Acusada de instigar delitos y tumultos con un acampe iniciado un mes antes frente a la Casa de gobierno provincial. La protesta de la líder de la Túpac Amaru se había originado en los albores del gobierno del radical Gerardo Morales, quien había ordenado cambios en el otorgamiento de subsidios a cooperativas.
Otras causas se sumarán en los meses siguientes, en medio de denuncias de irregularidades en el accionar de la Justicia de Jujuy contra la dirigente social. Sala no ha recuperado la libertad desde entonces. Acumuló varias condenas y por ella ha intercedido la Comisión Interamericana de DD HH.
Los motivos para sumarse al Paro general en Jujuy
El DNU, la Ley Ómnibus y el plan económico de Milei son una declaración de guerra contra los trabajadores, jubilados, cuentapropistas, pequeños comerciantes y productores. Es necesario enfrentarlo con la mayor unidad en las calles y pelear para que el paro del 24E sea total y masivo.
Quitan derecho a huelga. En la educación, la salud, en la industria, los servicios, declarándose actividades esenciales y poniendo cupos de asistencia obligatorios. Alargan el período de prueba de 3 a 8 meses, algo que impacta de lleno sobre la juventud que ya viene con un 90% trabajando en negro.
Introducen tercerización en trabajo rural, quitan el Art. 15 de la Ley de Trabajo Agrario N° 26.727. Así permiten la entrada de contratistas o tercerizadas en actividades como cultivo.
Autorizan la dolarización de los alquileres, algo que las inmobiliarias ya aplicaron. Con un déficit de 30.000 viviendas, al menos, esta medida hace imposible alquilar. Hoy un trabajador estatal cobra 170.000 pesos. Una casa se cotiza a U$S 200 y al tipo de cambio paralelo.
Derogan la Ley de Tierras. Esta fue un reconocimiento a la pelea de sectores socioambientales y pueblos originarios contra el avance del capital extranjero poniendo un cupo de 15% del territorio, no más de 1.000 ha por propietario, y la imposibilidad de compra con espejos de agua dulce, zonas de riberas y humedales. Con este cambio, las mineras de multinacionales extranjeras pueden comprarse todo un salar para llevarse todo el litio, sin límite alguno.
Las medidas de Milei afectan más brutalmente a las mujeres porque el 64% de los ingresos más bajos lo perciben las trabajadoras. Porque esos ingresos que no alcanzan a cubrir la canasta familiar son el único sostén en el 12% de los hogares mantenidos por una mujer sola. Y porque las jóvenes de entre 14 y 29 años encabezan el ranking de pobreza.
Los «libertarios» que se pasaron negando la violencia de género que expuso el poderoso movimiento de mujeres por «ni una menos», que niegan la brecha salarial, ahora quieren introducir modificaciones en leyes como la de «los mil días» y la Ley Micaela que, de pasar, implicaría la limitación del derecho a la interrupción voluntaria de embarazos no deseados para las más pobres, permitiendo la coerción estatal directa, mientras avanzan en eliminar la definición de violencia de género pretendiendo subsumir todas las formas de esa violencia a una «violencia familiar», sin género y puertas adentro de la vida privada.
Contra eso, tenemos que volver a poner de pie al poderoso movimiento de mujeres, de forma realmente independiente del Estado y sus gobiernos, de los patrones y sus partidos. Peleando porque cada vez más mujeres trabajadoras se sumen a ese movimiento, y porque el movimiento una cada vez más la pelea contra toda opresión patriarcal a la pelea contra todos los agravios que sufre la clase trabajadora, a la que pertenecen la inmensa mayoría de las mujeres.
Con la Ley Ómnibus Milei asumiría como Monarca y dejaría al Congreso como un decorado. Milei pretende darse atribuciones extraordinarias hasta el fin de su mandato en 2027 y de esa forma dejar al Congreso como una institución completamente testimonial. El DNU y la propia Ley Omnibus es un adelanto que quiere gobernar como un monarca e imponer condiciones a las provincias, según dictan los grandes empresarios del país y del exterior.
El ex gobernador Morales quiso hacerlo a su manera con la Reforma de la Constitución, cuando sugería que la fuerza política que ganara la Gobernación se quedara con el control de la Legislatura. Esto despertó el rechazo popular y en las calles se lo hizo retroceder. Lo mismo hay que lograr con el ataque que pretende Milei.
En el caso particular de la provincia, a la región NOA también la afectan con la apertura de importaciones de azúcar, bioetanol y negocian el corte mínimo de bio en combustibles. Los grandes ingenios como Ledesma lo rechazan y reciben el apoyo del gobierno. Defienden sus negocios y ganancias, que no son compatibles con el acceso a precio popular del azúcar o del propio alcohol como se demostró durante la pandemia, cuando lo seguían vendiendo casi por completo para la mezcla con naftas y no para la salud.
