La administraciòn Kirchner, con el consenso de ambas centrales sindicales, y específicamente de los dirigentes de sindicatos que aglutinan a los trabajadores de la educación, puso en debate público, la necesidad del dictado de una nueva Ley Federal de Educación, emitiendo el documento; «HACIA UNA EDUCACION DE CALIDAD, PARA UNA SOCIEDAD MAS JUSTA». El texto […]
La administraciòn Kirchner, con el consenso de ambas centrales sindicales, y específicamente de los dirigentes de sindicatos que aglutinan a los trabajadores de la educación, puso en debate público, la necesidad del dictado de una nueva Ley Federal de Educación, emitiendo el documento; «HACIA UNA EDUCACION DE CALIDAD, PARA UNA SOCIEDAD MAS JUSTA».
El texto con el que se impulsa el debate, plantea diez pautas programáticas que tienen por objetivo «garantizar a todos, acceso y permanencia en el sistema educativo, derecho a la calidad de la enseñanza y reconocimiento de lengua y cultura», postulando además que: «la educación no puede ser considera una política sectorial sino como la variable clave de la estrategia de desarrollo nacional».
Aceptando la convocatoria oficial, bien que con cierta reticencia y apatía desde los actores del proceso educativo, llámese docentes, estudiantes, padres, se produjeron diversas intervenciones, algunas de modo espontáneo y otras generadas desde el propio cronograma previsto por el llamamiento oficial.
Dada la multiplicidad y complejidad de estas intervenciones, y porque lo concreto no puede comprenderse sin descomponerlo previamente en relaciones abastractas que lo constituyen y resultan de esos datos empíricos, nos hemos visto obligados a intentar agruparlas conceptualmente, en función de los factores comunes que presentan.
En ese orden de ideas, estimamos presentes dos grandes grupos. Un primer sector, que aglutinaría a todos aquellos que comparten básicamente los presupuestos ideológicos del documento y concurren al debate resaltando algún aspecto del mismo por sobre la generalidad, destacándolo u otorgándole mayor mérito en la consideración de conjunto. Todos estos pronunciamientos concurren afirmando la premisa según la cual el conocimiento de la realidad y la transformación del hombre (contenido básico del problema educativo), se puede lograr en el marco social vigente a través de medidas técnico-pedagógicas y administrativas.
Un segundo grupo de intervenciones aglutina a aquellos que se declaran opositores a la iniciativa, sea resaltando que esta supone una maniobra del gobierno que direcciona el debate y orienta sus conclusiones hacia un modelo legislativo ya preconstituido, advertido del fracaso de la actual ley federal de educación, sea porque negando al producto de la actividad educativa el carácter de mercancía contrapone a la iniciativa gubernamental, el programa por una educación, popular, democrática y laica, conjuntamente con la demanda mayor presupuesto educativo.
Sin embargo la aparente oposición o estructura de contrarios en la que este presunto debate adoptarìa su forma, encubre una premísa básica compartida por ambos grupos, puesto que los dos sectores adscriben de manera conciente o inconsciente a la noción Hegeliana del Estado, siendo coincidentes en ubicar el problema educativo en la sociedad civil y a la estructura institucional Estatal, como una instancia superior, exterior, que manifiesta a la totalidad de los ciudadanos y que sabe reducir y organizar los desórdenes que se operan en el plano social.
Esta visión del Estado como estructura institucional fundadora de una racionalidad política común y compartida, es aceptada por los grupos concurrentes al debate, reduciéndose la controversia a la forma que debe asumir esa racionalidad, en cuanto se refiere a la educación. Con esto lo que se presenta con la forma de un debate, encubre un acuerdo latente en los participantes, ya que ambos no quieren transformar el mundo vigente, ni tampoco agotarlo, sino solamente aclarar críticamente la situación histórica dada en materia educativa.
Conviene recordar en este plano el trabajo de Carlos Marx, «Critica de la Filosofìa del Derecho de Hegel», en la que el autor refuta la tesis hegeliana que subyace en los planteos que componen el debate, cuestionando el poder de decisión y legitimación de los gobernantes.
