La provincia de Jujuy es señalada hace años por distintos organismos internacionales como la ONU y organismos nacionales de Derechos Humanos como las Abuelas de Plaza de Mayo por su sistemática violación a los derechos humanos, sus constantes represiones policiales y prisiones políticas.
En este sentido, durante el año pasado, el Gobierno radical, encabezado en su momento por Gerardo Morales, aprobó entre gallos y medianoche una nueva Constitución provincial que no reconoce a su homónima nacional, ni a los acuerdos internacionales en materia de derechos sociales, laborales, políticos e indígenas (OIT).
La coordinadora de Violencia Institucional de los organismos de Derechos Humanos de Jujuy, Fabiola Suárez, expresó: “desde el 2016, Jujuy se constituyó como un laboratorio de la criminalización de la protesta y la represión estatal, que permitió durante los últimos años el creciente avance de la derecha, junto al avance de los negocios que benefician a los poderes económicos locales y extranjeros, tales como el litio, el cannabis y las tierras“.
Suárez identifica en la prisión y persecución a Milagro Sala en enero de 2016, “el inicio del plan represivo que hoy se implementa en otras provincias de la mano de Milei y Bullrich”. La líder de la organización Tupac Amarú cumplió este 16 de enero ocho años de prisión política.
“Hoy en Jujuy podés ir preso por tuitear o por resistirte a abandonar la casa en la que vivís hace treinta años. Estamos todos en libertad condicional y eso es lo que se quiere para todo el país”, continuó denunciando la activista por los DD HH.
Presos por tuitear
El 4 de enero, policías de civil en una camioneta blanca sin patente se hicieron presentes en el domicilio de Nahuel Morandini, profesor adjunto en Ecología General de la sede de Orán, de la Universidad Nacional de Salta. ¿El motivo? Hacerle llegar una orden de citación sin número de expediente, ni carátula, en la que se instruía su presencia en la oficina de Delitos Complejos. Informalmente, la versión que hicieron correr los policías fue que la detención se debía por un tuit que el profesor había escrito, sobre un rumor del que habla todo Jujuy: la supuesta infedilidad de Tulia Snopek, esposa del ex gobernador Gerardo Morales con un cantante de la banda local Los Tekis.
Luego de rechazar la invitación de subirse al vehículo “oficial”, Morandini se dirigió por cuenta propia al establecimiento judicial, donde lo dejaron detenido sin hacerle conocer la causa y pese a que no opuso resistencia. El mismo día, también quedó detenido el trabajador independiente Roque Villegas, quien habría compartido en Facebook una publicación similar a la escrita por Morandini.
En una reciente conferencia de prensa organizada por diversos sectores sindicales y gremiales, junto a representantes de comunidades originarias, la novia del profesor y también docente universitaria, Lucía Castro Olivera, expresó:
“Nuestra familia está viviendo un calvario. El miércoles comenzó a circular gente extraña en el barrio, filmando. El jueves se presentó una persona a mi casa diciendo que necesitaba cargar su celular y resultó que era policía de civil que nos estaba indagando para, finalmente, hacer una citación. La situación de estrés fue innecesaria porque Nahuel se puso a disposición de la justicia ya que no hay nada que ocultar. Es exagerado el delito que les están queriendo adjudicar”.
En la audiencia del viernes 5 de enero, el Juez Roberto Assef, a pedido del fiscal Walter Rondón ordenó la detención preventiva por 60 días de Morandini y Villegas tras la denuncia realizada por Snopek, donde acusa que los tuits y las publicaciones compartidas en Facebook dañaron la integridad de su hija, quien nunca fue mencionada en el tuit elaborado por Nahuel.
Assef sostuvo que Morandini y Villegas le provocaron “lesiones físicas y psicológicas” a la hija de Morales y Snopek. Ambos imputados se encuentran actualmente en el Pabellón 1 de la cárcel Nº1 de Jujuy. Aunque antes fueron trasladados por distintos centros penitenciarios, donde la familia acusa que fueron castigados, ya que permanecieron dos días en el conocido Pabellón “Chancho”, donde los presos están aislados y sin las mínimas condiciones de higiene.
