En más de una ocasión los argentinos hemos confirmado aquella vieja expresión que sostiene que «la realidad supera ampliamente la ficción». Claro que cuando la realidad sobrepasa recurrentemente los límites ficcionales no es desatinado pensar que, o bien nos encontramos en una sociedad en la que buena parte de sus miembros padecen un determinado tipo […]
En más de una ocasión los argentinos hemos confirmado aquella vieja expresión que sostiene que «la realidad supera ampliamente la ficción». Claro que cuando la realidad sobrepasa recurrentemente los límites ficcionales no es desatinado pensar que, o bien nos encontramos en una sociedad en la que buena parte de sus miembros padecen un determinado tipo de patología; o que en el interior de la misma existe un importante número de estructuras (especialmente comunicacionales) cuyo propósito se orienta a distorsionar «lo real» y desdibujar la frontera que la separa de la ficción.
Lo concreto es que en la Argentina de estos últimos tiempos «realidad» y «ficción» se han entremezclado tanto que no resulta sencillo distinguir cual es una y cuál es la otra. Obviamente, «el gran manipulador de confusiones» (los grandes medios) es el peor enemigo de la libertad. Puesto que con su accionar condiciona «la visión de la realidad» de una amplia franja de la población que, sin percatarse de sus oscuros propósitos, internaliza esa «visión» acríticamente.
De ese modo, un sector importante de la sociedad lejos de «atreverse a pensar por sí mismo» -como bien lo sugerían las voces más destacadas del iluminismo-, adoptan como propio «el pensar» editado por los medios. Claro, la «adopción» es sencilla, no requiere de esfuerzos o razonamientos; simplemente hacerse eco de «la información» mediática.
Así se va configurando un ejército de «teledirigidos» que solo «ven» aquello que se les muestra como «lo real»; sin reparar en que, como en los actos de magia, el escenario ha sido previamente preparado para que el espectador no sospeche de los trucos.
El problema obviamente trasciende los límites de nuestra geografía y se torna en uno de los problemas más graves que, en el futuro, deberá padecer (si bien ya lo está padeciendo) el género humano si el mencionado ejército sigue creciendo; de ahí la necesidad de denunciar recurrentemente la inescrupulosidad de las grandes corporaciones mediáticas.
Pero volviendo a nuestro país, es verdaderamente irritante observar como la corporación mediática se empeña sistemáticamente en distorsionar la realidad para desestabilizar al gobierno; no solo con el acompañamiento incondicional de «las marionetas opositoras», sino también con el apoyo del más rancio conservadurismo de la estructura judicial. Evidentemente, si hacemos un breve y conciso repaso por la historia podríamos observar que el grado de responsabilidad que le cupo al Poder Judicial en la quiebra del orden constitucional argentino no ha sido menor. Por el contrario, basta recordar la acordada de 1930 dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde se convalidó el derrocamiento del gobierno constitucional de Don Hipólito Yrigoyen, legitimando la apropiación del poder por parte de un gobierno de facto. Hecho éste que posibilitó sentar un precedente de sumo valor para el establecimiento de futuros gobiernos dictatoriales.
Ni hablar del elevado número de funcionarios del poder judicial (jueces, fiscales, etc.) que, en su momento, juraron en favor del Estatuto de Reorganización Nacional consagrándolo por encima de la propia Constitución. De ahí que suponer que toda la estructura judicial este impregnada de un auténtico espíritu democrático es cuando menos una ingenuidad.
Por ello no es motivo de sorpresa la convocatoria que para el próximo 18 de febrero anunciaron un número reducido de fiscales que, en apariencia, se muestra bajo la fachada de un homenaje al ex fiscal Nisman; pero que en los hechos -y si uno piensa por sí mismo- no deja de visualizar una clara intencionalidad política.
Lo paradójico de todo esto es que los propios fiscales cuestionados por los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA sean los convocantes de la marcha, al igual que aquellos que oportunamente reivindicaron la actuación del juez Galeano en relación con dicho atentado, hoy procesado por encubrimiento y distorsión de pruebas.
Por otro lado, homenajear a alguien por haber tenido la desgracia de morir (sea por la causa que fuere) y no por su excelente labor en el ejercicio de su profesión es, en principio, un «homenaje» un poco extraño. Máxime si reparamos en los nulos o escasos avances que ha tenido la causa a su cargo y en la vergonzosa actitud de sometimiento -esto hay que decirlo- a las sugerencias impartidas desde el exterior para direccionar la investigación.
La ausencia de una labor eficaz, al parecer, solo pudo «taparse» con una denuncia insostenible hacia la figura presidencial. De la cual se hace eco un sector de la denominada «justicia» y se encargan de sobredimensionar los «títeres opositores» y los medios de comunicación. Mucho se habla del fiscal, pero poco se menciona los «logros» de su labor a lo largo de todos estos años que, en apariencia, se reduce a su «significativa» denuncia.
