El organismo técnico señaló que el actual modelo agropecuario “no puede prescindir” de los agroquímicos y grafica la dependencia en el incremento de un 100 por ciento en las cantidades utilizadas en dos décadas. En paralelo, indica que “diversos estudios” muestran el impacto en la salud y el ambiente, pero el Estado no genera estadísticas sobre la situación sanitaria de la población expuesta.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) elaboró un informe en el que analiza los impactos del uso de agrotóxicos en la salud y el ambiente, presenta información sobre los efectos de la deriva y la problemática del uso de herbicidas en los sectores periurbanos. Sin embargo, el ente estatal evita tomar una postura concreta sobre esta problemática. “Este documento se redactó a partir de la premisa de que los productos fitosanitarios constituyen una herramienta para el manejo de plagas de la cual, actualmente, la agricultura no puede prescindir completamente sin poner en riesgo el volumen y la calidad de la producción de alimentos, sin desconocer sus potenciales efectos para la salud de las personas y el ambiente”, señala el ente técnico.
En su informe «Los productos fitosanitarios en los sistemas productivos de la Argentina. Una mirada desde el INTA», el organismo nacional advierte que el éxito en la protección de la producción y sostén de la rentabilidad y competitividad del sector se contrasta con evidencias de residuos de fitosanitarios en el ambiente (suelo, agua, aire) y efectos en la salud.
En ese sentido, reconoce que la normativa argentina sobre la regulación de agrotóxicos “pone el foco en la toxicidad aguda y es deficitaria en los posibles efectos crónicos, aspecto que se encuentra en estudio y debate en diversos países”. A su vez, afirma que en nuestro país los sistemas productivos se configuraron generando una dependencia del uso de agroquímicos y que en los sectores periurbanos, donde la actividad agrícola se encuentra más cercana a las poblaciones urbanas, las aspersiones “han provocado un alto nivel de conflictividad”.
El organismo nacional detalla que Argentina se caracteriza por tener un importante consumo anual de productos de síntesis química para la producción agrícola, de origen nacional o importados. En las 36 millones de hectáreas cultivadas, se utilizan 230 millones de litros de herbicidas y 350 millones de litros de otros tipos de agroquímicos. Los envases necesarios para su comercialización generan unas 17 mil toneladas de polietileno cada año.
El informe reconoce el nivel de dependencia generada con los agrotóxicos en el actual modelo agropecuario al indicar su uso creciente: 151,3 millones de kilogramos o litros de productos comercializados en 2002, 225 millones de kilogramos o litros en 2008 y cerca de 317 millones de kilogramos o litros en 2012, según las últimas cifras publicadas por la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe).
En 2016, asegura el INTA, hubo un aumento del volumen vendido del 13 por ciento respecto del año anterior, debido principalmente al incremento de la superficie sembrada de trigo y maíz y a «la problemática de malezas resistentes». En la campaña 2018/19, la soja y el maíz representaron el 66,7 por ciento del área agrícola total en Argentina. De modo paralelo, creció exponencialmente el volumen de productos químicos utilizados, que ha superado los 500 millones de kilogramos en los últimos años, un promedio de 13 kg por hectárea. Entre los agrotóxicos más usados se cuentan el glifosato, el 2,4-D, el endosulfán, la atrazina, la dicamba, la cipermetrina y el clorpirifos.
«No hay datos públicos que permitan tener información respecto de las poblaciones expuestas»
Actualmente hay en el mercado argentino cerca de 5400 productos formulados registrados en el SENASA. Los herbicidas son el grupo mayoritario con 43 por ciento, seguido por los insecticidas y fungicidas. En este marco, sostiene el informe, los conflictos y controversias sobre las consecuencias ambientales y sanitarias derivadas de la exposición a estos productos adquieren gran relevancia social.
La publicación expresa que en Argentina “diversos estudios detectaron la presencia de fitosanitarios en aire, aguas superficiales, subterráneas y de lluvia, suelos agrícolas y en áreas urbanas y periurbanas”, pero que “no existen estadísticas oficiales que midan el volumen anual de sustancias químicas utilizadas, tampoco se dispone de datos públicos que permitan tener información certera respecto de la situación sanitaria de las poblaciones expuestas ni en cuanto al diagnóstico como al seguimiento de los casos”.
El INTA describe que, en el caso de sustancias como glifosato, 2,4-D, metsulfuron metil, piretroides, atrazina y clorpirifos, el bajo costo,la disponibilidad y la facilidad de uso posibilitan que se incurra en “descuidos y empleo fuera de registro que terminan llamando la atención de los que se sienten perjudicados por tal hecho”. Asimismo, reconoce el impacto de la deriva post aspersión en la contaminación del agua y de los suelos, como así también la creciente resistencia de las malezas por la “alta frecuencia” de aplicación de insumos de síntesis química. Frente a estos problemas, el INTA sostiene que las llamadas Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs) —que no excluyen el uso de agroquímicos en la producción— son “un instrumento clave”.
En el informe se afirma que sin el empleo de fitosanitarios la pérdida de frutas, verduras y cereales a nivel mundial por daños causados por plagas alcanzaría el 78 por ciento, el 54 por ciento y el 32 por ciento, respectivamente. Sin embargo, matiza: «La literatura internacional reporta que su uso genera efectos no deseados, como pérdida de biodiversidad acuática, proliferación de especies plaga tolerantes y generación de resistencia en malezas, pérdida de polinizadores y contaminación del aire, suelo y aguas».
Numerosos trabajos científicos en la Argentina documentan que los productos fitosanitarios representan potenciales fuentes de contaminación ambiental, particularmente por deterioro de la calidad del agua y mortalidad selectiva de las especies menos tolerantes. El INTA indica que “el aplicador es corresponsable de los resultados de las aplicaciones, conjuntamente con el productor y el asesor profesional. Todos ellos deben conocer el riesgo de la actividad para su salud y la de la población, entender la inocuidad de los alimentos y el cuidado del ambiente”.
A pesar de los agrotóxicos, INTA discute la agroecología como alternativa
Hay una alternativa para producir sin uso de agroquímicos que viene creciendo año a año: la agroecología. El informe del INTA la reconoce pero vuelve a poner reparos en relación con la productividad en clave sectorial: «Una franja del sector sostiene el argumento de una producción cuanto menos aceptable sin recurrir a los fitosanitarios, asumiendo ciertos niveles de riesgo de disminución de producción o calidad». Y contrapone la propuesta a otra perspectiva que no descarta de plano el uso de agroquímicos: «La idiosincrasia del sector determina que las opciones de manejo deben resultar comparables en practicidad, viabilidad operativa y relación costo-beneficio económico».
Como solución, el INTA propone ampliar el conocimiento y fomentar el desarrollo de sistemas productivos basados en procesos ecológicos y la utilización de tecnologías apropiadas. Pero agrega que “es importante contar con un abordaje socio-ambiental sistémico, que contemple la percepción e intereses de todos los actores involucrados en el territorio (productores, pobladores rurales y urbanos, entre otros) que valore las diferentes posiciones de cada uno de ellos dentro de un marco de pluralidad”. Y concluye diciendo que “en este contexto, el Estado a través de sus instituciones públicas, tiene un rol central en promover el cuidado del ambiente”.