El 18 de enero el Juez Pablo Pullen Llermanos dictó una medida cautelar en la causa en que fueron imputados y permanecen detenidos Nahuel Morandini y Roque Villegas #presosportuitear.
Con el argumento de proteger a los/as denunciantes, prohíbe al grupo familiar y a las amistades de Nahuel y Roque que utilicen el nombre de quienes hicieron la denuncia. También prohíbe hacer referencia al esposo o mencionar el cargo que ocupó. Pullen Llermanos entiende que nombrarlos constituye violencia psicológica.
La resolución vulnera los artículos 13° y 14° de la Convención Americana de Derechos Humanos constituyendo un acto de censura. Gerardo Morales es una persona pública, que ha ejercido la función pública a lo largo de toda su vida y bajo ningún punto de vista le cabe los mismos estándares que al resto de la población, tal como lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hacer público y nombrar a los denunciantes en el marco de una causa penal que ha cobrado interés nacional no puede bajo ningún punto de vista ser un acto de violencia psicológica, sino que forma parte de libertad de expresión y de dar difusión de los motivos por los cuales estamos ante detenciones arbitrarias. De hecho, los propios denunciantes han dado publicidad en los medios de comunicación del inicio de las denuncias penales.
El Poder Judicial de Jujuy, nuevamente al servicio del poder, arremete contra la libertad de expresión, buscando disciplinar e intimidar a quienes piden la liberación de Nahuel y Roque.
A un mes de estas escandalosas detenciones, una importante delegación conformada por los sindicatos de docentes universitarios de La Plata y Salta, la Conadu Histórica, de la CTA Autónoma, de la Misión por los Derechos Humanos y CeProDH, junto a familiares de Roque Villegas y Nahuel Morandini, diputados del PTS-FITU, entre otros, fueron parte de distintas actividades realizadas en la capital jujeña por la libertad inmediata de ambos detenidos.
La Coordinadora Nacional por la libertad de Roque y Nahuel se conformó para impedir que la provincia gobernada por la UCR sea un laboratorio para detener a quienes se expresan en las redes sociales contra quienes gobiernan, como dio cuenta la diputada del PTS-FITU, Natalia Morales.
La delegación presente en Jujuy se presentó en el Ministerio Público de la Acusación MPA para tener una audiencia con el Fiscal General Lello Sánchez.
Posteriormente presentaron un “amicus curiae” de apoyo a la defensa por las detenciones ilegales y arbitrarias que llevan más de un mes privados de su libertad por decisión del fiscal Rondón y del juez Assef.
Luego de las reuniones la delegación realizó una conferencia de prensa junto a referentes locales sindicales, sociales y legisladores. Posteriormente sostuvieron una reunión con el Comité Provincial contra la Tortura donde expresaron la preocupación por las condiciones de los primeros días de detención en el penal de Gorriti, entre otros temas. La jornada terminó con la visita en el penal de Gorriti a Roque y Nahuel.
Los integrantes de la Coordinadora Nacional manifestaron la preocupación que implica las detenciones escandalosas y responsabilizaron al Poder Judicial y Ejecutivo de accionar cercando la libertad de expresión, luego de la reforma de la Constitución local, en sintonía con el cuestionado protocolo de Bullrich.
Resaltaron la importancia de la campaña nacional y anunciaron extenderla a nivel internacional para conseguir con las acciones y la movilización la libertad de los detenidos.
Sobreseen manifestantes de junio 2023
En la mañana del jueves 15 de febrero fueron citadas más de 20 personas a una audiencia de sobreseimiento en relación a las protestas de junio del 2023, donde se detuvieron y procesaron a cientos de personas que manifestaban su descontento por la Reforma constitucional impulsada por Gerardo Morales en Jujuy.
La integrante de H.I.J.O.S Jujuy, Eva Arroyo, comentó: “Hemos sido sobreseídos porque no hay ni una prueba, ni argumento suficiente para que pueda elevarse a juicio y seamos condenados”. Sin embargo, mencionó que aún quedan personas que podrían llegar a etapa de juicio oral.