Tras cartón y apoyando la marcha aparecen «destacadas personalidades» reclamando «justicia» como Luis Barrionuevo, «Momo» Venegas, Hugo Moyano, Cecilia Pando, etc., etc.; claro que el concepto de «justicia» que ellos esbozan es, sin lugar a dudas, muy particular.
Tan particular como el que manifiestan las autoridades de la DAIA y la AMIA que, vaya casualidad, nunca coinciden con los planteos de los familiares de las víctimas. Y por supuesto, no es menor recordar que la primera de esas entidades jamás realizó una autocrítica respecto de la supuesta participación como encubridor de su ex presidente, Rubén Beraja, uno de los procesados en el juicio por encubrimiento.
Sin embargo, aun a sabiendas de que la convocatoria del 18F es motorizada por fiscales cuestionados en la denominada «causa AMIA», ambas entidades deciden asistir a la marcha. Evidentemente a esta altura de las circunstancias la maravillosa letra de Discépolo reflejada en «cambalache» ha sido superada ampliamente por la realidad actual.
Para colmo de males reaparecen «los buitres» dando clase de moral, ahora acusan de «enriquecimiento ilícito» a determinados funcionarios oficiales, entre ellos un aspirante a la candidatura presidencial – a propósito de esto, sería bueno que el vicegobernador Mariotto repare mejor en la biografía de su candidato para que cese en su reclamo de unidad- , aportando así un elemento más para que los medios reproduzcan la falsa acusación.
Las respuestas del ministro del interior y transporte, Florencio Randazzo, y del ministro de economía, Axel Kicillof, fueron inmediatas y quedó al desnudo la falacia del proceder «buitrista»; solo que la corporación mediática se encargó de ocultarlas para dejar instalada la sospecha sobre los falsamente denunciados.
Por cierto, la fuerza de tarea estadounidense-argentina (ATFA), perteneciente a los «fondos buitres», ha sido la primera en cuestionar el memorándum de entendimiento con Irán ; de ahí que, como algunos asocian, también surjan razonables sospechas respecto de que la campaña desestabilizadora cuente con el deliberado apoyo de ese sector. Tal vez dos de sus referentes más notorias en el ámbito local, Patricia Bullrich y Laura Alonso, puedan decir algo al respecto. Y a propósito de eso, no deja de ser llamativo que estas dos legisladoras hayan hablado reiteradamente con el ex fiscal antes de su anunciada presentación en el Congreso. ¿Acaso para coordinar acciones que debían desarrollar en el parlamento? No lo sabemos, aunque si así fuere no se hubiera tratado obviamente de una presentación espontánea.
Lo concreto es que aquello de que «el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue», ha de quedar reducido a la nimiedad si en el siglo XXI la Argentina se perfila por esta senda. Con buen tino sostenía en uno de sus artículos (bajo el título: Frenar la locura) Hugo Presman lo que estamos viviendo:
Una muestra en pequeño de una promiscuidad llamativa e irritante entre presuntos denunciadores y encubridores, puede observarse en el cumpleaños en enero de este año de Marta Nercellas, la abogada que comandó un equipo de abogados durante más de una década en representación de la DAIA y personalmente de su entonces presidente Rubén Beraja, que entre sus invitados contaba nada menos que con el procesado «Fino» Palacios, (imputado en el juicio de encubrimiento que con suerte se concretará en el segundo semestre de este año) información aparecida en Ámbito Financiero del martes 27 de enero y nunca desmentida. Para colmar el vaso, también estaba presente la actual jueza a cargo del caso Nisman, la Dra. Fabiana Palmeghini; el actual abogado de la DAIA Miguel Bronfman, el juez de la servilleta Claudio Bonadío, hoy puesto en un pedestal por la oposición, a pesar de haber cajoneado durante años la falsa denuncia de Telleldín contra los policías de la bonaerense; el ex presidente de la DAIA Jorge Kirszenbaum, quien en el 2006 recibió la justa crítica de Memoria Activa por haber dicho: «el procesamiento al Sr. Ruben Beraja constituye un ataque a la comunidad judía en su conjunto así como que la resolución judicial dictada por el Juez Ariel Lijo transforma a las víctimas en victimarios». Por si lo mencionado no fuera suficiente, también estaba presente el Fiscal General Ricardo Sáenz, el superior de la fiscal de la causa Nisman Viviana Fein.
Curiosamente Bonadío y Sáenz son dos de los convocantes a la marcha. Así estamos, lo cierto es que el 18 de febrero más que un homenaje a Nisman, huele más a intenciones ocultas que a un recordatorio de buena fe. El año electoral ha comenzado y como era de esperar las cosas más extrañas pueden acaecer.
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