Imponen criterios de financiamiento de las Universidades nacionales según cuántos egresos se dan por cada ingresante. Para la UNJu esto implicaría un ajuste mayor al que ya se vive por mantener el presupuesto 2023 para este año con inflación por las nubes. Por cada 20 que ingresan, solo se recibe un estudiante. No se puede permitir que profundicen los mecanismos de mercado, que ya existen por la responsabilidad de las autoridades, en la Universidad.
En la escuela pública planean distintos ataques. Por ejemplo, quieren evaluar el ingreso a la docencia y cada 5 años como condición para poder desempeñarse. Y a los estudiantes también les ponen una prueba de egreso, al igual que con los docentes, como parte de una lógica de competencia individual en el mercado.
Desfinancian todas las áreas públicas de cultura, que ya vienen de años de ajuste, y quieren entregarlas a su destrucción por las “leyes del mercado”. Propone cerrar el Instituto Nacional del Teatro (INT) y el Fondo Nacional de las Artes (FNA) que promueven la producción de las artes escénicas, literatura y artes visuales, así como la Escuela Pública de Cine. Además, quita financiamiento al INCAA que promueve el cine nacional, al INAMU (música) y a las bibliotecas populares, que están sostenidas por voluntarios.
Limita leyes de protección mínima producto de la lucha durante años del movimiento socio ambiental en distintos puntos del país. Pone en riesgo reservas de agua dulce de ambientes periglaciares y los bosques nativos ante el avance de la frontera agropecuaria por el agronegocio expresadas en la Ley de Glaciares, o la Ley de Bosques.
El gobierno actual de Carlos Sadir congeló el gasto con aval del PJ en la Legislatura. De esta forma no hay pase a planta permanente, titularización de docentes, horas extras. Tampoco llaman a reabrir paritarias ante una inflación mensual del 25,5%. Pero plata tienen, cuando la coparticipación crece más que el pago de salarios. Y hasta junio habían acumulado un superávit fiscal de $21.000 millones. La cancelación del bono a estatales en enero también confirma que tienen fondos. Por eso, es urgente que los gremios convoquen asambleas para un plan de lucha unitario por la reapertura de paritarias.
Las grandes patronales ganan por imponer los precios como Ledesma que domina el mercado del azúcar. El precio del azúcar mayorista subió un 47% más que la inflación interanual. O las mineras como Sales de Jujuy que se benefician de la devaluación que le mejora sus ingresos en pesos. Y al no pagar ingresos brutos, de esa diferencia de ingreso ni siquiera ingresa un peso al fisco.
Mientras siguen pagando los mismos salarios en pesos devaluados. Es una transferencia brutal de ingresos de la clase trabajadora a los grandes empresarios, algo que ya venía pisando el acelerador. Con Macri la transferencia fue de 30.000 millones y con Alberto Fernández de 71.000 millones de dólares.
En estos días, vemos en San Salvador a los empresarios del transporte que, con la excusa de la suba de sus costos, amenazan con cerrar el servicio si no le dan un aumento del boleto del 120% (mínimo de $350) y la eliminación del Begu, entre otros, reclamos a favor de su bolsillo. Van tres días de paro. Hay que frenarlos, exigiendo la apertura de la contabilidad, la auditoría y control por choferes, pasajeros y profesionales.
Enfrentar este plan de ajuste requiere la organización en forma independiente de las fuerzas políticas tradicionales y con un programa de medidas a favor de la clase trabajadora y las mayorías populares, en defensa del salario, las jubilaciones, contra los tarifazos y despidos, en defensa de los bienes comunes naturales como el litio y los derechos de pueblos y comunidades indígenas como parte de una batalla de fondo para que la crisis la paguen los grandes empresarios y sus gobiernos.
Preparando el paro del 24
En este contexto de la afectación general y particular jujeña, en Abra Pampa y Humahuaca se realizaron reuniones con luchadores contra la Reforma para intercambiar sobre las consecuencias del DNU y la Ley Ómnibus sobre los derechos de las comunidades indígenas, los territorios y el agua. Estuvieron presentes la diputada provincial Natalia Morales y concejales del PTS FIT, Guillermo Alemán y Alfredo Ayarde.
En las reuniones participaron integrantes de comunidades indígenas, mujeres de organizaciones sociales como el FPDS, jóvenes que impulsan merenderos y trabajadores cuentapropistas, de la salud, y municipales.
¿Qué implicancias tiene la derogación de la Ley de Tierras para las comunidades indígenas?, fue uno de los temas abordados por la diputada Natalia Morales, que comentó sobre el plan de Milei y Villarruel para rematar territorios a las mineras o a millonarios como Elon Musk que está interesado en el litio que resguardan las comunidades indígenas.