Por eso propone un cambio de método que supone en sí mismo una especifica práctica política, afirmando que no hay que buscar la verdad de la sociedad por la falsedad de su ideología, sino tomar por punto de partida las practicas sociales efectivas y tratar de fijar el mecanismo frecuentemente inconsciente de su producción y funcionamiento.
Con esa línea interpretativa, Marx analiza la función de la burocracia y destaca que el Estado es un producto de la violencia histórica que ejercen los propietarios de medios de producción sobre los grupos sociales que sobreviven a través de la venta de su fuerza de trabajo.
Se trata entonces de ir de lo latente a lo manifiesto y preguntarse por que lo latente adopta esta forma específica con la que se manifiesta. Debemos apartarnos, en ese sentido, de esa noción ideológica que ubica la educación como componente de la sociedad civil sobre cuyos conflictos interviene el Estado, como instancia superior de racionalidad, y reparar tanto en la naturaleza eminentemente política del problema como en la estructura productiva que en última instancia fundamenta y da contendido específico al proceso educativo.
En sociedades como la nuestra, organizadas en función de la lógica reproductiva y acumuladora del Capital, el alcance y contenido de «lo polìtico» está definido por la disputa que se entabla entre las clases sociales predominantes. La educación no está al margen de la lucha de clases que contiene lo político y por ello no es neutra ni marginal a los contradictorios intereses en pugna. Toda actividad comprendida dentro del proceso social al que se denomina «Educación», no puede en ningún caso ser diferenciada o excluida de esa disputa. Por eso, cuando el presidente Kirchner, su ministro Filmus, arrastrando a los sectores sindicales y a intelectuales cientistas de la educación, lanza al debate el documento que nos convoca, está produciendo una secuencia más de esa lucha, concretizando los intereses de la burguesía a través de la conservación en última instancia del Estado dominado por esa clase social.
Los tecnócratas de la educación y los mas diversos actores políticos del reformismo ideologìzan en sentido coincidente ese factor de la realidad, ocultando la consideración de las estructuras económico-sociales que generan el proceso educativo y le definen sus objetivos y contenidos específicos, en última instancia.
Nos exhiben una imagen distorsionada de la realidad presentando como posible y concreta la idea según la cual es factible mejorar el espacio social y la existencia del hombre a través de técnicas y programas educativos. Con ello además, dan por sobreentendidos y naturalizados los nudos troncales de la actual Ley Federal de Educación, que fueron impuestos en la lucha de clases por los sectores dominantes al conjunto de los explotados y oprimidos de nuestra población, al reformularse el Estado de la burguesía en la década del noventa, desnudando con ello la continuidad ideológico-jurídica y política del actual gobierno, más allá de los discursos y declamaciones Kirchneristas.
El «debate» propuesto, tiene entonces esta velada premisa: la gran polìtica de la burguesìa y su forma jurídica Estatal desarrollada a lo largo de la década del noventa, no está en tela de juicio. Lo que se busca tras la crisis desatada por las luchas de diciembre de 2001 y la construcción del poder burgués generado en torno a Kirchner es consolidar un período duradero de consenso de los sectores populares a favor del «orden » social capitalista, transformando la concepción burguesa de la educación en el orden «lógico» de las cosas. En otras palabras, se busca interiorizar los valores de la cultura dominante, construyendo un sujeto colectivo (educador-educado) domesticado en tales pautas.
Por eso, la opción a tal orden de cosas no puede acotarse a la simple intervención en un debate tabicado y direccionado por los funcionarios técnicos del Estado. Hay que denunciar que las normas, técnicas o sistemas pedagógicos no son neutrales, sino instrumentales a las necesidades de clase de la burguesía dominante y al modelo productivo en la que esta se constituye como sujeto social. Lo central desde el campo de lucha del proletariado es destacar que en el actual momento del desarrollo histórico de las relaciones de producción capitalistas, las mismas devienen reaccionarias y atentan contra la existencia misma del hombre. Es preciso decir que se necesita una sociedad nueva para forjar una escuela nueva.
