El viernes pasado, el principal columnista de economía de La Nación escribía que «Si una semana atrás pareció haber ‘ruido político’, en los últimos días pareció acallarse». Atribuía a Lavagna, Scioli y Bielsa un rol positivo en esa ‘moderación’. Agregaba que «También parecen preferir la moderación los empresarios. Muchos de ellos, los industriales en particular, […]
El viernes pasado, el principal columnista de economía de La Nación escribía que «Si una semana atrás pareció haber ‘ruido político’, en los últimos días pareció acallarse». Atribuía a Lavagna, Scioli y Bielsa un rol positivo en esa ‘moderación’. Agregaba que «También parecen preferir la moderación los empresarios. Muchos de ellos, los industriales en particular, quieren que continúe el actual modelo que, según el presidente de la UIA, los favorece tanto como no ocurrió nunca antes».
Otro columnista del diario, en la misma edición, señalaba que «el presidente Néstor Kirchner dio una señal de cambio en su hasta ahora agresivo discurso político», y ofrecía como una prueba de ese ‘cambio’, una «nueva actitud ante las manifestaciones piqueteras». Hay que admitir que presentar el ataque a los piqueteros como una expresión de moderación política es un ‘lapsus’ imperdible.
Intereses de clase
La pretendida reorientación de la campaña electoral del oficialismo es algo más que una circunstancia. Tiene como razón de fondo la aplicación de ese ‘modelo’ que beneficia a los industriales ‘como nunca’. Pero no solamente a los industriales. Por encima de la disgregación del peronismo y de las presiones políticas que ejerce la pobreza creciente en un cuadro de recuperación extraordinaria de las ganancias capitalistas, kirchneristas y duhaldistas son constantemente obligados a recordar que obedecen a los intereses de una misma clase social.
La cadena de ‘coincidencias’ entre los dos bandos es muy larga e incluso obtiene la adhesión de Carrió y López Murphy.
El primer lugar de las ‘coincidencias’ lo ocupa el dólar alto, que representa un gigantesco subsidio a los exportadores. Las retenciones (impuestos) a las exportaciones afectan a un porcentaje menor de los superbeneficios generados por la devaluación y por los altos precios internacionales. Además, el dinero que el gobierno ha asignado a subsidios a empresas o industrias, las exenciones impositivas, los financiamientos especiales para obras de infraestructura o incluso para la importación de fuel oil y gas que los pulpos derivaron a la exportación, supera holgadamente lo que el Estado ha retenido sobre las exportaciones. Por si hubiera que recordarlo, el jueves pasado el presidente del pulpo DaimlerChrysler salió a reclamar en forma pública que «es imposible que el Gobierno permita el abaratamiento del dólar» ( La Nación, 2/9). Salía al paso, de este modo, a combatir la tendencia internacional a la valorización de las monedas internacionales frente al dólar, como ocurre con la brasileña, la china o la japonesa y el euro.
El mantenimiento de la moneda subvaluada provoca, sin embargo, una deuda pública creciente del Banco Central. Como consecuencia de esto el Banco Central está pagando intereses cada vez más altos para absorber los pesos que emite para mantener a la moneda devaluada. En poco tiempo más quedará como un rehén de los bancos privados y de las AFJPs, que reclamarán tasas de interés mayores, que superen a la inflación o la emisión de títulos que se ajusten por inflación (el Banco Central intentó, hace dos semanas, reanudar la emisión de títulos ajustables, debido a que los bancos no aceptaban, salvo a cortísimo plazo, otra clase de bonos).
Ajustes y trabajo precario
Para conservar estos privilegios, que también protegen a los capitalistas de la competencia extranjera, «Lavagna -recuerda La Nación (2/9)-, anunció para el período posterior a las elecciones un ajuste fiscal ortodoxo…» (es decir mucho más ‘ortodoxo’ que el actual, que ha dejado un superávit fiscal superior a los 20.000 millones de pesos, que excede incluso en un 30% al acordado con el FMI para pagar la deuda pública). Lavagna pretende con este ajuste absorber por vía fiscal la moneda en circulación que el Banco Central emite para comprar dólares y mantener el peso subvaluado. La combinación de una deflación interna (reducción de gastos sociales y en especial el control de salarios) y una inflación externa (peso devaluado frente al dólar) representa un régimen de subsidio permanente a los monopolios de exportación y asegura un mercado interno cautivo para el conjunto de los capitalistas. Este programa alcanza y sobra para cimentar un pacto de gobierno entre Kirchner y Duhalde (y, como dijimos, con Carrió y López Murphy).
Lo que de todos modos consolida el pacto de hierro de Kirchner, Duhalde y los otros es la necesidad de poner fin al movimiento piquetero, pero no sólo por las llamadas razones políticas. Está en avanzado grado de decisión una denominada reforma laboral que haga frente a una presión alcista de los salarios y que sirva para mantener baratos los costos de producción de los exportadores. Para después de las elecciones está prevista la supresión de los planes sociales, en primer lugar para desarmar una bomba de tiempo, es decir, porque la inflación obliga, más temprano que tarde, a revisarlos para arriba o a enfrentar a un movimiento de desocupados cada vez más numeroso. La reforma laboral en ciernes acotará el subsidio a los desocupados en el tiempo y obligará a los sin trabajo a rendir cuentas de su búsqueda de empleo. Este método habilitará la denuncia de aquellos desocupados que rechacen ofertas de trabajo en condiciones precarias, extremadamente flexibles o sub-salariales, y justificará la eliminación de los planes de quienes no acepten entrar al redil de la superexplotación. Esta ‘reforma’ es la que cuenta con el apoyo más caluroso de la ‘gorda’ Carrió. No hace falta decir que esta ‘metodología’ aumentará el trabajo en negro o violatorio de los convenios colectivos.