“La defensa del agua” y contra la contaminación fueron puntos sensibles que también generó intercambio y cómo agrava la situación el plan actual. “Sin Ley de Tierras avanza el remate a extranjeros incluso de territorios que contienen espejos de agua, lagunas, salares o humedales”. “Sumado a eso, la modificación de la Ley de Glaciares quita protección a fuentes importantes de agua de toda la puna jujeña”, apuntó la diputada.
Las reflexiones también partieron al calor de sacar conclusiones de la lucha contra la Reforma en torno sobre dónde radica la fuerza para tirar abajo el DNU y la Ley Ómnibus, si confiar en la Justicia de los poderosos, puesta por Macri, y que hace poco fallaron a favor del represor Gerardo Morales, o de la Cámara de diputados y senadores, donde ya se ve la rosca y la negociación en torno a las medidas de saqueo.
Las reuniones terminaron con el compromiso de quienes asistieron para difundir volantes, llevar a lugares de trabajo, con vecinas y vecinos. También de poder participar en el Encuentro de trabajadores, estudiantes y comunidades indígenas que impulsan sectores independientes, combativos y la izquierda el 18 de enero en San Salvador de Jujuy, como parte de la preparación para que en Jujuy se exprese un paro activo donde no sólo participen trabajadores, sino sectores sociales agraviados por las medidas, para dar un mensaje unitario y en las calles a Milei y los gobiernos ajustadores como el del actual gobernador, Sadir, en todo el país, como también plantear el inicio de un plan de lucha unificado por ¡Abajo el DNU y la Ley Omnibus! ¡Abajo la reforma!
Desalojan a familias de sus viviendas en Tilcara
Las familias del barrio Radio Estación fueron desalojadas por la madrugada en favor del proyecto económico del tren solar. Hay al menos cinco personas detenidas: Ricardo Castillo, Agustín Tejerina, Lorena Chiliguay, Celeste Castillo y Emilce Guerrero. Las mujeres que resisten vienen denunciando al gobierno de Jujuy por hostigamiento con presencia policial y civiles para que dejen las viviendas en las que viven hace más de treinta años a cambio de módulos de 3×3.
El despojo de tierras ancestrales en Jujuy avanza desde Caspalá a Tilcara de la mano del nuevo gobernador, Carlos Sadir. Las familias del barrio Radio Estación que aún resistían en las casas que construyeron hace más de 30 años fueron desalojadas por un operativo policial que dejó personas heridas y detenidas.
El barrio que rodea las vías del ferrocarril conformado por más de 60 familias es codiciado por el gobierno provincial dado que proyecta construir un centro comercial en torno a la ruta del tren solar que estará en actividad en marzo de 2024.
En su mayoría son mujeres que junto a sus hijes menores de edad piden que se respeten sus derechos. “El terreno era de mi padre, ex ferroviario. (…) Vivo hace 34 años, no estoy usurpando. Yo construí mi casa ladrillo a ladrillo”, decía una de las afectadas en diciembre de 2023. “No estamos en contra del tren solar, pero nos quieren sacar para hacer sus negocios”, sostienen. En ese momento pesaba sobre las familias una orden de desalojo firmada por Gustavo Ortiz y se había montado un operativo de más de 250 efectivos de Infantería que sitió al barrio Radio Estación Tilcara.
Demolieron cuatro viviendas y presionaron a las familias para que acepten la reubicación en módulos habitacionales de 3×3 con baño, pero sin servicios. Allí estuvieron el fiscal, Fernando Alancay y Guillermo Corro, ministro de seguridad de Jujuy, quien expresaba que así liberaban el 95% de la zona de las vías, quedando 19 familias.
Alejandra Cejas, la abogada defensora de cuatro de las 60 familias que vivían en Radio Estación, a la vera de la ruta 9, logró frenar el desalojo de Ortiz con la presentación de un recurso, planteando que el desalojo era ilegal. «Sacaron una cautelar de desalojo cuando nunca hubo juicio para determinar si fueron usurpadores o no”, dijo en la nota antes citada y explicó que son familias que adquirieron los bienes de la estación Tilcara después de la privatización de 1992. «Tenían la opción de comprar la vivienda como trabajadores por la ley 24.146», que «autorizaba a la empresa Ferrocarriles Argentinos a realizar la venta”, sostuvo.
Además, señaló que el fallo a favor de los desalojos no atendió a la legislación vigente que establece un plazo de 30 años para que el Estado provincial realice el inventario de los bienes remanentes. Como no hubo una nueva ley aprobada por la provincia para que esta se haga cargo, queda en manos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, es decir, que la provincia de Jujuy no tiene la titularidad de las tierras por donde pasa el tren, son del Estado nacional.
En diciembre las familias también denunciaban al intendente de Tilcara, Ricardo Romero, propietario de una parrilla a tres metros del barrio Radio Estación ya que no había recibido notificación para que libere el espacio.