Eva es hija de detenidos y desaparecidos en la época más oscura de nuestra historia, brindó el detalle de que lo más grave es “que al revés de lo que instala el derecho y la garantía de la Constitución, tuvimos que demostrar que éramos inocentes”, refiriéndose al obrar del Ministerio Público que sienta precedentes peligrosos para los estándares en materia de Derechos Humanos, derecho internacional y sobre todo para la Democracia.
En ese sentido, la militante de HIJOS Jujuy expresó: «Que el Poder Judicial y la fuerza de seguridad deben actuar en el pleno ejercicio de los Derechos Humanos y el derecho a la protesta», en virtud de la clara arremetida de interpretaciones judiciales a nivel local de cómo restringir este derecho a las personas.
Eva Arroyo recordó el caso de Nahuel Morandini y Roque Villegas, quienes llevan más de 40 días privados de su libertad, y exhortó al Poder Judicial a que tengan más empatía por las familias que vienen siendo demonizadas y están viviendo una situación angustiante por el solo hecho de haberse expresado en una red social por un rumor mediático.
Por último, Arroyo comentó que desde H.I.J.O.S. presentaron denuncias y están realizando seguimientos a las causas. Desde los inicios de este organismo con los juicios de Lesa Humanidad, su principal objetivo es que la Justicia y Poder Judicial funcionen en la provincia de Jujuy.
El armado de causas es una política de Estado
En lo que va de enero se han iniciado y/o profundizado numerosas causas judiciales contra dirigentes sindicales, integrantes del Tercer Malón de la Paz y comuneras del Pueblo Kolla de la localidad de Caspalá.
A los días de las detenciones antes nombradas, el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) expuso un comunicado en sus redes sociales donde denunció el libramiento de órdenes de detención contra varios miembros de la Comisión Directiva, entre quienes se encuentran el secretario general Sebastián López, la secretaria del Interior, Noemí Álvarez, la secretaria de Acción Social, María de los Ángeles Apaza, el secretario de Organización, Ariel Wayar y el vocal, Abel Bruzzo.
“Quieren descabezar a uno de los sindicatos que no se calla, que denuncia y actúa frente a las injusticias” expresó Sebastián López ante una radio local días atrás, donde también acusó que nunca fueron notificados sobre los supuestos delitos por los que se los investiga, aunque se sospecha que se debe a las protestas realizadas durante el “jujeñazo”.
Por otro lado, las comunidades integrantes de la Asamblea del Tercer Malón de la Paz también denunciaron la profundización del constante hostigamiento policial y judicial que reciben desde junio del año pasado.
En este sentido, 21 integrantes maloneros fueron recientemente citados a juicio por el fiscal Walter Rondón, quien los imputó a finales del año pasado por el supuesto delito de “homicidio culposo” sobre una viajera que se desvaneció y falleció en un ómnibus, en el corte de la localidad de Abra Pampa, en el marco de los cortes de ruta que se realizaron contra la reforma durante el 2022. Los imputados, a entender del funcionario judicial, son partícipes y autores de irrumpir el paso de tránsito en la Ruta Nacional 9, a la altura del acceso a Purmamarca.
Las y los acusados denuncian que es una “causa armada” que tiene “el objetivo de criminalizar y disciplinar al Malón”, ya que muchos de ellos ni siquiera estaban en el corte de ruta donde ocurrió el hecho investigado.
“Se prevé audiencia para el mes de febrero. A los afectados de la causa armada por el gobierno de Gerardo Morales y su sucesor, Carlos Sadir, y aún ante la situación vivida a nivel nacional, Jujuy sigue sin justicia”, se pronunció el Tercer Malón de la paz en sus redes.
Asimismo, el martes 16 de enero mujeres de la Comunidad Aborigen Pueblo Kolla de la localidad de Caspalá fueron imputadas en la Fiscalía Nº5 de la localidad de Humahuaca por “daño agravado, robo y usurpación” de un terreno del cuál las mismas alegan tener dominio desde 1887. En este sentido, la abogada defensora Silvana Llanes señaló frente a la prensa que las imputaciones son “causas armadas para encubrir a funcionarios que intentan quedarse con tierras privadas de familias indígenas”, al tiempo que acusó que le compete a la Justicia Federal entender en esta causa y no a la Provincial.