El tarifazo del día siguiente
Otro punto importante del programa de Kirchner y Duhalde es el ‘arreglo’ con las privatizadas, como se ve en el caso de Aguas Argentinas-Suez. La certeza de que se vienen los aumentos de tarifas ha permitido que la casi totalidad de las privatizadas haya logrado renegociar las deudas millonarias con sus acreedores ( Clarín, 7/9). Varios de estos pulpos han estado pagando deudas o intereses con el dinero acumulado por el incumplimiento de las obligaciones de inversión o mantenimiento. El borrador del acuerdo con Suez deja clara la manera en que el gobierno se hará cargo de estas deudas: el Estado financiará la mayor parte del plan de inversiones, con la creación de un Fondo especial, lo que permitirá a la privatizada aplicar los ingresos tarifarios al pago de la deuda (el manejo operativo de las inversiones seguirá en manos de Suez).
¿Por qué sorprenderse, entonces, de que «Las empresas más que duplicaron sus ganancias en el primer semestre?» ( El Cronista, 5/9). El diario agrega que «bancos y privatizadas se suman a petroleras y siderúrgicas entre los ganadores». Los bancos tienen en su poder el 40% de la deuda pública, la cual se indexa por inflación; esto sólo ha redundado en un crecimiento de beneficios de 4.500 millones de pesos en un semestre.
Obviamente, el plato fuerte para después de las elecciones lo constituye el aumento de los precios de los combustibles. Los pulpos se están embolsando integralmente las ganancias que producen los colosales precios internacionales del petróleo mediante la exportación de los refinados, que casi no sufren retenciones, pero también del crudo, que sólo tiene gravado el 45% del incremento de los precios. La presión de la crisis petrolera no solamente llevará a aumentos de precios sino, como se anuncia, al rápido dictado de una ley de ‘incentivos’ a la exploración de petróleo. Los pulpos reclaman un pacto de estabilidad como el que rige en la minería, que virtualmente ha dejado a los pulpos mineros libres de impuestos. La combinación de presiones desatadas por la crisis convertirá a Enarsa en un agujero negro de concesiones fiscales.
Reconstrucción de la burguesía nacional
Lavagna y Kirchner han lanzado el mayor programa de sostenimiento estatal al capital invertido en el país de toda la historia argentina y lo han hecho en el marco de una gigantesca crisis económica. Esta es la base de todo el apoyo político que reciben de la burguesía y también del pacto de gobierno de Kirchner y Duhalde. El financiamiento del capital se realiza a costa de una elevación enorme de la tasa de explotación de los trabajadores y por lo tanto redunda en un empobrecimiento colosal. Por boca del recién designado vicepresidente del Banco Central, Luis Corsiglia, el tándem gubernamental ha anunciado su disposición a usar las reservas del Central como fondo de garantía de inversiones de las AFJPs o Fondos que se constituyan para ello. Con esto se ‘saltan’ la necesidad de crear un Banco Industrial o un Banco de Desarrollo (que tendrían el defecto de ser ‘inflacionarios’) y pasan al gran capital privado el manejo de los recursos financieros nacionales.
En este cuadro, las disputas que quedan reservadas a Kirchner y Duhalde (pero no solamente entre ellos) tienen que ver con los socios que son elegidos para los distintos negocios. El ‘arreglo’ de Telecom o el de Edenor introdujo al negocio a dos amigos recientes del gobierno: el grupo Werthein, en el primer caso, y el Mindlin, en el segundo. En esto han hecho ‘caja’ algunos ‘justicialistas’ en detrimento de otros. Un ejemplo de choques es lo que ocurre en el Banco Hipotecario, donde Lavagna impugna al grupo que lo controla, o lo que ocurre en Aerolíneas, a la que el Estado le impugna el balance. Una crisis enorme del régimen social provoca redistribuciones patrimoniales inevitables entre los capitalistas. Esto no lo puede soslayar el Estado capitalista. Lavagna, por ejemplo, quiere, como Cavallo antes, eliminar los numerosos fondos que se encuentran fuera del presupuesto fiscal y meter toda la plata en un fondo único, para reforzar el ‘ajuste’ necesario que reclama su política económica. Esto planteará un choque de intereses. Pero solamente a través de choques, a veces brutales, el Estado capitalista arriba a imponer un arbitraje entre sus distintas fracciones.
Este plan de reestructuración violenta del Estado al servicio de la ‘reconstrucción de la burguesía nacional’, si bien explica por un lado el pacto Kirchner-Duhalde, explica todavía más la crisis política constante que acosa a la recuperación de la economía. Es que se trata, en definitiva, de un plan de guerra, el cual obliga al gobierno y a las patronales a maniobras y contorsiones, pero que en definitiva los fuerza a seguir golpeando en forma implacable. La crisis política se encuentra también cercada por las manifestaciones de un nuevo giro en la economía internacional. La masacre de Nueva Orleans puede ser el factor casual que provoque una crisis financiera inevitable o, mejor, necesaria, lo que podría ocurrir a través de la explosión que se verifica de los precios del petróleo. La política de Lavagna está condicionada por entero por factores externos; o sea colgada del pincel. Lavagna aprenderá esto tan rápidamente como lo aprendió Cavallo, que le ganaba en omnipotencia.
Con la experiencia de Kirchner y del pacto Kirchner-Duhalde fracasará el intento de reconstruir a Argentina sobre las viejas bases capitalistas, o sea, para ‘reconstruir a la burguesía nacional’. Dejará a la vista, como ya lo hace, la necesidad de una reestructuración sobre nuevas bases sociales.