Tras semanas de silencio informativo sobre las movilizaciones de la resistencia hondureña contra el régimen parido del golpe de Estado, silencio sólo interrumpido por breves comunicaciones que normalizaban la situación del día a día en ese país sometido, la guerra de las palabras continúa oscilando entre la eufemística pseudo-ficción de los medios convencionales, públicos y […]
Tras semanas de silencio informativo sobre las movilizaciones de la resistencia hondureña contra el régimen parido del golpe de Estado, silencio sólo interrumpido por breves comunicaciones que normalizaban la situación del día a día en ese país sometido, la guerra de las palabras continúa oscilando entre la eufemística pseudo-ficción de los medios convencionales, públicos y privados, y la realidad de los medios alternativos, entre los que incluiría a Telesur, fuente primordial de primera mano en Latinoamérica.
Así, de la «detención» inicial de Zelaya, recogida en casi todos los medios españoles, se pasó en dos días al «golpe de Estado«, del «nuevo gobierno» al «gobierno de facto«, y de éste, al «gobierno golpista» conforme la ONU, la OEA, y, cómo no, el correctísimo Obama, daban la espalda desde el palco, y tímidamente entre bastidores, a Micheletti y a los militares. Incluso es posible leer hoy «régimen golpista» en algún diario. Quizás con el tiempo, y conforme la represión sobre la población civil se vaya endureciendo, podremos leer los más precisos «dictadura militar» con la coletilla «sanguinaria», ya utilizada por Manuel Zelaya. Esperemos que no sea así y que la rebelión popular restablezca la democracia.
El «líder populista» previo al golpe pasó a definirse como «presidente depuesto» o «expulsado» y de ahí evolucionó a «derrocado». Aunque «depuesto» siga siendo el calificativo más usado, últimamente podemos leer en Público «legítimo» o escuchar en RNE «presidente constitucional», términos más exactos que desde aquí agradecemos a esos medios.
Quienes se oponen a la dictadura excretada por los golpistas (o depuesta) son los «seguidores o partidarios de Zelaya» -que no de la democracia- y han sido renombrados recientemente como «zelayistas» -no dejarse confundir con sandinista, que es lo que pretenden igualar los medios aunque estén desarmados o se defiendan con piedras- término empleado indistintamente por periódicos como El Mundo o Público. Es decir, que la resistencia a los usurpadores se reduce a aquellos que votaron a Zelaya o son militantes de su partido, omitiendo a la izquierda o los que luchan por la democracia sin más. Además, dicha resistencia nunca goza de una frase de admiración, un gesto a la siempre aclamada defensa de la Libertad y la Democracia, un reconocimiento a aquellos que cuentan con el valor de enfrentar las balas con piedras, a los que se juegan la vida saliendo a la calle a protestar. Nada. Ellos son los que provocan «disturbios» conjuntamente con aquellos que los reprimen («un policía mata a un hombre en los disturbios registrados ayer en la capital«) por defender la democracia, y cuando mueren 10 los medios cuentan 2, recordándonos pocas veces los heridos y detenidos.
Los soldados y policía dejan de ser «fuerzas armadas» cuando se ponen al servicio de golpistas, de dictadores. Son fuerzas ilegales y represoras de aquellos a quienes deberían defender, coaccionan a la población y la privan de su libertad durante los «toques de queda» bajo amenaza de muerte. Funcionan, empleando términos acordes con la realidad, como terroristas uniformados, pues siembran el terror sobre la población civil indefensa. Son el instrumento de un terrorismo de Estado encabezado por una elite económica enriquecida desde los años 90 con la ayuda de un tratado de Libre Mercado y casi siempre omitida de los «sesudos» análisis sobre las causas del golpe. Difícil encontrar algún vínculo de esta elite con unos soldados que parecen actuar por iniciativa propia;
Las manipulaciones recientes de El País sobre la situación en Honduras se centran ahora en la equiparación de la situación anterior con la actual;
Nada se explica de las reformas que trataban de detener la privatización de los recursos, avanzar en la sanidad pública, de los incrementos del salario mínimo o el fortalecimiento de empresas públicas en proceso de desmembración (telecomunicaciones por ejemplo) para su posterior reparto entre corporaciones extranjeras.
La equiparación del golpista con el presidente legítimo también se utiliza para el desprestigio del segundo («Honduras se asoma al abismo mientras Micheletti y Zelaya mantienen el pulso«), además del argumento zafio al más puro estilo «Losantos»;
Como si ambos, Micheletti y Zelaya, fuesen responsables por igual de una situación originada por el golpe de Estado y sus precursores.
Aún sufrimos en España la falacia de los «bandos» en la guerra civil, la equiparación de aquellos que lucharon por el gobierno constitucional, por la democracia, con los que respaldaron a los golpistas e instauraron una dictadura, llegándose a la burla de calificar a los segundos como «nacionales». ¿Cómo pueden unos medios que, se supone, «salvaguardan la democracia» situarse en un punto neutral, intermedio, entre la democracia y la dictadura? ¿Qué hacen en tierra de nadie, semifascistizados, equiparando a un presidente electo con otro golpista?