Los trabajadores y demás sectores oprimidos de la Argentina estamos atrapados por ilusiones democráticas que se alimentan desde las estructuras ideológicas del capitalismo, a las que concurren los sectores sociales políticamente reformistas que estiman posible el cambio social «democratizando» las actividades que asume el Estado. De esta forma nos llevan al error de pensar la propiedad, el matrimonio, el contrato, la educación, en tanto componentes de la sociedad civil, como el contenido con el cual la Democracia, como forma de Estado, se vincula en calidad de fuerza organizadora. Una totalidad, que organiza un contenido informal. En sus hombres, en sus organizaciones, en sus técnicos y administradores, el Estado es el resumen oficial de las oposiciones que se presentan en la sociedad civil.
Frente a esto, desde los intereses del proletariado en tanto clase social, debemos recuperar la visión marxista del Estado y demostrar, en el terreno de este «debate» educativo y en la práctica política, que la Democracia formal no es algo que corona la sociedad, que la acabe o perfeccione, sino simplemente el producto histórico de los antagonismos de clase, que colocado artificialmente por encima de ellos opera como instrumento para la imposición de los intereses de la burguesía sobre el conjunto de los explotados. El Estado no es el resultado de una acción de la sociedad que lo eleva a un grado superior. Es un producto de la historia para la satisfacción de los intereses de la clase social dominante.
Por eso los distintos instrumentos legales montados en torno del problema educativo, que se suceden en la historia nacional desde la estructuración del Estado hasta al fecha, no resultan errores cometidos en el abordaje de esa problemática por los gobiernos de turno, que pueden ser corregidos con otros actos de gobierno o legislativos, sino la expresión en el campo de la educación de las características diferenciales del orden social capitalista en el tiempo.
La concreta manera en que se manifiesta la actividad educativa es criatura de la sociedad y no a la inversa. La educación es instrumento que maneja la clase dominante para que funcione como una fábrica eficiente de hombres a medida de la sociedad del capital. En nuestro país, la burguesìa antifeudal y anticlerical propició en la construcción del Estado nacional la escuela única y gratuita, tomando como objetivo transmitir a las grandes masas el nivel alcanzado por el desarrollo de los medios de producción. Toda esta obra ha sido desmantelada por el mismo sector social que hoy necesita de un proceso educativo funcional a sus intereses determinados por la actual forma específica que asume la acumulación capitalista dentro de un mercado globalizado. Por eso es que hoy, como paradoja de la historia, traza alianzas con la iglesia, privatiza y elitiza la educación.
En este sentido es que afirmamos que el gobierno K apunta a traducir en ley una construcción de la actividad educativa que violenta los intereses específicos de los trabajadores, estudiantes y demás sectores oprimidos de la población, en miras de preservar el orden burgués y atender a los requerimientos de instrucción que exige el actual modelo de acumulación capitalista en nuestro territorio.
Tanto a los que consideran que el gobierno tiene capacidad para transformar el país y que puede hacerlo en el marco de un régimen parlamentario formalmente democrático, como a aquellos que piensan posible una escuela capaz de liberar y transformar al hombre y su medio social en el marco de esta estructura de poder, hay que recordarles que todos los fenómenos superestructurales -la educación es uno de ellos- están determinados en última instancia por las relaciones económicas que se desarrollan en la sociedad y es este modo de producir la vida cotidiana y la satisfacción de las necesidades del hombre el que se encuentra en situación de agotamiento objetivo, impuesto por su propia lógica reproductiva que le impide desarrollar las fuerzas productivas.
Es ahora, en el seno del orden burgués que corresponde plantear y luchar por construir la nueva escuela, fundada sobre las necesidades de los trabajadores, que solo puede ser posible en el marco de relaciones de producción que no supongan la explotación del hombre por el hombre. Luchar por una nueva educación formadora del hombre nuevo, superadora de la dicotomía entre trabajo manual e intelectual es una reivindicación transicional que permite luchar por una sociedad fundada en la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y la generación de relaciones sociales de cooperación mutua. La verdadera transformación educativa es esencialmente política. Es parte de la lucha de clases.