Las comuneras sostienen que las tierras en cuestión son usurpadas por Gerardo Morales, a quienes denunciaron por este delito, abuso de autoridad, violencia institucional y asociación ilícita. Esta causa tuvo eco el 27 de diciembre último, cuando la jueza federal Carina Geogoraschuk hizo lugar a la denuncia y mantuvo la competencia federal para entender en la investigación. Además, la funcionaria judicial expresó que las tierras son “inembargables y no son enajenables”. Pese a ello, en los últimos días Infantería se hizo presente complicando el ingreso a la tierra en disputa y hostigando a la comunidad.
Desde el medio de comunicación indígena TeleSisa expresaron al respecto: “La resolución de la jueza deja a la vista la corrupción en el foro federal jujeño para encubrir el accionar penal del ex gobernador en la causa por la que fue denunciado”.
Los hechos de represión estatal en la localidad donde viven 350 personas se profundizaron cuando las fuerzas policiales irrumpieron el 18 de noviembre pasado, con el objetivo de construir una escuela sobre la cancha de fútbol que la comunidad identifica como lugar sagrado, ya que allí llevan adelante sus ceremonias ancestrales. Luego se iniciaron persecuciones e intimidaciones a sus pobladores. Posteriormente, el Gobierno expropió la finca de la familia Moyoja Chapor, sin consulta previa e informada.
Detienen a un referente de la lucha
La delegación de Migraciones de Argentina y la Gendarmería, dispusieron que Miguel Ramos quedara retenido en la ciudad de La Quiaca, por disposición del Ministerio Público de la Acusación en el Legajo Nº 271479-MPA. Debemos recordar que Miguel se encuentra investigado en el marco de la protesta por la Reforma parcial de la Constitución de Jujuy por un hecho ocurrido el 20 de junio del año pasado.
El 24 de julio del año pasado, Ramos se presentó junto a su abogado defensor de forma espontánea ante la fiscalía de investigación y mantuvo su libertad. Fijando domicilio real y procesal. El juez entendió que no había riesgos procesales para restringir la libertad ambulatoria, desde ese momento hasta hoy, estuvo y está a derecho.
NO HAY CAUSA ALGUNA Y LO REPUDIAMOS.
Desde AJI20 y La Biblioteca Popular Niños Pájaros denunciamos la constante y sistemática persecución política que sufre nuestro compañero Miguel Ramos. En esta provincia el solo hecho de oponerse a estas políticas de hambre que desde el gobierno se ejecutan en favor de los poderosos y en contra de nosotros los humildes y trabajadores del pueblo.
Exigimos que este ERROR que están cometiendo los fiscales del MPA de Gerardo Morales y el actual Gobernador de la provincia Carlos Sadir dónde no existe orden de detención, ni restricción para nada, sea resuelto a la brevedad, y nuestro compañero pueda continuar ejerciendo su derecho a transitar con libertad.
Lo exigimos porque sabemos que estos “errores” también responden a sus políticas de persecución y nosotros somos víctimas de estos procedimientos arbitrarios desde el año 2021, conocemos con sobra sus acciones, pero deben entender que la protesta es un derecho y no un delito.
Desalojos
Uno de los principales eslóganes de la publicidad oficial expone a Jujuy como proveedora de energía renovable o “limpia”. “Jujuy: energía viva” es el cartel que se ve a lo largo y ancho de la provincia, basado en la explotación de litio en los salares precordilleranos o en el fomento oficialista a la instalación de paneles solares en distintas partes del territorio, aun cuando ni siquiera cuenta con el permiso de comunidades originarias, tal como sucede con el Pueblo Nación Omaguaca. En este sentido, el Gobierno recibió en el último tiempo por parte de la República Popular China vagones de un tren que funciona con energía solar, cuyo objetivo es fomentar el transporte turístico “sin consecuencias ambientales”.
