todos los sectores. Pero para el año próximo el Gobierno Nacional insiste en la línea de achicar el presupuesto para este organismo de Ciencia y Técnica que está muy estrechamente vinculado con los productores agropecuarios. El proyecto de ley que actualmente está en el Congreso propone un presupuesto que incluye una reducción de 116 millones de pesos en el inciso uno, correspondiente al pago de sueldos, lo que significaría la cesantía de más de 300 técnicos y, además, una quita en los fondos contemplado para el funcionamiento del organismo. En este segundo caso, serían 240 millones de pesos menos para el desempeño de actividades , lo que implicaría que el INTA no va a poder funcionar, que va a tener que cerrar varias de sus oficinas técnicas radicadas en diferentes puntos del país.
La política que viene desarrollando el Gobierno Nacional hacia el sector afecta directamente a los pequeños agricultores familiares. La nueva reducción del presupuesto del INTA es en ese sentido un punto más, de los varios existentes. El Ministerio de Agroindustria eliminó el año pasado la Secretaría de Agricultura Familiar que trabajaba con los pequeños agricultores. Con ello se achicó el presupuesto realmente orientado hacia el sector. Este año desguazaron el programa Cambio Rural que estaba destinado a los medianos y pequeños productores. Los recortes se producen principalmente en las actividades que se desarrollaban de cara a los productores de la agricultura familiar.
Y lo mismo quieren hacer hacia adentro del INTA. Este organismo tiene una tradición e historia de trabajar con la familia rural desde su creación en 1956. Así, de diversas formas el INTA debe trabajar con todos los productores -pequeños, medianos y grandes-. El recorte que está planteado apunta a dejar de trabajar con los pequeños productores.
Desde la FONAF pedimos y exigimos que el INTA amplíe y no reduzca sus acciones de asistencia técnica hacia los pequeños agricultores familiares porque entendemos que un organismo que impulse la aplicación del conocimiento técnico en el agro es clave para impulsar la agricultura familiar, forma de vida de todos nosotros y productora de los alimentos que consumen millones de argentinos.
Roberto F. Rodríguez es dirigente rural de Río Negro y miembro de la Comisión Nacional de la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF)
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