Una de las vecinas que recibió la orden de desalojo vivía junto a la parrilla y se encadenó para reclamar su derecho a la vivienda. Emiliano Rodríguez, coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial del Tren Jujuy – La Quiaca, fue quien realizó una denuncia penal acusando a las familias de “ocupación del predio Radio Estación para lucrar”. La justicia, en total connivencia con el Ejecutivo, avanzó en favor de los negocios inmobiliarios.
El tren solar con fines turísticos que funciona a litio no cuenta con estudios públicos de impacto ambiental y social. Aun así la promesa de campaña del gobernador Gerardo Morales realizada en 2015 podría ser una realidad bajo el nuevo gobierno de Carlos Sadir. El 7 de diciembre del año pasado fue inaugurado con un único viaje por Volcán, Tumbaya y Purmamarca, tres pueblos de la Quebrada de Humahuaca.
El gobierno anunció que la carga de los seis megavatios que necesita el tren traído de China provendrá de una planta solar que empezaron a construir en Humahuaca. Comunidades enteras de Jujuy que se opusieron a la reforma de la Constitución provincial de Gerardo Morales repudian la explotación de litio que requieren emprendimientos como el tren solar. La contaminación del agua que generan los proyectos con matriz extractivista vulnera los derechos básicos que figuran en la Constitución y en tratados internacionales.
Avanza la criminalización
El fiscal Walter Hugo Rondón los citó a juicio a 21 imputados a fines de 2023 por el delito de “homicidio culposo” en el marco de los cortes de ruta que realizaron contra la Reforma constitucional de la provincia de Jujuy.
Las notificaciones llegaron desde la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Administración Pública N°1 para la audiencia caratulada como «Investigación penal preparatoria”.
Están imputados: Cussi Andrés Pablo, Frites Alex Iván, Suarez Robinson Javier, Choque Aurora, Choquevilca Raúl Adolfo, Vargas Andrés Marcelo, Cari Jorge Luis, Corimayo Mario David, Maidana Mercedes Adriana, Flores Raúl Armando, Alancay Cecilia Alba Elena, Silisque María Elizabeth, Armando Quispe Maita, Natalia Machaca, Erica Cañari, Florencio Castillo, Laura Paredes, Cuevas Omar Lisandro, Jerez Néstor Darío, Farfán Marcos, Leticia Lloveras Gipi.
Se los acusa de homicidio culposo por el fallecimiento de una mujer que se encontraba de viaje, al considerarlos partícipes y autores de interrumpir el paso de tránsito en la Ruta Nacional 9 (a la altura de los accesos a Purmamarca, Tilcara, Uquia y Humahuaca) el 9 de julio de 2023.
Sin embargo, las comunidades aclaran que el hecho ocurrió en el corte de la localidad de Abra Pampa cuando una mujer se dirigía hacia La Quiaca. Por los que las veintiuna personas fueron acusadas a pesar de que ni siquiera estaban en ese corte.
“Se prevé audiencia para el mes de febrero. A los afectados de la causa armada por el gobierno de Gerardo Morales y su sucesor Carlos Sadir, y aún ante la situación vivida a nivel nacional, Jujuy sigue sin justicia”, expresaron desde el Tercer Malón de la Paz a través de Facebook.
Siete mujeres indígenas imputadas por daños y robo agravados y usurpación
Siete mujeres pertenecientes a la Comunidad Kolla de Caspala, Jujuy, fueron imputadas y citadas por la fiscalía N⁰ 5 de la localidad de Humahuaca, a cargo del fiscal Rodríguez, por los delitos de «daños agravados, robo agravado y usurpación». El hecho se da en el marco de la lucha que la comunidad lleva adelante en defensa de un predio que utilizan como espacio recreativo, deportivo y cultural, que el gobierno provincial busca expropiar.
Desde la gestión que encabeza Gerardo Morales señalan que el objetivo de la expropiación es construir en el predio un establecimiento educativo. Sin embargo, desde la comunidad aseguran que existen otros predios de la propia comunidad que podrían ser usados para ese fin.
Cabe recordar que la semana pasada la Policía e Infantería de Jujuy intentó tomar la cancha de la comunidad de Caspalá de forma ilegal, a pesar de que la causa pasó al ámbito de la justicia federal por lo que la intervención de las fuerzas locales no corresponde.
Las mujeres citadas están solicitando a la Fiscalía una prórroga para la citación, ya que no cuentan con los recursos suficientes para trasladarse desde Caspalá hasta la localidad de Humahuaca.
Fuentes: Radio Chaski Jujuy FM 88.7, Anred, La Izquierda Diario, Perfil, Resumen Latinoamericano, Red Eco Alternativo, SISAS y Prensa Llankaj Maki-Red Chaski
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