En el acto inaugural del primer tramo del tren, el presidente de CRRC Tangshan, Zhou Junnian, expresó la expectativa sobre “que estos trenes chinos ligeros de nueva energía promuevan el desarrollo turístico de la provincia argentina de Jujuy y creen un nuevo modelo de cooperación de beneficio mutuo entre China y los países latinoamericanos, bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta”. De esta manera, China brinda “regalos”, pero Jujuy pone los bienes comunes naturales a su disposición.
En contramano a lo que la publicidad ofrece, desde fines del año pasado, decenas de familias de distintas localidades de la Quebrada de Humahuaca sufren desalojos por los lugares donde pasará el tren, ya que el Gobierno planea construir restaurantes y centros comerciales a su paso para “fomentar el turismo”. El “tren solar”, vendido míticamente como “el regreso del tren” (ya que usará las mismas vías que históricamente utilizaron los trenes de bandera hasta antes de su privatización) está pensado para viajar desde Volcán hasta Tilcara, pasando por las localidades de Maimará y Purmamarca.
Las comunidades originarias que residen en el Barrio Radio Estación en la localidad de Tilcara, sufrieron violentos desalojos y actualmente se encuentran en situación de calle. Abuelos, jóvenes y niñeces fueron desalojados de las viviendas en las que residen hace décadas, sin siquiera tener la posibilidad de retirar sus pertenencias personales. Por la gravedad de la situación, en el último mes distintas comuneras se han encadenado a las puertas de su casa, al tiempo que algunas otras han sufrido problemas de salud por la tensión y hasta se registró un intento de suicidio de un joven desalojado.
Asimismo, la Policía se hizo presente y se llevó detenidas a cinco personas que resistían el desalojo. Esta realidad se da a medida que avanzan las obras para finalizar el trayecto total del transporte chino en la región.
El continuador de Morales
Mientras sucede todo lo anteriormente descrito, el nuevo gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, no para de recibir a los CEO’s de distintas empresas de capitales trasnacionales que quieren “invertir” en Jujuy.
En una de sus últimas publicaciones en su perfil de X (Twitter), el mandatario compartió una imagen con el CEO de Pan American Energy Group y de Claure Group. El objetivo es hacerse de las enormes reservas de litio que en Jujuy hasta el momento solo explota y produce EXAR, una empresa argentina conformada por capitales trasnacionales como Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), en las cuales tienen importantes acciones la empresa australiana Allkem, el JP Morgan, el banco inglés HSBC y la japonesa Toyota.
“El trasfondo político de la represión es el avance en los negocios de litio, cannabis y tierras para los cuáles necesitan un pueblo callado y obediente”, acusó finalmente Suárez. Mientras el gobernador Sadir les promete a las empresas la exención de impuestos provinciales y nacionales, el pueblo de Jujuy se ve subsumido en la represión estatal y el empobrecimiento.
Comunidades Indígenas convocaron a la presentación de un informe de denuncias por Violencia Institucional
Se convocó a las Comunidades Indígenas de la provincia de Jujuy el martes 23 de enero a la plaza Belgrano (la glorieta) San Salvador de Jujuy, a acompañar la presentación del informe de Comisión de Análisis y Recepción de denuncias por Violencia Institucional en la provincia de Jujuy – Decreto 435/2023 y luego a una Asamblea informativa sobre gestiones múltiples realizadas en Buenos Aires.
El Tercer Malón de la Paz en defensa del agua, del territorio, de los derechos y soberanía de los pueblos; la lucha continua y es de tod@s por la Unidad de los Pueblos, por el Buen Vivir y un Estado Soberano y Plurinacional.
*¡¡ARRIBA LOS DERECHOS, ABAJO LA REFORMA INCONSTITUCIONAL DE JUJUY!!*
*¡¡ABAJO EL PROTOCOLO ANTIMOVILIZACION DE BULLRRICH!!*
*¡¡ABAJO DNU PRESIDENCIAL 70/2023!!*
*¡¡ABAJO PROYECTO DE LEY ÓMNIBUS!!*
*¡¡Jallalla!! ¡¡Jallalla!!*
Fuentes: Por Radio Pueblo, Red Eco Alternativo, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario.
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